Anahi Carrasco Torres

Expediente 689/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 55 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
689/2021
Año
2021
Actuaciones
55
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Anahi Carrasco Torres
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 55.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Este expediente es susceptible de depuración, en términos del Capítulo 7 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este asunto se considera no relevante. En virtud de lo anterior, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 18 del indicado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recuperar los documentos que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Finalmente, con el contenido de este acuerdo se ordena dar cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes.

  2. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo en el expediente en que se actúa como totalmente concluido. tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que se negó la suspensión definitiva solicitada, por tanto se considera susceptible de destrucción tanto el duplicado como el original del referido incidente de suspensión en que se actúa.

  3. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que no obra en ellos la constancia de notificación de la sentencia de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, correspondiente a la Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República en obvio de mayores dilaciones, túrnese los presentes autos al Actuario Judicial que corresponda a efecto de que de inmediato realice la notificación de que se trata.

  4. Principal

    VISTOS para dictar sentencia los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 689/2021-VIII-B, promovido por Anahí Carrasco Torres, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco y de la Brigada de Ejecuciones y del Actuario de dicho Tribunal, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Anahi Carrasco Torres acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, de la Brigada de Ejecuciones y del Actuario de dicho Tribunal, que más adelante serán precisados. La quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo entonces Titular dictó proveído el siete de mayo de dos mil veintiuno, en que se ordenó prevenir la demanda de amparo para ser aclarada y registrarla bajo expediente 689/2021-VIII-B. Así, una vez cumplimentado dicho requerimiento, mediante acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó admitir la demanda de mérito, pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Asimismo, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta de veinte de julio de dos mil veintiuno, dictándose la sentencia respectiva en esa misma fecha, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrando el toca respectivo con el número Revisión Principal 354/2021, quien mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, determinó revocar la sentencia sujeta a revisión, a efecto de que se repusiera el procedimiento y se emitiera pronunciamiento en relación con las pruebas testimonial, de inspección judicial y pericial, ofrecidas por la parte quejosa. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se repuso el procedimiento en el presente sumario y se dio el trámite respectivo a los aludidos de prueba; lo anterior, al margen de que mediante acuerdos de trece de enero y veintidós de febrero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en el desahogo de las pruebas testimonial e inspección judicial, por los motivos expuestos en las propias determinaciones. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis número P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: De la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, en su carácter de autoridad ordenadora: La orden de ejecución de la sentencia dictada el expediente agrario 1151/2012, consistente en el desalojo forzoso del predio denominado "La Primavera" con superficie de 1114-81-57.50 hectáreas, en que se autoriza al personal actuante a romper chapas y candados, para el cumplimiento de la sentencia, en la que la quejosa no fue llamada a juicio, por lo que tiene temor fundado de ser desalojada del predio denominado Rancho El Aguacate con una superficie de 11-67-98.86 hectáreas, ubicado en el Municipio de El Arenal, Jalisco, dentro del perímetro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 267.98 metros con propietario no identificado, AL SURESTE: en 494.54 metros con propietario no identificado; AL SUR: en 203.60 metros con propietario no identificado; AL NOROESTE: en 527.57 metros con propietario de Silviano Martínez y, AL OESTE: en 332.50 metros con propiedad de Alfonso, Adán y Abraham, todo de apellidos Valdivia de la Torre. De la Brigada de Ejecuciones y del Actuario, ambos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16: La ejecución de los actos descritos en el párrafo que antecede. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciséis, el Actuario y el Perito Ejecutor encargado de la Brigada de Ejecuciones adscrito al citado Tribunal, al rendir sus respectivos informes con justificación, reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen, lo que resulta suficiente para tener por acreditada la veracidad de los mismos. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 206, tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 1995, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del juicio de amparo, es obligado el examen de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, debe decirse que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con interés jurídico para comparecer al juicio de amparo; es así que los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado; a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 175910, de rubro: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES." Cabe destacar que la disposición legal en estudio establece uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. Efectivamente, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico tutelado, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario u omisión, que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto las tesis siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". (Época: Octava Época, Registro: 220965, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia(s): Común, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117). Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia". (Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 205-216 Tercera Parte. Materia(s): Común. Página 127). Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo advierte la jurisprudencia que indica: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". (Época: Octava Época, Registro: 206338, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 16/94, Página: 17). No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto porque por disposición expresa del último párrafo de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad materialmente jurisdiccional, como es la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, de la Brigada de Ejecuciones y del Actuario de dicho Tribunal, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". (Época: Décima Época. Registro: 2007921. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 50/2014 (10a.). Página: 60). «Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013». En el caso, la parte quejosa comparece al presente sumario ostentándose como tercera extraña en estricto sentido al juicio agrario 1151/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, arguyendo que en dicho sumario se emitió una determinación el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, que afecta la propiedad del inmueble de su propiedad y posesión, consistente en el predio denominado Rancho El Aguacate con una superficie de 11-67-98.86 hectáreas, ubicado en el Municipio de El Arenal, Jalisco, dentro del perímetro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 267.98 metros con propietario no identificado, AL SURESTE: en 494.54 metros con propietario no identificado; AL SUR: en 203.60 metros con propietario no identificado; AL NOROESTE: en 527.57 metros con propietario de Silviano Martínez y, AL OESTE: en 332.50 metros con propiedad de Alfonso, Adán y Abraham, todo de apellidos Valdivia de la Torre, ostentándose en este juicio como su propietario con base en su dicho en el que bajo protesta de conducirse con verdad refiere ser propietario y poseedor del multicitado predio. Precisado lo anterior, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. En ese orden, el tercero extraño a juicio en estricto sentido - supuesto en el que se encuentra el quejoso-, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o en virtud de que fue citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya al tema la tesis jurisprudencial: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación". (Época: Novena Época. Registro: 177771. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005. Materia(s): Común. Tesis: VII.2o.C. J/21. Página: 1305). Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo, lo cual se recaba de las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del diverso 697/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, por ser un hecho notorio su existencia. Que el once de noviembre de dos mil once, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Trece, resolvió el juicio agrario 301/2004 de su índice; promovido por José Luis Merchánt Ovando y Juana Chávez Gutiérrez; en contra del poblado "Santa Cruz del Astillero" municipio de "El Arenal" Jalisco; Francisco Olmos; y, Secretaría de la Reforma Agraria, donde destacadamente, en el que se condenó a la entonces Secretaría de la Reforma Agraria: "a entablar negociaciones para adquirir tal superficie, mediante una compra con los actores; para incorporarla al patrimonio social de ejido en comento, con lo cual, se regularizaría la posesión del poblado por la citada secretaria, o en caso de comprobarse de manera fehaciente que después de múltiples gestiones de los funcionarios encargados de tal secretaría, no sea posible tal compra de las 1,114-81- 57.50 hectáreas, localizadas por el perito propuesto por la actora, a favor del ejido en mención, tal dependencia pondrá a disposición en propiedad y posesión al núcleo agrario otra superficie de semejante calidad y extensión, a partir de lo cual comenzaran a transcurrir un plazo de sesenta días para la desocupación y entrega de las tierras ocupadas por los integrantes del ejido en comento, salvo en las áreas donde tengan plantaciones, la entrega se hará en cuanto terminen los ciclos agrícolas de las cosechas plantadas antes de este día, en el cual se dicta la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 302 y 309, de la Ley Federal de Reforma Agraria. Por ello, en caso de falta de