Ana Víctoria Torres Domínguez
Expediente 1826/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1826/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/12/2021
Partes del expediente
- Ana Víctoria Torres Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Parte Quejosa ratifica desistimiento. Vista la diligencia, se advierte que la quejosa *** expresó y ratificó que se desiste del juicio de amparo; atento a lo anterior, se provee: En materia de amparo, el desistimiento se encuentra catalogado como una causa de sobreseimiento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio." Como puede observarse, el desistimiento en el juicio de amparo es una causa de sobreseimiento, por lo que el desistimiento implica, entre otras consecuencias, dar por terminado el juicio y retrotraer la situación legal al estado en que se encontraban las cosas antes de iniciar el procedimiento constitucional; por lo tanto, para que el juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención de la promovente, como en la resolución que se debe dictar al respecto, para decretar el sobreseimiento a que se refiere el antes citado artículo 63, fracción I, de la ley de la materia, resulta indispensable que la quejosa desista ante la presencia judicial o funcionario con fe pública, pues de otra manera, debe continuarse con el procedimiento del juicio. En efecto, en el caso la quejosa Ana Victoria Torres Domínguez, compareció a desistirse de la instancia constitucional en el presente juicio de amparo; por lo tanto, tienen aplicación las jurisprudencias emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen lo siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal, se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decreté el sobreseimiento cuando 'se tenga por desistido al agraviado en términos de ley', para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande a ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que se desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." "DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE AMPARO. SUS CONSECUENCIAS. El desistimiento de la acción de amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso de no proseguir con el juicio, el cual, debidamente ratificado, conlleva emitir una resolución con la que finaliza la instancia de amparo, independientemente de la etapa en que se encuentre (desde el inicio del juicio hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia que se dicte) y sin necesidad de examinar los conceptos de violación o, en su caso, los agravios." Sobreseimiento fuera de audiencia. En el caso, se tiene que *** -parte quejosa-, compareció en las instalaciones de este juzgado, a fin de manifestar su deseo de desistirse expresamente de la instancia en este juicio de amparo, tal como se constata con la diligencia que obra agregada, lo cual genera la certeza y seguridad suficiente de que la promovente desea dar por concluido el procedimiento constitucional que inició. En consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo; y, por ende, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. En el entendido de que incluso si la parte quejosa pretendiera abandonar su intención de desistir del amparo después del desistimiento, no sería posible que la retractación surtiera efectos a su favor, pues la sola comparecencia ante la autoridad, actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el multicitado artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Cuaderno incidental. Ahora, del artículo 154 de la Ley de Amparo, se obtiene que para efectos de la resolución del incidente de la suspensión, tal determinación subsiste hasta el momento en que se pronuncia sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Esto es, dicha medida cautelar tiene vida jurídica en tanto se emita sentencia definitiva en el juicio de amparo y ésta cause ejecutoria. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia IV.3o. J/17, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que establece lo siguiente: "INCIDENTE DE SUSPENSION, SIN MATERIA. CUANDO SE FALLA EL JUICIO PRINCIPAL. Como la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, e impide que se consuma, en perjuicio del agraviado, el acto materia de la queja, si se resuelve en cuanto al fondo o se sobresee en el juicio y se decreta ejecutoriadamente la sentencia del juicio principal, es indudable que debe declararse sin materia el incidente de suspensión." Ello se explica porque al pronunciarse la sentencia ejecutoria dentro del juicio de amparo respectivo, las razones por las que se concedió o negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados, ya no son las que estimó el juez federal en la interlocutoria recurrida, sino que dejaron de surtir efectos al causar ejecutoria la sentencia definitiva que resolvió el juicio de amparo en lo principal. En esas condiciones, lo resuelto en la medida cautelar provisional de diez de diciembre de dos mil veintiuno, ha dejado de surtir efectos con motivo del archivo del presente expediente; y en consecuencia, el incidente de suspensión, ha quedado sin materia, dejando sin efectos la audiencia incidental señalada en autos. En ese sentido, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se negó la medida cautelar provisional y que la definitiva se declaró sin materia, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese, razón actuarial de autoridades Ahora bien, vista la razón de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria de la adscripción de notificar a las autoridades responsables Rector y Patronado, ambas de la Universidad de las Américas Puebla, los acuerdos relativos al auto admisorio, suspensión provisional y su diferimiento, por las razones que expone. En ese sentido, no ha lugar a girar nuevamente oficio, a efecto de notificar los acuerdos referidos y el presente proveído; toda vez que, dado el sentido de la presente determinación, a nada llevaría solicitar el informe de ley ahí requerido a las autoridades citadas. Finalmente, notifíquese la presente determinación a la autoridad responsable Instituto para la Asistencia Pública del Estado de Puebla y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Se ordena ratificar el desistimiento. ... Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Superior jerárquico informa requirió complimiento a subordinado. Agréguese el telegrama remitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de su representación, por el que informa que en atención al requerimiento de seis de diciembre del año en curso, requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de su adscripción, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, dejándose sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Por otra parte, en atención a su solicitud, remítase copia autorizada de la sentencia definitiva dictada en autos. Autoridad vinculada informa imposibilidad de cumplimiento. Por otra parte, visto el oficio de la Jefa de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Centro SCT Puebla, mediante el cual informa encontrarse imposibilitada para remitir la documentación relativa al aforo vehicular proyectado con la ejecución de la obra DISTRIBUIDOR VIAL CAMINO REAL A SANTA CLARA Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, en virtud de que dicha obra no corresponde al ámbito de competencia federal. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla para que dentro del término de tres días siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo remita: La documentación relativa al aforo vehicular proyectado con la ejecución de la obra DISTRIBUIDOR VIAL CAMINO REAL A SANTA CLARA Y ANILLO PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Se requiere cumplimiento a superior jerárquico. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo se requiere al Gobernador del Estado de Puebla, en su calidad de superior jerárquico del Secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado de Puebla, para que la requiera a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que acrediten el requerimiento realizado a sus subordinados, es decir, a las autoridades señaladas como responsables, respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Apercibido que, de no hacerlo en el plazo de tres días, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se aplicará en su contra una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese, y por correo electrónico a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales pablo.ramirez@semarnat.gob.mx.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. "VIII. DECISIÓN (.) 37. Por otra parte, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional para el efecto de que, en estricto acatamiento al artículo 17 constitucional y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, realice lo siguiente: A. Notifique personalmente a la parte quejosa el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio de origen, mediante el cual señaló fecha para el desahogo de la audiencia de ley, tomando en consideración lo previsto en el artículo 873 y demás preceptos que se estimen aplicables de la Ley Federal del Trabajo; y, C. Emplace a la parte demandada en los autos del juicio laboral, para lo cual se deberá tomar en consideración lo previsto en los artículos 750, 873, 874, 878 y demás preceptos que se estimen aplicables de la Ley Federal del Trabajo." Mediante proveído del veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, para que informaran sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Después de diversas gestiones informadas por la autoridad responsable, en proveído del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, remitió lo siguiente: 1. Constancia de notificación realizada a la parte actora [quejosa], respecto de los acuerdos de veintiocho de abril y ocho de julio de dos mil veintiuno, dictados en el juicio laboral ***********************************. 2. Razón actuarial de siete de septiembre de dos mil veintiuno. 3. Del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral ***************************, del que se aprecia en lo que interesa que, señaló el cuatro de noviembre del año en curso, para que tenga verificativo el desahogó de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; asimismo, ordenó emplazar a la parte demandada. Asimismo, en proveído del doce de noviembre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, remitió copia certificada del proveído del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral ************************* de su índice, del que se advertía que señaló el trece de diciembre de la presente anualidad para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, adjuntó copia certificada del citatorio y emplazamiento realizado a la parte demandada. Por lo tanto, si la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, notificara a la parte actora el acuerdo ocho de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio *****************************; asimismo, emplazara a la parte demandada; dentro del juicio de origen. En ese orden de ideas, se advierte que la autoridad responsable satisfizo los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la sentencia de amparo. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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