Anahi Elizabeth Lezama Labastida
Expediente 1236/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1236/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anahi Elizabeth Lezama Labastida
- Carlos Bautista Alvarez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja, en contra del auto de desechamiento de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado por este Juzgado Federal, conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Aviso de cambio de titular. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1072/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre de mismo año, el Pleno del citado órgano determinó, la adscripción de la Juez Nadyelly López Guevara, designándola como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, referente a los impedimentos para conocer de los asuntos que se tramitan ante este juzgado. El presente proveído notifíquese por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, en virtud de que la lista de los acuerdos que dicta este Juzgado se encuentran en un lugar público y de fácil acceso en el que las partes pueden consultarlos de manera práctica y continua, por consiguiente, no se les deja en estado de indefensión por no notificárseles personalmente este acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, en el cual se dice: Cuernavaca, Morelos, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Bautista Álvarez, Rubén Chávez Blanco y Anahí Elizabeth Lezama Labastida, contra actos del Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, se provee como sigue: 1. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En otro aspecto, se les exhorta a las autoridades responsables a efecto de que señalen correo electrónico oficial con el propósito de que este juzgado de distrito esté en posibilidad de realizar las notificaciones electrónicas a través de dicho medio; asimismo, para que proporcionen un teléfono oficial para confirmar, en su caso, los envíos, atendiendo a la situación de excepcionalidad de que se trata. 3. Desechamiento. Se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5º, fracción I,, ambos de la Ley de Amparo, en lo que interesa, relativa a la falta de interés jurídico, puesto que tratándose de actos provenientes de autoridades judiciales -como sucede en este asunto-, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora bien, en el caso, Carlos Bautista Álvarez, Rubén Chávez Blanco y Anahí Elizabeth Lezama Labastida, por propio derecho, reclaman la resolución dictada treinta de agosto de dos mil veintiuno, por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, en el expediente TJA/3aS/40/2015, en la que se determinó [1] declarar fundado el recurso de queja por el incumplimiento de la sentencia ejecutoria emitida en dicho juicio; [2] se requirió a las autoridades demandadas el cumplimiento en los términos ahí precisados, y [3] se les apercibió que en caso de inacatar se harían acreedoras a la imposición de la medida de apremio consistente en multa equivalente a veinte Unidades de Medida y Actualización. De lo anterior, se tiene que la resolución impugnada no causa ninguna afectación real y actual a Carlos Bautista Álvarez, Rubén Chávez Blanco y Anahí Elizabeth Lezama Labastida, como personas físicas, pues en la misma, únicamente se impuso una obligación a cargo de las servidores públicos municipales en su carácter de autoridad -sin precisar que la obligación fuera dirigida a los aquí quejosos-, incluso el apercibimiento contenido en aquélla, se hizo en el sentido de que en caso de no cumplir las autoridades ahí vinculadas con dicha resolución se harían acreedoras a la imposición de una medida de apremio consistente en multa. De allí que, no pueda afirmarse que con tal determinación se cause una afectación de manera personal y directa a Carlos Bautista Álvarez, Rubén Chávez Blanco y Anahí Elizabeth Lezama Labastida, tan es así, que el cumplimiento del requerimiento efectuado en dicha resolución, no se realizó personalmente a dichos promoventes, sino a quienes ejercieran los cargos de Director de Protección civil y Bomberos de Cuautla, Morelos; Jefe del departamento de Bomberos de Cuautla, Morelos; Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Presidente del Consejo de Honor y Justicia; Titular de la unidad de asuntos internos; Secretariado Técnico del Consejo de Honor y Justicia; Presidente municipal y al Tesorero municipal, todos del ayuntamiento de Cuautla, Morelos -hasta este momento procesal-. Sin que se inadvierta que en un dado caso en que se incumpliera con lo allí requerido, podría eventualmente imponérseles la multa con que se les apercibió a los aquí quejosos en su carácter de personas físicas, no obstante, en éste caso en particular, el apercibimiento en cuestión -porque no se desconoce que puede haber casos de excepcionales- no produce una afectación actual, real y directa, sino que constituye un acto futuro e incierto -al estar sujeto al cumplimiento o no de la resolución combatida-. En efecto, en esencia y desde la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los apercibimientos como los de multa, pero ello es en tanto que constituye una medida de apremio, al probable infractor que depende de su actividad, constituyen actos futuros e inciertos que no tienen el carácter de inminentes. Ello, pues la materialización de esa conminación requiere dos cosas: 1) la actuación de la persona apercibida en sentido contrario a lo que le ha sido conminado; y 2) que las autoridades constaten tal hecho y determinen hacer efectivo el apercibimiento decretado. De modo tal que como no hay certeza de que el acto se produzca, y su posible existencia depende del modo de actuar de la persona, tal actuación debe considerarse como futura y de realización incierta. Véase al respecto la jurisprudencia con registro 238544, visible en la página 55, Volumen 66, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo". Y ese criterio, fue replicado por el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), con registro 