Anabel Vilchis Vásquez y Otros.
Expediente 998/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 11/01/2022
Partes del expediente
- Anabel Vilchis Vásquez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
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SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA EL AUTO DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINIDÓS A LA PARTE QUEJOSA, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DENTRO DEL PLAZO QUE LE FUE FIJADO EN ATENCIÓN AL CITATORIO QUE LE FUE DEJADO EN SU DOMICILIO EL TRECE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS. Toluca, Estado de México, once de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual, se determinó negar el amparo y protección de la justicia federal. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18 del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección de la justicia federal. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso c), toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su depuración y destrucción, respectivamente. Por otra parte, se deja a disposición de la parte quejosa el documento original que exhibió con su escrito de demanda, previa constancia que obre en autos; en atención a que de conformidad a lo dispuesto en el numeral 18 del Acuerdo General citado, deberá comparecer para recogerlo dentro del término de noventa días, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a su destrucción. En el entendido, que previo a acudir a este órgano jurisdiccional, se deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. De conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Finalmente, se ordena devolver a la Jueza Primera Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado México, un legajo de copias certificadas, y un disco formato dvd, constancias relativas al expediente 455/2021, de su índice, en virtud de que resulta innecesario conservarlas.
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S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 998/2021-I, promovido por ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, turnado el dieciocho siguiente a este Juzgado de Distrito, ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se menciona a continuación: "III.- Autoridad responsable: La Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, con domicilio en el edificio de los juzgados de Tenancingo, México, ubicado en la Privada de Lic. Héctor Gordillo Jiménez, sin número, Barrio el Salitre, en el municipio de Tenancingo, México. C.P. 52400. IV.- Acto reclamado: La inconstitucional resolución de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veintiuno, en la que resolviera el recurso de revocación promovido en contra del auto de fecha diez de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente número J.O.F. ********************." Actos reclamados que la promovente del amparo señaló violaban los derechos fundamentales protegidos por los artículos 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la quejosa, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. 3. Informe justificado. Por auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad señalada como responsable, y con su contenido se dio vista a las partes. 4. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previo diferimiento, tuvo verificativo el diez de diciembre de dos mil veintiuno, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación judicial cuya ejecución tendrá lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, contra el auto de diez de septiembre de esta anualidad, en los autos del expediente J.O.F. ******************** del índice de la responsable. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado en el presente juicio de amparo, ello en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Consecuentemente, debe tenerse por cierto el acto que se reclama a dichas autoridades; siendo aplicable a lo anterior la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, visible a página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo que además se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente ******************** de su índice y de la audiencia celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, ésta última remitida en formato DVD. Constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley; y las segundas, por tratarse de discos ópticos en formato de videograbación (DVD), consideradas como una prueba documental pública lato sensu. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Y por similitud jurídica la diversa 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". No se soslaya que el tercero interesado ********************, mediante escrito recepcionado el dos de diciembre del presente año, señalara que debía de sobreseerse el presente asunto, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que no existe el acto reclamado, dado que del contenido de la demanda de amparo presentada por la quejosa se advertía que lo que ésta reclamaba era ". en contra de los actos del Juez Civil de Primera Instancia... quien en autos del expediente J.O.F. ********************, en fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, resolviera el recurso de revocación promovido en contra del auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, en el que no acordara favorable la solicitud de guarda y custodia provisional de mis menores hijos Carlos Alberto y Leonardo de apellidos López Aguilar a mi favor."; actuaciones que no existen. Sin embargo, no obstante que en la demanda de amparo, precisamente en el proemio de la misma, se advierta la transcripción a que hace mención el tercero interesado, no menos cierto es, que del apartado correspondiente al acto reclamado y del resto del contenido de la demanda, así como del informe justificado rendido por la responsable, se advierte que lo que reclama la quejosa es la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por ésta, contra el auto de diez de septiembre de esta anualidad, en los autos del expediente J.O.F. ******************** del índice de la responsable; la cual, como ya quedó precisado en párrafos precedentes se constató su existencia. CUARTO. Causas de improcedencia. El análisis de las causas de improcedencia es de orden público y estudio preferente, independientemente que lo aleguen o no las partes, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Al respecto, la autoridad responsable señala que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo.". Sin