Anadelis Rodriguez Amador
Expediente 524/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 31 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 524/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 05/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Anadelis Rodriguez Amador
- César Leonel Sainz Aldas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
VISTO EL ESTADO DE AUTOS QUE GUARDA EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SE ADVIERTE QUE EN PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SE ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA, SIN QUE SE HICIERA UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS TOMOS DE CONSTANCIAS Y DISCOS ÓPTICOS "DVD" QUE ENVIÓ PARA LA RESOLUCIÓN DEL PRESENTE ASUNTO EL JUEZ DE CONTROL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, REGIÓN III, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, INHERENTES A LA CAUSA PENAL 901/2022 DE SU ÍNDICE. POR TANTO, DEVUÉLVANSE A LA CITADA AUTORIDAD RESPONSABLE, LOS ANEXOS QUE ACOMPAÑÓ A SU INFORME JUSTIFICADO, IDENTIFICADOS COMO TOMOS I Y II, ASÍ COMO LOS DISCOS COMPACTOS ANTES SEÑALADOS POR RESULTAR INNECESARIA SU RETENCIÓN.
- Principal
,.... Zacatecas, Zacatecas, a diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado por este juzgado en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la ley de la materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se concedió la suspensión de plano, el presente asunto debe considerarse como DEPURABLE. Por lo que una vez que transcurran los tres años, que establece dicho numeral, dentro de los noventa días siguientes llévese a cabo el proceso de depuración e inclúyase el presente asunto en el acta de transferencia correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de veintiséis de agosto de dos mil veinte; en razón de que se negó la suspensión definitiva, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el Artículo 21, del aludido acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, llévese a cabo su destrucción e inclúyase el presente asunto en el acta de baja documental correspondiente que se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, visto el oficio suscrito por la Unidad General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de procedimiento Constitucional, mediante el cual, acusa de recibido el oficio 25183, del índice local, el cual contiene el auto de nueve de agosto dictada en el presente juicio de amparo; agréguese a los autos y téngasele informando lo anterior. Notifíquese. ...
- Principal
El tres de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra constancia que permita acreditar que la autoridad responsable Secretaría de Gobernación con residencia en la ciudad de México, haya quedado notificada del oficio 25183/2022, mediante el cual, se le hizo del conocimiento del sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, a fin de no demorar la pronta y expedita impartición de justicia a que alude el numeral 17 Constitucional, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase nuevamente a la mencionada autoridad para que dentro del plazo de tres días hábiles legalmente computados, informe a este juzgado de Distrito, vía mensajería rápida o al correo oficial 1jdo23cto@correo.cjf.gob.mx la fecha en que recibió dicho comunicado. Lo anterior con la finalidad de causar ejecutoria dentro del presente juicio de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Yas 5450 En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del cuatro de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
El nueve de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con el estado de autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se advierte que el veintisiete de abril y siete de mayo de dos mil veintidós, los quejosos Niurbi Castellanos Derencere, Yanelis Espinoza Rodríguez, Anadelis Rodríguez Amador y Harold Veliz Rodríguez, fueron egresados de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas; por su parte en autos de veinticinco de mayo de este año, la autoridad responsable declaró concluidos los procedimientos administrativos de los quejosos de referencia. Ahora bien, una vez impuesto este juzgador de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.) El precepto antes transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En efecto, de las constancias que obran en autos, se colige que han cesado los efectos de los actos reclamados. Es así, pues de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos Niurbi Castellanos Derencere, Yanelis Espinoza Rodríguez, Anadelis Rodríguez Amador y Harold Veliz Rodríguez, reclamaron la privación ilegal de su libertad e incomunicación y, como consecuencia, la deportación, expulsión o repatriación a su país de origen; lo anterior con motivo de su acuerdo de presentación y alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas. De lo expuesto tenemos que, los quejosos primordialmente reclaman su detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas, sin haber llevado a cabo el procedimiento correspondiente; y, su retención en dichas oficinas migratorias. Sin que sea inadvertido que los quejosos también reclamó su traslado o deportación; sin embargo, no ha lugar a tenerlos como actos reclamados, en atención a que atendiendo a la causa de pedir, se obtiene que dichos actos fueron señalados por los quejosos como una posible consecuencia de su alojamiento en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas; por lo que no ha lugar a tenerlos como actos reclamados dentro del presente juicio de derechos fundamentales. Lo anterior encuentra apoyo en los criterios siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, con relación a los actos ya precisados, se advierte que el veintisiete de abril y siete de mayo ambos de dos mil veintidós, las autoridades responsables permitió el egreso de los quejosos Niurbi Castellanos Derencere, Yanelis Espinoza Rodríguez, Anadelis Rodríguez Amador y Harold Veliz Rodríguez, con