Anahí Tiro Moranchel (Representante)
Expediente 1131/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1131/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Anahí Tiro Moranchel (Representante)
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Desahogo de prevenciónAgréguese el escrito de ********************apoderada legal de ********************mismo que fue recibido de manera electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual, en atención a lo requerido el siete de noviembre pasado, indica: ".BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO LO SIGUIENTE: PRIMERA PREVENCIÓN 1.- En cuanto al hecho de que solicita el A quo que establezca el nombre completo y domicilio de la tercera interesada la suscrita ni el abogado defensor han tenido acceso al expediente pues la responsable se ha negado, argumentando que está en acuerdo. (.) SEGUNDA PREVENCIÓN No se solicitó el cambió de medida no siendo necesaria la solicitud previa para que el juez de amparo en el viejo sistema penal resuelva sobre la misma en términos del siguiente criterio. (.)" En ese sentido, una vez cumplimentado lo ordenado en acuerdo preventivo, se acuerda la demanda en los términos siguientes: Consideraciones previas Como cuestión previa resulta pertinente precisar que del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados diversos actos de tortura, lo anterior se evidencia de lo narrado por el quejoso en el capítulo VII.- TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. ".En el presente asunto al tratarse de un acto que afecta la libertad personal fuera de procedimiento, pues ha excedido la prisión el máximo de la condena primigenia, esto en términos de los artículos 225 constitucional en relación con el diverso 17, fracción IV de la Ley de Amparo, ya que el ataque a la libertad personal es consistente en mantener el mencionado quejoso en prisión pese a haberse dictado sentencia y haber excedido la misma, alegando que está ejercitando su derecho al debido proceso, por lo que el término para la interposición acorde al numeral de la ley reglamentaria citada, es indefinido, pues tal situación es equiparable a la tortura en términos del diverso 1 de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas." Posteriormente, en el capítulo IX.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, manifiesta: (.) ".La autoridad está torturando al quejoso, recluyéndolo por más del tiempo que marcan la ley o la condena, justificando la tortura con el defeco de defensa, con la intención de dejar en indefensión al quejoso, para que tácitamente acepte las sentencias, condiciones o actos arbitrarios que implican las violaciones sistemáticas y continuas antes y durante el proceso penal, de los derechos humanos del quejoso, pues establece con tales violaciones el decomiso de los bienes a beneficio de la autoridad no de los supuestos terceros, ya que mediante tales actos busca también anular la defensa del quejoso, esto en contravención de los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20, apartado B, fracciones VII y IX, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al igual que los numerales 1, 5, 6, 7, 8, 9 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es evidente que las responsables están torturando al quejoso de manera implícita al mantenerlo en prisión por más del tiempo que marca la pena o el delito, justificando el tiempo excesivo en prisión el cual se equipara a tortura por el hecho de que el quejoso no acepta los actos violatorios de derechos humanos, ejercitando el mismo su derecho de defensa, resultando evidente que la tortura se está ejercitando de manera sistemática y continua , con la intención de que el quejoso acepte de manera tácita los actos arbitrarios y violatorios de derechos humanos como han sido el aseguramiento de bienes y decomiso de los bienes del quejoso." Al respecto, es necesario resaltar que el artículo 19 de la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece lo siguiente: Artículo 19.- No se considerará tortura los dolores o sufrimientos físicos o psicológicos que sean únicamente consecuencia de medidas legales impuestas por autoridad competente, o las inherentes o incidentales a éstas, o de las derivadas del uso legítimo de la fuerza, de conformidad con lo previsto en la legislación nacional e internacional aplicable. En ese sentido, es evidente que la tortura que alega la hace depender de la prolongación de la prisión preventiva, la cual es resultado de la emisión de un auto de formal prisión en su contra, de ahí al ser la privación a su libertad consecuencia de esa medida legal, la misma no tiene la calidad de acto de tortura como la califica el quejoso; de ahí que no se da a este asunto el carácter de urgente ni se tiene la tortura indicada como un acto reclamado destacado. Admisión Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, con relación a los actos precisados en el apartado respectivo. Apertura de incidente Con fundamento en el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese por separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado y fórmese el expediente único. Audiencia constitucional Se señalan las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del catorce de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Notificación en caso de diferimiento de la audiencia constitucional Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Requerimiento de informes Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días siguientes, al en que reciban el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibidas las autoridades antes mencionadas, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado. En el entendido que de no hacerlo de esta manera, también le serán recibidos de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, sito: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables foráneas que pueden remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar con celeridad en esa forma el presente expediente. La dirección de correo electrónico es la siguiente: Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción al teléfono Directo: (222) 303-73-00 ext. 1051, en un horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado federal. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión a las autoridades responsables con residencia fuera de la ciudad de Puebla, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlo por correo certificado. Intervención legal al representante social de la federación adscrito Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario ********************, y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado en el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. Lo cual constituye un hecho notorio para el que suscribe de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de las constancias conducentes. Se emplaza al ministerio adscrito al juzgado responsable como tercero interesado Gírense oficio al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de lo Penal que el quejoso señaló como responsable en su demanda de garantías, en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, remitiéndoles para el efecto copia simple de la demanda de garantías. Emplazamiento a la parte tercera interesada Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. Causales de sobreseimiento Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pruebas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele por ofrecidas las documentales que acompaña a su demanda de mérito, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional correspondiente. Habilitación de días y horas En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Transparencia y acceso a la información En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Requerimiento al actuario judicial Finalmente, se conmina al actuario judicial para que todos los oficios que se giren a las autoridades foráneas con motivo de la emisión de este acuerdo, se notifiquen vía correo institucional, recabando la constancia relativa a su envío, así como de la confirmación de su recepción por parte del destinatario.
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