Ana Wendy Sánchez Calderon
Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 405/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Wendy Sánchez Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya hecho valer; por tanto, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada determinación CAUSÓ EJECUTORIA. Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que la autoridad responsable remitió legajos de constancias en justificación de sus actos; devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal. Acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. Finalmente, agréguese el escrito del tercero interesado ..., atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de las constancias que refiere; previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, las cuales podrán ser entregadas por conducto de las personas que autoriza para tal efecto. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese la razón de cuenta, a través de la cual la actuaria adscrita a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal al tercero interesado la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción III inciso a) de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA la resolución en comento. Notifíquese. LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS, SEÑALA: "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 405/2020, promovido por ..., contra un acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda de amparo. El once de marzo de dos mil veinte, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la citada autoridad, alegando violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Remitida que fue la demanda, debido a que se promovió como Amparo Directo ante la Sala responsable, se admitió - previa aclaración- por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, ahí se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; se requirió su informe justificado a la autoridad responsable, ordenó el llamamiento de la parte tercera interesada; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. De autos se desprende que la responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no realizó intervención y finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este órgano judicial es competente para resolver el presente juicio, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza familiar, seguido en un tribunal del fuero común con residencia en la Ciudad donde este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como acto reclamado: La sentencia de diecisiete de febrero de dos mil veinte, dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México en el toca 245/2020, que confirmó la interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el incidente de liquidación de sociedad conyugal, deducido del juicio de divorcio necesario 1448/2005 promovido por ... en contra de ..., del índice del Juzgado Trigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México. En la interlocutoria citada, se declaró improcedente el incidente de mérito y se absolvió al demandado. TERCERO. Existencia de los actos. Al rendir su informe justificado la autoridad aceptó la existencia del acto que se le reclama, lo que se corrobora con las constancias certificadas que remitió; documentales con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo a resolver lo que corresponda, se narran los siguientes antecedentes procesales: 1. El treinta de noviembre de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva en el juicio ordinario civil 1448/2005, divorcio necesario, del Juzgado Trigésimo Quinto Familiar de esta Ciudad, promovido por... Calderón en contra de ..., estableciendo en el tercer resolutivo lo siguiente: "TERCERO.- Se decreta la terminación de la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrajeron matrimonio los contendientes, la cual se liquidará en ejecución de sentencia, para el caso de existir bienes que la constituyan." (Énfasis añadido). 2. En etapa de ejecución, ...promovió incidente de liquidación de sociedad conyugal, respecto del tercer resolutivo de la sentencia definitiva, el cual se admitió el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, ordenando dar vista al demandado incidentista, lo que se tuvo por desahogado en auto de seis de noviembre de ese año. 3. El incidente de mencionado, se resolvió en sentencia interlocutoria dictada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, cuyos resolutivos señalan: "PRIMERO. La señora ... no acreditó el incidente de liquidación de sociedad conyugal en contra del señor ... quien justificó su defensa, en consecuencia: SEGUNDO. Al señor ... se absuelve de la liquidación de sociedad conyugal pretendida por la señora .... TERCERO. Notifíquese." 