Anahi Alondra Garcia Rojas

Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
794/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/09/2022

Partes del expediente

  • Anahi Alondra Garcia Rojas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidente de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de expediente principal. Hágase saber a las partes, que este expediente se encuentra en la hipótesis que establece el Artículo 21, inciso a) y penúltimo párrafo, del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales"; por lo que procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Por otro lado, se hace la precisión que el criterio y plazo de conservación es el siguiente: Destruible y deberá conservarse en el archivo de este Juzgado durante TRES AÑOS; asimismo, el expediente no encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en el instrumento normativo en cita y no obran documentos originales que deban ser devueltos a quien corresponda. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 794/2022 y; R E S U L T A N D O : ... C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, 35 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que los actos reclamados son atribuidos a autoridades que tienen su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de la certeza de los actos reclamados, es menester precisar cuáles son aquéllos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para tales efectos, se analiza en su integridad la demanda de garantías y constancias de autos. Así, conforme a las reglas de interpretación de la demanda de amparo, se tiene que, en esencia, la parte quejosa se duele de lo siguiente: La omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de tramitar el juicio laboral ******, en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, al no emplazar a juicio a los demandados en el domicilio ubicado en *****. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero debe analizarse y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por el juzgador, y por último, de ser procedente el juicio, entrar a analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio sea procedente. Es cierto, el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que al rendir su informe así lo manifestó. CUARTO. Causas de improcedencia Por ser de orden público y estudio preferente, se procede a analizar si en el presente juicio de amparo se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, atento al artículo 62 de dicha ley. Establecido lo anterior, se tiene que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Del precepto legal transcrito se obtiene que, para la actualización de la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: 1).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; 2).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que modifique la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, en virtud del acto que reclamó en vía constitucional; 3).- Que debido a esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca porque la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, no cambiaría el estado general de las cosas; y 4).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, le resulta cita a la tesis 2a. CXI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Establecido lo anterior, recordemos que, en este asunto, el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de tramitar el juicio laboral *****, en los plazos y términos que marca la Ley Federal del Trabajo, al no emplazar a juicio a los demandados en el domicilio ubicado en ******. Ahora bien, de los informes justificados rendidos, así como de las constancias allegadas, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º; se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de junio de dos mil veintidós- fue agotado el domicilio en el cual se había ordenado el emplazamiento a los demandados. En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintiséis de mayo de dos mil veintidós (foja 22) se ordenó el emplazamiento de las demandadas *******, en el domicilio ubicado en ******; asimismo, que el veintiocho de junio de dos mil veintidós, la actuaria adscrita a la Junta responsable, se constituyó en el domicilio anteriormente aludido con el fin de emplazar a juicio a las citadas demandadas, sin embargo, no le fue posible, en virtud de las consideraciones ahí expuestas (foja 23). Derivado la razón anteriormente precisada, han quedado consumadas de manera irreparable las violaciones reclamadas, que de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión reclamada, se afectaría la nueva situación jurídica surgida -imposibilidad de emplazar a las demandas en el domicilio citado- siendo la razón actuarial comentada la que actualmente rige la situación jurídica del asunto laboral de que se trata, particularmente en relación a la situación de emplazamiento de las demandadas, por lo que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por los principios jurídicos que la conforman se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 17/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN R CLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DEL DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.". En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer de conformidad con la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Circunstancia por la cual existe imposibilidad para analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su escrito de demanda encaminados a evidenciar la omisión reclamada. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 58, del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 57, omo LXX, octubre de 1993, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita ene l juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por lo actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, por que aquélla cuestión es de estudio preferente." Finalmente, cabe decir que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes en términos del artículo sexto transitorio, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia. En mérito de lo expuesto, fundado lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en este juicio de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; quince de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, remite la totalidad de las constancias que integran el acto reclamado. Vista. Con dicho oficio y anexo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Haciéndose la precisión que a la parte quejosa en caso de considerarlo necesario imponerse de los autos, deberá programar una cita para la consulta del expediente y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal; ello con base al nuevo esquema de trabajo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, podrá proporcionar algún correo electrónico, para que en caso de así manifestarlo expresamente, se le dé vista con las constancias de cuenta. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de agosto de dos mil veintidós. Visto; el estado de autos de los que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo no es posible su celebración, toda vez que las constancias que obran en autos son insuficientes para resolver la litis planteada a este órgano jurisdiccional; consecuentemente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, para que, dentro del término, de tres días, siguiente a la notificación del presente auto, remitan copia certificada y legible de todas las constancias relacionadas con el acto aquí combatido; con el apercibimiento de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I del artículo 237 de la Ley de Amparo, se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualizaciones, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. Para dar margen a lo anterior, y el presente asunto se encuentre debidamente integrado, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y, en su lugar, se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Ahora bien, notifíquese el presente acuerdo por lista a las partes, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional, no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, toda vez que mediante la notificación personal son informadas en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio, artículo 26, fracción II citado, cumple con tal exigencia, estos es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el presente juicio de amparo y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, y si entre ellos, no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. Notifíquese.

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