Anabel Rodriguez Sanchez
Expediente 1080/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anabel Rodriguez Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintitrés. ...Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su segundo punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".realice las acciones necesarias para emitir una resolución respecto al recurso de reconsideración presentado por la aquí quejosa. En el entendido de que lo anterior no la obliga a resolver en determinado sentido, así como de que para efectos del presente juicio de amparo, al tratarse el acto reclamado de una violación del derecho fundamental de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades responsables para efectos del presente fallo se delimitaron en función de la etapa procesal del asunto, conforme a lo sostenido por las partes y las pruebas aportadas, en términos de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo que, se precisa que todas las autoridades que en su caso, deban tener intervención para dar cumplimiento al presente fallo -aun cuando en este momento no tengan intervención y con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables-, podrán ser vinculadas al cumplimiento del fallo protector, al estar obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1080/2023; y Audiencia Constitucional ...En Cuernavaca Morelos, a las once horas con cincuenta minutos del once de septiembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Mac Quetzin Murillón Duarte, Secretario con quien legalmente actúa, declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1080/2023, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, el secretario hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto de admisión e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, no procede diferir la audiencia constitucional, pues a pesar que no medía un plazo de ocho días de la fecha en la que se dio vista a la parte quejosa con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables a la celebración de la presente audiencia, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por dicha autoridad, esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la violación del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la falta de administración de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y atendiendo a lo manifestado en su demanda por la amparista, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: El secretario procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por la quejosa y el tribunal responsable. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza tales pruebas documentales. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que el secretario hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, se procede al dictado de la siguiente resolución. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1080/2023; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el tres de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado al día siguiente a este juzgado, *******, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra las autoridades y actos siguientes: "III.- La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; Se considera como autoridades responsables a las siguientes: A) EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS (.) B) TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS (.) C) TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA DE LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS MAESTROS DEL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; El acto reclamado consiste en la omisión de dar trámite al RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en contra de la resolución administrativa de fecha 23 de junio de 2023 emitida por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de la Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en términos de los señalado por el artículo 103, 104, 105 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros." SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado, admitió la demanda referida y pidió a la autoridad responsable su informe justificado. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Asimismo, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró el día de hoy once de septiembre de dos mil veintitrés al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. ...II. Fijación de los actos reclamados. ...III. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al [1] Director General del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, y a la [2] Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, pues con independencia de lo que señalaron en su informe justificado, de su ámbito de facultades se advierte que no les resulta atribuible la omisión reclamada, ya que no cuentan con facultades para llevar a cabo la acción que la parte quejosa pretende. En efecto, ello acontece pues para que un acto omisivo resulte existente se requiere que la parte promovente demuestre que existe el deber de las autoridades responsables de realizar tal conducta, y que dichas autoridades estén en aptitud legal de atender lo solicitado conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO". En ese sentido, no existe el deber de una autoridad para realizar una conducta específica, ni está en aptitud legal de atender lo solicitado, cuando no cuenta con facultades para realizar la acción que la parte quejosa pretende, pues en ese caso, no se le podría obligar a actuar fuera de su marco jurídico competencial, pues precisamente, resulta un presupuesto del estado de derecho, el cumplimiento al principio de legalidad, conforme al cual una autoridad sólo puede hacer aquello que la ley le permite, resultando aplicable la tesis 1a. XXIV/98, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196080, del rubro "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO" así como el diverso criterio 1a. IV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2022760, de rubro "ACTOS OMISIVOS. DETERMINACIÓN DE SU CERTEZA CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO EL NO EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE UNA AUTORIDAD." Luego, es que las autoridades responsables precitadas no tienen facultades para darle trámite al recurso de reconsideración presentado por la parte quejosa -en el estado en que se encuentra-, pues conforme al artículo 103 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, el competente para recibir el escrito respectivo es la autoridad que emitió la resolución que se impugna. Por lo cual si la quejosa impugnó en dicho escrito la