Anahi Peralta Flores
Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Anahi Peralta Flores
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 23 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, veintitrés de junio de dos mil veintidós. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de nueve de junio de dos mil veintidós. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Instrucción para practicar notificación personal. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la notificación personal que de este este auto se realice deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario del juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
León, Guanajuato, nueve de junio de dos mil veintidós. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 640/2022-V, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. Anahí Peralta Flores. III. Autoridad responsable. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; Pemex Logística Terminal de Almacenamiento y Despacho León; y, Súper-Intendencia de Pemex Logística Terminal de Almacenamiento y Despacho León, Guanajuato. IV. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, se hacen consistir en: Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, que conlleva a desechar la demanda. Como es sabido, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos u omisiones de autoridad que vulneren o afecten derechos humanos del gobernado. En virtud de ello y con base en el párrafo primero del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo constituye una garantía constitucional, pues tiene como finalidad proteger y salvaguardar los derechos humanos de los gobernados frente a las arbitrariedades de las autoridades. En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. De lo anterior, es asequible denotar que constituye un requisito indispensable para la conformación del juicio de amparo, la existencia de una autoridad que a través de sus actos u omisiones, transgreda en perjuicio del gobernado, derechos humanos que le son reconocidos en instrumentos normativos nacionales o internacionales de los que el país sea parte. A esa autoridad a quien se le atribuyen dichos actos u omisiones, se le denomina en el juicio de amparo como "autoridad responsable". En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo: La que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados en el punto anterior, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, es importante señalar que la creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados. Y es que, de conformidad con la teoría general del derecho, se distinguen relaciones de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación, siendo que conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Cierto, para evidenciar lo anterior, es necesario indicar las diferencias en que estriban cada una de dichas relaciones jurídicas: Relaciones de coordinación.- Son las que generalmente se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. Relaciones de supra a subordinación.- Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, caracterizándose por la unilateralidad de sus decisiones, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Relaciones que se regulan por el derecho público, en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como por ejemplo, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Relaciones de supra ordinación.- Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. De estas distinciones, encuentra sentido que el artículo 1, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, establezca que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos u omisiones de autoridad que afecten los derechos humanos de los gobernados, lo que supone la existencia de actos u omisiones que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, ya que desde esa óptica, la autoridad en imperio de las facultades que constitucional y legalmente tiene conferidas, puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, tal y como lo alude el artículo 5, fracción II, del ordenamiento legal invocado. De ahí, que aquellos actos u omisiones que emanan de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, no pueden reclamarse a través del juicio de control constitucional; de ahí que, la ley de la materia describe que la autoridad que tiene carácter de responsable en un juicio constitucional tiene una relación directa con el agraviado y no indirecta como lo pretende realizar la quejosa. Sobre el tópico en comento, son aplicables y orientadoras la tesis 2a. XXXVI/99 y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, respectivamente, en la página 307, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, y página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Novena Época, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". De esa manera, tomando como base los parámetros expuestos, se colige que en el asunto que nos ocupa, la actuación por parte de las autoridades responsables Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pemex Logística Terminal de Almacenamiento y Despacho León, así como Superintendencia de Pemex Logística Terminal de Almacenamiento y Despacho León Guanajuato, no pueden tenerse como actos reclamados a sustanciar en el juicio de amparo, ya que si bien la parte quejosa reclama dichas actuaciones a las autoridades del índole administrativa, lo cierto es que, las autoridades señaladas como responsables por la parte solicitante del amparo en el escrito de demanda, en los hechos no ejercen como autoridades sobre ésta, toda vez que las referidas actuaciones reclamadas provienen de una autoridad que tiene una relación de coordinación con la hoy parte quejosa respecto a las relaciones laborales que originaron tales actos y no de supra a subordinación respecto a la misma. En efecto, conviene precisar, que en el caso concreto no se está frente a unas acciones comunes, que se caracterizan por la actuación por parte de una autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente de gobierno, de dar contestación o ejecutar un acto. Lo anterior se afirma, pues del escrito de