4. Inconforme con la interlocutoria anterior, ... interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto el diecisiete de febrero de dos mil veinte por la Primera Sala Familiar de esta Ciudad en el toca 245/2020, donde se confirmó la sentencia impugnada. Resolución que constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Primero. Se transgrede el principio de congruencia establecido en el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, pues al interponer su apelación, en el tercer agravio, señaló la confesión expresa de su contrario en el sentido de que reconocía el derecho parcial de la impetrante sobre la sociedad conyugal, lo cual no fue considerado por la responsable. Es así, pues la Sala responsable únicamente indicó que el argumento de la quejosa carecía de sustento legal, concretándose a señalar los pilares en que se basa la sociedad conyugal y que a tal institución le son aplicables las disposiciones del contrato de sociedad que prevé el artículo 2688 del Código Civil para la Ciudad de México, sin que ello destruya la confesión del tercero interesado, omitiendo otorgarle valor probatorio a dicho reconocimiento, violando su garantía de legalidad. Segundo. El acto reclamado contiene argumentos que se contradicen entre sí, pues por lado refiere que "la liquidación de la sociedad conyugal no puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad", y por otro, que atendiendo al principio de equidad "dicha liquidación debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito"; por lo que la responsable se abstiene de reconocer el derecho de la quejosa al no decretar procedente su agravio. Tercero. De manera indebida se resolvió que no se acreditó la adquisición de la propiedad del inmueble, negando valor probatorio a las documentales exhibidas, consistentes en la carta de instrucción, con la que se demuestra la solicitud de cancelación de hipoteca con relación al crédito otorgado, así como a la constancia de finiquito, de la que se desprende que el crédito fue liquidado. Incorrectamente se concluyó que al no exhibir la escritura pública donde conste la cancelación de la hipoteca constituida sobre el inmueble, no se justificó que tal bien se encuentre pagado, porque continúa gravado; es así, porque la autoridad responsable pasa por alto el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a que la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, no constituye un elemento esencial de validez, además de que la traslación de dominio del inmueble se hace mediante el contrato celebrado entre las partes y la citada inscripción solo es la declaración de que tal acto se realizó, por lo que la falta de ésta es un incumplimiento de la formalidad pero no lo invalida, conforme a la tesis de rubro "REGISTRO PÚBLICO." Cuarto. La autoridad responsable dejó de considerar la existencia plena de la adquisición y domicilio del bien, basándose en que la quejosa omitió probar su colaboración económica para el pago del inmueble, sin embargo, al adquirir una casa, no tienen que hacer aportaciones los dos cónyuges, ya que colaboró durante el matrimonio, con su esfuerzo físico, mental y laboral con las actividades domésticas, como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio de rubro "SOCIEDAD CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN NO ESTÁ SUJETA A LA USUCAPIÓN." Quinto. La responsable omitió considerar que la inscripción de la cancelación de la hipoteca constituida sobre el inmueble ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, solo tiene el efecto de publicar un acto frente a terceros y no entre partes, por lo que se debió concluir que el bien fue completamente pagado. Se transgredió el principio de congruencia porque la responsable dio valor probatorio a las documentales del contrario respecto a que pagó el crédito hipotecario otorgado para la adquisición del inmueble, pero niega dicho valor a la carta de instrucción y constancia de finiquito, con las cuales se justifica que el bien fue completamente pagado y es susceptible de liquidarse conforme a la sociedad conyugal. Aunado a que, es injustificado que hasta que se exhiba la escritura pública de la cancelación del crédito hipotecario, será procedente la liquidación. Sexto. Se transgrede el capítulo de la "Sociedad Conyugal" establecido en el Código Civil para la Ciudad de México, pues éste señala que los bienes que se aporten a la sociedad conyugal durante la vigencia del matrimonio deberán ser compartidos en un cincuenta por ciento, sin importar cómo se adquirieron; por ello, aun cuando su contrario pagó el inmueble mediante el crédito correspondiente que le fue descontado, no implica que la quejosa no tenga derecho a algún porcentaje sobre el mismo. Luego, como el matrimonio se celebró sin capitulaciones matrimoniales, para efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, se debe atender a los artículos 182 bis, 182 ter, 182 quater y demás aplicables del Código Civil citado que no fueron aplicados por la responsable. En el acto reclamado se