resolución administrativa contenida en el oficio emitido por la [3] Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de su encargada de despacho -según se advierte de lo señalado en su demanda, y de las copias del escrito que contiene dicho recurso y de la resolución impugnada-, se tiene que está última es la directamente obligada a recibir dicho escrito, conforme al precepto aludido. Por tanto, es que no resulte existente la omisión que la parte amparista les reclama a las autoridades aquí precisadas -al no contar con facultades para ello-, por lo cual se sobresee en el juicio, respecto a los actos que les atribuye, conforme al artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la [3] Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, pues además de que aceptó al rendir su informe justificado que se estaba realizando el análisis del escrito de la parte quejosa para el efecto de emitir una respuesta, se tiene que cuenta con facultades para actuar de la forma en que la parte quejosa pretende, conforme al artículo 103 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros. Lo anterior además porque la parte quejosa demostró -para efectos del presente juicio de amparo- haber presentado el escrito mediante el cual interpuso el recurso en cuestión, ante la dirección a la que pertenece dicha subdirección señalada como responsable, en tanto que anexó a su demanda copia del escrito relativo, de la cual se aprecia un sello de recibo de la referida dirección, y el cual se encuentra dirigido a la subdirección en comento, que resulta la competente para su resolución, por lo que tal documental adquiere valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 203, 205 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º, tal como lo establece la tesis 65, con registro 918228, de la ahora extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 2000, del contenido siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS NO OBJETADAS, DE ESCRITOS PRESENTADOS A LA AUTORIDAD.- El artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicable en términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo, establece que el valor de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por otro lado, si la parte contra la que se presente un documento no objeta que la suscripción o fecha haya sido puesta por ella, se tendrán por reconocidas, conforme al artículo 205. Y conforme al artículo 203, el documento privado prueba contra su autor. En estas condiciones, si la parte quejosa presenta fotocopia simple de un escrito presentado a la autoridad, y que tiene el sello de recibido por ésta, esa copia prueba razonablemente que la autoridad recibió ese escrito, si ella no objetó en su informe justificado, ni negó haberlo recibido, ni lo hizo en ningún momento del juicio. Las autoridades tienen tanta obligación como cualquier otra de las partes de cuidar el juicio y de analizar las pruebas que se rindan en él. Así pues, si la quejosa, al impugnar una ley, exhibió un documento relacionado con el acatamiento o aplicación de esa ley, que ostenta el sello de recibido, y las autoridades no negaron haberlo recibido, ni que fuese suyo el sello que ahí aparece, el Juez no puede razonablemente desestimar la prueba por tratarse de una copia fotostática. Es cierto que la tesis de jurisprudencia visible con el número 115 en la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación publicado en 1985 señala que es acertado el criterio del Juez si considera insuficiente una fotocopia para probar el interés jurídico del quejoso, pero no debe extrapolarse esa tesis hasta el grado de hacerla aplicable a casos en que el documento procede, al menos parcialmente, de la autoridad, sin que ésta lo haya objetado." Ello pues si bien la parte quejosa sólo anexo copia simple de dicho escrito, la subdirección en comento afirmó que se encontraba analizando el mismo, de donde se colige que aceptó su recepción, y por ello, que le fue remitido tal escrito para su atención, por la dirección que lo recibió, de allí que por tales razones resulta existente el acto que se le atribuye. V. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de las causales de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. Por tanto, como las partes no hicieron valer causas de improcedencia y este juzgado no advierte de oficio su actualización, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Es fundado, en su causa de pedir, el concepto de violación expuesto por la parte quejosa, por lo que debe concederse el amparo para los efectos que se precisarán en el último considerando de esta sentencia. En efecto, la parte amparista en su causa de pedir, sostiene que la responsable ha incumplido con lo preceptuado en el artículo 103 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, el cual le obliga a resolver sobre los recursos de reconsideración que se le presenten. Como ya se adelantó, es fundado su planteamiento, en su causa de pedir, ya que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo su resolución de manera pronta, completa e imparcial. Tal disposición ha sido interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, de la Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES" en el sentido de que el derecho humano de acceso a la impartición de justicia que consagra, descansa entre otros, en el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de que todas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, incluyendo aquellas que formalmente pertenecen al poder ejecutivo, están encargadas de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Bajo este matiz, tratándose del recurso de reconsideración en cuestión, los artículos 103, 104 y 105 de la Ley General del Sistema de Carrera de las Maestras y los Maestros, establecen que dicho recurso debe presentarse ante la autoridad que emitió la resolución que se impugna, y que acordará lo procedente sobre la admisión y de las pruebas ofrecidas, las cuales deberán desahogarse en el plazo de diez días hábiles, asimismo que después de su desahogo, se emitirá la resolución correspondiente en un plazo que no deberá exceder de quince días hábiles. Asimismo, se tiene que conforme al artículo 105 aludido, aplica de forma supletoria al respecto, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o la legislación correlativa de las entidades federativas, y en ese sentido, la primera de las legislaciones referidas, establece en su artículo 2º que a esta última también le es supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual en su precepto 297, fracción II, establece de manera