Anahely Medrano Buenrostro
Expediente 951/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Anahely Medrano Buenrostro
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Visto el oficio electrónico con evidencia criptográfica de la firma electrónica del Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, acusa recibo del juicio de amparo 951/2021-VII, del índice de este órgano jurisdiccional, e informa que se avoca al conocimiento del asunto, quedando registrado con el número 613/2021-III. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos para los efectos legales conducentes, tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Asuntos Jurídicos, en representación del titular, ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del cual, informa las gestiones que realizó a efecto de dar cumplimiento al fallo protector y solicita se requiera al Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz, a fin de que se llevan a cabo las valoraciones requeridas a la parte quejosa, por lo que solicita se otorgue un plazo prudente para estar en aptitud de dar cumplimiento al fallo protector. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los presentes autos el oficio de mérito, tomando conocimiento de su contenido, para todos los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, con copia del oficio de cuenta y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 192, 193, 197 de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del código en cita, SE REQUIERE al titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado de Veracruz, para que para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada completa, clara y legible de la totalidad de constancias con las que acredite que se llevaron a cabo las valoraciones necesarias a las quejosas Reyna Montiel Rivera y Salma Gabriela Constantino Montiel, a fin de acreditar la magnitud del daño sufrido y el grado de afectación de la víctima a fin de dar cumplimiento al fallo protector. Se apercibe a la citada autoridad, que en caso de ser omisa, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al término prudente que se solicita, una vez que fenezca el plazo concedido en párrafos precedentes, se proveerá conducente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por Anahely Medrano Buenrostro, por propio derecho, contra actos de la Subdirección de Ejecución de Multas de la Dirección de Administración Financiera, adscrita a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros, en su carácter de autoridad administrativa del Poder Judicial de la Ciudad de México, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 951/2021- VII Es pertinente señalar, en primer lugar, que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tiene encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado, es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de materia, cuantía, grado y territorio. Es importante mencionar que al respecto, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Esta distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta: a) Por materia, b) Por territorio, y c) Por grado. De la clasificación anterior que alude a la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola materia y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo que se trate. Apoya lo anterior, la jurisprudencia ciento ochenta y dos (182), de rubro y datos de localización siguientes: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. (Registro 919,034, Jurisprudencia, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, VII, Conflictos Competenciales, Jurisprudencia, Tesis 182, página 296). Puntualizado lo anterior, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, se obtiene que los actos reclamados son: De ahí que se considere que en el presente asunto los actos reclamados están circunscritos al ámbito civil, de conformidad con el artículo 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 56, 57 y 61 de esta Ley, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del artículo transcrito se desprende que será competencia de los Jueces de Distrito en Materia de Civil, entre otros supuestos, cuando el juicio de amparo se promueva en contra de resoluciones del orden civil. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la naturaleza de los actos reclamados, no corresponden a la materia administrativa, ya que la quejosa en el presente asunto reclama la imposición de la una multa judicial impuesta en proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México en el juicio número 549/2018, por tanto, al tratarse de una multa impuesta en un procedimiento civil su constitucionalidad debe ser analizada a la luz de la legislación civil. Sin que pase desapercibido para este juzgador, la Tesis Aislada con número de registro 2009621, toda vez que del contenido de la misma se advierte que para que un Juzgado en Materia Administrativa conozca de dicha demanda, tiene aplicación cuando se reclama la ejecución de la multa; sin embargo en el caso en concretó, el quejoso reclama no sólo reclama la imposición de la multa equivalente a $8,191.76 (ocho mil ciento noventa y un pesos 76/100 moneda nacional), si no también señala diversos actos destacados, mismos que derivan de controversia de naturaleza civil; por lo que, ello no es suficiente para estimar que la naturaleza de los actos reclamados sea administrativa, pues se debe atender a las características jurídicas de los actos, las que indudablemente son de carácter civil; en consecuencia su análisis como se dijo necesariamente debe realizarse al amparo de las disposiciones en materia civil. Por los motivos señalados, se determina que el conocimiento de la presente demanda no corresponde a este órgano de control constitucional; por ello, con apoyo en los artículos antes citados de la Ley de Amparo y el artículo 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda y ordena remitir el presente expediente, al Juzgado de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto. Se solicita al Juzgado de Distrito, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. En consecuencia, toda vez que únicamente se enviará de manera electrónica el presente expediente y, con la finalidad de ahorrar recursos materiales y evitar la duplicidad de actuaciones, no se forma cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos de localización siguientes: DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (Registro 200158, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Marzo de 1996, página 55, Tesis: P./J. 12/96. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Samia Emilia Bulhosen Ojeda, quien tiene inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a Federico Cisneros López, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo haga del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, se autoriza su uso en el presente sumario; para lo cual deberán de cumplir previamente con los lineamientos establecidos en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19", relativos a la programación de citas para la consulta del expediente. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. En atención a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 referido; se exhorta a la parte quejosa para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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