Anabel Gamez Echeverrria
Expediente 901/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 901/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Anabel Gamez Echeverrria
- Magistrados integrantes de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado Libre y Soberano de Morelos;
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. . Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se Negó la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad para el caso de que las haya, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Anabel Gámez Echeverría solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado con sede en Jojutla, Morelos. Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial. Acto reclamado. "La resolución de fecha siete de octubre de dos mil veinte, dictada en el Toca Penal 180/2020-10-OP, en el que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra del Auto emitido en audiencia de fecha doce de marzo de dos mil veinte, donde se me niega el beneficio de la Libertad Condicionada solicitada en la causa penal JCJE/340/2018." SEGUNDO. El veintiséis de octubre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 901/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La resolución de siete de octubre de dos mil veinte, dictada en los autos del Toca Penal 184/2020-10-OP, por medio de la cual confirma el auto de doce de marzo de dos mil veinte, en el cual se le negó el beneficio de libertad anticipada condicionada, dentro de la Carpeta Administrativa JCJE/340/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades responsables, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias relativas al Toca Penal 184/2020-10-OP, que se acompañaron; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Certeza que se corrobora con las diligencias correspondientes, contenidas en los discos versátiles digitales (DVD´s), que dicha autoridad judicial remitió en apoyo a su informe justificado, el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61, de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado cuerpo normativo. QUINTO. Estudio del asunto. La impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tienen el carácter de sentenciada en el procedimiento penal de origen. Sostiene la quejosa que el acto reclamado por medio del cual se confirmó el auto de doce de marzo de dos mil veinte, en el cual se le negó el beneficio de la libertad anticipada atenta contra sus derechos fundamentales, en razón de que el artículo 137, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al imponer como requisito para el otorgamiento de dicho beneficio, que no se le hubiera dictado diversa sentencia condenatoria, restringe el acceso a la libertad, así como los principios non bis in ídem, de proporcionalidad y pro persona. El motivo de disenso previamente sintetizado deviene inoperante, sin que este órgano de control constitucional advierta motivo alguno para suplirlo en su deficiencia. La génesis del asunto radica en la negativa por parte del Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial en Materia Penal del Estado de Morelos, de otorgar el beneficio de libertad condicionada a la quejosa Anabel Gámez Echeverría, por considerar que no se colmaba el requisito previsto en la fracción I de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al estimar que existía una sentencia condenatoria dentro de la causa penal 44/2016, instruida por el delito de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores del uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En primer término, es menester citar lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 137. Requisitos para la obtención de la libertad condicionada Para la obtención de alguna de las medidas de libertad condicionada, el Juez deberá observar que la persona sentenciada cumpla los siguientes requisitos: I. Que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme; II. Que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad; III. Haber tenido buena conducta durante su internamiento; IV. Haber cumplido satisfactoriamente con el Plan de Actividades al día de la solicitud; V. Haber cubierto la reparación del daño y la multa, en las modalidades y con las excepciones establecidas en esta Ley; VI. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva, y VII. Que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. La Autoridad Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad la adquisición, mantenimiento y seguimiento de los sistemas de monitoreo electrónico. Excepcionalmente, cuando las condiciones económicas y familiares del beneficiario lo permitan, éste cubrirá a la Autoridad Penitenciaria el costo del dispositivo. La asignación de la medida de libertad bajo supervisión con monitoreo electrónico, así como la asignación de dispositivos, deberá responder a principios de necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. No gozarán de la libertad condicionada los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. La persona que obtenga la libertad condicionada, deberá comprometerse a no molestar a la víctima u ofendido y a los testigos que depusieron en su contra." Al respecto, la Sala responsable estimó que la quejosa cumplía con todos los requisitos previstos en el numeral anterior, a excepción de la hipótesis prevista en la fracción I, pues consideró, como así lo hizo el Juez de primera instancia, que al habérsele dictado sentencia condenatoria firme, torna improcedente la solicitud del beneficio de libertad condicional requisitado. Ahora bien, la inoperancia de los motivos de disenso radica en que sobre dicho tópico, ya existe pronunciamiento expreso por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que dicho precepto legal no contraviene el principio non bis in ídem, ni se contrapone con el "derecho penal del acto". Dicho criterio le correspondió el número 1a./J. 15/2021 (11a.), con registro digital 2023502, de rubro y texto siguque establece: "BENEFICIOS PRELIBERACIONALES DE LIBERTAD CONDICIONADA Y LIBERTAD ANTICIPADA. REQUERIR PARA