genérica un término de tres días para la práctica de algún acto judicial, mientras los diversos preceptos 16 y 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos fijan el término de setenta y dos horas para acordar sobre la recepción del escrito inicial, y de cinco días como máximo cuando no se encuentre establecido un plazo especifico. Luego, es que, teniendo en consideración que la parte quejosa presentó el escrito mediante el cual interpuso recurso de reconsideración, ante la aquí responsable, el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, es que hasta la fecha en que se emite la presente determinación, han transcurrido casi dos meses, lo cual excede el plazo legal en comento. Por tanto, en virtud de que en el presente juicio de amparo la responsable no demostró haber dictado alguna resolución al respecto, es que se concluye que se ha excedido el término legal con que cuenta para dictar una resolución respecto al escrito que se le presente, lo que vulnera el derecho fundamental a una justicia pronta de la parte quejosa consagrado en el artículo 17 constitucional. No se inadvierte que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, cuando una autoridad administrativa excede para resolver el término de tres meses, se considera que ha emitido una respuesta negativa, empero, además de que a la fecha de presentación de la demanda no había transcurrido el mismo, se tiene también que no se puede justificar la falta de emisión de una determinación con ese argumento, ya que el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y completa de la parte quejosa contenido en el artículo 17 constitucional, no puede hacerse nugatorio por la existencia de una figura establecida en la legislación ordinaria tal como la negativa ficta, por lo cual, tal institución debe interpretarse en el sentido de que únicamente existe en beneficio del ciudadano, para que en caso de que considere satisfecha su pretensión con una negativa ficta pueda combatirla directamente, sin necesidad de generar una resolución formal, sin que ello implique que no pueda acudir al juicio constitucional a reclamar que se emita una determinación expresa, pues en este último supuesto, la autoridad está obligada de forma inexcusable a resolver expresamente. Tal como lo sustenta por las consideraciones que la informan la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época Judicial, con registro 192641, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, página 245, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." Así como de forma específica la tesis I.4o.A.773 A, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 161556, del contenido siguiente: "NEGATIVA FICTA. SU ANÁLISIS EN EL AMPARO CUANDO SE CONTRAPONE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 245, de rubro: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA.", debe aplicarse de manera análoga tratándose de un juicio de amparo en el que se reclame violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ante la omisión de la autoridad de resolver un procedimiento administrativo, ya que la negativa ficta y el principio de justicia pronta y expedita son figuras jurídicas de naturaleza distinta, pues la primera, ante el silencio de la autoridad, genera una respuesta tácita en forma desfavorable a los intereses del particular; en cambio, el segundo no puede quedar suspendido por la creación o existencia de figuras jurídicas que lo hagan nugatorio. No obsta a lo anterior que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establezca el plazo para que se entienda configurada la negativa ficta, pues éste no puede conducir a considerar limitadas o restringidas las garantías constitucionales, dado que su vigencia no puede estar condicionada a lo dispuesto en leyes secundarias." En virtud de lo anterior, ante lo fundado del concepto de violación en estudio, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal. VII. Efectos de protección de la Justicia Federal. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por la parte quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la autoridad responsable, [3] Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, realice las acciones necesarias para emitir una resolución respecto al recurso de reconsideración presentado por la aquí quejosa. En el entendido de que lo anterior no la obliga a resolver en determinado sentido, así como de que para efectos del presente juicio de amparo, al tratarse el acto reclamado de una violación del derecho fundamental de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades responsables para efectos del presente fallo se delimitaron en función de la etapa procesal del asunto, conforme a lo sostenido por las partes y las pruebas aportadas, en términos de la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2005150, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo que, se precisa que todas las autoridades que en su caso, deban tener intervención para dar cumplimiento al presente fallo -aun cuando en este momento no tengan intervención y con independencia de que hayan sido señaladas o no como responsables-, podrán ser vinculadas al cumplimiento del fallo protector, al estar obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para su acatamiento, ello con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *****, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando III, por las razones y fundamentos expuestos en el mismo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto y autoridad que resultó existente, precisados en el considerando IV, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos penúltimo y último, todos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. ...Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos para que obren como corresponda y surtan sus efectos legales conducentes, los informes justificados que rinden el i] Encargado del despacho de la Subdirección de la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales; ii] Director de Personal y Relaciones Laborales; y, iii] Director Jurídico y Representante Legal; todos del Instituto de la Educación básica del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. Ahora, con el contenido de los informes de referencia, se ordena dar vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Por otra parte, ténganse como delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designan en su informe y por señalado como domicilio procesal para los efectos de oír y recibir notificaciones el que indican, siempre y cuando corresponda al de su oficina principal. Notifíquese.
