Anahi Paulina Soto Huerta

Expediente 1350/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 26 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1350/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Anahi Paulina Soto Huerta
  • Anahi Paulina Soto Huerta y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad de México; a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Estado procesal Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto del oficio signado por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por medio del cual informó el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna; consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de la materia, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Estudio de cumplimiento. Para ello, es necesario tener presente que el Tribunal revisor revocó la sentencia dictada en autos y en lo que interesa concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, por cuanto hace al Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince. Por tanto los efectos de la concesión de amparo por el tribunal revisor fueron los siguientes: "Entonces, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, debe concederse el amparo solicitado para que se desincorpore de la esfera jurídica de las quejosa, la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., así como de cualquier requerimiento que hiciera la autoridad con base en dichos lineamientos, por ende, en el caso de que durante el periodo de su vigencia hubieran presentado su contabilidad electrónica de conformidad con el referido Anexo viciado, aquélla deberá dejarse sin efectos al haberse realizado con base en una norma declarada inconstitucional." Con base en lo anterior y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es de oficio, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento. Ahora bien, obran en autos los oficios emitidos por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, mediante los cuales, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional lo siguiente: "desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org, a los que hace referencia en el Anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, en el caso que durante el periodo de su vigencia hubieran presentado su contabilidad electrónica". Con lo anterior, el dos de enero del año en curso, se dio vista a parte quejosa para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que a la fecha lo haya hecho. De lo antes narrado, este juzgado federal considera que se encuentra debidamente cumplida la ejecutoria de amparo, ello en virtud de que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, desincorporó de su esfera jurídica el Anexo 24 respecto de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio fiscal de dos mi quince. En consecuencia, se concluye que el fallo protector ha quedado cumplido, pues se acató la ejecutoria en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el estado de guardan los autos, y tomando en consideración que el análisis del cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia de amparo fue acatada puntualmente, con base en los elementos existentes en el expediente; por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a efectuar el pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia. El nueve de julio de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del presente asunto, dictando sentencia definitiva el once de febrero de dos mil veinte, la cual fue recurrida por diversas autoridades. El catorce de junio de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, dictó la sentencia definitiva y, en cumplimiento a lo ordenado por dicho Tribunal, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables, para los siguientes efectos: "(.) "En ese sentido y de conformidad con la determinación en esta ejecutoria, procede a modificar los efectos de la concesión de amparo y protección de la Justicia Federal precisados por el juez de distrito para quedar en los siguiente términos: Para que se desincorporen de la esfera jurídica del quejoso las disposiciones reclamadas y concretamente, no se le aplique el Acuerdo mediante el cual el Pleno de Instituto Federal de Telecomunicaciones determina los límites de percepción ordinaria total de los servidores públicos de mando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la remuneración total anual del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el ejercicio fiscal 2019 [1], así como el diverso Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que se expide el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2019 |2]; y, en consecuencia, se respete la remuneración que percibía con motivo del ejercicio de sus funciones, tal como se tenía haciendo, para lo cual deben de regir los mismos parámetros salariales que se establecieron para el ejercicio focal dos mil dieciocho. Además, las autoridades responsables deberán restituir las remuneraciones motivo de la deducción efectuada al impetrante con motivo tanto del Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina los límites de percepción ordinaria total de los servidores públicos de mando en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y la remuneración total anual del Comisionado Presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para el ejercicio fiscal 2019 [1], así como el diverso Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones por el que se expide el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos del Instituto Federal de Telecomunicaciones para el ejercicio fiscal 2019 [2), quedando a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por conducto de la unidad administrativa correspondiente, determinar las cantidades respectivas." (.)". Posteriormente, se tuvo por recibido el oficio registrado con número de folio 14043, signado en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el cual, manifestó la imposibilidad que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria respecto de la quejosa Anahí Paulina Soto Huerta, toda vez que causó baja del Instituto el uno de julio de dos mil veintidós, derivado de un cese por pérdida de confianza; al efecto, remitió copia certificada del oficio IFT/240/UADM/595/2022. No obstante lo anterior, el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado determinó que no se actualizaba ninguna imposibilidad jurídica, en tanto que era posible determinar las cantidades que le fueron reducidas, con motivo de la aplicación de las normas impugnadas. