Anabella Rubio Tapia
Expediente 928/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 928/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Anabella Rubio Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. + En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintidósde septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. * Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, y autorizado el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. + En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintidósde septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. * Finalmente, toda vez que la parte quejosa exhibió documentación original en el presente sumario Constitucional, se ordena notificarlo personalmente, para que acuda a este Juzgado de Distrito, dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos originales que exhibió, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que para poder ingresar a este recinto judicial a recoger los citados documentos, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la promovente o la persona autorizada para tales efectos deberá generar su cita a partir del diez de agosto de dos mil veinte en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el miscrositio "Agenda OJ". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, y autorizados el acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J-IV-2730/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y anexo; por medio del cual, cumple con el requerimiento de veinticinco de agosto del año en curso, y remite su informe justificado, asimismo remite copias certificada de los acuerdos, de veinticuatro de agosto y siete de septiembre del año en curso, relativos a los acuerdos de promociones y fijación de fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, correspondiente al expediente ordinario número 4B-2065-2021; documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, mismas que se admiten y son desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende, en específico de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que la citada autoridad responsable, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó la resolución conforme a la cual, se dio cuenta con dos escritos, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, se comisionó a un actuario a fin de emplazar a la parte demandada, así como del auto de siete de septiembre de los actuales, en cuyo acuerdo se acordó el nombre correcto de la demandada, dejó insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia y en su lugar fijó las nueve horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para su celebración, dejando subsistentes los apercibimientos a las partes y comisionó al actuario a fin de que notificara, emplazara y apercibiera a la parte demandada, dentro del expediente ordinario número 4B-2065-2021, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovido por ******, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se reclama la omisión de la junta, de ajustar su actuar en los términos legales, dilatando el procedimiento, en este caso la omisión de dar continuidad al Juicio de Origen; en específico ha dejado DICTAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES para la debida continuación del juicio, además de que la autoridad responsable no ha señalado nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación con lo que entorpece el debido proceso, lo que violenta derechos humanos de la quejosa consagrados en la Constitución Federal.". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acompañó en copia certificada, constancias correspondientes al auto a través del cual acordó las promociones de la aquí quejosa, fijó de fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como de emplazamiento, correspondiente al expediente ordinario número 4B-2065-2021, auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, así como el auto de siete de septiembre de los corrientes, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la emisión del auto aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado dejar de dictar los acuerdos correspondientes, también lo es que el Presidente de la Junta responsable, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó la resolución conforme a la cual, se dio cuenta con dos escritos, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, se comisionó a un actuario a fin de emplazar a la parte demandada, así como del auto de siete de septiembre de los actuales, en cuyo acuerdo se acordó el nombre correcto de la demandada, dejó insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia y en su lugar fijó las nueve horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para su celebración, dejando subsistentes los apercibimientos a las partes y comisionó al actuario a fin de que notificara, emplazara y apercibiera a la parte demandada, dentro del expediente ordinario número 4B-2065-2021, de su índice. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número J-IV-2730/2022 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y anexo; por medio del cual, cumple con el requerimiento de veinticinco de agosto del año en curso, y remite su informe justificado, asimismo remite copias certificada de los acuerdos, de veinticuatro de agosto y siete de septiembre del año en curso, relativos a los acuerdos de promociones y fijación de fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, correspondiente al expediente ordinario número 4B-2065-2021; documentales que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable, mismas que se admiten y son desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende, en específico de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que la citada autoridad responsable, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó la resolución conforme a la cual, se dio cuenta con dos escritos, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, se comisionó a un actuario a fin de emplazar a la parte demandada, así como del auto de siete de septiembre de los actuales, en cuyo acuerdo se acordó el nombre correcto de la demandada, dejó insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia y en su lugar fijó las nueve horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para su celebración, dejando subsistentes los apercibimientos a las partes y comisionó al actuario a fin de que notificara, emplazara y apercibiera a la parte demandada, dentro del expediente ordinario número 4B-2065-2021, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, este Juzgado admitió la demanda de amparo promovido por ******, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: "De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se reclama la omisión de la junta, de ajustar su actuar en los términos legales, dilatando el procedimiento, en este caso la omisión de dar continuidad al Juicio de Origen; en específico ha dejado DICTAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES para la debida continuación del juicio, además de que la autoridad responsable no ha señalado nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación con lo que entorpece el debido proceso, lo que violenta derechos humanos de la quejosa consagrados en la Constitución Federal.". Ahora bien, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acompañó en copia certificada, constancias correspondientes al auto a través del cual acordó las promociones de la aquí quejosa, fijó de fecha de audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como de emplazamiento, correspondiente al expediente ordinario número 4B-2065-2021, auto de fecha veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, así como el auto de siete de septiembre de los corrientes, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que la emisión del auto aquí reclamado ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Ello es así, dado que si bien es cierto que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado dejar de dictar los acuerdos correspondientes, también lo es que el Presidente de la Junta responsable, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictó la resolución conforme a la cual, se dio cuenta con dos escritos, señalando fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, se comisionó a un actuario a fin de emplazar a la parte demandada, así como del auto de siete de septiembre de los actuales, en cuyo acuerdo se acordó el nombre correcto de la demandada, dejó insubsistente la fecha para la celebración de la audiencia y en su lugar fijó las nueve horas del tres de octubre de dos mil veintidós, para su celebración, dejando subsistentes los apercibimientos a las partes y comisionó al actuario a fin de que notificara, emplazara y apercibiera a la parte demandada, dentro del expediente ordinario número 4B-2065-2021, de su índice. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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