Anacleto Santillán Arias
Expediente 179/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 22/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Anacleto Santillán Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se negó el amparo. Asimismo, es susceptible de destrucción el original del incidente, pues en él se negó la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 179/2021-IV; R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Anacleto ...por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. La demanda de amparo se registró con el número 264/2020-V, y mediante proveído de seis de agosto del año próximo pasado, se decretó la separación de juicios al advertirse que la parte quejosa reclamaba diversos actos de naturaleza jurídica distinta atribuidos tanto a autoridades administrativas como jurisdiccionales que hacían necesaria decretar la separación, ordenándose remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, para que los turnara a los órganos jurisdiccionales correspondientes. El presente asunto fue turnado al Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, registrándolo con el número 482/2020-IV y mediante proveído de trece de agosto de dos mil veinte, se desechó la demanda. Inconforme con esa determinación el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito con residencia en esta Ciudad, mediante ejecutoria de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja 139/2020, a través de la cual declaró fundado el recurso, revocando el auto recurrido y ordenó que el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, devolviera a este órgano jurisdiccional la demanda respecto del cual aceptó el conocimiento para que se avocara a su conocimiento. SEGUNDO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia del órgano jurisdiccional. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer del presente juicio biinstancial, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Definición de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos que se advierten del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, de la lectura de la demanda constitucional, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que la parte quejosa reclama: 1. Todo lo actuado en el juicio sucesorio agrario número 212/2011 promovido por Graciano Santillán Arias, con motivo de la falta de emplazamiento. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario número Diez con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado acepta el acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Lo que se corrobora con las constancias consistentes en copias certificadas del juicio agrario TUA/DTO.10°/212/2011, a las que se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad en lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y porque no abona a la claridad que debe revestir a toda resolución. SEXTO. Son infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa en los que aduce como argumento toral que se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica en virtud de que no fue llamado al juicio sucesorio con número de expediente TUA/DTO.10º/212/2011, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, en el Estado de México, a efecto de deducir su derecho como hijo del de cujus Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán por las siguientes consideraciones. De manera previa, conviene hacer algunas precisiones sobre las sucesiones agrarias, dado que la presente controversia se relaciona con el tema de la transmisión de derechos mortis causa. Si bien es cierto, generalmente la sucesión de bienes de un individuo es un juicio universal, dado que en ese procedimiento se resolverá respecto de la totalidad del patrimonio que en vida perteneció al de cujus (sus bienes y obligaciones); también lo es que, en materia agraria, se prevé un procedimiento distinto al que rige en materia común. Esto se debe a que se trata exclusivamente de la transmisión de derechos agrarios, por lo que no se trata de un juicio universal, sino particular, pues sólo versará sobre esos derechos, sin comprender el resto del conjunto de bienes, derechos u obligaciones del difunto. En otras palabras, en la materia referida el heredero adquiere derechos agrarios a título particular y no universal. La Ley Agraria, que regula lo relativo a la transmisión de derechos ejidales con motivo de la muerte del ejidatario de conformidad con lo establecido en los artículos 17, 18 y 19, establecen: "Artículo 17. El ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Para ello podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario en su caso, a uno de los hijos, a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. La lista de sucesión deberá ser depositada en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante fedatario público. Con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio ejidatario, en cuyo caso será válida la de fecha posterior". "Artículo 18. Cuando el ejidatario no haya hecho designación de sucesores, o cuando ninguno de los señalados en la lista de herederos pueda heredar por imposibilidad material o legal, los derechos agrarios se transmitirán de acuerdo con el siguiente orden de preferencia: I. Al cónyuge; II. A la concubina o concubinario; III. A uno de los hijos del ejidatario; IV. A uno de sus ascendientes; y V. A cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. En los casos a que se refieren las fracciones III, IV y V, si al fallecimiento del ejidatario resultan dos o más personas con derecho a heredar, los herederos gozarán de tres meses a partir de la muerte del ejidatario para decidir quién, de entre ellos, conservará los