estableció lo siguiente: 1. De las constancias de autos, se desprende que el juez natural al absolver al demandado de la liquidación de la sociedad conyugal promovida por la apelante, no vulneró algún precepto legal, pues fue acorde con las actuaciones del juicio y principio del debido proceso legal, en términos de los artículos 55 y 81 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. a) La recurrente promovió el incidente de mérito para liquidar el bien inmueble que afirmó forma parte de la sociedad conyugal, lo cual realizó con base a que el treinta de noviembre de dos mil cinco, se dictó sentencia definitiva donde se declaró la disolución del vínculo matrimonial, precisando que durante su vigencia, las partes adquirieron la vivienda número ..., sujeta a régimen de propiedad en condominio del Conjunto Urbano de Interés Social denominado " ... ", en ..., mediante el crédito hipotecario tipo 12, número 616239 otorgado al demandado por el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que se liquidó el quince de marzo de dos mil catorce. Además de que el trece de julio de dos mil dieciséis se giraron las instrucciones para la cancelación de hipoteca constituida mediante la escritura pública 24,544 de veinte de junio de dos mil tres. Por ello, la apelante presentó el proyecto de partición de tal inmueble, en el que consideró que tiene un valor comercial de $609,000.00 (seiscientos nueve mil pesos 00/100 m.n.), y que a cada parte corresponde el 50% (cincuenta por ciento); en el entendido que, si no se acepta continuar con la copropiedad debe ser vendido con la finalidad de que se pague la parte proporcional. La actora incidentista ofreció como pruebas: la copia certificada del acta de matrimonio celebrado entre ... y ..., la escritura número 24,544, para justificar que el bien fue adquirido durante el matrimonio, la constancia de finiquito con el objeto de demostrar el pago de los pasivos, la carta de instrucción para justificar que el crédito otorgado para la adquisición del bien se liquidó, así como el avalúo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, además de la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto. b) En auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el incidente de liquidación de la sociedad conyugal, por lo que se ordenó emplazar al demandado para que dentro del término de tres días produjera su contestación. c) ... dio contestación, manifestando que es improcedente la incidencia porque la sociedad conyugal terminó el treinta de noviembre de dos mil cinco, cuando se dictó la sentencia definitiva de divorcio y que causó ejecutoria el doce de diciembre de ese año. Además, precisó que es falso que ambas partes hayan adquirido el bien, pues él lo compró mediante el crédito hipotecario otorgado en la escritura pública de veinte de junio de dos mil tres, sin que su contraria hubiera realizado alguna aportación económica, en virtud de que le estuvieron descontando de su salario, y la accionante tampoco contribuyó con los gastos de mantenimiento, impuesto predial, agua y reparaciones. También destacó en la contestación que el inmueble fue adquirido el veinte de junio de dos mil tres, mientras que la sociedad conyugal se dio por terminada el treinta de noviembre de dos mil cinco, por lo que a partir del treinta y uno de mes citado en último término, ya no existe dicho régimen. De ahí, señaló, que es ilegal que su contraria pretenda liquidar la sociedad conyugal a razón del 50% (cincuenta por ciento) para cada una de las partes, dado que si la misma concluyó el treinta de noviembre de dos mil cinco, cesaron sus efectos y en todo caso, únicamente correspondería la parte proporcional de los dos años cinco meses que duró el matrimonio. Por ende, el demandado se opuso al inventario y proyecto al considerar que no le corresponde a su contraria tal porcentaje, para lo cual ofreció como pruebas: la confesional de ..., para justificar que tal persona no realizó alguna contribución para liquidar el bien, y que no tomó en consideración la fecha en que concluyó la sociedad conyugal; el oficio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, con el objeto de acreditar los descuentos por pago del inmueble y que no le corresponde a su contraria el 50% (cincuenta por ciento) que reclamó, así como el reconocimiento de contenido y firma de la demanda incidental, presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones. c) Por acuerdo de seis de noviembre de diecinueve se tuvo al demandado incidentista dando contestación al incidente de liquidación de sociedad conyugal y por opuestas las excepciones y defensas; además, se admitieron de manera parcial las pruebas ofrecidas (con excepción de la confesional y reconocimiento), y se señaló el seis de diciembre de ese año para la audiencia respectiva. d) En diligencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve se desahogaron las pruebas admitidas y se turnó para dictar la sentencia correspondiente, en la que se absolvió al demandado. 