Ana Yuritzi Cordero Zavala
Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 687/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Yuritzi Cordero Zavala
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo de cinco días para que la parte promovente hiciera valer el recurso de queja en contra de la determinación emitida el nueve de junio de dos mil veintitrés, mediante la cual se desechó de plano la demanda. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA CAUSADO ESTADO. Anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes: Se solicita al Oficial Judicial "A" de este órgano jurisdiccional, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), haga las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico que se lleva en este órgano jurisdiccional Archivo del expediente. En virtud de que el juicio de amparo en que se actúa ha quedado definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procédase al archivo definitivo del expediente. Destino del expediente. Acorde a lo establecido en el capítulo sexto, en el artículo 20, fracción IV), del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente expediente ES DESTRUIBLE. Destrucción de expediente principal. Lo que así habrá de acontecer pasados tres años de dictado el presente acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del multicitado Acuerdo General. Precisión de relevancia documental del expediente. De conformidad con el artículo 12, 14 y 15, del Acuerdo General que antecede, se hace constar que el presente expediente no es de relevancia documental, lo que deberá asentarse en la carátula, de conformidad con el numeral 35 del mencionado acuerdo. Transferencia. Hecho que sea lo anterior solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Entretanto, resguárdese en el recinto archivístico de este órgano jurisdiccional (archivo reciente). Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a nueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1,14,16,17 y 123, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 687/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Ahora, previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Del contenido de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante de amparo, reclama de las autoridades que señalaron como responsables, lo siguiente: "V. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: Las omisiones y violaciones al proceso en que ha incurrido la autoridad al no dar debido cumplimiento a lo ordenado mediante los múltiples acuerdos que se desprenden de autos dentro del juicio natural y muy en particular en la omisión de la perito ********** de rendir el dictamen correspondiente para la celebración de la audiencia de Desahogo de Pruebas, por lo que no se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, precisamente en su numeral 17 referente a la expedición de justicia dentro de los plazos y en los términos que fijan las leyes y de lo cual se deriva que existe una abierta dilación del procedimiento derivado del incumplimiento del principio de inmediatez establecido en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Acción que vulnera en perjuicio de esta parte actora en el natural, lo contemplado en nuestra Carta Magna, precisamente en su numeral 17 referente a la expedición de justicia dentro de los plazos que fijan las leyes. En segunda instancia, la Responsable indebidamente viola lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo respecto de la falta de rendir el dictamen por parte de la Perito **********, ya que para los diversos días en los que la responsable ha señalado reiteradamente la fecha para pretender llevar a cabo la Audiencia de Desahogo de Pruebas, la audiencia al día de hoy no ha podido efectuarse por la omisión de la perito en comento, respecto a rendir su dictamen, en virtud de que no existe en ninguna de las constancias que integran el expediente laboral que se haya rendido el dictamen en las materias de GRAFOSCOPÍA, CALIGRAFÍA, GRAFOMETRÍA, GRAFOLOGÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA, en los términos ofrecidos por esta representación dentro del acta de audiencia de fecha 21 de Febrero de 2020, situación que ha suspendido y evitado la continuación del procedimiento en múltiples ocasiones, en perjuicio de mi mandante cabe señalar que han transcurrido más de 01 año 03 meses desde que se ordenó a la perito hoy responsable, la rendición del dictamen correspondiente sin embargo a la presente fecha en la que se actúa ha sido omisa en rendirlo, violando con ello los principios de inmediatez y economía procesal conforme lo estipula el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo." Asimismo, del escrito aclaratorio, precisó que el acto reclamado consiste en: "V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y fundamentos de los conceptos de violación los siguientes ANTECEDENTES 1. La hoy quejosa mediante escrito de fecha 07 de Agosto del 2018 presentado ante Oficialía de Partes Común de la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitián Texcoco en la misma fecha, demando de los hoy terceros interesados diversas prestaciones derivadas del despido del cual fue objeto. 2. Mediante auto de radicación de fecha 08 de Agosto del 2018, la Autoridad Responsable le dio entrada a la demanda, tramitándose bajo el número de expediente J. 1/500/2018, ordenándose notificar y emplazar a la parte demandada y se señaló audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones para el día 24 de Septiembre del 2018. 