derechos ejidales. En caso de que no se pusieran de acuerdo, el Tribunal Agrario proveerá la venta de dichos derechos ejidales en subasta pública y repartirá el producto, por partes iguales, entre las personas con derecho a heredar. En caso de igualdad de posturas en la subasta tendrá preferencia cualquiera de los herederos". "Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el tribunal agrario proveerá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal". A partir de estos preceptos, se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, los derechos ejidales pueden transmitirse por sucesión legítima o testamentaria. Es decir, el artículo 17 de la Ley Agraria confiere al ejidatario la facultad de nombrar a la persona que lo sucederá en sus derechos agrarios. Además, se prevé que la lista donde conste su voluntad debe revestir ciertas formalidades, pues debe inscribirse en el Registro Agrario Nacional o, en su defecto, formalizarse ante notario público. En cambio, si el ejidatario no designa heredero, o si el que hubiere sido designado no tiene capacidad para suceder, la ley de la materia prevé quiénes son las personas que pueden sucederlo y se establece una prelación. Así, primero se considerará heredero al cónyuge, después a la concubina o concubinario, luego a uno de los hijos del ejidatario, posteriormente a alguno de sus descendientes y finalmente a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. Sólo un individuo puede heredar los derechos agrarios; consecuentemente, si varias personas tienen derecho a heredar, la ley ordena que éstas acuerden quién conservará los derechos ejidales. En caso de que no lleguen a un acuerdo, el Tribunal Agrario procederá a vender en subasta pública esos derechos y repartirá el producto entre las personas con derecho a heredar. Ahora bien, para la transmisión de derechos ejidales mortis causa debe seguirse un procedimiento, ya que ésta no opera de pleno derecho. Si hay lista de herederos, la persona que figure en primer lugar de esa lista puede solicitar que se lleve a cabo el procedimiento administrativo de transmisión de derechos ejidales. En otras palabras, en este supuesto es posible que la transmisión de derechos se realice mediante un trámite administrativo seguido ante el Registro Agrario Nacional, sin que sea necesaria la apertura de un juicio agrario ante los Tribunales Unitarios de la materia. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 20/2002, de rubro: "DERECHOS AGRARIOS. PARA SU TRANSMISIÓN POR SUCESIÓN TESTAMENTARIA BASTA SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE ESTABLECEN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY AGRARIA Y LOS DIVERSOS NUMERALES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL.". No obstante, si la transmisión de derechos implica una controversia o una contienda litigiosa (por ejemplo, si alguna persona se opone a la transmisión administrativa de derechos, si se pretende cuestionar la capacidad para suceder de alguna persona, si se pretende combatir la validez de la lista sucesoria o si la sucesión es legítima), entonces se debe tramitar un juicio agrario sucesorio. Esto se advierte a partir de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues ahí se prevé la competencia de los tribunales unitarios, de la siguiente manera: "Artículo 18. Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: (.) VII. De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; (.). Entonces, este tipo de controversias son resueltas por los tribunales agrarios. La Ley Agraria, ordenamiento que prevé los procedimientos jurisdiccionales en esta materia, no establece reglas procesales específicas para las sucesiones de derechos ejidales, por lo que se debe estar a las normas generales que rigen cualquier procedimiento agrario. En este sentido, destaca que el juicio agrario inicia con la presentación de la demanda: "Artículo 170. El actor puede presentar su demanda por escrito o por simple comparecencia; en este caso, se solicitará a la Procuraduría Agraria coadyuve en su formulación por escrito de manera concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. Recibida la demanda, se emplazará al demandado para que comparezca a contestarla a más tardar durante la audiencia. En el emplazamiento se expresará, por lo menos, el nombre del actor, lo que demanda, la causa de la demanda y la fecha y hora que se señale para la audiencia, la que deberá tener lugar dentro de un plazo no menor a cinco ni mayor a diez días, contado a partir de la fecha en que se practique el emplazamiento, y la advertencia de que en dicha audiencia se desahogarán las pruebas, salvo las que no puedan ser inmediatamente desahogadas, en cuyo caso se suspenderá la audiencia y el tribunal proveerá lo necesario para que sean desahogadas, en un plazo de quince días (.) Debe llevarse en los tribunales agrarios un registro en que se asentarán por días y meses, los nombres de actores y demandados y el objeto de la demanda". Es decir, en el juicio sucesorio agrario se emplazará a la parte demandada. Es importante destacar que en la materia agraria se entabla un juicio contencioso. De esta forma, se llama al procedimiento sucesorio a la persona que hubiera sido designada demandada o, en su defecto, a quien el Magistrado Unitario estime que pueda resultar interesado. Esta cuestión es relevante en la medida en que difiere de la mayoría de los procedimientos en materia sucesoria. Comúnmente, las legislaciones locales, en materia de sucesiones, prevén la publicación de edictos, con el fin de que quien pueda tener interés en la sucesión o derecho a heredar se dé por enterado de que se tramita un juicio