2. No es correcto el argumento de la apelante en cuanto a que el juez de origen no tomó en consideración que la liquidación de la sociedad conyugal se extingue con el incidente respectivo y no a través de la disolución del vínculo matrimonial, en razón de que de la sentencia impugnada no se advierte manifestación por parte del juzgador al respecto; sin embargo, se resalta que de acuerdo al artículo 197 del Código Civil para la Ciudad de México, que la sociedad conyugal termina por la disolución del vínculo matrimonial, como se estableció en el fallo final: "Tercero.- Se declara la terminación de la sociedad conyugal, régimen bajo el cual contrajeron matrimonio los contendientes, la cual se liquidará en ejecución de sentencia, para el caso de existir bienes (sic) la constituyan." Esto es, los efectos de la sociedad conyugal terminaron con la disolución del vínculo matrimonial quedando pendiente la liquidación, sin que ello implique que en automático se deba declarar procedente lo planteado por la apelante. 3. Tampoco tiene sustento legal lo precisado por la inconforme con relación a que el juez natural suplió indebidamente la contestación del demandado al señalar que "A lo cual el señor ... en su escrito de contestación expresó "3. (.) es ilegal porque no considera en su elaboración, que la sociedad conyugal terminó el día treinta de noviembre de dos mil cinco, y hasta esa fecha debe considerar su partición, no después."; en razón de que la transcripción que se efectuó tanto de la accionante como del reo, fue a fin de establecer la litis. 4. Luego, al estudiar el incidente de mérito, el juzgador estableció que correspondía a ambas partes la carga de la prueba para justificar los hechos de la demanda y contestación, conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Sin embargo, determinó que no justificaron que la vivienda número ..., sujeta a régimen de propiedad en condominio del Conjunto ..., se encuentre en escritura pública libre de gravamen o liberado de la hipoteca con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Lo anterior, pues solo exhibieron la copia certificada del instrumento notarial 24,544, donde consta el contrato de compraventa y crédito con garantía hipotecaria, así como copia certificada del oficio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acompañado de la carta de instrucción, donde se establece que dicho crédito fue liquidado el quince de marzo de dos mil catorce. Así, con la primera únicamente se acredita la celebración del contrato de compraventa con garantía hipotecaria, respecto del bien inmueble citado, durante la vigencia de la sociedad conyugal, bajo la consideración que las partes contrajeron matrimonio el dos de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Con la segunda, se justifica la solicitud de cancelación de hipoteca relacionada con el crédito otorgado para la adquisición de la vivienda, cuya parte final, indica que una vez inscrito el testimonio de cancelación, se remitiera a la Jefatura de Servicios de Escrituración, para dar de baja en los registros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De la carta de instrucción, se advierte que el crédito otorgado al demandado fue liquidado el quince de marzo de dos mil catorce. Las partes se abstuvieron de exhibir la escritura pública en la cual conste la cancelación de la hipoteca constituida sobre el bien inmueble que se pretende liquidar, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ya que no son suficientes las constancias exhibidas por la accionante en las que se indicó que el crédito hipotecario fue liquidado el quince de marzo de dos mil catorce. Es así, porque hasta en tanto no conste en escritura pública la cancelación de la hipoteca, éste continuará gravado; por ello el juez de primera instancia determinó absolver al demandado. 5. Tampoco tiene sustento legal el argumento de la actora en el sentido de que el juzgador omitió considerar el reconocimiento tácito y expreso del demandado al contestar la demanda incidental, por cuanto a reconocer el derecho parcial que tiene para obtener un porcentaje del valor del inmueble adquirido durante el matrimonio, que transcurrió desde la compra hasta el divorcio. Ello, porque la institución de la sociedad conyugal tiene como pilares fundamentales la convivencia, la mutua cooperación y el bien común de los cónyuges, en la que se vean beneficiados de los bienes comunes, productos, frutos, intereses o utilidades que se obtengan al tenor de dicho régimen patrimonial. Por ello, le son aplicables las disposiciones del contrato de sociedad previsto en el artículo 2688 del Código Civil para la Ciudad de México, en cuanto a que los cónyuges se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. 