- Incidental
En Cuernavaca, Morelos, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del quince de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha fijados para que tenga verificativo la audiencia incidental del juicio de amparo ********************, ante la presencia de Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida del Secretario ********************, quien autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes. Acto continuo, el Secretario procede a realizar de manera oral la relación de las constancias que obran en autos. Asimismo, la Jueza acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para todos los efectos legales a que haya lugar. A continuación, se abre el periodo probatorio, en el que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se da cuenta con las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa; sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto; se cierra el presente período. Abierto que es el periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; se cierra el presente periodo. Con lo que se da por concluida la presente diligencia, procediéndose a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ********************, y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Como se ordenó en el juicio de amparo, por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, se decretó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo, se señaló este día y hora para la celebración de la audiencia incidental, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: ( "EI acto reclamado consiste en la omisión de dar trámite al RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la resolución administrativa de fecha 23 de junio de 2023 emitida por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de la Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en términos de los señalado por el artículo 103, 104, 105 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros." (sic) SEGUNDO. Las autoridades responsables Director de Personal y Relaciones Laborales, y Encargado de despacho de la Subdirección de la Carrera de las Maestras y los Maestros, de la Dirección de Personal y Relaciones Laborales, ambos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, al rendir su informe previo, aceptaron el acto reclamado. Por su parte la diversa autoridad responsable Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo, negó el acto de molestia que se reclama; sin embargo, del acuse de recibo que exhibe la parte quejosa a su escrito de demanda, se aprecia que el recurso de reconsideración base del acto reclamado, fue dirigido al Instituto que representa; por tanto, se tiene como cierto el acto del que se duele la parte aquí quejosa. No obstante ello, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, 139 y 150 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, hasta en tanto, la autoridad responsable reciba la notificación sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en el juicio principal de donde deriva esta pieza incidental; por las razones siguientes: 1.- El acto reclamado, en esencia consiste en: ( "EI acto reclamado consiste en la omisión de dar trámite al RECURSO DE RECONSIDERACION en contra de la resolución administrativa de fecha 23 de junio de 2023 emitida por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos a través de la Subdirección del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en términos de los señalado por el artículo 103, 104, 105 de la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros." (sic) 2. Se tiene la certeza del acto reclamado con las manifestaciones que "bajo protesta de decir verdad" realizó la parte quejosa en su demanda de amparo, tal y como lo establece la jurisprudencia 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 206395 y rubro siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. 3. Así, salvo excepciones en que por la naturaleza del acto y que sea jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente derechos a la quejosa, como lo prevé el artículo 147 de la Ley de Amparo, como regla general no son susceptibles de suspenderse los actos omisivos, prohibitivos o negativos -sin efectos positivos-, como la actuación de la autoridad al omitir proveer respecto del recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa de fecha veintitrés de junio de dos mil veintitrés, solicitada por la aquí quejosa el diecisiete de julio de la presente anualidad, a la responsable; ello es así, puesto que el objetivo de la suspensión es paralizar y detener la acción de las autoridades responsables mientras se tramita el amparo, por lo que si se otorgara, no tendría ya el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que tendría efectos restitutorios, que son propios del estudio de fondo en el juicio principal. Es decir, para que la concesión de dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible, es necesario que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no agote o deje sin materia una eventual sentencia que conceda el amparo. Resulta aplicable por analogía, la tesis I.6o.T.3 K (10a.), correspondiente a la Décima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, visible en la página 1912, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS. Atento a la naturaleza de los actos de autoridad, los negativos son aquellos a través de los cuales la autoridad rehúsa acceder a las pretensiones de los gobernados, lo que se manifiesta por medio de una conducta positiva de las autoridades, es decir, un hacer que se traduce en una contestación, acuerdo o resolución en el sentido de no querer o no aceptar lo que le fue solicitado, dicha manifestación es lo que diferencia a los actos negativos de los prohibitivos, entendidos éstos como los que la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos. En cambio, los actos omisivos se caracterizan porque la autoridad se abstiene de actuar; es decir, se rehúsa a hacer algo, o se abstiene de contestar no obstante existir una solicitud expresa del gobernado; de ahí que siendo ésta su naturaleza, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa dando contestación, o bien, accediendo a la petición del quejoso, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio." Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, y por las razones precisadas en el mismo. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario ********************, quien autoriza y da fe.
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