Anahí Guadalupe de la Fuente Mirabal

Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
848/2019
Año
2019
Actuaciones
22
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • Anahí Guadalupe de la Fuente Mirabal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    III-Agréguese el oficio firmado por el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veintidós de marzo del año en curso, dictado en el juicio de amparo ******************** de su estadística, de cuyo contenido se desprende que solicita se autorice el acceso al expediente electrónico del juicio constitucional en que se actúa, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), a fin de consultar las actuaciones relativas al presente asunto. Al respecto, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se pone a disposición del juzgado oficiante, la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales conducentes. Por tanto, hágase del conocimiento al oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad correspondiente.

  2. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal del presente juicio de amparo, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Asimismo, en cumplimiento artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de depuración, por haberse concedido la protección constitucional, una vez transcurrido el plazo de tres años; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. De igual forma, en observancia a lo previsto en el artículo 12 del mencionado Acuerdo General, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  3. Principal

    III-Vista la certificación secretarial de cuenta y estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniere; en tal virtud, procede resolver respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo emitida el veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. En la ejecutoria de referencia, se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a Anahí Guadalupe de la Fuente Mirabal, para el efecto de que la autoridad responsable titular de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, realice lo siguiente: "De inmediato realice un análisis de la documentación recibida, de respuesta a lo solicitado mediante oficio I/143/SJ/2838/2019, de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, y en caso de ser procedente, realice las diligencias correspondientes, a fin de autorizar el folio respectivo para que se realicen los trabajos de medición y deslinde en el procedimiento administrativo de enajenación DGPR/SOTN-23QR/0015/2019, relativo al predio "ESTRELLA FUGAS", ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo; asimismo, haga del conocimiento de lo anterior al Delegado Estatal en Quintana Roo, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad." Por acuerdo de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se recibió la resolución dictada en el amparo administrativo en revisión 217/2020, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, en el cual, declaró firme el sobreseimiento no impugnado y confirmó el sentido de la sentencia recurrida en este asunto, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Acciones desplegadas por la autoridad responsable En acuerdo de diez de diciembre de dos mil veintiuno, se acordó respecto al oficio enviado por la autoridad responsable subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, consistente en el oficio l.143.OR.ROO.SJ.03931.2021, de ocho de diciembre de este año, en el cual, se advierte que solicitó nuevamente a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que autorizara los trabajos técnicos de medición y deslinde del predio denominado "ESTRELLA FUGAS", del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Asimismo, manifestó que una vez que obtuviera dicha información estaría en condiciones de llevar a cabo los trabajos técnicos de medición y deslinde y exhaustiva inspección ocular en el predio de mérito, por lo que se le tuvo en vías de cumplimiento. Por otra parte, en acuerdo de dos de febrero de este año, se recibió el oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.0607.2022, signado por la autoridad responsable directora de Ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en Ciudad de México, en el cual, se advierte que giró las instrucciones necesarias a efecto de dar cumplimiento al fallo constitucional, por lo que precisó que una vez que determinara lo conducente, lo haría saber a este órgano jurisdiccional, por tal motivo, se le tuvo en vías de cumplimiento. Luego, en acuerdo de ocho de febrero del año en curso, la subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, remitió el oficio l.143.OR.ROO.SJ.03931.2021, de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el cual, se advierte que solicitó nuevamente a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a efecto de que autorice los trabajos técnicos de medición y deslinde y exhaustiva inspección ocular del predio denominado "ESTRELLA FUGAS", del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo. Además, manifestó que una vez que obtuviera dicha información estaría en condiciones de llevar a cabo los trabajos técnicos de medición, deslinde y exhaustiva inspección ocular en el predio de mérito, para que en su oportunidad, pueda continuar con las etapas subsecuentes del proceso de enajenación pretendido por la parte quejosa, teniéndose en vías de cumplimiento a dicha autoridad. Por último, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, se recibió el oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.1017.2022, signado por la autoridad Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, con el cual, remitió el acuerdo de veintiséis de enero del año en curso, en el que se desprende que declaró improcedente el procedimiento administrativo de enajenación DGPR/SOTN-23QR/0015/2019, relativo al poblado "Estrella Fugas", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo. De igual manera, declaró la improcedencia para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa solicitado por la parte quejosa, en virtud de que comprobó que la superficie solicitada de enajenación se encuentra comprendida en la superficie de 39,500-00-00 hectáreas, que fueron cedidas al Gobierno del Estado de Quintan Roo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro y en la zona marítima terrestre del mar caribe, precisando que dejó a salvo los derechos de la quejosa para lo haga valer ante la autoridad competente, en los términos que precisó en el considerando IV del referido acuerdo de improcedencia. Para terminar, dicha autoridad, comisionó personal para que se lleve a cabo la notificación del aludido acuerdo de improcedencia a la quejosa, remitiendo documentales como sustento de sus manifestaciones. Lo anterior, permite conocer que la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal está cumplida en su totalidad sin que éste órgano jurisdiccional advierta exceso o defecto en su cumplimiento, conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo. Infórmese a la parte quejosa, que tiene un plazo de quince días para impugnar esta determinación, si así lo estima pertinente, a través del recurso de inconformidad, previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Una vez que cause estado este proveído, archívese el expediente como asunto concluido, en términos del artículo 214 de la legislación de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.

  4. Principal

    III-Agréguese el oficio con anexo de cuenta suscrito por la directora de ejecutorias en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al requerimiento efectuado en autos, informa que el veintiséis de enero del año en curso, emitió el acuerdo de improcedencia dictado en el procedimiento administrativo de enajenación DGPR/SOTN-23QR/0015/2019, relativo al poblado "Estrella Fugas", ubicado en el Municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo. Asimismo, indica que declaró la improcedencia para continuar con el procedimiento de enajenación onerosa solicitado por la parte quejosa, en virtud de que se comprobó que la superficie solicitada de enajenación se encuentra comprendida en la superficie de 39,500-00-00 hectáreas, que fueron cedidas al Gobierno del Estado de Quintan Roo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro y en la zona marítima terrestre del mar caribe, precisando que deja a salvo los derechos del quejoso para lo haga valer ante la autoridad competente, en los términos que precisa en el considerando IV del referido acuerdo de improcedencia. De igual manera, manifiesta que comisionó personal para que se lleve a cabo la notificación del aludido acuerdo de improcedencia a la quejosa, remitiendo documentales como sustento de sus manifestaciones. No obstante lo anterior, solicita que este órgano jurisdiccional ponga a la vista dichas constancias con la intención de darle celeridad al asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las aludidas documentales, para que dentro del plazo de tres días computados a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga si así lo estiman pertinente; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constancia remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.". Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.

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