Anabel Angeles Sanchez
Expediente 1352/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1352/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/03/2022
Partes del expediente
- Anabel Angeles Sanchez
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, el secretario CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que a la fecha ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniere respecto al cumplimiento de la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; asimismo, que las constancias que obran en el expediente físico, coinciden íntegramente con las digitalizadas en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente SISE; que sí obran documentos exhibidos en el presente juicio y que sí se aperturó incidente de suspensión; igual forma, para fines del informe de visita, se asientan los datos siguientes: FECHA DE EJECUTORIA FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDAD FECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO FECHA DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO POR EL QUE SE DIO VISTA CON EL CUMPLIMIENTO 08/02/2022 14/02/2022 18/02/2022 25/02/2022 (por lista con previo aviso) El Secretario En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, resulta necesario precisar que los actos reclamados por los que se otorgó la protección constitucional se hicieron consistir en: "1. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit. a) La discusión, aprobación, expedición, refrendo y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, publicada el siete de diciembre de dos mil veinte; en particular, el artículo 20, fracciones I y XVII, así como los diversos 11, 12, y 13 de dicha ley. 2. Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit. b) La expedición, orden de publicación y promulgación del dispositivo señalado en el inciso a). 3. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. c) El acto de aplicación de los preceptos señalados en el inciso a), consistente en el pago realizado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaría de Administración y Finanzas, por concepto de inscripción de documento público o privado, inscripción de préstamo hipotecario, así como de los impuestos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, por la cantidad total de $16,281.20 (dieciséis mil doscientos ochenta y un pesos 20/100 moneda nacional). Sin que se proceda a emitir algún tipo de pronunciamiento respecto de la cantidad de $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional), que por concepto de aportación a la Cruz Roja, enteró la parte quejosa toda vez que dicha cantidad no es objeto de controversia, ni los preceptos que la prevén fueron objeto de controversia. (.)" En ese tenor, el trece de enero dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, donde se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, por los motivos siguientes: "7.1. Efectos respecto al artículo 20, fracción I y XVII, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracciones I y XVII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevé los costos por inscripción de documento público o privado y por inscripción de préstamo hipotecario, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $7,140.00 (siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) y $3,570.00 (tres mil quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional), sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) (fracción I) y $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) (fracción XVII), por el pago de los conceptos de inscripción de documento público e inscripción de préstamo hipotecario, con sustento el artículo 20, fracciones I y XVII, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes: Interesado Concepto Monto aplicado Pago mínimo por aplicar Diferencia a favor Anabel Ángeles Sánchez Inscripción de documento público o privado (Fracción I) $7,140.00 (siete mil ciento cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) $6,840.00 (seis mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) Inscripción préstamo hipotecario (Fracción XVII) $3,570.00 (tres mil quinientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) $3,270.00 (tres mil doscientos setenta pesos 00/100 moneda nacional) 7.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. 1. Los artículos 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. De igual manera, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida y, por ende, devuelva las cantidades que enteró por dichos conceptos, al tenor del recibo que acompañó, conforme a lo siguiente: Interesado Impuesto Monto aplicado Devolución Anabel Ángeles Sánchez Fomento a la educación (artículo 11) $2,677.50 (dos mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) $2,677.50 (dos mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional) Asistencia social (artículo 12) $1,606.50 (mil seiscientos seis pesos 50/100 moneda nacional) $1,606.50 (mil seiscientos seis pesos 50/100 moneda nacional) Universidad Autónoma de Nayarit (artículo 13) $1,285.20 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional) $1,285.20 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional) 7.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.)". En ese tenor, seguido el juicio por sus demás trámites, el ocho de febrero de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia antes indicada y se requirió a las autoridades responsables para que en el término de tres días, informaran sobre su cumplimiento. Por otra parte, por medio del folio 2652, la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, comunicó que con fecha catorce de febrero de dos mil veintidós, realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa ANABEL ÁNGELES SÁNCHEZ de la que se advierte que le devolvió, la cantidad de $15,829.17 (quince mil ochocientos veintinueve pesos 25/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, en veintiuno de febrero del dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta al justiciable, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa lo fue $10,710.00 (diez mil setecientos diez pesos 00/100 moneda nacional), a la cual se ordenó aplicar $300.00 pesos (fracción I) y $300.00 pesos (fracción XVII), por el pago de concepto de inscripción de documento público y compraventa de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 20, fracciones I y XVII, respectivamente, de la Ley de Ingresos del Estado, arrojando un remanente a devolver de $10,110.00 (diez mil ciento diez pesos 00/100 moneda nacional). Esto más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, por las cantidades de: $2,677.50 (dos mil seiscientos setenta y siete pesos 50/100 moneda nacional), $ 1,606.50 (mil ochocientos treinta y nueve pesos 50/100 moneda nacional y $1,285.20 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional), respectivamente. Lo anterior, arroja como remanente la cantidad de $15,679.20 (quince mil seiscientos setenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.1 Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, debe atenderse al mes en que se realizó el pago (ocho de diciembre de dos mil veintiuno) y al mes en que se efectuó el pago actualizado (catorce de febrero de dos mil veintidós), a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente (enero dos mil veintidós), entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo (noviembre dos mil veintiuno). Lo anterior dado que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, mientras que la autoridad responsable, previos trámites inherentes, el catorce de febrero de dos mil veintidós, realizó el pago a favor de la parte quejosa; por tanto, el período de actualización comprende del mes de enero de dos mil veintidós al mes de noviembre de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de enero de dos mil veintidós, entre el índice para el mes de noviembre de dos mil veintiuno (al ser los meses inmediatos anteriores de los del período involucrado). Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de enero de dos mil veintidós, fue de 118.002; y, para el mes de noviembre de dos mil veintiuno, fue de 116.884, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1. 009565038841929. En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad a devolver $15,679.20 (quince mil seiscientos setenta y nueve pesos 20/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $15,829.17 (quince mil ochocientos veintinueve pesos 17/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $149.97 (ciento cuarenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsable, desincorporó de la esfera jurídica a la parte quejosa ANABEL ÁNGELES SÁNCHEZ, lo previsto en los artículos 20, fracción I y XVII, así como 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit. Asimismo, le devolvió la cantidad de $15,829.17 (quince mil ochocientos veintinueve pesos 25/100 moneda nacional), que corresponde precisamente al importe exacto a devolver. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que las autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustaron a los lineamientos ahí contenidos. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos del numeral 201 de la Ley de la Materia. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, Archívese el expediente como asunto concluido, lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo séptimo de expedientes destruibles, artículo 18, fracción I, inciso b), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe
- Principal
A las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha al quejoso ANABEL ÁNGELES SÁNCHEZ, la notificación a través de lista de la determinación de veinticuatro de marzo del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.
- Principal
El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 1044/2021 procedente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, mediante el cual solicita le sea remitido los autos originales del toca civil 136/2019, así como del expediente 214/2015; sin que haya lugar a proveer tal como lo solicita, ya que mediante acuerdo de once de febrero del presente año, se ordenó la devolución de dichas constancias, toda vez que mediante proveído de uno de febrero del año en curso, causó ejecutoria la resolución dictada en el presente juicio y se ordenó el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma J
- Principal
A las nueve horas del veinticinco de febrero de dos mil veintidós, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha a la quejosa MARÍA ESTHER REGLA CRUZ, la notificación a través de lista, de la determinación de veintidós de febrero de dos mil veintidós, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo.
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