Anahí Esmeralda Avíla Sánchez

Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
303/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Anahí Esmeralda Avíla Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada el siete de marzo del año en curso, dentro del término de cinco días que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la resolución por la que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***; para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 25/03/2020 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo; por el cual remite el despacho 63/2022 (número de orden 108/2022-III) diligenciado, en virtud de haber notificado a la quejosa ****, el proveído de siete de marzo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, dese de baja en el libro respectivo. Por lo anterior, se tiene por debidamente notificada la parte quejosa mediante diligencia de diecisiete del presente mes y año. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el escrito signado por ***, quien refiere promover el amparo en nombre y representación de ***, contra actos del Juez Penal de Control en Huichapan, Hidalgo. DETERMINACIÓN JUDICIAL Ahora, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de derechos para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de derechos es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Este precepto citado, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del estudio realizado al escrito de demanda se desprende lo siguiente: Que ***, quien refiere promover el amparo en nombre y representación de ***, contra el acto reclamado, consistente en la detención de la última citada. Ahora bien, es preciso establecer que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 6 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de derechos únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto que se reclama. En el caso que nos ocupa, al haber promovido demanda de amparo **, quien refiere promover el amparo en nombre y representación de ***, sin que se advierta que la última de las personas citadas se encuentre imposibilitada para promover por su propio la misma, ya que del acto reclamado y de los hechos que narra en su escrito inicial de demanda no se advierte que se encuentre en alguno de los supuesto que marca el artículo 15 de la Ley de Amparo y/o 22 de la Constitución, por lo que se advierte que no se encuentre privado de su libertad y menos en un supuesto de los artículo referidos en líneas que anteceden; por tanto, debe desecharse por manifiesta y notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "ARTICULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." . ARTÍCULO 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Del precepto reproducido en último término, puede apreciarse que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien le afecte la norma general o el acto reclamado; de ahí la exigencia de que la persona física o moral a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien acuda a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior resulta aplicable, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se transcribe: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4°. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." Lo anterior es así, ya que del contenido íntegro de la demanda de amparo, como ya se mencionó, no se advierte que Anahí Esmeralda Ávila Sánchez se encuentre imposibilitada para promover por su propio derecho dicha demanda, esto es, se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y/o 22 Constitucional, por lo que es de precisarse que el mismo no se encuentra incomunicada o desaparecida para promover la demanda de derechos por su propio derecho. En consecuencia, ante la evidente causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, ésta última en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, en términos del numeral 113 de la ordenamiento legal citado. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. NOTIFICACIÓN DE ADMISIÓN A LA QUEJOSA Por otra parte, y en virtud de haber señalado la quejosa domicilio fuera de la jurisdicción de este órgano federal, se envía despacho al Juzgado Penal en Turno del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo, para que por su conducto notifique el presente proveído a la quejosa Anahí Esmeralda Ávila Sánchez, en el lugar donde se encuentra recluido; esto es, Centro de Reinserción Social de Huichapan, Hidalgo. En el entendido que deberá requerirle para que señale domicilio en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo así, las ulteriores se le harán por lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Federal, de conformidad a lo establecido por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Hecho que sea lo anterior, devuelva las constancias que así lo acrediten, haciendo de su conocimiento que queda facultado para que en caso de ser necesario habiliten días y horas para la realización de la diligencia encomendada. Notifíquese; y personalmente a la quejosa por medio de despacho.

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