Anabel López Zazueta

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
07/03/2022

Partes del expediente

  • Anabel López Zazueta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que dentro del término legal concedido, las partes no se inconformaron con la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a, del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción y hecho lo anterior realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Sin que sea el caso pronunciarse sobre el incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó el mismo. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO,SE NOTIFICA:AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías, promovido por Abel López Zazueta, contra el acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, conforme a los razonamientos jurídicos vertidos en el considerando cuarto de este fallo constitucional.

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por MARIBEL GODÍNEZ BELTRÁN, en su carácter de autorizada de la parte quejosa dentro del presente juicio, y en atención a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen, en el sentido de que su representado fue restituido en su derecho fundamental violado por las autoridades señaladas como responsables. Luego, tomando en consideración que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JOSÉ RAMÓN GURROLA SILLAS, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica del peticionario el contenido del artículo 20, fracción II y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y se abstuvieran de aplicarlos en su contra, hasta en tanto se reformaran esos preceptos legales; asimismo, para que dejaran insubsistente el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio de uno de junio de dos mil once, y emitieran un nuevo dictamen en el cual dieran un trato igual al quejoso a aquel que señala la tabla que establece el artículo 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, para el caso de las mujeres y finalmente, deberían pagar al quejoso las diferencias económicas que se generaran del porcentaje determinado ("86.66%") y del que constitucionalmente le corresponde ("93.33%") a partir del uno de junio de dos mil once. En cumplimiento a ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante oficios recibidos en este Juzgado el veintiocho de septiembre, ocho de octubre y trece de noviembre del año en curso, informó respecto del cumplimiento efectuado al fallo protector dictado en el presente juicio, en el sentido de que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso lo previsto en los artículos 20, fracción II, y la tabla del numeral 21 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, comunicación oficial que fue notificada al impetrante el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 133 y 134), igualmente dicha responsable remitió copia certificada de la constancia relativa a la transferencia interbancaria de cuatro de octubre del presente año, a cargo del Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, a la cuenta bancaria del quejoso JULIÁN CHÁVEZ MURILLO, realizada por la cantidad de $5,552.12 (cinco mil quinientos cincuenta y dos pesos 12/100 moneda nacional), de la que se desprende que le reintegraron al quejoso las diferencias económicas que se generaron del porcentaje determinado ("60.00%") y del que constitucionalmente le corresponde ("61.538%") a partir del dieciséis de enero de dos mil diecisiete (fojas 140 y 141), además de anexar copia certificada del nuevo dictamen de pensión por retiro por edad y tiempo de servicio de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, que el Comité de Vigilancia del citado Fondo de Pensiones emitió a favor del quejoso JULIÁN CHÁVEZ MURILLO, "cuyo importe mensual asciende a: $12,183.66 (Doce mil ciento ochenta y tres pesos 66/100 M.N.) con categoría de: Profesor Titulado Zona III (61.538% del último salario)"; del que se desprende que fue emitido a su favor con el porcentaje del sesenta y uno punto quinientos treinta y ocho por ciento de sus percepciones económicas en el momento de su retiro; el que se le notificó al quejoso (fojas 150 y 151); restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Máxime que MARIBEL GODÍNEZ BELTRÁN, en su carácter de autorizada de la parte quejosa dentro del presente juicio, en su escrito de cuenta manifestó su conformidad con el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio. En acatamiento al Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN; una vez que transcurran más de diez años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes. Respecto la diversa certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes, dentro del término legal concedido, no se inconformaron con la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma causa ejecutoria para todos sus efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de las autoridades responsables para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración, al igual que el original del cuaderno incidental; en tanto, el duplicado de dicho incidente déjese por separado y en su oportunidad, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia. Por otra parte, toda vez que resultan innecesarias las constancias que adjuntaron a su informe justificado los Integrantes del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad (tomo I de pruebas), devuélvasele, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

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