SU OBTENCIÓN QUE A LA PERSONA SENTENCIADA NO SE LE HAYA DICTADO DIVERSA SENTENCIA CONDENATORIA FIRME NO VULNERA EL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, NI SE CONTRAPONE CON EL DERECHO PENAL DEL ACTO. Hechos: Una persona sentenciada solicitó la concesión de los beneficios preliberacionales de libertad condicionada y libertad anticipada. En primera y segunda instancias se negaron dichos beneficios preliberacionales, pues en contra de la persona sentenciada se habían dictado diversas sentencias condenatorias firmes, por lo cual no se cumplía con el requisito previsto en los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La persona sentenciada promovió amparo indirecto en el que planteó la inconstitucionalidad del requisito anterior, bajo el argumento de que se contrapone al paradigma del derecho penal del acto y vulnera el principio non bis in idem reconocidos en los artículos 18 y 23 de la Constitución Federal. Un tribunal negó el amparo; contra dicha determinación se interpuso el recurso de revisión del que conoció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que el requisito señalado no vulnera el principio non bis in idem, ni se contrapone con el derecho penal del acto y, por tanto, es constitucional. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen como requisito para la obtención de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, que a la persona sentenciada no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme, no vulneran el principio non bis in idem, ni se contraponen con el derecho penal del acto. Justificación: El principio non bis in idem, reconocido en el artículo 23 del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe que el Estado juzgue dos veces a una persona con motivo de los mismos hechos delictivos. Dicho principio no se vulnera en los casos en que se establece como requisito para acceder a un beneficio preliberacional que la persona sentenciada no cuente, al menos, con una diversa sentencia condenatoria firme. En dicho supuesto el Juez de ejecución que cuida el cumplimiento de la pena, sólo hace un ejercicio de verificación para determinar si la persona sentenciada cumple o no con los requisitos establecidos por la Ley Nacional de Ejecución Penal para conceder los beneficios preliberacionales de libertad condicionada y de libertad anticipada, lo cual no implica un juzgamiento de hechos delictivos y menos aún, que se juzgue dos veces a la persona sentenciada por los mismos hechos delictivos como lo prohíbe el artículo 23 constitucional. Por otro lado, el artículo 18 constitucional establece que el sistema penitenciario de nuestro país tiene como finalidad lograr la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; de igual forma, señala que para alcanzar dicho objetivo en la ley secundaria se podrán establecer beneficios preliberacionales. El paradigma del "derecho penal de autor" ha sido rechazado por nuestro orden constitucional, que se decanta por lo opuesto, esto es, por el "derecho penal de acto", que obliga a no tomar en cuenta las características personales de la persona sentenciada a la hora de imponer las sanciones penales. Lo anterior, revela que el legislador tiene un amplio margen de configuración para determinar los requisitos para acceder a los beneficios preliberacionales, y que con ello se alcancen los objetivos previstos en el artículo 18 de la Constitución Federal. Razón por la cual, los beneficios preliberacionales no deben considerarse como un derecho fundamental de las personas privadas de la libertad, sino una facultad de configuración legislativa. Si bien los artículos 137, fracción I, y 141, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, exigen como requisito para la obtención de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada, que la persona sentenciada que los solicita no cuente con otra sentencia condenatoria firme dictada en un diverso procedimiento penal, ello no vulnera el principio non bis in idem ni se contrapone con el "derecho penal del acto", pues la verificación de los requisitos de procedencia no implica juzgar a una persona dos veces por el mismo delito, y su negativa no descansa en razones relativas a la personalidad del sentenciado, sino que atiende a que el legislador consideró que en esta circunstancia, la concesión de los beneficios no permitirá alcanzar el objetivo de ser reinsertada a la sociedad y que, cuando esto ocurra, no vuelva a delinquir. Del anterior criterio se desprende que el Máximo Tribunal estimo que si bien la nueva redacción del artículo 18 de la Constitución Federal admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento. Por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria la que prevea los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Ello, porque si bien la nueva redacción del artículo 18 de la Constitución Federal admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, no se sigue que exista una prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento. Por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria la que prevea los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Establecer condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento de los beneficios preliberacionales de la libertad condicionada y libertad anticipada, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al Juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no es contrario al artículo constitucional en cuestión, pues sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven un tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social. Esto es así, ya que no se deben confundir los fines del sistema con la justificación de la pena de prisión, lo que permite entender que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento incondicional deba ser considerado un derecho fundamental que asiste a toda persona sentenciada. Argumentos que sustentaron la diversa jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), con registro digital 2011278, de rubro y texto