Anahi Guadalupe Najera Higuera
Expediente 1098/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1098/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Anahi Guadalupe Najera Higuera
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio signado por el Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta en Guadalupe Victoria, Durango, mediante el cual devuelve diligenciada la requisitoria 306/2022, orden 495/2022, remitida para notificar a la parte quejosa el proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, y correrle traslado con la documental anexa en dicha comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ***, por derecho propio, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Salto Pueblo Nuevo, Durango, lo siguiente: "4. ACTOS RECLAMADOS: la omisión de hacer cumplir con el pago de pensión alimenticia ordenada en auto de fecha 25 de noviembre de 2020." (Transcripción literal) El siete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "- Que el Juez responsable emita determinaciones eficaces en torno al cumplimiento de la pensión provisional, observando lo plasmado anteriormente." En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de seis de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. La responsable del cumplimiento Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Salto Pueblo Nuevo, Durango, mediante oficio 314/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto dictado en esa misma fecha dentro del expediente del que derivan los actos reclamados, del que se advierte que se puso a disposición de la parte aquí quejosa, del numerario exhibido por la parte demandada por concepto de pensión alimenticia. De igual manera, se aprecia que en el proveído aludido, el juez responsable requirió al demandado ***(aquí tercero interesado), para que dentro del término de tres días exhibiera la pensión alimenticia completa, así como los pagos correspondientes a las mensualidades atrasadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría arresto de cuarenta y ocho horas; y, en caso de reincidencia, se deberá presentar una planilla de liquidación de las pensiones atrasadas y estar en posibilidad de señalar bienes suficientes para garantizar las pensiones no cubiertas desde el día de su fijación hasta la fecha que se dicte la orden de cateo. De igual manera, previno a la parte actora para que proporcionara la planilla de liquidación de las pensiones no recibidas y decretar el embargo respectivo; además, dio vista al agente del Ministerio Público Investigador para que realice la indagación correspondiente, de conformidad con el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango. Con lo anterior, en acuerdo de catorce de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Al respecto, la parte quejosa en escrito registrado con el número 11618, desahogó la vista ordenada e indicó que no ha recibido beneficio alguno con la protección constitucional, en atención a que el deudor alimentario continúa sin cubrir la pensión que se fijó en el juicio de origen. Expuesto lo anterior, debe decirse que los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que el Juez responsable dictara las providencias necesarias a efecto de hacer cumplir al deudor alimenticio, aquí tercero interesado, con esa obligación; y, con la emisión del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en atención a que realizó lo siguiente: Requirió al deudor alimentario para que cubriera con la pensión que se fijó en el juicio de origen, así como los pagos correspondientes a las mensualidades atrasadas y lo apercibió con decretarle un arresto de cuarenta y ocho horas, en caso de incumplimiento. Requirió a la parte actora para que proporcionara la planilla de liquidación de las pensiones no recibidas a efecto de decretar el embargo y cateo respectivo. Además, dio vista al agente del Ministerio Público Investigador para que realice la indagación correspondiente, de conformidad con el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango. Tales medidas están encaminadas a que el deudor alimentario dé cumplimiento a la pensión que se le fijó, por ende, es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, TÉNGASE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones que realizó la promovente del amparo, en el sentido de que aún no recibe beneficio con la concesión del amparo; ello, en atención a que se refiere al beneficio económico relacionado con el cumplimiento del pago de la pensión; sin embargo, como se dijo en líneas precedentes, el presente juicio de amparo se concedió para el efecto de que la responsable emita determinaciones eficaces en torno al cumplimiento de la referida pensión, lo que así aconteció, ello, en atención a que, además de requerir directamente el deudor, también ordenó dar vista al ministerio público a fin de que realice la indagatoria conforme lo dispone el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango; de igual manera, le indicó a la parte actora del juicio para planilla de liquidación de las pensiones no recibidas y proveer lo conducente para el embargo de bienes. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. AUTO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos los autos de cuenta, se advierte que se hace necesario establecer si la sentencia dictada en este juicio ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al estudio de dicha cuestión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto ***, por derecho propio, reclamó del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Salto Pueblo Nuevo, Durango, lo siguiente: "4. ACTOS RECLAMADOS: la omisión de hacer cumplir con el pago de pensión alimenticia ordenada en auto de fecha 25 de noviembre de 2020." (Transcripción literal) El siete de marzo de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "- Que el Juez responsable emita determinaciones eficaces en torno al cumplimiento de la pensión provisional, observando lo plasmado anteriormente." En la inteligencia que, para verificar el puntual cumplimiento al fallo protector de derechos fundamentales, es necesario atender tanto a las consideraciones y lineamentos contenidos en la propia ejecutoria de amparo, como a los efectos precisados en la misma. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 75/2014, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 627, Libro 12, Noviembre de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SÓLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACOTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Las autoridades responsables deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos de las ejecutorias de amparo conforme a las consideraciones y los lineamientos que obren en éstas. Lo anterior es así, porque las consideraciones y los lineamientos constituyen las premisas que justifican, precisan o determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias de amparo, acotando la discrecionalidad que las autoridades responsables tienen en virtud de su libertad de jurisdicción, de forma que su inobservancia implicaría una falta al debido procedimiento de cumplimiento de las ejecutorias de amparo que tendría como resultado restar efectividad al juicio de amparo, en contravención de los derechos humanos de debido proceso y acceso efectivo a la justicia reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base en lo anterior, los tribunales colegiados de circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben resolver los recursos de inconformidad y determinar si la resolución respectiva cumple sin exceso o defecto el fallo protector en términos de los artículos 192, 196 y 201 de la Ley de Amparo" En auto de seis de abril de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada dicha sentencia y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. La responsable del cumplimiento Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta del Salto Pueblo Nuevo, Durango, mediante oficio 314/2022 de dieciocho de abril de dos mil veintidós, remitió copia certificada del auto dictado en esa misma fecha dentro del expediente del que derivan los actos reclamados, del que se advierte que se puso a disposición de la parte aquí quejosa, del numerario exhibido por la parte demandada por concepto de pensión alimenticia. De igual manera, se aprecia que en el proveído aludido, el juez responsable requirió al demandado ***(aquí tercero interesado), para que dentro del término de tres días exhibiera la pensión alimenticia completa, así como los pagos correspondientes a las mensualidades atrasadas, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondría arresto de cuarenta y ocho horas; y, en caso de reincidencia, se deberá presentar una planilla de liquidación de las pensiones atrasadas y estar en posibilidad de señalar bienes suficientes para garantizar las pensiones no cubiertas desde el día de su fijación hasta la fecha que se dicte la orden de cateo. De igual manera, previno a la parte actora para que proporcionara la planilla de liquidación de las pensiones no recibidas y decretar el embargo respectivo; además, dio vista al agente del Ministerio Público Investigador para que realice la indagación correspondiente, de conformidad con el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango. Con lo anterior, en acuerdo de catorce de junio del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Al respecto, la parte quejosa en escrito registrado con el número 11618, desahogó la vista ordenada e indicó que no ha recibido beneficio alguno con la protección constitucional, en atención a que el deudor alimentario continúa sin cubrir la pensión que se fijó en el juicio de origen. Expuesto lo anterior, debe decirse que los efectos de la sentencia de amparo fueron precisamente para que el Juez responsable dictara las providencias necesarias a efecto de hacer cumplir al deudor alimenticio, aquí tercero interesado, con esa obligación; y, con la emisión del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en atención a que realizó lo siguiente: Requirió al deudor alimentario para que cubriera con la pensión que se fijó en el juicio de origen, así como los pagos correspondientes a las mensualidades atrasadas y lo apercibió con decretarle un arresto de cuarenta y ocho horas, en caso de incumplimiento. Requirió a la parte actora para que proporcionara la planilla de liquidación de las pensiones no recibidas a efecto de decretar el embargo y cateo respectivo. Además, dio vista al agente del Ministerio Público Investigador para que realice la indagación correspondiente, de conformidad con el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango. Tales medidas están encaminadas a que el deudor alimentario dé cumplimiento a la pensión que se le fijó, por ende, es evidente que se cumplió con lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, sin que se advierta que la autoridad responsable incurriera en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el numeral 214 de la ley de la materia, TÉNGASE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. No es obstáculo a la anterior determinación las manifestaciones que realizó la promovente del amparo, en el sentido de que aún no recibe beneficio con la concesión del amparo; ello, en atención a que se refiere al beneficio económico relacionado con el cumplimiento del pago de la pensión; sin embargo, como se dijo en líneas precedentes, el presente juicio de amparo se concedió para el efecto de que la responsable emita determinaciones eficaces en torno al cumplimiento de la referida pensión, lo que así aconteció, ello, en atención a que, además de requerir directamente el deudor, también ordenó dar vista al ministerio público a fin de que realice la indagatoria conforme lo dispone el numeral 297 del Código Penal para el Estado de Durango; de igual manera, le indicó a la parte actora del juicio para planilla de liquidación de las pensiones no recibidas y proveer lo conducente para el embargo de bienes. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que el presente juicio, concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda, sentencia, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Notifíquese personalmente.
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