6. La liquidación de la sociedad conyugal no puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad, sino por las cantidades que salen del haber común para el pago del crédito mientras hubo participación de ambos cónyuges para ese fin; de ahí que, atendiendo al principio de equidad dicha liquidación debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito. Ello, de acuerdo al criterio de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN, CUANDO VERSE SOBRE UN INMUEBLE ADQUIRIDO CON UN CRÉDITO QUE NO FUE CUBIERTO TOTALMENTE DURANTE SU VIGENCIA, DEBE AJUSTARSE AL LAPSO EN QUE HUBO APORTACIONES EN COMÚN." Excepto que haya prueba de que no obstante la separación, una de las partes siguió aportando. Dicho lo anterior, el demandado manifestó en su contestación que únicamente le descontaron a él (de su salario) el importe del crédito hipotecario del bien inmueble, además de que la actora no cooperó en los pagos de seguro de mantenimiento, impuesto predial, suministro de agua y reparaciones. Agregó que la vivienda se adquirió el veinte de junio de dos mil tres y la sociedad conyugal terminó el treinta de noviembre de dos mil cinco, mientras que concluyó el pago del crédito el quince de marzo de dos mil catorce; e indicó que en el mejor de los casos a su contraria corresponde la parte proporcional de los dos años cinco meses que duró el matrimonio a partir de la adquisición del inmueble. Por tanto, el reo exhibió el oficio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, donde se hizo constar que ingresó al Poder Judicial el primero de septiembre de mil novecientos noventa y siete, así como que los descuentos se realizaron desde la quincena dieciocho del año dos mil tres hasta la doce del dos mil catorce. De ahí que, correspondía a la actora demostrar las aportaciones que efectuó durante la vigencia del matrimonio e incluso una vez terminada la sociedad conyugal para la adquisición del bien que pretende liquidar. Sin que ello aconteciera, por el contrario del oficio de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se desprende que fue el demandado quien efectuó el pago del crédito hipotecario para la adquisición de la vivienda, desde el dos mil tres cuando se compró hasta el dos mil catorce, esto es, nueve años después de la disolución del vínculo matrimonial. Por tanto, considerando que la apelante no objetó la documental señalada, aunado a que no ofreció ningún medio de prueba para acreditar de manera fehaciente las cantidades que hubiera aportado durante la vigencia del matrimonio e incluso con posterioridad a la terminación de la sociedad conyugal para la adquisición o mantenimiento del bien inmueble. Así, de acuerdo a los principios de debido proceso y congruencia, así como por los razonamientos lógicos y jurídicos señalados, se determinar confirmar la sentencia impugnada. Decisión: los conceptos de violación identificados como tercero, cuarto y quinto, resultan fundados pero inoperantes; mientras que el primero, segundo y sexto son inoperantes. La primer consideración atiende a que lo fundado de los motivos de disenso de la quejosa deriva de que como lo afirma, tal determinación, incorrectamente solicitó elementos que constituyen la formalidad de un acto jurídico y trasladó indebidamente la carga de la prueba. Sin embargo, es inoperante como se demostrará a continuación. En primer lugar, fue incorrecto que la autoridad responsable señalara que al no haber exhibido la escritura de cancelación de la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, no era posible la liquidación de esta última. Lo anterior, debido a que tal exigencia constituye cierta formalidad dentro del acto jurídico mediante el cual se adquirió el inmueble, pero la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable Es así, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción. Ello conforme a la Jurisprudencia 1a./J. 36/2010, registro digital: 164612, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 243, que señala: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 36/2010, registro digital: 164612, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Civil, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 243, de rubro y textos siguientes: "CONTRATO DE COMPRAVENTA. NO SE REQUIERE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El contrato de compraventa nace a la vida jurídica cuando una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o de un derecho, y la otra se compromete a pagar un precio cierto y en dinero, momento a partir del cual existe traslación de propiedad, aunque deban quedar a salvo los derechos de terceros con buena fe registral, incluso en los casos en que la ley exige cierta formalidad para la celebración del contrato, ya que la ausencia de dicha forma no produce la inexistencia del acto, sino un vicio subsanable. Así, si se demuestra la existencia del contrato de compraventa, y