la única condición de acudir a firma los días y horas ahí precisados, a las instalaciones de la Delegación en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, con el fin de continuar con su procedimiento administrativo. Asimismo se le hizo del conocimiento que de incumplir con las condiciones fijadas para autorizar su egreso, se emitiría la alerta migratoria correspondiente, tal como lo dispone el artículo 216 del Reglamento de la Ley de Migración. Posteriormente, como se adelantó, en autos de veinticinco de mayo de este año, la autoridad responsable declaró concluidos los procedimientos administrativos de los quejosos de referencia, por los motivos expuestos en dichas determinaciones. La documental anterior cuenta con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser un documento público suscrito por un funcionario público en ejercicio de sus facultades. Con las constancias anteriores, se advierte que el Delegado en Zacatecas del Instituto Nacional de Migración, destruyó totalmente las afectaciones aducidas por los quejosos, en razón a que el veintisiete de abril y siete de mayo ambos de dos mil veintidós, ordenó el egreso de los quejosos de referencia, a fin de que continuaran con el procedimiento administrativo que se les sigue, en libertad; y, posteriormente, en autos de veinticinco de mayo de este año, declaró concluidos los procedimientos administrativos de los quejosos. En consecuencia, se tiene que los actos reclamados en este juicio, cesaron en la producción de sus efectos jurídicos, precisamente porque fueron egresados de las instalaciones de dicha delegación estatal; lo cual permite concluir que se han destruido en forma total las afectaciones que se podrían generar a las amparistas, de ahí que se afirme que han cesado los efectos del acto reclamado. Es aplicable al caso que nos ocupa la tesis aislada V.5o.1 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto consignan lo siguiente: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso; empero, para determinar ese extremo, no es dable analizar si esa nueva actividad administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a la postre sería irrelevante dilucidar esa cuestión ya que no es la que sustenta la improcedencia del juicio, que se apoya en el hecho de que no hay una materia específica en la que pudiera recaer la sentencia protectora y la consecuente ociosidad de atender las cuestiones planteadas, además de que no se trata de un acto de molestia que deba cumplir los requisitos de legalidad de fundamentación y motivación, pues no se dirige a afectar la esfera jurídica del quejoso, sino que es el medio a través del cual se le comunica que el diverso acto que impugnó ha dejado de surtir plenamente efectos legales; ello, sumado al hecho de que estimar que puede efectuarse ese estudio, implicaría examinar la legalidad de un acto diverso al reclamado, incluso en forma oficiosa, lo que quebrantaría el principio de instancia de parte agraviada e implicaría que el fallo respectivo se tornara incongruente, al verificar cuestiones ajenas a la materia del juicio y, además, llevaría a que se resolvieran aspectos de fondo que técnicamente no pueden abordarse si debe decretarse el sobreseimiento en el juicio. De lo anterior se sigue que si la autoridad responsable, el veintisiete de abril y siete de mayo ambos de dos mil veintidós, fecha posterior a la promoción del presente juicio que fue el diecinueve de marzo del año en curso, inhabilitó los efectos de los actos reclamados, e incluso, el veinticinco de mayo de este año declaró concluidos los procedimientos administrativos de los quejosos de referencia; debe considerarse que han sido destruidos los efectos de los actos tildados de inconstitucionales en forma absoluta, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, pues a nada práctico conduciría el análisis de los actos consistentes en la detención en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Zacatecas y su alegada incomunicación; si éstos ya fueron puestos en libertad y, posteriormente, se dieron por concluidos los procedimientos administrativos correspondientes. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Atento a lo anterior, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo promovido por Arturo Coronado Sánchez y Frank Antonio Barrios, en representación de Niurbi Castellanos Derencere, Yanelis Espinoza Rodríguez, Anadelis Rodríguez Amador y Harold Veliz Rodríguez, por los motivos precisados en esta determinación. Consecuentemente, se deja sin efecto legal la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintidós; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, visto los estados de autos del presente juicio, del cual se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintidós, para que aclarara la denominación de la autoridad responsable Titular de la Dirección General de Población del Instituto Nacional de Migración, con residencia en la Ciudad de México, sin que haya hecho manifestación alguna dentro del plazo conferido; por lo que se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en mención y se declara inexistente a dicha autoridad, ordenándose suspender toda comunicación con la misma. Notifíquese personalmente. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del diez de agosto de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deben notificarse personalmente, por oficio o forma electrónica; se asienta la presente razón de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy fe.
Quedan 27 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes
- Ana Yeli Esquivel Trujillo1135/2016
- Ana Zaide Bañuelos Monroy2782/2014
- Anabel Olivares de la Rosa562/2018
- Anabel Rivera Juárez1175/2023
- Anabel Vazquez Perez776/2016
- Anacleto Flores Robles567/2014
- Anadelis Rodriguez Amador653/2022
- Anahi Bañuelos Cordero446/2018
- Anahí Gabriela Vargas Martínez573/2020
- Anahí Torres Martínez241/2023
- Anaid Jocelyn Monreal Ramírez1917/2018
- Anali Infante Morales837/2015