compra negociada con los actores José Luís Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, por la Secretaría de la Reforma Agraria, además de la entrega de tierras en similares condiciones al ejido en comento, una vez transcurridos los plazos antes mencionados, la brigada de ejecución adscrita a este Unitario, procederá a la entrega forzosa a favor de los propietarios de la superficie controvertida, de 1,114- 81-57.50 hectáreas, del predio denominado "La Primavera", y en su caso, con el auxilio de la fuerza pública; lo anterior, conforme al artículo 191 de la Ley Agraria, en correlación de lo dispuesto en los artículos 59 reformado, 420 y 421 del supletorio Código Federales de Procedimientos Civiles." b) El diez de mayo de dos mil doce, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, asumió competencia en el asunto, y lo radicó bajo su progresivo 1151/2012, declarando en esa misma fecha ejecutoriada la sentencia; y dictó providencia para su cumplimiento. c) En audiencia de ejecución, de ocho de marzo de dos mil trece, se tuvo, entre otros, a la parte actora solicitando, se requiriera al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la remisión de avalúos relacionados con la superficie materia de la contienda. d) El auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, entablar negociaciones con los actores José Luis Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, para adquirir mediante compra la superficie en conflicto, a efecto de incorporarla al ejido de "Santa Cruz del Astillero" instruyéndole coordinarse con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, para actualizar el valor comercial del predio controvertido. e) El nueve de febrero de dos mil dieciséis, el Tribunal Unitario Agrario, atendiendo informes previos de la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), antes Secretaría de la Reforma Agraria, requirió se le informaran los avances de los estudios técnicos para que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, actualizara el valor comercial de los predios controvertidos. f) Después de requerimientos posteriores e imposición de multas; el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, los actores José Luis Merchant Ovando y Juana Chávez Gutiérrez, solicitaron al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis, la actualización a valor comercial real de los avalúos, formulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, relacionados con los predios controvertidos. g) El ocho de febrero posterior, en relación con la petición de los actores el tribunal, negó lo solicitado, indicando sintéticamente que la inconformidad de las partes con los avalúos mostrados, no obligaba al tribunal a ordenar su actualización puesto que ello no formaba parte del cumplimiento del fallo agrario, dejando expeditos los derechos de los promoventes para recurrir el dictamen valuatorio, ante las instancias correspondientes. h) En tanto que al rendir su informe justificado rendido por las responsables en el presente juicio de amparo, manifestaron que en acuerdo de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dictó auto en el que se ordenó la ejecución del juicio agrario 1151/2012, del que derivan los actos reclamados. Antecedentes que, como se adelantó, algunos se obtienen de los cuadernos de pruebas del juicio de amparo 697/2018, del índice de este Juzgado Federal, mismos que se citan como un hecho notorio con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ordenándose agregar para un debido entendimiento copia de la sentencia dictada en el amparo de comento. De lo anterior, como se anticipó, se llega a la conclusión que la parte quejosa no figuró como parte en el juicio de origen, toda vez que el mismo fue promovido por José Luis Merchánt Ovando y Juana Chávez Gutiérrez; en contra del poblado "Santa Cruz del Astillero" municipio de "el Arenal" Jalisco; Francisco Olmos; y, Secretaría de la Reforma Agraria. No obstante, si bien se encuentra demostrado que la impetrante es tercera extraña en estricto sentido al juicio natural, del análisis de las constancias antes destacadas, también se evidencia que la falta de intervención en el juicio agrario 1151/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, no afecta su interés jurídico, pues para que ello ocurra es indispensable que se encuentre demostrado de manera fehaciente su interés derivado del derecho de propiedad y posesión que dice tener sobre el inmueble materia de la controversia. En ese orden, para demostrar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: 1. Lo actuado en el juicio agrario 1151/2012, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco. 2. Un plano topográfico para demostrar la existencia del predio materia del amparo, del cual la quejosa se ostenta propietaria. 