Anabel Sanchez Ojeda
Expediente 1148/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Anabel Sanchez Ojeda
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha la parte promovente de amparo ********************, no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En consecuencia, se declara que queda firme dicho auto, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), del mismo ordenamiento legal. Atento a lo anterior, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívese este asunto como totalmente concluido. Por último, archívese este asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
Mexicali, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Anabel Sánchez Ojeda, contra actos de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1148/2021-5. Se desecha de plano demanda. En tal virtud, vista la demanda de amparo y anexos promovida por Anabel Sánchez Ojeda, contra actos de CFE Distribución, Empresa Productiva Subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad y otra autoridad, conforme a lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el diverso numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que se trata, toda vez que de su contenido integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En relación con ello, debe establecerse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Ahora, del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que la quejosa reclama la orden y corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio ubicado en calle Acubas, número 3875, Fraccionamiento Villa Florida, en esta ciudad, por parte de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. "Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los artículos trascritos se obtiene que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad o de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que vulneren derechos fundamentales de los gobernados. En ese tema (cuando debe considerarse acto de autoridad), la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, se encuentran plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente tenor: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Cierto es que dicha tesis se emitió antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la cual en su artículo 5º, segundo párrafo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la tesis resulta aplicable, pues aun cuando el acto de reclamo emanara de un particular, éste debe derivar de una relación de supra a subordinación, lo que no se actualiza en el caso concreto como se verá a continuación. Es así, porque los actos de particular para que se puedan considerar como de autoridad, deben: ser: Actos equivalentes a los de autoridad en el sentido de que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y; Que sus funciones estén determinadas en la ley, por las cuales se les faculte para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y no meramente que la norma regule su existencia. Asimismo, para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos el juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustenta la tesis P. XXVII/97, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: V, Febrero de 1997, página 118, del texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Luego, si el amparo procede sólo contra actos de autoridad, es dable concluir que quedan excluidos los actos de particulares, siempre y cuando estos no realicen actos equivalentes a los de una autoridad; y dado que un ente público puede obrar como autoridad y como ente de derecho privado, es necesario distinguir los actos que emite como uno y otro, para lo cual debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esta teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destacan, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo tanto, si la relación jurídica de supra a subordinación regula los derechos fundamentales, por colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de las autoridades como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, debe concluirse que, en el caso, la naturaleza jurídica de la relación entre la promovente y el funcionario a quien señala como autoridad responsable, son determinantes para efectos de la procedencia del presente juicio, pues se requiere que el acto que se reclame sea el que emita un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Ahora, en el caso concreto, para dilucidar si el acto reclamado, constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, conviene señalar que la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en sus artículos 1º, 2º, 3°, 4º y 5º establece lo siguiente: "Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria del artículo 25, párrafo cuarto, de la Constitución y del Transitorio Vigésimo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013, es de interés público y tiene por objeto regular la organización, administración, funcionamiento, operación, control, evaluación y rendición de cuentas de la empresa productiva del Estado Comisión Federal de Electricidad, así como establecer su régimen especial en materia de: I. Empresas productivas subsidiarias y empresas filiales; II. Remuneraciones; III. Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras; IV. Bienes; V. Responsabilidades; VI. Dividendo Estatal; VII. Presupuesto, y VIII. Deuda. "Artículo 2. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero. "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. "Artículo 4. La Comisión Federal de Electricidad tiene como fin el desarrollo de actividades empresariales, económicas, industriales y comerciales en términos de su objeto, generando valor económico y rentabilidad para el Estado Mexicano como su propietario. En la ejecución de su objeto, la Comisión Federal de Electricidad deberá actuar de manera transparente, honesta, eficiente, con sentido de equidad, y responsabilidad social y ambiental, procurando el mejoramiento de la productividad con sustentabilidad para minimizar los costos de la industria eléctrica en beneficio de la población y contribuir con ello al desarrollo nacional. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad garantizará el acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, la operación eficiente del sector eléctrico y la competencia. "Artículo 5. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. Asimismo, dentro de su objeto público, la Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades siguientes: I. La generación dividida en unidades y comercialización de energía eléctrica y productos asociados, incluyendo la importación y exportación de éstos, de acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, y en términos de la estricta separación legal que establezca la Secretaría de Energía; II. La importación, exportación, transporte, almacenamiento, compra y venta de gas natural, carbón y cualquier otro combustible; III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; IV. La investigación, desarrollo e implementación de fuentes de energía que le permitan cumplir con su objeto, conforme a las disposiciones aplicables; V. La investigación y desarrollo tecnológicos requeridos para las actividades que realice en la industria eléctrica, la comercialización de productos y servicios tecnológicos resultantes de la investigación, así como la formación de recursos humanos altamente especializados; VI. El aprovechamiento y administración de inmuebles, de la propiedad industrial y la tecnología de que disponga y que le permita la prestación o provisión de cualquier servicio adicional tales como, de manera enunciativa, construcción, arrendamiento, mantenimiento y telecomunicaciones. La Comisión Federal de Electricidad podrá avalar y otorgar garantías en favor de terceros; VII. La adquisición, tenencia o participación en la composición accionaria de sociedades con objeto similar, análogo o compatible con su propio objeto, y VIII. Las demás actividades necesarias para el cabal cumplimiento de su objeto. La Comisión Federal de Electricidad podrá llevar a cabo las actividades a que se refiere este artículo en el país o en el extranjero. De lo anterior, se advierte que conforme a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, y dentro de sus objetos se encuentra la transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, dejando de ser un organismo descentralizado de la administración pública y, como consecuencia, los actos que deriven de su objeto, esto es, de la distribución y comercialización de energía eléctrica, serán materia del derecho común. En esa tesitura, resulta incuestionable que la determinación que por esta vía se pretende combatir, no tiene el carácter de un acto que emana de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que deriva del servicio de suministro de energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad a los ocupantes del inmueble que refiere la quejosa como de su propiedad, lo que coloca a la responsable en un plano de igualdad frente a la impetrante y, no de supra a subordinación, en virtud de que dicho servicio tiene su origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación entre la responsable y las personas que ocupan el predio que señala la promovente, la cual, como se vio, ya no constituye un organismo público descentralizado, sino una empresa productiva propiedad del Gobierno Federal; por lo que, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 336, libro 50, enero de 2018, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2015944, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". De dicho criterio, se desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona la postura de considerar a los contratos de suministro de energía eléctrica como de naturaleza administrativa, lo que daba la pauta para considerar a la Comisión Federal de Electricidad, en determinados actos, como autoridad para los efectos del juicio de amparo; ello, para establecer ahora su calidad de parte en las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado, por lo que innegablemente, su participación en tal sentido, es entonces la de un particular prestador de un suministro. En esa medida, las autoridades que el promovente designa como responsables, no están actuando con ese carácter, al no encontrarse revestidos sus actos de unilateralidad, imperio y coercitividad, por lo que no pueden considerarse como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el veinte de abril de dos mil dieciocho, con número registro 2016656, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". Sin que se esté en alguno de los supuestos que establece la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes citada, en relación a la excepción que sobreviene cuando la Comisión Federal de Electricidad o alguna de sus dependencias vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y pactado por las partes; caso en el sí puede ser considerada como autoridad para efectos del juicio de amparo. En efecto, de la resolución de mérito, se tiene que tal y como lo señaló la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se debe descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, esto debe ser analizado por el órgano federal correspondiente, atendiendo a cada caso concreto cuando se adviertan situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando con la suspensión o corte del servicio de suministro de energía eléctrica se ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable (verbigracia: a. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida -enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables-, b. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia -pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros-, c. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica; etcétera). Así, conforme a los argumentos antes vertidos, este juzgador no advierte que el acto tildado de inconstitucional tenga como consecuencia una suspensión o corte del servicio de energía eléctrica que pueda transgredir los derechos humanos de la parte quejosa y, con motivo de ello, equiparar los actos de la Comisión Federal de Electricidad o sus dependencias con actos de autoridad para efectos de la procedencia de este juicio de amparo. En ese sentido, se insiste, al no constituir la responsable un organismo público, ni actuar como un particular cuyos actos sean equiparables a los de una autoridad para efectos del juicio de amparo en relación con el servicio de suministro de energía eléctrica, no puede considerarse que se colme el supuesto de procedencia del juicio de amparo, con motivo de la determinación reclamada. Por tanto, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se trata, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la misma ley. Domicilio y autorizado Téngase señalado domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones en este juicio; además, como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Cruz Manuel Montijo, en virtud de no haber sido encontrado registro de su cédula profesional en el sistema habilitado para ello. Acceso y notificación electrónica Como se solicita, toda vez que de la búsqueda en el reporte de autorizados para consultar el expediente electrónico, se encontró registro del usuario "monti86"; se autoriza el acceso al expediente electrónico, para ello háganse las adecuaciones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, en cuanto a las notificaciones electrónicas; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y lo previsto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta determinación, háganse vía electrónica a la parte quejosa, dado que así lo solicita expresamente. Lo anterior, sin perjuicio de la designación de domicilio procesal efectuado en el escrito de apersonamiento al presente asunto, ya que las notificaciones deberán practicarse, por regla general, vía electrónica salvo caso extraordinario. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Transparencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.
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