embargo, aún cuando la responsable no expresa las razones jurídicas que justifican su actualización, debe señalarse que la misma se desestima, en virtud de que la resolución reclamada, es un acto de carácter declarativo y por tanto no puede estimarse que dejó de existir la materia u objeto del mismo, dado que, al haberse declarado sin materia el medio de impugnación que hizo valer la parte quejosa, y no haberse analizado el proveído que le deparó perjuicio, fue confirmado implícitamente el sentido que lo regia y por ello sigue subsistiendo la materia u objeto del mismo. Por lo cual, dado que no se advierte la actualización de diversa causa de improcedencia hecha valer por las partes o que deba ser analizada de oficio, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la promovente del amparo. QUINTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que hace valer la promovente del amparo, se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones; lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Página: 830, con número de registro 164618, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SEXTO. Suplencia de la deficiencia en los conceptos de violación. Dado que el acto reclamado incide en los derechos de la menor de edad de iniciales ********************, involucrada en el juicio natural de origen, el análisis de su constitucionalidad se hará supliendo la deficiencia de la queja, al encontrarse inmerso el interés superior del menor, con base en la facultad prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, al vincularse el asunto con derechos de menores, cuyo interés es público, atento al principio de preservación de la infancia y de sus derechos fundamentales, debe analizarse la contienda buscando en todo momento lo mejor para su sano desarrollo, sin que obste para ello la persona o el carácter de quien interpone el juicio de que se trata. Resulta aplicable, la Jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, página 167, con número de registro 175053, del tenor siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los jueces y magistrados federales; suplencia que debe ser total; es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." SÉPTIMO. Estudio. Los conceptos de violación que hace valer el promovente del amparo, a los cuales se les dará contestación de manera conjunta dada su estrecha relación, resultan infundados en una parte e inoperantes por otra, dadas las consideraciones que enseguida se expondrán. En principio, debe señalarse que los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento (.)" De la interpretación sistemática de los artículos transcritos se desprenden los derechos de seguridad jurídica y legalidad, según los cuales, todo acto de autoridad tendrá que observar las formalidades esenciales del procedimiento y estar debidamente fundado y motivado. Los requisitos mencionados, tratándose de resoluciones jurisdiccionales, se cumplen si los razonamientos expuestos en aquéllas contienen el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, siempre y cuando dentro de dicho análisis se den razonamientos que apoyen el sentido de la resolución que involucren las disposiciones en que se funda; por lo tanto, cumplen con dichos derechos fundamentales, sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad la norma jurídica en que se basa. En este orden de ideas, tanto fundar como motivar una resolución jurisdiccional consiste en la exposición de los argumentos o razonamientos de la autoridad con los cuales se analicen exhaustivamente los puntos que integran la litis, con apoyo en los preceptos legales que permiten su emisión, en la que se deben exponer de forma concreta las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se tomaron en consideración para dictar el acto, es decir, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, del Tomo XXII, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, con número de registro 176546, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Sobre esa misma línea de pensamiento, las resoluciones dictadas por las autoridades jurisdiccionales también deben atender al principio de congruencia que radica, esencialmente, en que aquellas sean congruentes no sólo consigo mismas, sino también con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo cual implica, por una parte, en que no contengan consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos y, por otra, que al resolverse una controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, decidiendo todos los puntos controvertidos; esto es, debe existir una relación de concordancia entre lo solicitado y lo resuelto. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 195706, consultable en la página 764 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla con el principio de congruencia al resolver la controversia planteada, que en esencia está referido a que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos." Al respecto, la doctrina jurídica identifica dos clases de congruencia, a saber: la interna y la externa; la primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos; y la congruencia externa, en cambio, exige que la sentencia resulte acorde con los términos de la litis; lo que se traduce en un imperativo para los órganos jurisdiccionales, quienes al resolver la controversia deben atender a lo planteado por las partes, sin omitir ni añadir cuestiones no hechas valer por los contendientes. Precisado lo anterior, debe señalarse que, de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, se advierte que: 1. ********************, demandó de ********************, entre otras, la guarda y custodia definitiva de sus menores hijos de iniciales ******************** y ******************** 2. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar al demandado y decretó como medida provisional la guarda y custodia de los menores ******************** y ********************, a favor de la quejosa ******************** 3. Derivado de que la parte actora, por los motivos expuestos en escrito de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dejó de tener bajo su custodia a los menores de iniciales ******************** y ********************, mediante proveído de diecinueve de agosto siguiente, se ordenó la reincorporación inmediata de los menores con su madre, turnándose los autos al ejecutor adscrito para que, en compañía de la actora, se constituyeran en el domicilio del demandado y le requirieran la entrega de los menores. 