con él un derecho subjetivo existente y afectado mediante el acto reclamado en el juicio de amparo, debe tenerse por acreditado el interés jurídico, pues las inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad sólo tienen efectos declarativos y no constitutivos, a fin de que los actos registrados surtan efectos contra terceros, de manera que los derechos que se tengan sobre los bienes, como el derecho de propiedad, provienen del acto jurídico celebrado entre las partes y no de su inscripción en dicho Registro. Esto es, no es indispensable que el contrato de compraventa esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad para demostrar el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo en que se reclame un acto de autoridad que afecte tales derechos, lo cual no implica prejuzgar sobre la concesión del amparo ni respecto de la eficacia del contrato de compraventa frente a las partes en el juicio de origen o frente a terceros." De ahí lo incorrecto de que la Sala responsable requiriera diversa escritura para considerar que la liquidación de la sociedad conyugal podría ser procedente hasta en tanto se exhibirá tal documento, pues como se dijo, el acto jurídico surte efectos entre las partes y su inscripción atiende a la oposición frente a terceros. En consecuencia, es incorrecto que la responsable sostuviera que conforme a la carga de la prueba, las partes no acreditaron que el bien inmueble se encontrara libre de gravamen y fuera objeto de la liquidación de la sociedad conyugal. Así, conviene precisar que la quejosa se encontraría imposibilitada para presentar en juicio la documental requerida por la Sala responsable, debido a que, como se advierte de las constancias remitidas, el crédito con el cual se adquirió el inmueble fue otorgado al aquí tercero interesado, siendo él, a quien corresponde gestionar lo inherente a la cancelación de la hipoteca, y por tanto su exhibición. Sirve de apoyo, la Tesis 1a. CCCXCV/2014 (10a.), registro digital: 2007974, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 707, que establece: "CARGAS PROBATORIAS. EL ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, QUE IMPONE A LAS PARTES EL ONUS PROBANDI PARA DEMOSTRAR SUS PRETENSIONES, NO TRANSGREDE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. La circunstancia de que el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal prevea que corresponde a las partes demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones, de ninguna manera implica violación a los derechos humanos de la parte que tiene alguna imposibilidad material para demostrar los elementos de su acción, pues en tales supuestos, el precepto debe aplicarse de manera complementaria con el resto de las normas que constituyen el sistema sobre el régimen probatorio. Ciertamente, la norma mencionada al epígrafe consagra el principio lógico de la prueba que se sustenta en que, por regla general, el que afirma está obligado a probar, lo que se explica porque quien formula un aserto tiene, en principio, mayor facilidad para demostrarlo y, en ese sentido, constituye la pauta general sobre la distribución de la carga probatoria; así, dicha norma atribuye a cada parte la carga de demostrar los hechos constitutivos de sus pretensiones. Ahora bien, en los casos en que la pretensión descansa en hechos en los que existe alguna imposibilidad material para dicha parte, de probar sus elementos constitutivos, debe atenderse al resto de las disposiciones en donde se desarrolla el principio ontológico de la prueba (lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba). Esto es así porque la prevención contenida en el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que constituye la regla general sobre la distribución de la carga probatoria, se complementa con el resto de las disposiciones que constituyen el sistema sobre el régimen probatorio, pues no debe soslayarse que esa norma forma parte de un sistema en el que el resto de las disposiciones que lo componen, la complementan y, en tal virtud, cuando se presenta un caso en donde el afectado se encuentra frente a un especial inconveniente para demostrar sus afirmaciones, no necesariamente es la regla general contenida en dicho numeral la que debe aplicarse sino las que prevén los casos de excepción, en los que, o bien se regula una situación en la que, por la facilidad de la prueba es la parte contraria quien debe demostrar su oposición, o bien, ante la indefinición del hecho que se pretende demostrar, el onus probandi se invierte. En tales circunstancias, es de concluirse que el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en modo alguno constituye un obstáculo para acceder a la justicia pues, en todo caso, será labor del juzgador resolver qué disposición habrá de aplicar en cada asunto, según la naturaleza de los hechos que hayan de demostrarse." Empero, la Sala responsable