ANA VERONICA JIMENEZ DE LA ROSA y Otros.

Expediente 397/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
397/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
15/03/2022

Partes del expediente

  • ANA VERONICA JIMENEZ DE LA ROSA y Otros.
  • P.Z. A. J.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el juez responsable acusa recibo de las constancias que le fueron devueltas mediante oficio número 5505/2022 y que adjunto en apoyo a su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). En consecuencia, se ordena el archivo del presente expediente y se declara que este asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Octavo, del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, del veinticinco de marzo de dos mil veinte. En diverso aspecto, glósese el original del incidente de suspensión, el cual en términos del artículo 21, fracción c), del precitado acuerdo, se declara que es destruible una vez cumplido el plazo de tres años computado a partir del presente auto; asimismo, conforme al Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado; se hace constar que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción por este juzgado una vez que transcurran más de seis meses contados a partir de esta fecha. Procédase a realizar la anotación en la carátula como esta ordenado en el multicitado acuerdo y agréguese copia autorizada de este proveído al duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, se tiene por hecha la constancia secretarial de cuenta, de la que se desprende que se aperturó incidente de suspensión en el que se negó la medida cautelar; que en el presente juicio de amparo no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto concuerdan con las que obran en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos conducentes. Ahora bien, se ordena devolver al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los documentos que adjuntó en apoyo a su informe justificado, consistentes de dos legajos certificados, lo anterior en virtud de que los mismos ya no son necesarios en el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 397/2021promovido por ***, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales P.Z.A.J., contra actos del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado electrónicamente ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil el diez de junio de dos mil veintiuno, turnado al día siguiente a este Juzgado, ****, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales P.Z.A.J., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios en su perjuicio de los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales y que precisó de la manera siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la autoridad señalada como responsable: La omisión de la autoridad responsable de pronunciarse sobre las medidas precautorias urgentes solicitadas en el escrito inicial del incidente presentado. La resolución emitida en el auto de fecha 30 de abril de 2021, misma que fue entregada a mi abogada en audiencia de fecha 20 de mayo de 2021 y dictada en el expediente principal de forma errónea y posteriormente notificada en forma personal en el domicilio señalado en el proemio a otro de mis abogados en fecha 23 de mayo de 2021 como consta de actuaciones; por lo que en tiempo y forma comparecemos a presentar demanda de amparo en contra de las autoridades precisadas, para lo cual reclamamos de dichas autoridades: La totalidad del auto de 30 de abril de 2021 emitido por la autoridad señalada como responsable, y que en la parte conducente a la letra dice: ". En tal virtud, tomando en cuenta que las cláusulas primera, segunda y tercera del convenio aprobado en sentencia diez de marzo de dos mil diecisiete, a la fecha no ha sido modificado se requiere a ambas partes en forma personal para que a partir de que surta efectos jurídicos el presente auto cumplan con el mismo apercibidos que de no hacerlo se les aplicara una medida de apremio consistente en una multa de seis mil pesos por desacato a un mandato judicial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 73 del código de procedimientos civiles. SIC." SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por acuerdo de catorce de junio de dos mil veintiuno, se registró la demanda con el número 397/2021 y se previno a la quejosa para que aclarara su demanda en los términos precisados en dicho auto, prevención que fue desahogada en términos del escrito presentado el veintidós de junio de dos mil veintiuno. No obstante, al advertir la falta de elementos esenciales para analizar sobre la admisión de la demanda, en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se formuló nueva prevención a la quejosa. Desahoga que fue la prevención formulada, el uno de julio de dos mil veintiuno, este órgano federal desechó la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México y la admitió respecto del acto consistente en la omisión del Juez señalado como responsable de pronunciarse sobre las medidas precautorias urgentes que solicitó la actora (aquí quejosa), en el Incidente de Modificación de Guarda y Custodia y Pago de Obligación Alimentaria; pidió su informe justificado a la responsable; tuvo