Anagresia Lizarraga Renteria

Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Anagresia Lizarraga Renteria

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la promovente del amparo, recurriera el auto que desechó su demanda, dictado por este juzgado el diez de septiembre del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, considerando que fue notificada el diez de los propios mes y año, quedando comprendido dicho plazo del diecisiete al veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en sus artículos 20 y 21, inciso b), en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, toda vez que se desechó la demanda de amparo.

  2. Principal

    Se desecha de plano la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Vista la demanda de amparo signada por Anagrisa Lizárraga Rentería, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y otras autoridades. . Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico; así también, radíquense éstos con el número 730/2021-V- 1. Los preceptos legales referidos son del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la misma resolución dictada contra la misma resolución dictada en el procedimiento respectivo, atendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." La interpretación conjunta de estos preceptos permite afirmar que, cuando se reclamen actos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo puede promoverse contra la última resolución, es decir aquella que reconoce el cumplimiento total de la sentencia o bien, aquella que declara de forma definitiva la imposibilidad de que se dé cumplimiento o que se ordene el archivo definitivo del expediente como asunto concluido. Pudiendo reclamarse en la misma demanda, cuando se encuentre en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en la omisión por parte de las autoridades responsables de acatar lo ordenado el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el juicio 723/2016, de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en Culiacán, Sinaloa, en el que envió el exhorto 130/2021 a su homólogo, residente en esta ciudad, a fin de que lo auxiliara con la diligencia de lanzamiento respectiva, para lo cual debía solicitar el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en este puerto; comunicación oficial que proveyó el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en esta ciudad, el veinte de agosto de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubieren acatado; sin embargo, como se advierte dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, pues no se está reconociendo el cumplimiento de la sentencia o declarando su imposibilidad ni ordenando su archivo definitivo, por lo cual, dicho acto aquí reclamado, podría considerarse como una omisión por parte de las responsables de actuar dentro del procedimiento de ejecución, pero no se trata de la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia, por lo cual se torna improcedente el presente juicio de amparo. Es ilustrativa la Jurisprudencia PC.II.A. J/15A, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en la página 2254, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE PROVEER EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En el supuesto de que se esté tramitando ante la autoridad responsable un procedimiento administrativo de ejecución de sentencia y exista una omisión de su parte en proveer, sin que se haya dictado la última resolución, es decir, la que declare cumplida la sentencia o la imposibilidad de su cumplimiento, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que dicho juicio procede únicamente contra la última resolución con la que concluye el procedimiento respectivo y, por ello, debe declararse improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento." Sin que en el presente caso operen a favor de la parte quejosa las excepciones que hacen procedente el juicio de amparo, cuando no se está en los supuesto que prevé el ya citado artículo 107, fracción IV de la Ley de la materia; esto es, cuando con el acto reclamado se afecten derechos de terceros, que sea un acto de imposible reparación o se afecten derechos sustantivos. Lo anterior debido a que, en cuanto al primer supuesto de excepción, en el asunto que se atiende, al quejoso no le surte el carácter de tercero extraño al juicio natural, ya que como la propia quejosa lo manifestó bajo protesta de decir verdad, tiene el carácter de coactora en el juicio de origen. Asimismo, el acto de omisión que por esta vía reclama Anagreisa Lizárraga Rentería, no es de aquellos que tengan como consecuencia un acto de imposible reparación o que afecten derechos sustantivos, ya que dicho acto omisivo no ha paralizado definitivamente el procedimiento de ejecución, ni tampoco ha provocado que cambie el sentido que le fue favorable a la quejosa; es decir, el acto reclamado se trata de un derecho adjetivo (intraprocesal), contra los cuales, por regla general son improcedentes en esta vía constitucional. Se pronuncia en relación a lo antes expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro siguiente: Sin que pase desapercibido el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J 48/2016, de rubro: ; donde determinó que cuando se aleguen violaciones a los artículo 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general son violaciones de carácter adjetivo, por lo que es improcedente el amparo indirecto, pero dejó establecida en su parte final la siguiente salvedad ".a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Salvedad que en el caso que nos ocupa no aplica, ya que la omisión que reclama el quejoso a la autoridad responsable se hace consistir en el hecho de que el cinco de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio de origen 723/2016, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en Culiacán, Sinaloa, dictó