3. La pericial topográfica de identificación, que tiene como objeto identificar si el predio Rancho El Aguacate con una superficie de 11-67-98.86 hectáreas, ubicado en el Municipio de El Arenal, Jalisco, dentro del perímetro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 267.98 metros con propietario no identificado, AL SURESTE: en 494.54 metros con propietario no identificado; AL SUR: en 203.60 metros con propietario no identificado; AL NOROESTE: en 527.57 metros con propietario de Silviano Martínez y, AL OESTE: en 332.50 metros con propiedad de Alfonso, Adán y Abraham, todo de apellidos Valdivia de la Torre, se encuentra dentro del polígono que señalan los terceros interesados como de su propiedad y que se identifica como "La Primavera" cuya superficie es de 1114-81-57.50 hectáreas, que resultó inconducente para acreditar los actos reclamados. Lo anterior, pues, como se adelantó, mediante proveídos de trece de enero y veintidós de febrero del año en curso, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en el desahogo de las pruebas testimonial y de inspección judicial que ofreció. No obstante lo anterior, los aludidos medios de prueba no son aptos para acreditar la propiedad del predio en cuestión. Ello es así, pues las constancias que integran el juicio de origen únicamente son eficaces para corroborar que la quejosa no fue parte en el mismo, en tanto que la documental referente al plano topográfico de los predios que por esta vía se defienden, carece de valor probatorio pleno para acreditar la propiedad o posesión del quejoso, por tratarse de una declaración unilateral, respecto de la ubicación medidas y colindancias de los predios de comento. Cobra aplicación de manera ilustrativa la Tesis: II.2o.C.251 C emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1406, con registro digital 190822, Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XII, Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "NOTARIOS PÚBLICOS. CARECEN DE FACULTAD E IMPERIO PROPIOS PARA PROTOCOLIZAR UNA ACLARACIÓN DE MEDIDAS O COLINDANCIAS POR CONSECUENCIA DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del Notariado del Estado de México, no es permisible a los fedatarios modificar en una escritura la descripción de un inmueble, si con ello en forma unilateral se implementa un incremento del área de antecedentes de propiedad. Luego, en orden con lo dispuesto por dicho precepto, no es jurídicamente factible que con base en una mera declaración de la demandada y un plano topográfico se "corrigiera", según el acta notarial tildada de nula, cierta superficie o determinada cantidad de terreno, máxime que una recta comprensión y exégesis del diverso artículo 94 de la ley en consulta permite concluir que los hechos, abstenciones, estados y situaciones que refiere el propio numeral, deberán apreciarse precisamente por el notario público en forma objetiva, es decir, según los elementos idóneos y precisos con que cuente, pero no a solicitud unilateral de la compareciente para que se haga la protocolización relativa, y menos aún con base en una documental privada carente de eficacia jurídica. Consecuentemente, aunque el acta notarial contenga una manifestación de voluntad de parte legítima que podría generar efectos de derecho, en la realidad se trata de un acto autónomo de las partes y sus efectos se producirán sólo si resultan acordes a derecho, concepto que obviamente no puede comprender una "supuesta aclaración de medidas y colindancias" unilateral e impropia, pues de ser así, ya no es susceptible de producir consecuencias legales porque, reitérase, los notarios públicos carecen de facultades para determinar por sí la corrección o aclaración de las medidas de un inmueble, pues ello compete solamente en juicio contencioso a la autoridad judicial." Por su parte, por lo que ve a la prueba pericial en materia topográfica desahogada en autos, si bien es apta para acreditar que el predio cuya propiedad ostenta la quejosa se encuentra dentro de aquel que fue materia de ejecución en el juicio de origen; lo cierto es que de su contenido no se advierte que la propiedad del referido predio corresponda a la solicitante del amparo. Por ende, no es posible considerar que existe una violación a los derechos de audiencia y debido proceso respecto de la peticionaria del amparo en el juicio natural, porque, no acreditó con medio probatorio idóneo ser propietaria del predio Rancho El Aguacate con una superficie de 11-67-98.86 hectáreas, ubicado en el Municipio de El Arenal, Jalisco, dentro del perímetro del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE: en 267.98 metros con propietario no identificado, AL SURESTE: en 494.54 metros con propietario no identificado; AL SUR: en 203.60 metros con propietario no identificado; AL NOROESTE: en 527.57 metros con propietario de Silviano Martínez y, AL OESTE: en 332.50 metros con propiedad de Alfonso, Adán y Abraham, todo de apellidos Valdivia de la Torre. En efecto, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan la Tesis: I.3o.C. J/20 emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, registro digital 190119, página 1650 Novena Época, Materias(s): Civil, Tomo XIII, Marzo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone. "POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." En consecuencia, el acto impugnado en la materia de análisis, no irroga afectación al promovente del amparo, al no haber acreditado ser titular del derecho subjetivo de propiedad sobre el inmueble materia de la Litis, al no contar con título de propiedad de fecha cierta antes de la sustanciación del juicio de origen, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XII, esta última en relación con el 5°, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1º, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por el Anahí Carrasco Torres, contra los actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, de la Brigada de Ejecuciones y del Actuario, ambos de dicho Tribunal, por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo. Notifíquese personalmente.

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