siguientes: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales. Por lo hasta aquí expuesto es dable concluir que la Superioridad estimó que la reforma al artículo 18 constitucional acota la discrecionalidad de los juzgadores para decidir sobre el otorgamiento de los beneficios, lo que opera del siguiente modo: siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a determinados beneficios y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada. Así, los antecedentes del caso, per se, demuestran que no se satisface el primero de los requisitos necesarios para el otorgamiento del beneficio preliberacional solicitado en razón a que cuenta con una sentencia firme, -44/2016, instruida por el delito de posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores del uso exclusivo del Ejército; y en el cual se ordenó la inmediata libertad, toda vez que se acogió al beneficio de sustitución de la pena de prisión por trabajo en favor de la comunidad- y que, por ende, es legal la determinación reclamada, por lo que también es adecuado que se determinara innecesario analizar si los restantes se actualizan o no. Se precisa que en el estudio de la responsable señala que el informe de antecedentes penales del centro de reclusión donde se encuentra la justiciable cuenta con esa causa penal donde fue sentenciada y le fue concedido beneficio de sustitución de la pena de prisión por trabajo en favor de la comunidad, documentación que no fue objetados ni redargüidos de falsos así como la propia justiciable acepta su existencia; desde luego, no se percibe que exista diversa constancia o actuación que pudiera favorecer a los intereses de la quejosa, esto es, que contrarresten la existencia de la diversa sentencia condenatoria firme, y con base en ello, resolver en sentido distinto. La discrecionalidad de los Jueces en el otorgamiento de los beneficios de libertad condicionada y libertad anticipada encuentra su límite en que no puede negarse la concesión de beneficios por motivos ajenos a lo dispuesto en la ley, de manera que siempre que una persona reúna los requisitos señalados por el legislador para acceder a los beneficios preliberacionales y se ubique en la hipótesis que los hacen procedentes, surte a su favor el derecho de exigir su concesión y que le sea otorgada. En virtud de lo anterior, la concesión de los beneficios preliberacionales no es una facultad discrecional del juzgador, sino un derecho fundamental, siempre y cuando se actualice el supuesto en que la persona se ubique en el mismo, a efecto de exigirlo ante la autoridad; más, ello se acota a su concesión conforme a su regulación legal. Por lo hasta aquí expuesto y contrario a lo argumentado por la quejosa, el hecho de que la ley prohíba otorgar la libertad condicionada y la libertad anticipada a las personas sentenciadas a quienes se haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme, no es reprochable constitucionalmente, puesto que se asienta en criterios racionalmente conectados con el fin que se pretende alcanzar que es la propia reinserción social de la persona sentenciada; sin que se pueda apreciar que se afecte a otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, por el contrario buscan abonar a los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad pública. Finalmente, debe señalarse que no se advierte violación alguna al procedimiento que hubiese trascendido en el fallo reclamado, pues de los autos que integran el sumario donde deriva la decisión combatida evidencian que se cumplieron las fases procesales respectivas, ya que se radicó la apelación, y la admitió a trámite, puesto que, en términos de lo dispuesto por los artículos 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se determinó la oportunidad de la presentación del recurso, la legitimación del apelante a promoverlo, así como que la determinación impugnada es apelable; asimismo, se constató tanto la formulación de agravios, como de la vista dada a las partes con el escrito relativo, mismos que fueron contestados por la Fiscalía; y, posteriormente, se emitió la resolución que constituye materia de examen en el juicio constitucional. Al respecto, procede citar la jurisprudencia P./J. 47/95 de la Novena Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, correspondiente a Diciembre de 1995, materias constitucional y común, registro 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Así, en virtud de que resultaron infundados los conceptos de violación planteados y de que no advierte deficiencia alguna que deba suplirse en términos de lo establecido en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada por Anabel Gámez Echeverría. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a Anabel Gámez Echeverría, contra la autoridad y por el acto precisados en el considerando tercero, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por David Ricardo Ponce de León, Juez Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas que anexa, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y que se encuentran debidamente digitalizadas; sin perjuicio de su relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, téngase al Juez mencionado, informando que: ". desde fecha 13 de abril de 2021 en cumplimiento a la circular RJDIJUNTA ADMON/008/2021, emitida por la Junta de Administración y Vigilancia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, este Juzgador tiene la denominación de Juez Especializado en Ejecución del Único Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos, por lo que el suscrito únicamente conoce de los asuntos que se encuentran en etapa de ejecución de la sanción." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que no obra en autos el informe justificado del Juez responsable con residencia en Jojutla, Morelos, así como tampoco el acuse de recibo por medio del cual le fue solicitado; en esa virtud, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, misma que se difiere para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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