Anabell Hernandez Rios
Expediente 726/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Anabell Hernandez Rios
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del acuerdo de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías interpuesta por Anabell Hernández Ríos; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y la fracción I, del Ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Visto el oficio de cuenta, suscrito por el Juez Sexto de Distrito en Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se declara incompetente del juicio de amparo número 564/2018-1B, promovida por Saúl Adolfo Mendivil Terán, el cual es anexado al presente oficio. Ahora bien, se declara la validez de las actuaciones practicadas por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, residente en esta ciudad, considerando que no fueron recurridas en tiempo y causaron estado y, por ello, consentidas. Orienta el criterio la Tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 9 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, que dice: "JUEZ INCOMPETENTE EN AMPARO. Tratándose de juicios de amparo, lo actuado por un Juez de Distrito incompetente, es válido, mientras no dicte auto declarando su incompetencia, o mientras no la promueva o reciba el oficio de incompetencia; por tanto, si sus resoluciones no son recurridas en tiempo, causan estado, y el Juez que se avoque el conocimiento del negocio, debe estimarlas consentidas.". En ese contexto, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 125 y 128, último párrafo, de la Ley de Amparo por reunir los requisitos necesarios se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Saúl Adolfo Mendivil Terán, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 724/2018-4A, sin que sea dable proveer acerca de la suspensión de los actos reclamados, en virtud de no haberlo solicitado la parte quejosa. Pues bien, resulta innecesario solicitar a la autoridad responsable el informe justificado, en razón de que ya se encuentra glosado al presente sumario, únicamente, hágase de su conocimiento la radicación en este órgano de control constitucional del presente juicio de amparo. En diverso panorama, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por otra parte, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de enero de dos mil diecinueve, para el verificativo de la audiencia constitucional. Por otro lado, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Serapio Rendón número 30 oriente, colonia Centro de esta ciudad, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfonso Medina Álvarez y Zenyacet Huizar Amador. Dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. En otro orden de ideas, conforme a lo dispuesto en los artículos 8, 18, fracción II y 21, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales con relación a terceros al hacerse pública la sentencia y, en caso de omitir hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio juzgado), de que se publiquen sus datos personales; igualmente, las citadas restricciones no operan respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Por último, hágase lo anterior del conocimiento de la Jefa de Oficina de Correspondencia Común B de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para efectos de estadística y compensación correspondiente.
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