ANADELSIS SÁNCHEZ RUIZ y Otros.
Expediente 714/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ANADELSIS SÁNCHEZ RUIZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de junio de dos mil dieciséis. Agréguese oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo del oficio 17409 correspondiente; asimismo, informa que aceptó la competencia declinada por este Juzgado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir del día siguiente al en que se dicte este proveído, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes; ello, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del cuaderno y en el libro de gobierno respectivo." MESA VIII
- Principal
".Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencien en esta ciudad, con el que remite: demanda de amparo 332/2016 de su índice, promovida por Anadelsis Sánchez Ruiz, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; toca 593/2015 del índice de la citada Sala; y expediente 538/2012 del inventario del Juzgado Primero de lo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; presentada el tres de mayo del año que transcurre, tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Oaxaca, como en este Juzgado; acúsese recibo. Así también, vista la demanda de amparo promovida por Anadelsis Sánchez Ruiz, contra actos de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, presentada el tres de mayo del año que transcurre, tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Oaxaca, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 714/2016. Ahora bien, en el caso, este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, no es legalmente competente, POR RAZÓN DE TERRITORIO, para analizar la constitucionalidad o no, de los actos reclamados por la parte quejosa, pues ello es un presupuesto procesal de orden público y estudio preferente. En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla general de que la competencia se determina conforme al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el juez de distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo que se infiere la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, o bien, ante cualquiera de los Jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en uno y siga ejecutándose en otro, pues solo de esa manera puede obtenerse una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son materia de suspensión conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de siete de diciembre de dos mil quince, dictada en el toca de apelación 593/2015, emitida por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, donde se ordenó reponer el procedimiento en el expediente 538/2012 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, relativo al juicio de desconocimiento de paternidad, incluyendo el auto de inicio, para que la pretensión del actor Juan Carlos Piñón Sánchez, respecto al desconocimiento de la paternidad de la menor Anadelsi Piñón Sánchez, se tramite en la Vía Ordinaria. Como se ve, en el presente asunto se surte la hipótesis prevista en el artículo 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, porque la resolución reclamada tendrá ejecución material en "Juchitán de Zaragoza, Oaxaca". En efecto, la resolución impugnada tendrá ejecución material a cargo del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, que tramita el expediente 538/2012 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, relativo al juicio de desconocimiento de paternidad de la menor Anadelsi Piñón Sánchez; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, como es el dictado el auto de inicio en el citado expediente, en la vía ordinaria civil; ello, al margen del lugar de residencia de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que dictó la resolución de reposición de procedimiento. Es así, porque el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este último, dispone: "XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo." De lo anterior, se advierte que corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo en materia civil, cuya ejecución de los actos tendrá lugar en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, como acontece en la especie. Por tal motivo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, EN TURNO. En cuya situación, con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, sin disponer providencia sobre suspensión del acto reclamado, por no tratarse de los supuestos que prevé el propio numeral, en su párrafo primero; remítase el presente juicio de amparo y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. La resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento tiene ejecución material a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado; por tanto, el juicio de amparo contra dicha resolución debe ser del conocimiento del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deben realizarse los actos procesales encaminados a cumplir la orden aludida, con independencia de donde resida el tribunal de segunda instancia, lo que se ajusta a las reglas competenciales previstas por el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, y es acorde al nuevo marco constitucional de los diversos principios al debido proceso, de acceso efectivo a la justicia y de seguridad jurídica." (Jurisprudencia PC.VII.C. J/2 K (10a.), emitida por los Plenos de Circuito en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 1/2015, visible en la página 1667 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Común, Décima Época, Registro: 2010518). Por lo anterior, fórmese legajo de generalidades con copias certificadas del juicio en mención, para debida constancia. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, el que indica; y por autorizadas en los términos que indica a las personas que menciona. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias, contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV, del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional." MESA IV
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