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio registrado con el número de folio 15764, el delgado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, informó a este Juzgado que realizo el cálculo correspondiente y requirió a la parte quejosa para que reintegrara la cantidad de $3,008.88 (tres mil ocho pesos 88/100 M.N.), la cual comprende las diferencias pagadas por concepto de: seguridad social, los cambios en los montos correspondientes al salario base de cotización, las diferencias por concepto de vales de despensa, así como la aportación correspondiente del trabajador del Seguro de Separación Individualizado. Consecutivamente, a través de escrito presentado de forma electrónica 6072098, la quejosa acreditó haber realizado una transferencia por la cantidad de $3,008.878 (tres mil ocho pesos 88/100 M.N.); por lo que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, este Juzgado le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria. Así, mediante oficio con número de registro 18643, el delegado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, dio a conocer a este Juzgado que realizó la transferencia bancaria a favor de la parte quejosa por $3,594.96 (tres mil quinientos noventa y cuatro pesos 96/100 M.N.); al cual anexó la constancia para sustentar sus manifestaciones. Por tal razón, el siete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la quejosa para que se manifestara en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. En consecuencia, atendiendo al informe de cumplimiento rendido por la autoridad responsable, así como a las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, este Juzgado Federal advierte que la responsable desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa las disposiciones reclamadas y devolvió la cantidad respectiva respecto de las remuneraciones motivo de la deducción efectuada con motivo de la norma combatida; por ende, se concluye que el fallo protector HA QUEDADO CUMPLIDO, pues se acató en sus términos la sentencia en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto, con lo cual se restituyó a la quejosa en el goce de su derecho violado. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Finalmente, incorpórese sin mayor trámite al expediente el escrito de cuenta, signado electrónicamente por la autorizada en términos generales de la parte quejosa, a través del cual, pretende desahogar la vista ordenada el siete de noviembre de dos mil veintidós; lo anterior, toda vez que el libelo se presentó fuera del plazo de tres días que le fue concedido, como se advierte de la certificación secretarial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Ciudad de México, a doce de diciembre de dos mil veintidós. Incorpórese al expediente el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito; por medio del cual, informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia constitucional dictada por este Juzgado Federal, el cual registró bajo el toca R.A. 597/2022. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Ciudad de México; siete de noviembre de dos mil veintidós Vista la primer certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó mi adscripción a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Téngase por recibido el oficio de cuenta, remitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por medio del cual, remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio dictado en sesión de trece de septiembre de dos mil veintidós, en el amparo en revisión administrativo 958/2017 de su índice, en la que se determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, respecto de los actos precisados en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a PARQUES INDUSTRIALES SIMSA S.A. DE C.V. Y COAGRAVIADOS, contra los actos precisados en los considerandos noveno, décimo, decimoprimero y decimosegundo de la sentencia recurrida." Por tanto, acúsese el recibo correspondiente; glósese a los autos las constancias originales del cuaderno de antecedentes. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro electrónico que para registro se lleva en este juzgado. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en atención a las políticas de disciplina, utilización y racionalización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, no se adjunta copia de la referida resolución, solo a las autoridades encargadas de dar cumplimiento al fallo protector de ser el caso; sin embargo, la misma se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Ahora bien, en lo que interesa, al quedar firme la sentencia dictada el juicio de amparo en que se actúa, en el punto resolutivo tercero, se concedió a la parte quejosa; el amparo y protección de la Justicia Federal, para: ".En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." (.) En esas condiciones, tal y como se advierte de los efectos para los que se concedió el amparo, es al Jefe del Servicio de Administración Tributaria a quien corresponde, en su caso, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la referida autoridad, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, informe a este órgano de control constitucional, si a la parte quejosa: ************************ Le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Y para el caso de haberse instaurado dicho procedimiento a la peticionaria de amparo, y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución, por lo cual, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararlo insubsistente; remitiendo las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, con el objeto de tener certeza si en el asunto en que se actúa existe materia para el cumplimiento de la sentencia y, estar en posibilidad de realizar pronunciamiento al respecto. De igual forma, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 8, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y en términos del referido el numeral 192, cuarto párrafo, de la ley de la materia, requiérase al superior jerárquico de la autoridad directamente obligada al cumplimiento, a saber, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en igual término, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo. Apercibidas dichas autoridades que en caso de resultar omisas en el plazo otorgado para tal efecto, se les impondrá una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), la cual es el equivalente a multiplicar por cien el valor diario de la unidad de medida y actualización -publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós-. Asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada de Tribunal Colegiado de Circuito, con registro número 197560, de rubro: "APREMIO, MEDIDAS DE. LA PROCEDENCIA DE SU IMPOSICIÓN SE GENERA EN EL ACTO MISMO DE DESACATO A UNA DETERMINACIÓN JUDICIAL." Cabe precisar que el dictado de las medidas antes citadas tiene por objetivo que los juicios de amparo del conocimiento de este juzgado de Distrito, no queden paralizados; pues en caso de incumplimiento de alguno de los puntos antes requeridos, se provocaría un retardo o dilación en su cumplimiento, lo que atentaría contra el mandato constitucional de la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se hace del conocimiento de las autoridades conminadas en el presente proveído que aun cuando dejen de ocupar su cargo, seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo en que estén al frente de él, de manera que podrán ser consignadas ante el Juez de Distrito que corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, aunque dejen de ser titulares obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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