como tercero interesado a***; dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien omitió formular pedimento. TERCERO. Recurso de queja. Inconforme con la determinación de uno de julio de dos mil veintiuno, la parte quejosa por conducto de su autorizada, interpuso en su contra recurso de queja, al cual se dio trámite en acuerdo de trece de julio de la misma anualidad, en el que además se ordenó suspender el procedimiento del juicio de amparo hasta en tanto fuera resuelto el recurso de mérito. Por razón de turno, del recurso de queja conoció el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que lo registró bajo el expediente Q.C. 249/2021 y en resolución dictada en sesión del doce de noviembre de dos mil veinte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito lo declaró fundado y ordenó que de no advertir alguna causal de improcedencia en forma indudable y manifiesta, proceda a admitir la demanda de amparo. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, en auto del uno de diciembre de dos mil veintiuno este órgano jurisdiccional levantó la suspensión del procedimiento decretada, admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México y requirió el correspondiente informe justificado. Finalmente, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse en amparo indirecto actos de una autoridad judicial en materia familiar que reside dentro del ámbito de competencia territorial donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en la presente resolución los constituyen: La omisión del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de pronunciarse sobre las medidas precautorias solicitadas por la actora, aquí quejosa, en el escrito inicial del Incidente de Modificación de Guarda y Custodia y Cumplimiento de Obligación Alimentaria, derivado de la Controversia del Orden Familiar, expediente 161/2017. El acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en los autos de la Controversia del Orden Familiar, expediente 161/2017, en el que, en lo que aquí interesa, requirió a las partes para que cumplieran con las cláusulas primera, segunda y tercera, relativas a la guarda y custodia de la menor hija de las partes y el pago de alimentos, del Convenio de conclusión de concubinato, apercibiéndoles con la imposición de una multa de seis mil pesos en caso de desacato. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por así haberlo manifestado expresamente al momento de rendir su informe justificado (fojas 71 a 73 y 129 a 132 del juicio de amparo). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Novena Época, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que el juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis aislada con registro digital 305443, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable a tomo LXXXIII, página 560, y que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS. La ley concede pleno valor probatorio a una acta judicial, por la fe que le merece el dicho de los funcionarios que la suscriben, y es evidente que ese valor pleno solo puede ser destruido con elementos cuya eficacia probatoria sea de la misma categoría; es decir, con elementos indubitables capaces de contradecir y destruir lo asentado en tales actas." CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis preferente y oficioso, previo al examen de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en las páginas 553 y 554, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que respectivamente señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Sobre el particular, de oficio este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ciertamente, la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". La hipótesis normativa que antecede se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la promoción del juicio de amparo como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, para se actualice la causa de improcedencia que antecede se requiere: a) De un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Lo anterior encuentra apoyo en las jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 103 y 415, páginas 81 y 356, respectivamente, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". En el caso se estima que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en atención a que de las constancias que remitió el Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar de la Ciudad de México en apoyo a su informe justificado se advierte que: Derivado de la Controversia del Orden Familiar (aprobación de convenio), expediente 161/2017 del índice del Juzgado Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovida por ***, mediante escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil veinte Ana Verónica Jiménez de la Rosa, promovió Incidente de Modificación de Guarda y Custodia, Cumplimiento de Obligación Alimentaria y Perdida de la Patria Potestad, escrito en el que entre otras cosas solicitó que fueran decretadas diversas medidas precautorias respecto de la guarda y custodia de la menor hija de las partes de iniciales P.Z.A.J. y al pago de alimentos (fojas 1 a 15 del cuaderno 2 de pruebas). Previo desahogo de prevención, el once de septiembre de