un acuerdo en el que ordenó el lanzamiento de los ocupantes de los inmuebles ubicados en avenida del Sol, números 7468, 7470, 7472, 7474 y 7476, del fraccionamiento San Fernando, en esta ciudad, para lo cual libró el exhorto 130/2021, a su homólogo en esta ciudad, a fin de que con auxilio de la fuerza pública ejecutaran dicha determinación, el cual fue radicado el veinte de mayo de la citada anualidad, ordenándose el desahogo de la anotada diligencia. Orden de lanzamiento, que fue programada para el seis de septiembre de la anualidad que transcurre, sin que la misma pudiera ejecutarse, en virtud de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, no proporcionó elementos a su cargo a fin de que auxiliaran en la anotada diligencia, no obstante que le fueron solicitados a través de oficio 2292/2021. Por lo tanto, si se toma en consideración la data en que se proveyó la comunicación oficial a través del cual el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con asiento en Culiacán, Sinaloa, exhorta a su homólogo en esta ciudad, a fin de que lance a los ocupantes de los inmuebles anotados en párrafos que antecede (veinte de agosto de dos mil veintiuno), así como la fecha acordada para su ejecución (seis de los corrientes), sin que se lograra el objetivo, se concluye que no existe una notoria dilación por parte de las autoridades responsables para darle continuidad al procedimiento de ejecución de sentencia en el expediente 723/2016. Todo lo anterior hace indudable el motivo de improcedencia advertido, por ende, se reitera, en el caso se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado en sentido contrario, de Ley de Amparo, por lo que, con apoyo además en el numeral 113 de la invocada ley, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías por manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a la determinación de desechamiento de plano de la demanda de amparo, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, materia común, páginas 503 y 504, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Culiacán número 1182, interior 4, Fraccionamiento Tellerías, en esta ciudad. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado de la parte quejosa al licenciado Héctor Martín Reyes Guízar; quien tiene su cédula profesional número 4418922, debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos en términos de la parte final del referido ordenamiento legal a Alexia Sugey Quintero González y Juan Paul Reyes Ochoa, por no contar con dicho requisito. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes podrán imponerse de autos mediante el empleo de cámaras fotográficas o cualquier otro dispositivo electrónico, en aras del ejercicio de sus derechos procesales con mayor celeridad y sencillez; empero, con la salvedad de aquellas piezas documentales que sean clasificadas por sus emisores como confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública o cualquier otro ordenamiento de naturaleza análoga, caso en el cual, quien esto provee, previo análisis de la información de que se trate en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, podrá permitir el acceso a las partes, exclusivamente respecto de aquélla que se considere esencial para su defensa, sin que de ser el supuesto, ésta última pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Resulta orientador al respecto el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, abril de dos mil quince, tomo II, página 1830, registro 2008986, del rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en términos del artículo 3º, de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria encargada del trámite del presente juicio para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse o a presentarse en el expediente en que se actúa, así como en el incidente de suspensión o cualquier otro cuaderno o procedimiento incidental que llegara a derivar del mismo, a fin de que ambos coincidan en su totalidad; dicha instrucción también se hace extensiva a los actuarios adscritos a este juzgado de distrito, en relación con las actuaciones que les correspondan realiza. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. AUTORIZACIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de copias simples y/o certificadas que solicite cualquier interesado con personalidad jurídica reconocida en este expediente, de las constancias que obren el mismo, previa razón de recibo que se deje en autos, salvo que se trate de información clasificada como reservada o confidencial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. En la inteligencia de que para su obtención, se ceñirán las reglas del sistema de citas y solo podrán, de momento, ser expedidas los días jueves de ocho y media a diez de la mañana, dada la limitación del personal asignado para la jornada presencial escalonada. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Asimismo, con fundamento en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa, se autoriza la devolución de los documentos exhibidos en este expediente, por las partes correspondientes, previa copia certificada y razón que de su recibo se deje en autos; sin que la presente autorización sustituya la valoración documental y subsecuente vista personal para que dentro del plazo de noventa días recojan los documentos originales que exhiban en el juicio, la que deberá realizarse al ordenar el archivo del expediente. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo que nos ocupa, previa razón que por su entrega se deje asentada en autos. INGRESO A LAS INSTALACIONES. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos de los Acuerdos Generales 21/2020, artículo 3° y 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 . TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.

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