Ana Xochitl Cruz Hernández
Expediente 129/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/02/2018
Partes del expediente
- Ana Xochitl Cruz Hernández
Actuaciones
- Principal
Síntesis Mesa VI. Se notifica a la parte quejosa el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que: "CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de treinta y uno de enero último (fojas 53 a 57), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado.--- Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido.--- Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio de este Juzgado no es de relevancia documental.--- Notifíquese." Lo anterior en virtud de que la parte quejosa no consultó en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro de los dos días hábiles siguientes, el acuerdo de referencia, dictado en los autos del juicio de amparo 129/2018-IV; lo que se advierte de la revisión efectuada en el expediente electrónico generado en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Motivo por el cual la correspondiente notificación de dicho auto se realiza por medio de lista que publica en esta misma fecha, con lo cual se tiene por hecha la notificación correspondiente. Notificación de la actuaria judicial C.I.L.N.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 129/2018-IV. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil****, en el sentido de declararlo improcedente. Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación. Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los artículos citados en el párrafo que antecede, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues solo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la promovente del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la violación procesal que reclama, podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso), al combatirse la resolución que dirima en definitiva la controversia de origen; ello, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia de los actos reclamados se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia de los actos reclamados consiste, en esencia, en la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación... El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto es aplicable la tesis II.1o.C.T.53 K, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 660, Novena Época, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, constitucional, en relación con los numerales 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo, cuando se trate de violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. En consecuencia, la resolución que confirmó el acto mediante el cual el Juez declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones, no debe reclamarse en amparo indirecto, al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que a través del incidente sólo se puede plantear la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si el impetrante obtiene sentencia favorable, máxime que la improcedencia del incidente no implica, necesariamente, que el fallo deba ser contrario a los intereses del solicitante de garantías." En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Primera Sala Civil Regional de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que la quejosa, proporciona el nombre de usuario de la persona que desea autorizar, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del expediente por la vía electrónica, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para que apertura los campos necesarios para tal fin. DOMICILIO. No obstante, la quejosa en el proemio de su demanda señala un domicilio procesal en esta ciudad, dado que en el apartado previo se le autorizó la consulta del expediente electrónico, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por la vía electrónica. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gabriel Esquivel Díaz, y de forma restringida a las demás personas que refiere la quejosa en su demanda, por así indicarlo expresamente. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Notifíquese personalmente.
- Principal
Síntesis Mesa IV. Se notifica a la parte quejosa el auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en el que: "RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad. --- Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número ****. Desechamiento de la demanda. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda.--- En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: (Se transcribe).--- Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.--- Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: (Se transcribe).--- En ese sentido, es necesario precisar que el acto reclamado materia de este asunto, esencialmente, se hace consistir en la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente.--- Hecha tal precisión, en el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, dado que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación.--- Al respecto, se considera necesario citar el contenido de los artículos citados en el párrafo que antecede, los cuales establecen: (Se transcriben). --- De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación, y en el caso, la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado es una violación de carácter formal (procesal) que no afecta de forma material algún derecho sustantivo, pues sólo trasciende en el interior o trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto.--- En el caso se considera que se trata de una violación procesal que no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de la promovente del amparo tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la violación procesal que reclama, podrá ser reparable en caso de obtener una sentencia favorable en el juicio de origen, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal (en el supuesto de obtener un fallo adverso), al combatirse la resolución que dirima en definitiva la controversia de origen; ello, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo.--- Ciertamente, la materia de los actos reclamados se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia favorable, toda vez que la materia de los actos reclamados consiste, en esencia, en la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente.--- Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos.--- En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la agraviada, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales.--- Es aplicable la jurisprudencia 607, aprobada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la página 673, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, del Apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Octava Época, que establece: (Se transcribe).--- Asimismo, es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, que aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo 56, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de mil novecientos noventa y dos, que establece: (Se transcribe).--- De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata esencialmente de la resolución de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca ****, por la cual confirmó la interlocutoria de seis de noviembre de ese año, emitida por el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el incidente de nulidad de actuaciones, relativo al juicio ordinario civil ****, en el sentido de declararlo improcedente, y como consecuencia de ello una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse, en caso de que sea desfavorable la sentencia que se llegue a dictar, a través del juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto en la fracción XII del artículo 172 de la Ley de Amparo.--- En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la Ley invocada, este último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. --- Al respecto es aplicable la tesis II.1o.C.T.53 K, emitida por el entonces Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, página 660, Novena Época, que a la letra dice: (Se transcribe).--- En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y otra autoridad, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso precepto legal 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.--- AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Toda vez que la quejosa, proporciona el nombre de usuario de la persona que desea autorizar, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se autoriza la consulta del expediente por la vía electrónica, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para que apertura los campos necesarios para tal fin.--- DOMICILIO. No obstante, la quejosa en el proemio de su demanda señala un domicilio procesal en esta ciudad, dado que en el apartado previo se le autorizó la consulta del expediente electrónico, en términos del artículo 30 de la Ley de Amparo, todas las notificaciones que emanen de este procedimiento, hágansele por la vía electrónica.--- AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En atención a la certificación secretarial de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, y de forma restringida a las demás personas que refiere la quejosa en su demanda, por así indicarlo expresamente.--- HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles.--- TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información.--- Notifíquese personalmente". Lo anterior en virtud de que la parte quejosa no consultó en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro de los dos días hábiles siguientes, el acuerdo de referencia, dictado en los autos del juicio de amparo ****; lo que se advierte de la revisión efectuada en el expediente electrónico generado en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Motivo por el cual la correspondiente notificación de dicho auto se realiza por medio de lista que publica en esta misma fecha, con lo cual se tiene por hecha la notificación correspondiente. Notificación de la actuaria judicial C.I.L.N.
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