Anahí Cervantes Vega
Expediente 244/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 11/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anahí Cervantes Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de autos, de los que se advierte que trascurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que ésta ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello, deberá depurarse; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el citado numeral de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales o garantía, toda vez que no se exhibieron los primeros, ni la segunda al no haberse aperturado el incidente de suspensión respectivo. Toda vez que es un hecho notorio para este juzgado que algunas dependencia del Estado de Michoacán y de la Federación, suspendió las labores por virtud de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia producida por el virus Sars Cov2 o Covid-19; se faculta al actuario judicial adscrito, a fin de que en caso de no ser posible la entrega de comunicados por dicha circunstancia, los reserve en la actuaria de este juzgado y realice su entrega una vez que reanude labores la autoridad a la que se haya dirigido. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico y a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo V-244/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y recibido ese día en este juzgado, Anahí Cervantes Vega, por conducto de su apoderado jurídico Ariel Ortega Limón, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades siguientes: No. AUTORIDADES RESPONSABLE 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN. Y por el acto que medularmente hizo consistir en la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J-VI-265/2018, lo cual considera violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. El cinco de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención legal correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien formuló pedimento; y, finalmente, se señaló hora y día para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo conforme al acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los ordinales 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48, 55 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto reclamado se atribuye a un tribunal del trabajo que reside dentro del territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, tomo XI, abril de 2000, relativa a la Novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención de las promoventes y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la diversa jurisprudencia 55/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, Materia Común, Novena Época, con registro 195745, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". De igual forma, la tesis 2a. XXVIII/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, página 235, abril de 2000, materia común, Novena época, con registro 191939, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS BÁSICOS QUE DEBEN OBSERVAR LOS JUECES Y MAGISTRADOS PARA RESOLVER COHERENTEMENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN JUICIO, SALVO LOS CASOS EN QUE ELLO RESULTE INNECESARIO. En ese sentido, atendiendo a los criterios que anteceden y a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, y evitar la incongruencia o contradicción en la correcta impartición de justicia, así como del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo y a las constancias deducidas del juicio natural del que provienen los actos reclamados, se advierte que la parte quejosa propiamente reclama lo siguiente: La omisión de emitir el laudo en el juicio laboral J-VI-265/2018. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. Al rendir el informe justificado la autoridad responsable lo hizo de la forma siguiente: No. AUTORIDAD ACTO RECLAMADO SENTIDO 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO SEIS DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN ZAMORA, MICHOACÁN. La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral J-VI-265/2018. Cierto Aceptó no haber dictado el laudo dentro del juicio laboral J-VI-265/2018, lo que se corrobora con las constancias que remitió la responsable con el oficio de treinta de noviembre de dos mil veinte, documentales cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. De donde se sigue que material y jurídicamente no se ha dictado el laudo CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el resolutor, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". También la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no. Esa institución judicial obliga al resolutor a no dirimir la controversia constitucional ante él planteada (por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución). La serie de hipótesis normativas (de improcedencia) están debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En el caso, ninguna de las partes manifestó la existencia de causales de improcedencia, ni se advierte, de oficio, que se actualice alguna de ellas. Por tanto, procede realizar el estudio de los conceptos de violación, los cuales se considera innecesario transcribir y se tienen por reproducidos en términos del escrito de demanda. QUINTO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación esgrimidos. La parte quejosa aduce, en esencia, que la autoridad responsable no ha dictado el laudo correspondiente al juicio laboral J-VI-265/2018, ello a pesar de que "El juicio fue seguido por todas sus etapas y finalmente se terminó con la etapa de pruebas y se han hecho diversas gestiones a fin de que esta autoridad dicte el laudo correspondiente, por lo cual a sido omisa en llevar a cabo el dictado correspondiente" (sic), lo cual estima es violatorio de su derecho fundamental previsto en el numeral 17 de la Constitución Federal, apoyándose en dos tesis -una jurisprudencia y otra aislada- concernientes a la obligación de las Juntas de elaborar el proyecto de laudo como la emisión de éste. Tal pretensión es infundada, pues a pesar de que la autoridad aceptó que no había emitido el laudo en el juicio de origen; lo cierto es que esa situación no torna inconstitucional la omisión atribuida, en atención a que de las copias que adjuntó la autoridad responsable al oficio de treinta de noviembre de dos mil veinte, se advierte que: La quejosa presentó demanda ante la junta responsable el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, la que previo cumplimiento a la prevención formulada se admitió a trámite el veinte de junio de dos mil dieciocho, se emplazó a la parte demanda María Dolores Barajas Acosta, seguido el juicio por sus trámites legales el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofertadas por las partes, emitiéndose el uno de octubre de dos mil veinte el acuerdo admisión de las pruebas que fueron ofrecidas por las partes, fijándose como hora y fecha para el desahogo de las mismas las diez horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno y las nueve del veinticinco siguiente. Por lo que, dichas documentales revelan el estado procesal que guarda el juicio de origen, es decir, que actualmente se encuentra en etapa de instrucción, sin que ésta haya concluido; por lo que, en términos de lo dispuesto por el numeral 884, al no haber concluido la etapa de pruebas y su desahogo, es inconcuso que la autoridad responsable no estaba obligada a llevar a cabo el procedimiento conclusivo a que se refieren los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que la omisión del dictado de laudo está justificada por no haber concluido, en el caso concreto, la etapa de desahogo de pruebas a que alude el numeral 884 de la legislación laboral citada; sin que obste que la quejosa en su demanda invocara dos tesis para apoyar su pretensión, puesto que tales criterios parten de la premisa de que en los juicios laborales ya concluyeron con el desahogo de pruebas, lo que no acontece en el particular. En consecuencia, al no prosperar los conceptos de violación esgrimidos, sin que se advierta queja deficiente qué suplir, lo conducente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Anahí Cervantes Vega, respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable precisada en el considerando tercero conforme a los razonamientos en el diverso quinto de este fallo.
- Principal
Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inicia el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Se señala fecha para la audiencia constitucional Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha fijada para la audiencia constitucional señalada para las dieciséis horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, para ahora fijar las quince horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno para su celebración sin asistencia de las partes, pudiendo recibirse alegatos de manera electrónica o física, según corresponda, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes a que tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...Reanudación de los plazos y términos procesales Del estado que guardan los presentes autos, así como de la certificación que antecede, se tiene que con motivo de la crisis sanitaria por la enfermedad denominada Covid-19, se suspendieron las labores presenciales en los órganos del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Por su parte la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, relativa al punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal"; determinó que la suspensión de actividades presenciales de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, concluyó el once de enero de dos mil veintiuno. Por tanto, a fin de acatar lo dispuesto en el primer párrafo del numeral 2, del diverso acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la acotación en el expediente en que se actúa, que la reanudación de labores presenciales en este juzgado federal inicia el doce de enero de dos mil veintiuno, para los efectos legales correspondientes. Continuación del procedimiento. Se señala fecha para la audiencia constitucional Atento lo anterior, se deja sin efectos la fecha fijada para la audiencia constitucional señalada para las dieciséis horas con diez minutos del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, para ahora fijar las quince horas con cincuenta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno para su celebración sin asistencia de las partes, pudiendo recibirse alegatos de manera electrónica o física, según corresponda, en términos de la circular SECNO/12/2020 -respuesta a pregunta catorce-, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, se conmina a las partes a que tomen en consideración la posibilidad de tramitación electrónica del presente juicio, como se ha indicado en acuerdos precedentes Digitalización expediente electrónico. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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