también determinó que la liquidación de la sociedad conyugal, al tratarse de un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad, debe ser únicamente por las cantidades que salen del haber común para el pago del crédito mientras hubo participación de ambos cónyuges para ese fin y por ende la liquidación debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito. Lo cual se considera correcto, pues el haber de la sociedad conyugal no está constituido por el valor total del inmueble, sino por las cantidades que, se presume, salen del haber común para el pago del crédito mientras hubo la participación de ambos cónyuges para ese fin, esto es, por la duración del matrimonio. Así, como lo sostuvo la responsable, la liquidación de la sociedad conyugal debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito. Tomando en consideración la Tesis: I.3o.C.128 C (10a.), registro digital: 2005780, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Materias(s): Civil, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2635, que señala: "SOCIEDAD CONYUGAL. SU LIQUIDACIÓN, CUANDO VERSE SOBRE UN INMUEBLE ADQUIRIDO CON UN CRÉDITO QUE NO FUE CUBIERTO TOTALMENTE DURANTE SU VIGENCIA, DEBE AJUSTARSE AL LAPSO EN QUE HUBO APORTACIONES EN COMÚN. La liquidación de la sociedad conyugal no puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad, por ende, el haber social no puede estar constituido por el valor total del inmueble, sino por las cantidades que, se presume, salen del haber común para el pago del crédito mientras hubo la participación de ambos cónyuges para ese fin; por lo que la sola calidad de deudor solidario, no significa que el inmueble esté pagado y que su valor deba liquidarse, porque lo que es materia de ello, es lo que ambos aportan para finiquitar ese crédito que no ha sido cubierto. Por tanto, atendiendo a un elemental principio de equidad, la liquidación de la sociedad conyugal debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito; a menos de que haya prueba de que no obstante la separación del domicilio conyugal, uno de los cónyuges siguió aportando." De lo anterior, se evidencia que, en el caso, la liquidación de la sociedad conyugal debe plantearse atendiendo a las cantidades que salen del haber común para el pago del crédito, por el tiempo en que tuvo vigencia y bajo las disposiciones aplicables para dicho régimen. Sin embargo la quejosa formuló el incidente bajo el valor total del inmueble, lo que no es acorde, pues primero aconteció la disolución del vínculo matrimonial y con posterioridad la liquidación de la vivienda. Lo dicho pone de relieve lo inatendible de los argumentos en estudio, porque si se concediera el amparo para que se reparara las violaciones aducidas, la Sala responsable atendería a lo narrado, sin que la concesión de la protección federal tuviera los efectos restitutorios inherentes a su naturaleza. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 108, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 85 y 86, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.- Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto aunque fundado debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para que esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado." De otro lado, con relación a los conceptos de violación identificados como primero, segundo y sexto, son inoperantes, como se dijo. Los conceptos de violación, formulados en una demanda de amparo, cuando no combaten todas las consideraciones en que se sustentó el acto reclamado, esto es, no están orientados a desvirtuar las consideraciones torales en que se apoyó la autoridad responsable para dictar el acto reclamado, son inoperantes, pues aunque llegaran a ser fundados aquéllos serían insuficientes para obtener la protección constitucional solicitada, por subsistir la resolución reclamada con base en aquellas consideraciones que no se hubieren impugnado. Tomando como referencia, en lo conducente, la tesis 2a. XCIII/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 125, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, que dice: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. SI LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SE FUNDA EN DIVERSOS ARTÍCULOS, CUALQUIERA DE LOS CUALES PUEDE SOSTENER SU VALIDEZ, DEBEN IMPUGNARSE TODOS, PORQUE DE NO SER ASÍ, LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SON INOPERANTES. Cuando en amparo directo contra leyes se impugna la resolución de una autoridad fiscal fundada en varias disposiciones legales, cada una de las cuales es capaz de sostener su validez, pero el quejoso no controvierte todas, resultan inoperantes los argumentos de inconstitucionalidad expuestos contra un solo artículo en forma aislada, puesto que el amparo que se llegase a conceder no tendría un fin restitutorio en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, al