Anabel Peralta Valadez
Expediente 567/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Anabel Peralta Valadez
Actuaciones
- Principal
-SE ORDENA AGREGAR- Visto el oficio del Juez de Control y de Oralidad del Primer Partido Judicial con residencia en la ciudad de Aguascalientes, agréguese a los autos sin mayor proveído, toda vez que por acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ..., en nombre de la quejosa .. Notifíquese por lista a las partes
- Principal
Agréguense sin mayor proveído los oficios de cuenta, mediante los cuales informan sobre la suspensión de plano las siguientes autoridades: Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa 1 de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado. Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa 3 de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Mesa 9 de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Procesos del Sistema Tradicional de la Fiscalía General del Estado. Lo anterior, en virtud de que por acuerdo de siete de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Agustín Blanco Pérez, en nombre de la quejosa Anabel Peralta Valadez. Notifíquese por lista a las partes
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: -DIRECTO QUEJOSO NO RATIFICA DEMANDA, SE TIENE POR NO PRESENTADA- Vista la diligencia actuarial de cuenta, se aprecia que: 1. El cuatro de junio del año en curso, se presentó demanda de amparo, promovida por..., a favor de Anabel Peralta Valadez, contra actos de los CC. Juez de Control y Oralidad del Primer Partido Judicial con sede en la ciudad de Aguascalientes, Director del Centro de Readaptación Social para Varones en el estado, Fiscal General de Justicia del Estado de Aguascalientes, Comisario General de la Policía Ministerial del estado de Aguascalientes, y los Agentes del Ministerio Público, Titulares de la totalidad de Mesas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado; de quienes reclamó la detención, retención e incomunicación de la de la directa quejosa. 2. Dicha demanda fue registrada con el número 567/2021-III, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos de incomunicación, tortura y cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, ataques a la libertad fuera de procedimiento, así como por afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. 3. En razón actuarial de cuatro de junio del año en curso (foja 17), la actuaria adscrita se constituyó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde fue atendida por el secretario del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo, quien le informó que Anabel Peralta Valadez fue puesta a disposición de dicha fiscalía el día tres de junio del presente año, dentro de la carpeta de investigación..., pero que al no desprenderse elementos suficientes que establecieran la conducta que se le reprochó, se ordenó su inmediata libertad aproximadamente a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos del mismo día tres de junio; además le proporcionó una copia del acta de notificación de libertad a la persona buscada. Narrados los antecedentes de mérito, conviene citar el artículo 15 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Puntualizados los antecedentes, y con apoyo en el artículo transcrito, se concluye que ha lugar a tener por no presentada la demanda, ya que no puede seguir en movimiento la actividad jurisdiccional federal, como controlador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisamente por la falta de la voluntad del promovente, aunado a que existen datos objetivos que evidencian que la directa quejosa fue puesta en libertad. Esto es así, dado que no hay instancia de parte agraviada y menos la existencia de agravio personal y directo, ante la situación jurídica actual que impera en la aludida quejosa -está en libertad-. No está por demás señalar, que si bien el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que si a pesar de las medidas tomadas no se hubiere podido lograr la comparecencia de la quejosa, después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, se mandará suspender el procedimiento en lo principal, comunicándose los hechos al Ministerio Público; sin embargo, en la situación particular, tal hipótesis no opera, pues de acuerdo a los antecedentes narrados, la directa quejosa está en libertad. -SE ORDENA AGREGAR- Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda los informes de las Agencias del Ministerio Público Investigador adscritas a las mesas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 de la Unidad de Trámite Común, así como de la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Procesos del Sistema Tradicional todas de la Fiscalía General del estado, en atención a lo acordado en el párrafo que antecede.
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