3. Fue hasta el día 03 de Octubre del 2019 que fue posible la celebración de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones derivado de múltiples omisiones por parte de la responsable y en la cual se ratificó la demanda correspondiente, por otro lado la demandada dio contestación a la demanda para que posteriormente se señalara el día 21 de Febrero del 2020 para la celebración de la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. 3. El dia 21 de Febrero del 2020 se celebró la audiencia de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas en la cual ambas partes ofrecieron las pruebas que consideraron pertinentes y por lo que al ser objetadas las pruebas por las partes se ordeno el desahogo de las que asi lo requerian, por lo que en fecha 29 Septiembre del 2021 se ordenó girar atento oficio a la Dirección General de Politica e Inclusión Laboral dependiente de la Secretara del Trabajo para la designación de un perito tercero en discordia en las materias de GRAFOSCOPIA, CALIGRAFÍA. DOCUMENTOSCOPIA, sin embargo a la presente fecha la perito designada ********** ha sido omisa en rendir el dictamen correspondiente, violando con ello el principio de Celeridad en el juicio según lo establece el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 17 Constitucional. 4. En fecha 04 de Abril de 2023, se tenian señaladas las 13:00 horas para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, dentro de la cual se llevaria a cabo el desahogo de la pruebas dentro de la cual se llevaria a cabp el desahogo de la prueba pericial en las materia de de GRAFOSCOPIA. CALIGRAFÍA, GRAFOMETRÍA, GRAFOLOGIA Y DOCUMENTOSCOPIA, en los términos ofrecidos por esta representación dentro del acta de audiencia de fecha 21 de Febrero de 2020, sin embargo de nueva cuenta la C. Perito señalada como autoridad hoy responsable, fue omisa en rendir el dictamen en cita En franca oposición a la ordenado por esta autoridad dentro de la sentencia de amparo emitida dentro del juicio de garantías 198/2023-8 ventilado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México y en su lugar de nueva cuenta serialo fecha para la celebración de la audiencia en comento." Ahora, del escrito de demanda y atento al principio de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan ante este juzgado federal, es factible visualizar el juicio de amparo 198/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por el aquí también quejoso **********, en el que señaló como acto reclamado y autoridad responsable lo siguiente: "V. NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: Las omisiones y violaciones al proceso en que ha incurrido la autoridad al no dar debido cumplimiento a lo ordenado mediante los múltiples acuerdos que se desprenden de autos dentro del juicio natural y muy en particular en la omisión de la perito ********** de rendir el dictamen correspondiente para la celebración de la audiencia de Desahogo de Pruebas, por lo que no se respetan los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, precisamente en su numeral 17 referente a la expedición de justicia dentro de los plazos y en los términos que fijan las leyes y de lo cual se deriva que existe una abierta dilación del procedimiento derivado del incumplimiento del principio de inmediatez establecido en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas. Acción que vulnera en perjuicio de esta parte actora en el natural, lo contemplado en nuestra Carta Magna, precisamente en su numeral 17referente a la expedición de justicia dentro de los plazos que fijan las leyes. En segunda instancia, la Responsable indebidamente viola lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo respecto de la falta de rendir el dictamen por parte de la Perito **********, ya que para los diversos días en los que la responsable ha señalado reiteradamente la fecha para pretender llevar a cabo la Audiencia de Desahogo de Pruebas, la audiencia al día de hoy no ha podido efectuarse por la omisión de la perito en comento, respecto a rendir su dictamen, en virtud de que no existe en ninguna de las constancias que integran el expediente laboral que se haya rendido el dictamen en las materias de GRAFOSCOPÍA, CALIGRAFÍA, GRAFOMETRÍA, GRAFOLOGÍA Y DOCUMENTOSCOPÍA, en los términos ofrecidos por esta representación dentro del acta de audiencia de fecha 21 de Febrero de 2020, situación que ha suspendido y evitado la continuación del procedimiento en múltiples ocasiones, en perjuicio de mi mandante cabe señalar que han transcurrido más de 01 año 03 meses desde que se ordenó a la perito hoy responsable, la rendición del dictamen correspondiente sin embargo a la presente fecha en la que se actúa ha sido omisa en rendirlo, violando con ello los principios de inmediatez y economía procesal conforme lo estipula el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo." Asimismo, en sentencia dictada el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional resolvió lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, por los motivos y fundamentos precisados en el considerando sexto y para los efectos indicados en el séptimo considerando de este fallo." Desechamiento de la demanda. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues, en torno al acto que por esta vía se combate, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior;" De la lectura del numeral transcrito se evidencia que el juicio de amparo es improcedente contra actos que hayan sido materia de una ejecutoria de amparo en otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Dicha causal tiene su origen en el principio de cosa juzgada, por virtud del cual, al haberse examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados en un diverso juicio de amparo cuya sentencia ha causado ejecutoria, produce su inatacabilidad con la promoción de un nuevo juicio de amparo en que se reclame el mismo acto, pues de no ser así, se llegaría al extremo de aceptar que pudieran promoverse diversos juicios tantas veces como el quejoso afirmara que se enteró de un hecho que desconocía con anterioridad, o bien, tantas veces como conceptos de violación se hicieran valer; lo cual evidentemente vulneraría la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo. Empero, también puede suceder, que en dos juicios de amparo promovidos por el mismo gobernado formalmente se señalen actos reclamados y autoridades responsables distintos, ya sea porque en uno de los expedientes se designan más o menos actos reclamados, o autoridades; no obstante ello, se puede dilucidar con suficiente claridad que en esencia se trata del mismo acto reclamado, de tal modo que si se estudiaran los actos reclamados en el segundo amparo, se estaría analizando de nueva cuenta sobre el acto que ya fue materia de estudio en el sumario cuya sentencia ha causado ejecutoria y, ante tales circunstancias, se estaría soslayando de igual forma el principio de cosa juzgada que prevé la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no obstante que la ratio legis de dicho precepto, es precisamente que no se vulnere la verdad legal a que se allegó en el juicio de garantías más antiguo, con la interposición de amparos subsecuentes, en los que medularmente se reclame lo mismo. Luego, debe estimarse que conforme al principio de cosa juzgada que establece la causal de improcedencia de mérito, un gobernado que figuró como parte quejosa en un juicio de amparo promovido contra determinado acto de autoridad, ya no puede promover un nuevo juicio de amparo indirecto contra ese acto, pues el nuevo juicio resultará improcedente en términos de la fracción XI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; toda vez que en un nuevo juicio no se debe pretender, que se declare la inconstitucionalidad de un acto que estableció cosa juzgada al respecto. Ahora bien, para actualizar esa causal es necesario cubrir las siguientes hipótesis: a) Que el quejoso en la demanda de amparo impugne un mismo acto o actos reclamados con anterioridad; b) Que dichos actos se los atribuya a las mismas autoridades responsables; y c) Que dichos actos hayan sido materia en una ejecutoria de otro juicio de amparo. En el presente caso se actualizan los elementos mencionados. De lo anterior, se concluye que en el juicio que nos ocupa existe litispendencia, ya que no puede analizarse en este asunto la legalidad de la actuación reclamada sin inferir las consideraciones que fueron objeto de estudio dentro del expediente 198/2020 de este índice; en efecto, como se advierte de dicho sumario la peticionario de amparo reclamo la omisión de desahogar la prueba pericial a cargo de la perito **********; auto que mediante sentencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se concedio para los efectos de que la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, proveyera lo necesario para que se llevara acabo el desahogo de dicho medio de prueba, determinándose que se declararia ampliada hasta en tanto se desahogara aquella pericial, por ello, con cumplimiento a dicho fallo, la responsable en el juicio de amparo J.1/500/2018 en auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, señalo fecha para desahogar aquella prueba siendo para el veinte de junio de dos mil veintitrés; de ahí que se estime que el acto reclamado en el presente asunto ya fue analizado en diverso amparo (198/2023). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.T. J/40 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 247, que a la letra dice: "COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurra identidad en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia." Así como la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 2717, Tomo XXXI, Abril de 2010, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "COSA JUZGADA. HIPÓTESIS EN QUE SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AUN CUANDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS ANTERIOR, PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR IDÉNTICOS ACTOS RECLAMADOS, SE HAYA SOBRESEÍDO." En ese contexto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la presente demanda de amparo promovida por **********. Notificación a la parte quejosa. Por otro lado no ha lugar, a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, pues los estrados es una forma de notificar a las partes, no propiamente un domicilio para que aquéllas las señalen como domicilio procesal, por ello, mientras no señale un domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se le realizarán a través de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo.. En relación al correo electrónico que proporciona la parte quejosa en su escrito de demanda **********, debe señalarse que el correó electrónico no es una de las formas de notificación de conformidad con lo señalado en el artículo 26 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Por otra parte, por lo que hace a la solicitud de autorización de correo electrónico y número telefónico que refiere, dígasele a la parte que, no ha lugar a autorizar dichos medios de comunicación, ello en atención a que los mismos no se encuentran previstos dentro de los supuestos enunciados en el artículo 26 de la Ley Amparo. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental1; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía Electrónica
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