demanda, así como de los anexos que se adjuntaron a la misma es evidente que la quejosa reclama de una dependencia de la administración pública el incumplimiento de ciertas prestaciones y jornadas laborales derivadas de su relación laboral es indiscutible que dichos actos no tiene la naturaleza de actos de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables señaladas por la quejosa no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio; esto es en el presente asunto, las autoridades que señala como responsables no desempeñan hacia la quejosa, actos de imperio, unilaterales y coercitivos propios de su investidura o función pública, sino que se encuentran en un mismo plano respecto a la particular. En ese sentido, respecto a ser obligada a laborar en jornada comprendida de las 23 horas a las 7:00 horas en su puesto de trabajo y desea que la atención médica de su parto sea en el hospital Aranda de la Parra de esta ciudad y no en el hospital Regional de Salamanca, Guanajuato, durante los periodos prenatal, durante el parto y prenatal, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni es equiparable a éste, pues no emana de una relación de supra a subordinación entre una autoridad y un gobernado, sino de una de coordinación en un vínculo laboral, ni puede considerarse como imperativo, pues la quejosa tiene la posibilidad de acudir ante un tribunal laboral o administrativo, incluso ante la misma dependencia, a fin de que éste determine lo que en derecho corresponda, de acuerdo a las prestaciones que ofrece a los trabajadores en su contrato colectivo. Tiene aplicación por su contenido la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.) con número de registro 2011298, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1639, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo. Y si bien es cierto que de acuerdo a sus propias manifestaciones en el escrito de demanda, reclama la falta de atención médica; pero ello, lo hace depender en que desea dicha atención en un hospital privado no así el que refiere le fue asignado, pues como se explicó, las relaciones de coordinación son las que generalmente se establecen entre particulares, dirigidas a establecer vínculos contractuales entre las partes intervinientes; en el caso concreto, también se actualiza dicha relación jurídica, porque permite identificar la correspondencia existente entre una particular y Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios llamadas como autoridades responsables, en el que éstas no desempeñan hacia la quejosa, actos de imperio, unilaterales y coercitivos propios de su investidura o función pública, sino que se encuentran en un mismo plano respecto a la particular y le brindan un servicio médico, como lo establece el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, en su artículo 53. La Gerencia de Servicios Médicos tendrá las funciones siguientes: I. Supervisar y evaluar la prestación de la atención medica asistencial otorgada a trabajadores, jubilados y derechohabientes de Pemex, sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como, en su caso, Empresas Filiales y terceros; [.], VIII. Atender las solicitudes, quejas y demandas derivadas de la atención médica, por parte de los derechohabientes o de las entidades competentes. Entonces, si por una parte se ha dicho que constituye un requisito indispensable para la conformación del juicio de amparo, la existencia de una autoridad que a través de sus actos u omisiones, transgreda en perjuicio del gobernado, derechos humanos que le son reconocidos en instrumentos normativos nacionales o internacionales de los que el país sea parte; y, por otra parte, se precisó que sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues únicamente desde esa posición, sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en consecuencia, los actos imputados a Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios llamadas como autoridades responsables sobre la jornada laboral y la atención médica en un hospital privado que reclama la parte quejosa, como se adelantó, no puede tenerse como omisión reclamada a sustanciar en el juicio de amparo, ya que esto la parte promovente del amparo se lo impugna a unos entes administrativos que en los hechos no ejercen como autoridades sobre ésta; ello, toda vez que los referidos u omisiones reclamadas provienen de una autoridad que tiene una relación de coordinación con la hoy parte recurrente respecto a su fuente de trabajo, y no de supra a subordinación respecto a la misma. Estimar lo contrario, se modificaría la esencia del amparo procurado, puesto que éste sería utilizado como medio de apremio por el incumplimiento de determinaciones emitidas por una empresa en determinada relación laboral. Es aplicable a lo anterior, por su contenido y sentido jurídico la jurisprudencia XVI.1o.A. J/27 (10a.) con número de registro 2011493, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2106, de rubro y texto siguientes: PETRÓLEOS MEXICANOS. LA NEGATIVA A PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ESCUELAS "ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL", NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD NI ES EQUIPARABLE A ÉSTE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme al artículo 123, apartado A, fracción XII, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 132, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 23 de la Ley General de Educación, las negociaciones o empresas agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra clase de trabajo, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional", para lo cual deben proporcionar diversas prestaciones y efectuar las aportaciones necesarias para la remuneración de los maestros que laboran en ellas, los cuales dependerán directamente de la Secretaría de Educación Pública, por lo que ésta será su patrón y tendrá un vínculo laboral con la negociación que instituye la escuela. Así, cuando Petróleos Mexicanos firma convenios o acuerdos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o con la Secretaría de Educación Pública, con la finalidad de que la