subsistir la resolución fiscal controvertida en el juicio de nulidad con fundamento en los preceptos no impugnados Asimismo, es aplicable la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo 139-144, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES SUSTENTADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA. Si en los conceptos de violación expuestos por los quejosos no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia de la ad quem reclamada, los mismos deben ser considerados inoperantes, ya que aun cuando éstos fueran fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existen otros fundamentos de la sentencia que no se impugnaron y que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la demanda de garantías, en favor de los quejosos, por ser el amparo en materia civil de estricto derecho, conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que ante lo expresado, carecen de trascendencia jurídica, al subsistir el fallo, con los fundamentos en que se apoya." También, conforme a la tesis sustentada por la propia Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 18, del Tomo 109-114, Cuarta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Si en los conceptos de violación no se combaten todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia reclamada, los mismos son inoperantes, ya que aun cuando estos fueren fundados, no serían suficientes para conceder el amparo, puesto que existe otro fundamento de la resolución que no se impugnó y que la Suprema Corte de Justicia no puede estudiar, supliendo la deficiencia de la queja, en favor del quejoso, por ser éste un amparo de estricto derecho." De lo anterior, se aprecia que con los motivos de inconformidad en estudio no se combaten esas consideraciones de la resolución reclamada. Ello es así, ya que la parte quejosa solo se concretó a manifestar que: - La responsable únicamente indicó que el argumento de la quejosa carecía de sustento legal, concretándose a señalar los pilares en que se basa la sociedad conyugal y que a tal institución le son aplicables las disposiciones del contrato de sociedad que prevé el artículo 2688 del Código Civil para la Ciudad de México, sin que ello destruya la confesión del tercero interesado, omitiendo otorgarle valor probatorio al reconocimiento de su contrario en cuanto a que le corresponde una parte proporcional, violando su garantía de legalidad. - El acto reclamado contiene argumentos que se contradicen entre sí, pues por lado refiere que "la liquidación de la sociedad conyugal no puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad", y por otro, que atendiendo al principio de equidad "dicha liquidación debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito"; por lo que la responsable se abstiene de reconocer el derecho de la quejosa al no decretar procedente su agravio. - Se transgrede el capítulo de la "Sociedad Conyugal" establecido en el Código Civil para la Ciudad de México, pues éste señala que los bienes que se aporten a la sociedad conyugal durante la vigencia del matrimonio deberán ser compartidos en un cincuenta por ciento, sin importar cómo se adquirieron; por ello, aun cuando su contrario pagó el inmueble mediante el crédito correspondiente que le fue descontado, no implica que la quejosa no tenga derecho a algún porcentaje sobre el mismo, por lo que la para efectos de la liquidación de la sociedad conyugal, se debe atender a los artículos 182 bis, 182 ter, 182 quater y demás aplicables del Código Civil citado que no fueron aplicados por la responsable. Cuando, en el caso, debió controvertir el aspecto fundamental que la responsable consideró para desestimar el incidente, esto es, omitió desvirtuar por qué la liquidación de la sociedad conyugal no puede versar sobre un inmueble adquirido con un crédito que no fue cubierto totalmente durante la vigencia de dicha sociedad, sino por las cantidades que salen del haber común para el pago del crédito mientras hubo participación de ambos cónyuges para ese fin y que conforme al principio de equidad dicha liquidación debe ajustarse al lapso en que hubo esa aportación común al pago del crédito. Por ello, esas consideraciones deben quedar incólumes y firmes para seguir rigiendo el sentido de lo decidido. De ahí lo inoperante de los conceptos de violación. En las relatadas condiciones, al ser inoperantes los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo, y al no haber motivo legal para suplir la queja, lo procedente es NEGAR el amparo solicitado por ..., contra un acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 119 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra un acto de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisado en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 405/2020; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)
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