sucesorio. Sin embargo, en materia agraria, no se hace un llamamiento genérico por edictos ni se ordena de manera expresa que se hagan publicaciones en periódicos. Por lo tanto, es posible que no todas las personas con interés en una sucesión agraria se enteren de que ésta se tramita. En otro orden de ideas, el Magistrado Unitario debe determinar quiénes son las personas interesadas en comparecer a la sucesión. Esto puede dilucidarse con base en la información que proporcione el mismo demandante en su demanda (por ejemplo, al manifestar si hay lista sucesoria o al enunciar quiénes son las personas descritas en el artículo 18 de la Ley Agraria). Asimismo, con base en la atribución que le confiere al juzgador el artículo 186 de la Ley Agraria, éste puede acordar la práctica de diligencias que sean conducentes para el conocimiento de la verdad. Con base en este precepto, el Magistrado Unitario está en aptitud de solicitar información al Registro Agrario Nacional (para verificar cuál es el la última lista de sucesores que se hubiere registrado) y al Archivo General de Notarías de la localidad (para constatar si se otorgó alguna lista ante notario). De las anteriores consideraciones, se extrae que pueden adjudicarse derechos agrarios mediante un procedimiento administrativo sucesorio. No obstante, en los casos en que haya controversia de algún tipo, o cuando el ejidatario no hubiera nombrado heredero en las formas que permite la ley, la sucesión de derechos agrarios se tramitará a través de un juicio sucesorio, seguido ante los tribunales agrarios. A este procedimiento serán emplazadas las personas que tengan interés, y el Magistrado Unitario podrá proveer diligencias con el fin de averiguar quiénes son esas personas, aunque la ley no ordena expresamente la publicación de edictos o avisos mediante los cuales se dé a conocer el fallecimiento del de cujus, para efectos de dar publicidad a ese hecho y que se entere de él cualquier persona que pudiera tener interés. En el caso, el procedimiento de origen se instó por Graciano Santillán Arias (hermano del quejoso), en el cual adjuntó copia certificada de una constancia de vigencia de derechos, en la que se hizo constar la titularidad de los derechos agrarios del extinto Manuel Santillán quien fue la misma persona que Manuel Santillán Morales, así como que éste, el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, registró como su único sucesor a Casiano Santillán quien también es conocido como Graciano Santillán Arias. Los hechos narrados en la demanda, en esencia, fueron que de acuerdo a la lista de sucesión de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y uno, inscrita en el Registro Agrario Nacional Delegación Estado de México, su padre Manuel Santillán quien fue la misma persona que Manuel Santillán Morales, lo designó como único sucesor de los derechos agrarios del certificado parcelario número 78374, razón por la cual solicitaba se declarara al promovente como sucesor de los derechos agrarios del de cujus, por ser la voluntad de su padre. Tramitado el procedimiento, se declaró procedente la acción. En sus conceptos de violación, el quejoso aduce que se transgrede en su contra el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 constitucional, porque al ser hijo del de cujus (Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán), se le debió dar intervención en el juicio sucesorio de origen. Lo anterior, es infundado. De lo expuesto con anterioridad, se desprende que el juicio sucesorio agrario de origen se inició con una lista de sucesores que el extinto ejidatario depositó en el Registro Agrario Nacional, es decir, nos encontramos en la hipótesis del artículo 17 de la Ley Agraria. Por su parte, el peticionario de amparo exhibió -entre otros- copia certificada de su acta de nacimiento, documento al que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. En lo que interesa, se advierte que es hijo de (Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán) autor de la sucesión, lo cual es suficiente para acreditar su interés jurídico, pues se encuentra en el supuesto del artículo 18, fracción III, de la Ley Agraria. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 20/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO SUCESORIO AGRARIO. ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA FIRME DICTADA EN DICHO JUICIO, SI SE UBICA EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 18 DE LA LEY AGRARIA.- Acorde con los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción XIII, y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo cuando afecten a personas extrañas al juicio, constituyéndose una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, de ahí que la persona que, a pesar de tener interés jurídico, no fue llamada al juicio sucesorio agrario, es tercera extraña a éste, en la medida en que no fue convocada a ejercer sus defensas y, por tanto, puede impugnar en amparo indirecto la sentencia firme dictada en aquel juicio. Para estos efectos, el tercero extraño debe probar ante el Juez de Distrito que se ubica en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, consistentes en: 1) figurar en alguna lista de sucesión inscrita en el Registro Agrario Nacional o formalizada ante notario público o 2) acreditar que es cónyuge, concubina, concubinario, hijo, ascendiente o dependiente económico del ejidatario fallecido." Sin embargo, no existe violación a su derecho de audiencia, pues la sola circunstancia de ser hijo del ejidatario autor de la sucesión, no le otorga la legitimación necesaria para ser llamado al juicio de origen. Se afirma lo anterior, porque el tercero interesado