paraestatal proporcione al personal adscrito a esas escuelas, servicio médico en sus hospitales ubicados en aquellos lugares en que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o su equivalente en las entidades federativas no cuente con instalaciones adecuadas para proporcionarlos y hasta en tanto esté en condiciones de prestárselos, esos actos derivan de la obligación referida en una relación jurídica laboral de coordinación y no de un deber como autoridad de proporcionar servicios de salud a la colectividad, en relaciones de gobernante-gobernado. En consecuencia, la inobservancia a lo pactado en los convenios mencionados, traducida en la negativa a proporcionar atención médica al personal que labora en las escuelas aludidas, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo ni es equiparable a éste, pues no emana de una relación de supra a subordinación entre una autoridad y un gobernado, sino de una de coordinación en un vínculo laboral, ni puede considerarse como imperativo, pues el afectado por esa omisión tiene la posibilidad de acudir ante un tribunal laboral, a fin de que decida lo correspondiente, además de que dicho organismo no fue creado para prestar servicios de salud a la colectividad, dado que las instalaciones que tiene destinadas para esos fines, tienen como propósito cumplir con una obligación contractual regida por la Constitución Federal y las leyes secundarias en materia laboral. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos. por las partes, no constituye en sí mismo, una denegación de justicia, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido en representación de un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio de amparo, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Cabe invocar la Tesis Constitucional, Común XXVII.3o.130 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 2390 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2390, Décima Época, Registro digital 2018164, bajo el rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ. LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO IMPLICA SOSLAYAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-. Asimismo, el numeral 4o. constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 4 de diciembre de 2014, establecen el interés superior de la niñez como principio rector para todas las autoridades involucradas en asuntos de menores, bajo el cual deben tomar acciones y privilegiar los mecanismos que permitan a los infantes y adolescentes un crecimiento y desarrollo integral plenos y, en su caso, instrumentar las medidas de protección y de restitución integrales procedentes; sin embargo, dicho principio no implica que en cualquier juicio de amparo promovido por un menor, el tribunal de amparo soslaye los presupuestos de procedencia del juicio y deba resolver si niega o concede la protección solicitada, ya que ese proceder equivaldría a que se dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales, como los de seguridad jurídica e igualdad procesal, que rigen su función jurisdiccional, lo que origina un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio.". En las relatadas condiciones, con sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata. Sin que el sentido de la presente determinación, contravenga lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO." Ello obedece a que en el caso que ocupa la atención se advierte, de manera manifiesta e indudable, la actualización de la causal de improcedencia en estudio, toda vez que de un análisis integral al contenido de su libelo de amparo, es posible advertir, de manera patente, que a las autoridades señaladas como responsables, no les asiste tal carácter, por no constituir actos de autoridad los reclamos que se les atribuye, porque básicamente no tiene relación con la voluntad imperativa del Estado, y, por ello, no tienen carácter imperativo. Robustece el sentido de la presente determinación, la Jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)." A su vez, la determinación emitida en este asunto fue sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver el recurso de queja 77/2015, el dos de julio de dos mil quince, consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), quien de manera coincidente a lo resuelto por este juzgado federal, procedió a determinar que es factible analizar la actualización de la causal de Improcedencia en estudio, en forma excepcional, en el auto inicial de trámite, cuando el juzgador de amparo advierte que ésta se verifica en forma indudable y manifiesta, esto es, cuando se tiene la certidumbre y plena convicción de que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, lo que justifica el desechamiento del libelo de amparo, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal. En consecuencia, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa, por notoriamente improcedente. VI. Domicilio y autorizados. Téngasele como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda. Como lo solicita, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que el nombre de usuario (DAVIDN.LIRA) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a David Núñez Lira y Emma Noemí García Martínez, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos del mismo numeral y su correlativo 24 a Juana Fabiola Hernández Arredondo, por no contar con dicho registro. VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta a la parte quejosa. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, las notificaciones personales que en este juicio se realicen deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Acuerdos generales. En otro orden de ideas y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el siete de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos del artículo 2, fracción VIII, primer párrafo, del Acuerdo General del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, relativo al periodo de su vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida del licenciado José Jesús Gutiérrez Luna, secretario del juzgado que autoriza y da fe.
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