ANABEL URIBE SÁNCHEZ y Otros.
Expediente 228/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 228/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ANABEL URIBE SÁNCHEZ y Otros.
- ANA BERTHA SÁNCHEZ GARCÍA y Otros.
- Ana Bertha Sánchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
México, Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a los quejosos, por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a quince de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Juez Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, por medio del cual informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En virtud de lo anterior, a fin de que la parte quejosa pueda hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenan las determinaciones judiciales y no dejarla en estado de indefensión, con el contenido del oficio de cuenta y anexo que acompaña, dese vista a la parte quejosa de manera personal, para que en el término de tres días hábiles manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto en el término señalado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, esta autoridad federal, con fundamento en las constancias que obran en los presentes autos y los elementos aportados por las autoridades responsables, resolverá sobre el cumplimiento dado por éstas a la ejecutoria dictada en este juicio. Se cita en apoyo de lo anterior la tesis 1ª XC/2001, visible en la página 358 de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, octubre de 2001, Primera Sala, Novena Época, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO EN EL QUE SE LE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RESPECTO DE TAL ACATAMIENTO, DEBE HACERSE EN FORMA PERSONAL. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, en relación con el sistema sobre el cumplimiento de las sentencias protectoras, que es obligación de los juzgadores de amparo el dictar un acuerdo en el que se dé vista al quejoso con el informe de la autoridad responsable, respecto del referido acatamiento, con el apercibimiento de que de no hacer manifestación alguna dentro de un determinado plazo, se resolverá si se dio o no el cumplimiento al fallo protector, con apoyo en el citado informe y con los demás elementos con los que cuenten. Ahora bien, la notificación que se realice a la parte quejosa, del informe que rinden las autoridades responsables para justificar el cumplimiento de la sentencia protectora y de las constancias que adjuntan al informe, debe hacérsele en forma personal, pues, por un lado, el mencionado auto trae aparejado un apercibimiento o prevención y, por otro, porque dicha notificación permite que el quejoso haga valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, y de no hacerlo así se le dejaría en estado de indefensión." Por otra parte, se le tiene acusando recibo de las constancias que se indican en el oficio que se acuerda, y que se le devolvieron en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes, con excepción de la autoridad responsable.
- Principal
En la Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal, la certificación de cuenta y el escrito presentado por la parte quejosa, de la que se advierte que ha transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer en contra de la sentencia dictada en el presente juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la sentencia en la que se CONCEDIÓ EL AMPARO. Ahora bien cuando el acto es judicial y se trata de una cuestión litigiosa, por la naturaleza misma del asunto, no puede dejar de resolverse, en acatamiento a las garantías de debido proceso y acceso pleno a la administración de justicia que establecen los artículos 154 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autoridad judicial siempre deberá de dictar una sentencia en la que atienda a la declaración de la inconstitucionalidad y subsane ese vicio, con las consecuencias jurídicas procesales y sustantivas que implique, cuando sea de carácter negativo o implica una omisión, el efecto será el de obligar a la autoridad responsables a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trata y a cumplir, lo que el mismo exija. Plazo de cumplimiento y ejecución de una sentencia de amparo. Corresponde al órgano de amparo fijarlo y ampliarlo. Elementos que deben tenerse en cuenta (artículo 192 de la Ley de Amparo). El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Se puede ampliar el plazo de tres días tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Las dos hipótesis se complementan y armonizan porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que al otorgar el plazo para el cumplimento se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que incluso pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que ésta es un factor a ponderar por el órgano de amparo. También debe ponderarse que el plazo de tres días que como regla general establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador en las leyes procesales estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, debe ser dejado insubsistente y dictar otro y no puede ser considerado como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales aplicables, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículo 14 y 16 constitucionales, si debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse un plazo estrictamente determinado. El plazo estrictamente determinado será mayor a tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsables en condiciones ordinarias. El cumplimiento a la presente ejecutoria de amparo deberá informarlo y demostrarlo a este juzgado. Ahora bien, a fin de dilucidar cualquier confusión respecto a la forma correcta de cómo debe cumplimentarse, el Juez responsable, debe realizar lo siguiente: "(.) I. Deje insubsistente el acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil veinte. II. Dicte otro en el que, de conformidad con los razonamientos expuestos, determine que José Luis Uribe Avilés, sí le asiste el carácter de persona desaparecida, conforme a la ley de la materia, y admita la solicitud de declaración especial de ausencia para personas desaparecidas promovida, salvo que advierta diversa causa que impida su admisión. Sin que ello implique soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance Se invoca la jurisprudencia 98/2014, sostenida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, página 909, registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.47/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VIII, julio de 1998, página 146, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." En tales condiciones, solicítese al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que en el término de tres días se sirva informar a este juzgador el cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, en la inteligencia que de no existir inconveniente legal alguno deberá remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. Por otra parte, devuélvase al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, un cuaderno de constancias y un sobre con documentos, solicitándole que de no existir inconveniente legal alguno acuse el recibo respectivo. Notifíquese por oficio a la autoridad responsable y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo de la resolución de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio, que le fue remitida con el oficio 10519/2020. Notifíquese por lista las partes, con excepción de la autoridad responsable.
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