4. Posteriormente, mediante escrito recepcionado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, la actora ********************, informó a la responsable que el menor de iniciales ********************, se encontraba bajo su cuidado, no así la diversa ********************, quien seguía viviendo con su padre. 5. Una vez que se logró el emplazamiento de ********************, en esa misma diligencia se le requirió la entrega de la menor de iniciales ********************, a lo cual se negó, por lo que, al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, solicitó se revisaran las medidas provisionales decretadas. 6. Por lo cual, en proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por contestada la demanda y en atención a la solicitud del demandado, se fijaron las diez horas del veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, para la escucha de la menor de iniciales ********************, ordenando que hasta en tanto aconteciera lo anterior, las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban. 7. Inconforme con la anterior determinación, la actora ********************, interpuso recurso de revocación bajo el argumento toral de que debían de prevalecer las medidas provisionales decretadas en auto de tres de agosto del presente año, y no mantenerse en el estado en que se encontraban. 8. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia de escucha de menor, a cargo de ******************** y se observó la interacción de ambos padres con sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************; lo que motivó que la responsable modificara las medidas provisionales decretadas inicialmente y ordenara que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, es decir, de manera provisional la guarda y custodia de la menor de iniciales ********************, quedaría a cargo de su progenitor ********************, y la del menor ******************** a cargo de la quejosa ********************. 9. Finalmente, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, se resolvió el recurso de revocación interpuesto por la actora ********************, contra el proveído de diez de septiembre del mismo año, en el sentido de declararlo sin materia, con motivo de que el veintiocho anterior, se había celebrado la escucha del menor de iniciales ********************. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. Ahora bien, la quejosa aduce en esencia, en sus conceptos de violación, que la resolución de la responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dada la indebida o incorrecta fundamentación, motivación y congruencia, pues el recurso de revocación interpuesto tenía por objeto que se diera cumplimiento al proveído de nueve de agosto del presente año (sic), más no el pronunciamiento de medidas provisionales o su modificación, sino que se diera cumplimiento a las medidas provisionales ya decretadas con anterioridad, aunado a que la responsable no puede revocar sus propias determinaciones. Sin embargo, dichos argumentos son infundados, pues contrario a lo que aduce la inconforme en sus conceptos de violación, la resolución emitida por la autoridad responsable, el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa, contra el auto de diez de septiembre de esta anualidad, en los autos del expediente J.O.F. ******************** del índice de la responsable; sí está debidamente fundada y motivada, pues al efecto señaló las causas, motivos y razones en el caso particular para declarar sin materia el recurso de revocación intentado por la promovente, aunado a que no se advierten incongruencias o inconsistencias entre lo pedido y lo resuelto en ella con las constancias que integran el juicio natural de origen. Se afirma lo anterior, pues al efecto la autoridad responsable en la resolución reclamada, declaró sin materia el recurso de revocación intentado por la quejosa, contra el proveído de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual, se fijó día y hora para la escucha de la menor ********************; derivado de las manifestaciones vertidas por el tercero interesado ********************, en su escrito de contestación de demanda, y que hasta en tanto aconteciera lo anterior, las cosas se mantendrían en el estado en que se encontraban; es decir, la menor de iniciales ********************, seguiría bajo el cuidado de su progenitor ********************, y el menor ******************** a cargo de la quejosa ********************; -siendo este último punto el que controvirtió la quejosa mediante el recurso de revocación-. Determinación que sustentó la responsable bajo el argumento de que, como se había indicado en el proveído recurrido, que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban, hasta en tanto se verificara la audiencia de escucha de la menor de iniciales ********************, y dado que ésta se celebró el veintiocho de septiembre anterior, en la que incluso, se establecieron nuevas medidas provisionales, atendiendo al análisis de los agravios planteados por las partes, sobre la declaratoria de procedencia o improcedencia del recurso, mismo que se encontraba encaminado precisamente al pronunciamiento sobre dichas medidas, fue que lo declaró sin materia. Argumento que, a consideración de quien resuelve, se encuentra debidamente fundado, motivado y congruente, con los puntos planteados por las partes, pues la finalidad del recurso intentado por la quejosa, era revocar la determinación de diez de septiembre de dos mil veintiuno, en el que la responsable estableció que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban; sin embargo, tal aseveración se encontraba condicionada a que se verificara la audiencia de escucha de la menor ********************; por lo que, al haberse verificado dicha audiencia, es que el recurso de revocación intentado quedó sin materia, pues la condicionante para que dejaran de estar las cosas en el estado en que se encontraban al momento de la emisión de la determinación que pretende revocar, dejó de surtir efectos por haberse celebrado el acto. Razones por las cuales, no podría analizarse una determinación que dejó de tener vida jurídica, por haberse verificado el acto que la condicionaba, pues aún en el supuesto de que se analizara el mismo, no podría revocarse dicha determinación como lo pretende la quejosa, para que subsistieran las medidas provisionales decretadas en el expediente ********************, al momento de la admisión de la demanda, y se ordenara la entrega de la menor ******************** a su madre, como se estableció en proveído de diecinueve de agosto del presente año, dado que, dichas medidas fueron superadas por las establecidas en audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, como lo estableció la responsable. Sin que al efecto se advierta una revocación de las propias determinaciones emitidas por la responsable, como lo señala la quejosa en sus conceptos de violación, dado que, las circunstancias que tomó en consideración la juez responsable para fijar las medidas establecidas en proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, fueron en consideración a los hechos narrados por la quejosa en su demanda, y las establecidas en audiencia de veintiocho de septiembre siguiente, fueron con base en la audiencia de escucha de la menor ******************** y la interacción de ambos padres con sus menores hijos de iniciales ******************** y ********************. Aunado a ello, debe precisarse que la determinación emitida por la responsable, en modo alguno transgrede los derechos humanos de la menor de iniciales ********************, pues por el contrario, previo a emitir su determinación, llevó a cabo la escucha de la menor y veló porque los derechos de ésta fueran protegidos, pues no debe soslayarse que tratándose del interés superior del menor, el Juez del conocimiento se encuentra facultado para desahogar, incluso de manera oficiosa los medios de convicción que estime pertinentes para tomar la decisión jurídica que mejor proteja al interés de los menores. Orienta lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), de la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, Décima Época, a página 401, que dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos.". Por otra parte, deviene inoperante el concepto de violación que vierte la quejosa, en el sentido de que no existe dispositivo legal que permita la modificación de las medidas provisionales, antes de la audiencia inicial, por ser ese el momento que prevé el artículo 5.45 del Código de Procedimientos Civiles, dado que dicha manifestación se encuentra encaminada a combatir la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, no así la que es materia de reclamo en esta instancia constitucional, y por lo tanto, no puede ser analizado por este órgano de control constitucional, en atención a la técnica del juicio de amparo. Pues aún y cuando refiere que la misma no puede servir de sustento a la aquí reclamada, debe reiterarse que, adverso a lo que sostiene, dicha actuación no es el sustento de la resolución combatida, sino como se explicó en párrafos precedentes, el acto del que solicitó su revocación, se encontraba condicionado a que se verificara la audiencia de escucha de la menor, y al haberse verificado ésta fue que el recurso intentado quedó sin materia pues el punto medular que pretendía revocarse "que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban", fue superado por la determinación emitida en audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. En las relatadas condiciones, ante lo infundado e inoperante en los conceptos de violación alegados por la parte quejosa, sin que se advierta deficiencia de la queja que se deba suplir de oficio, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra la resolución interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por la responsable, en el expediente ********************. Razones por las cuales, resultan inaplicables al presente caso y para los fines que pretende, las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas por la aquí quejosa. OCTAVO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. NOVENO. Protección de información y datos personales. Aun cuando las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso Séptimo de la misma.
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SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA LA SENTENCIA A LA PARTE QUEJOSA DICTA EL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL JUICIO DE AMPARO 998/2021, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. LA CUAL SE TRANSCRIBE EN SU PARTE CONDUCENTE: S E N T E N C I A VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 998/2021-I, promovido por ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra actos del Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México; y, R E S U L T A N D O: Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por derecho propio y en representación de su menor hija de iniciales ********************, contra el acto y autoridad precisados en el Considerando Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el diverso Séptimo de la misma.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual el tercero interesado ****, se apersona al presente juicio, en su calidad de tercero interesado, señala las listas como domicilio para recibir notificaciones, designa autorizados, formula diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece como pruebas copias certificadas de los expedientes 455/2021 y 542/2021, que solicita se requieran al Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado México. Con apoyo en el numeral 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene al promovente por apersonado al presente juicio. Ahora, se tiene como domicilio el que cita en su demanda, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ranulfo Evid García Reyes, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente; y a los restantes, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, de la Novena Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Por lo que hace a la serie de alegatos que expone en el escrito que se atiende, con apoyo en el numeral 124 de la Ley de Amparo ténganse por vertidos, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellos en la audiencia constitucional. En lo tocante a las copias certificadas del expediente 455/2021, ya fueron remitidas por el juez responsable como complemento de su informe justificado; por tanto, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen también como prueba ofrecida, admitida y desahogada en cuanto al tercero interesado, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Respecto a las copias certificadas del diverso 542/2021, no se acuerda favorable solicitarlas al juez de origen, toda vez que el promovente no acredita haber hecho la petición a que se refiere el primer párrafo del artículo 121 de la ley de la materia.
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