2010813, consultable en la página 2321, Libro 26, Enero de 2016, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". Es en ese sentido, es que el apercibimiento de multa constituye un acto futuro e incierto, el cual no produce una afectación actual, real y directa ni constituye un acto de molestia, en la medida de que la imposición de la medida de apremio eventualmente no se decretará como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con lo que le fue requerido, así como que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; de ahí que no sea inminente, además de que en este caso en particular, se requiere también que los aquí quejosos continúen contando con el cargo en cuestión y que les sea reprochable tal inacción en el ejercicio de sus funciones. Y en todo caso si tuvieran alguna cuestión que hacer valer en relación a una imposibilidad jurídica o material, a título personal o como parte integrante de la autoridad en cuestión, para cumplimentar con lo que les fue requerido en la resolución impugnada, eso pueden hacerlo valer ante la autoridad responsable, o insistir en tal cuestión, a partir del nuevo apercibimiento que les fuera efectuado, para que ella analice los argumentos de la parte quejosa, y este en posibilidad de pronunciarse al respecto; de modo que la realización del apercibimiento aún depende de la voluntad de los quejosos, de la defensa que al respecto oponga y de que la autoridad decida ejercer o no esa atribución. Y todo esto viene a reforzar que el apercibimiento reclamado no es inminente, sino futuro e incierto; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio, además en caso de que la multa le fuera impuesta en este supuesto, la misma podría ser impugnada y eventualmente ser declarada ilegal, en virtud de que la parte quejosa se encontraba imposibilitada para cumplir el apercibimiento que le fue efectuado, sin que exista además la certeza de que tal medida de apremio les vaya a ser impuesta a los promoventes, pues en todo caso, le será impuesta a la persona física que ocupe en dicho momento tal cargo, y a quién le sea reprochable la conducta en cuestión. De allí que el acto que reclaman no les cause una afectación real y actual a sus intereses, pues se insiste, tales quejosos acuden al presente juicio por propio derecho, reclamando una determinación que aún no les depara algún perjuicio en su carácter de personas físicas, y aun cuando acudieran reclamando tal acto en su carácter de autoridades en todo caso el juicio de amparo también resultaría improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7°, de la Ley de Amparo, dado que en su carácter de autoridad, no tendrían legitimación para promover el juicio de amparo, en razón de que la relación subyacente de los actos que reclamarían no se actualizaría en un plano de igualdad con un particular, pues pretenderían defender un acto emitido dentro de las funciones públicas que le son encomendadas, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 16/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro 2017263, de rubro "PERSONA MORAL OFICIAL. CUANDO ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SIEMPRE Y CUANDO DE LA RELACIÓN SUBYACENTE NO SE ADVIERTA QUE ACUDE A DEFENDER UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS QUE TIENE ENCOMENDADAS". Lo anterior, en tanto que el origen de dicho acto proviene de un juicio de nulidad en el que se impugnó la resolución final emitida en un procedimiento administrativo de responsabilidad seguido en contra del aquí tercero interesado -actor en el juicio de origen-, en el que la autoridad quejosa participó como demandada, de lo que se obtiene que en el presente juicio pretendería defender un acto que emitió en su carácter de autoridad dentro de un marco de supra a subordinación, no en un plano de igualdad, tal como establecen las jurisprudencias 2a./J. 203/2007, y 2a./J. 3, ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros, 171242 y 184063, de rubros: "AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS" y "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA." Y es por eso que resulta improcedente la demanda de amparo propuesta, y la causa de improcedencia de falta de interés jurídico en estudio es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso la parte promovente no cuenta con interés jurídico, ya que como se clarificó, la misma no se encuentra sujeta a prueba, sino que se patentiza desde éste momento, al no causarle ninguna afectación personal la determinación que impugna, de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia invocada. Resultando aplicable por analogía la jjurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con registro 2014433, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, página 1078, del contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Por tanto, se desecha la demanda respecto de la resolución reclamada y las consecuencias de su inacabamiento, pues además, la causa de improcedencia primigenia en estudio es manifiesta e indudable, porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamarlo. 4. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y únicamente para tales efectos a las personas que designan, por así indicarlo expresamente. 5.- Autorización de copias. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII, y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifica como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. 8. Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V, y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario que autoriza y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Anabella Reyes Benitez930/2018
- Anabella Reyes Benitez1959/2018
- Anacleto Diaz Miranda1407/2017
- Anacleto Ramirez Vargas1259/2017
- ANAEL GUADALUPE GONZALEZ VARGAS y Otros.450/2019
- Anahi Bahena López741/2015
- Anahi Rojas Trinidad1590/2016
- Anahi Tapia Andres1627/2015
- Anahi Tapia Andres218/2017
- Anahi Tapia Andres746/2017
- Anahi Tapia Andres85/2016
- Anahi Tapia Andres510/2016