y actora en el juicio de origen, lo instó por existir una lista de sucesión, es decir, el de cujus dejó expresa su voluntad de quien sería la persona que sucedería sus derechos ejidales, tal como lo contempla el artículo 17 de la Ley Agraria. Bajo ese orden de ideas, el Tribunal Agrario responsable no estaba obligado a llamarlo a juicio, habida cuenta que la sucesión se tramitó con base en una designación de sucesores y no en el supuesto del artículo 18 de la citada legislación, que prevé la forma para heredar sólo en el supuesto de que no existiera voluntad del de cujus, lo cual no acontece en el caso. Por tanto, el simple vínculo filial no otorga a un hijo del ejidatario fallecido, la legitimación necesaria para ser llamado al juicio donde se deducen los derechos a suceder, si en el caso hubo una expresión de la voluntad manifestada por el autor de la sucesión. Máxime que en el presente juicio de amparo el quejoso no alega que existe una lista de sucesión más reciente a la presentada en el procedimiento de origen y lo comprobara, o en su defecto, cualquier otra circunstancia que pudiera tomar en cuenta este órgano jurisdiccional para emprender el estudio del asunto desde otra óptica, sino que solo alude violación a su derecho de audiencia por ser hijo del extinto ejidatario. Caso contrarío resultaría de no existir la citada lista, en donde sí podría llegar a tener legitimación para que se le llamara, sin embargo, ello no sucede en el especie. Por otra parte, el quejoso refiere que se vulnera en su perjuicio el derecho humano de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, porque al haberse designado como sucesor de los derechos parcelarios de Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán, a Graciano Santillán Arias y haberse ordenado la expedición de un nuevo certificado parcelario agrario en favor de este último, en automático se le privó de su derecho de posesión respecto de la parcela 154, perteneciente al ejido de Huehuetoca, Estado de México, la cual refiere le fue cedida por su extinto padre Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán. No asiste razón al peticionario de amparo. Se afirma lo anterior, porque en el procedimiento sucesorio de origen no se ventiló el derecho de posesión que aduce se le afectó, sino por el contrario, se advierte que Graciano Santillán Arias, promovió el juicio 212/2011 ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, para que se le reconociera el carácter de sucesor de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al extinto ejidatario Manuel Santillán Morales también conocido como Manuel Santillán. Máxime que de estar inconforme con la capacidad para suceder del Graciano Santillán Arias, o si se pretende combatir la validez de la lista sucesoria o si la sucesión es legítima, tiene expedito su derecho para tramitar un juicio agrario sucesorio. Esto se advierte a partir de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, pues ahí se prevé la competencia de los tribunales unitarios para resolver ese tipo de controversias. En razón de lo anterior, también resulta infundado lo alegado por el impetrante en el sentido de que se transgrede el artículo 17 constitucional, porque al no haberlo llamado al juicio de origen, no se respetó su derecho a la impartición de justicia. Ello es así, porque como se relató en párrafos precedentes, el Tribunal Agrario responsable no estaba obligado a llamarlo a juicio, habida cuenta que la sucesión se tramitó con base en una designación de sucesores y no en el supuesto del artículo 18 de la citada legislación, que prevé la forma para heredar sólo en el supuesto de que no existiera voluntad del de cujus, lo cual no acontece en el caso. Aunado a que la tramitación de dicho procedimiento, no le impide ocurrir ante los Tribunales Agrarios para cuestionar la capacidad del sucesor reconocido, la validez de la lista sucesoria o si la sucesión fue legítima; de ahí que no se vulnere el derecho humano contenido en el precepto constitucional mencionado. En las relatadas condiciones al resultan infundados los conceptos de violación procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ...
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no se celebra virtud a que en proveído de diez del mes y año en curso, se ordenó emplazar al tercero interesado; por lo que, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintiuno.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que en el presente juicio de amparo, se reservó a proveer respecto al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto las autoridades responsables rindieran su informe justificado, lo cual ya aconteció; consecuentemente, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de la materia, le recae el carácter de tercero interesado a: a) José Luis ... en su carácter de sucesión de Graciano ..., quien puede ser emplazado en el domicilio ubicado en: ...; Con fundamento en los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal a fin de que se constituya en el domicilio indicado, y previo cercioramiento de que se trata de la persona buscada la emplace, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído. De igual forma, hágasele saber que deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez), bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días legalmente computados, se tendrán las listas que se fijan en los estrados de este juzgado de distrito, aun para las notificaciones de tipo personal, de conformidad con los artículos 26 y 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y, emplácese a la parte tercera interesada.
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