Anahí Monserrat Arellanes Cruz
Expediente 765/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Anahí Monserrat Arellanes Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Asimismo, considerando que obran glosados en el presente asunto documentos originales exhibidos por el quejoso, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Probanzas que se entregarán personalmente al quejoso, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Dígase a dicha parte que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que pretende; por lo que deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCCIÓN I, INCISCO B, EL ACUERDO DE VEINTINUEVE DE JULIO PASADO, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES A NOTIFICARSE. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se desprende que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, tomando en consideración que no existe asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Asimismo, considerando que obran glosados en el presente asunto documentos originales exhibidos por el quejoso, con fundamento en lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General, requiérasele a efecto que comparezca a recibirlos, dentro del término de noventa días hábiles a partir de la legal notificación de este proveído. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, los mismos continuarán glosados y correrán la misma suerte que este expediente. Probanzas que se entregarán personalmente al quejoso, o por conducto de la persona que haya autorizado expresamente para tal efecto, previa copia y razón de su recibo se deje en autos. Dígase a dicha parte que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que pretende; por lo que deberá realizar la cita correspondiente a través del sistema de agendas "OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
CON FUNDAMENTO ENE L ARTÍCULO 27, FRACCIÓN i INCISO C, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ AL JUZGADO A NOTIFICARSE DE DICHO PROVEÍDO A PESAR DE HABERSELE DEJADO AVISO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de los Consejeros Técnicos de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 765/2022, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, en esencia, la falta de contestación y notificación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el veinte de junio de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que la parte promovente se duele de: - La omisión de dar contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable el veinte de junio del actual, por el que solicitó se cite a una sesión de Consejo Técnico, con la finalidad de analizar la declaratoria de vigencia y validez de los acuerdos emitidos por el H Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. . En el caso, este órgano jurisdiccional considera que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 8° Constitucional y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación." De lo que se obtiene que la autoridad que reciba la petición que se le formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa; tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, esto en el término de diez días, siempre y cuando la ley no fije otro; lo cual deberá notificar al peticionario. En ese contexto, si la quejosa elevó su petición ante la autoridad responsable el veinte de junio en curso, y la demanda de amparo fue presentada el treinta de los actuales; es inconcuso que han transcurrido ocho días hábiles, lo que conlleva que la autoridad responsable se encuentra en el plazo de los diez días, a afecto de dar contestación a su escrito de petición. En consecuencia, se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno a la quejosa, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta al petitorio que se le formuló. Es así, ya que la responsable no cuenta con regulación expresa para el caso; por ende, tiene la obligación de sujetarse al término de diez días, que contempla el artículo 13 de la Constitución local de esta entidad federativa, para contestar por escrito o por medios electrónicos lo solicitado por la quejosa, pues este precepto legal, prevé el derecho fundamental en cita, así como el término para resolver la cuestión planteada. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo. Además cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa el que señala en el proemio de su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que sí tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y a la restante únicamente para oír y recibir notificaciones, por así haber solicitado expresamente. Es aplicable al respecto, la Tesis XXI.1o.P.A.50K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1384, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 173706, cuyo rubro dice: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. En atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se toma nota del correo electrónico y números de celular que proporciona, para entablar únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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