dos mil veinte el juez del conocimiento admitió a trámite el Incidente de Modificación de Guarda y Custodia y Cumplimiento de Obligación Alimentaria, con excepción de la perdida de la patria potestad, ya que aquella debe tramitarse ante juicio oral, y en lo referente a las medidas precautorias solicitadas, ordenó dar vista al contrario de la parte promovente, para que al momento de contestar la demanda manifestara lo que a su derecho conviniera (fojas 35 y 36 del cuaderno 2 de pruebas). El diez de noviembre de dos mil veinte, el Juez del conocimiento tuvo por contestada la demanda, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 941 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable a la Ciudad de México), señaló hora y día con el fin de entablar una plática con las partes y su hija para estar en aptitud de proveer lo relativo a las medidas solicitadas por la actora incidentista en el escrito inicial, la cual se celebró el cinco de agosto de dos mil veintiuno (fojas 90 a 92 del cuaderno 2 de pruebas).Por otro lado, en el cuaderno principal de la controversia del orden familiar, expediente 161/2017, por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, el aquí tercero interesado Hugo Eduardo Alba Rosas, solicitó, la ejecución de la sentencia dictada en dicho procedimiento, específicamente, requerir a la hoy quejosa***, para que diera cumplimiento a la cláusula 1 del convenio de conclusión de concubinato relativa a la custodia compartida y régimen de visitas y convivencias de la menor hija de ambos. A dicho escrito recayó el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno, del contenido siguiente: "(.) A sus autos el escrito de ***.- Sin lugar a darle trámite al incidente de ejecución de convenio, tomando en cuenta que el precepto legal que invoca no es aplicable en cuanto a la menor P.Z.A.J., en el caso que nos ocupa, tomando en cuenta su interés superior consagrado en los artículos 416 Ter del Código Civil, que indica que ".se entenderá como interés superior del menor la prioridad que ha de otorgarse a los derechos de la niñas y los niños respecto de los derechos de cualquier otro persona."; artículos 3.1, 12 19 y relativos de la Convención de los derechos de las niñas y niños que a la letra dicen: 3.1 ".En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño."; artículo 19 "Los Estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras los niños se encuentren bajo la guarda y custodia de sus padres.";.- En tal virtud, tomando en cuenta que las cláusulas primera, segunda y tercera del convenio aprobado en sentencia diez de marzo de dos mil diecisiete, a la fecha no ha sido modificado se requiere a ambas partes en forma personal para que a partir de que surta efectos jurídicos el presente auto cumplan con el mismo apercibidos que de no hacerlo se les aplicara una medida de apremio consistente en una multa de seis mil pesos por desacato a un mandato judicial de conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 73 del código de procedimientos civiles. (.)" Continuando con el trámite del incidente planteado, el nueve de agosto de dos mil veintiuno, el Juez de origen dictó acuerdo, que en lo que aquí interesa, es del tenor siguiente (foja 79 a 82 del juicio de amparo): ". Dada cuenta con las constancias de autos, visto lo ordenado en auto dictado en audiencia de veinte de mayo del año en curso, se pasa a proveer sobre las medidas provisionales solicitadas por la actora en su escrito inicial y demandada en escrito de contestación de demanda, lo anterior tomando en consideración que se sostuvo plática con la menor hija de las partes de nombre P.Z.A.J. el día seis de agosto del año curso, y dicho proveído se dicta en estricto sentido al al (sic) interés superior de la infanta y por consiguiente se ajusta el convenio presentado por las partes de manera provisional respecto a la guarda y custodia aprobado el diez de marzo de dos mil diecisiete y solo mientras se dicte la sentencia en los (sic) incidente de modificación de guarda y custodia y alimentos, lo anterior con apoyo en el artículo 94 del Código de Procedimientos Civiles y el que se establece al tenor siguiente: 1.- Se decreta la permanencia de la menor P.Z.Z.J (sic) en favor de la señora ** (sic) en el domicilio ubicado **, en esta Ciudad. 2.- Se decreta como régimen de visitas y convivencias de la menor hija de las partes con su progenitor señor **, los fines de semana de cada quince días, recogiéndola en el domicilio de su progenitora el día sábado a las diez de la mañana, reincorporándola en el domicilio señalado el día domingo a las dieciocho horas, iniciando el día veinte de agosto del año en curso. 3.- Respecto de la pensión alimenticia de la menor queda subsistente la pactada por las partes en el convenio aprobado el diez de marzo de dos mil diecisiete respecto a la cantidad convenida.- Para el caso de incumplimiento a lo antes ordenado se les aplicara una medida de apremio consistente en una multa de ocho mil pesos por desacato a un mandato judicial y conforme a lo dispuesto por los artículos 61 y 73 del Código de Procedimientos Civiles.- Lo anterior atendiendo al principio por niña y bajo el sustento legal enmarcado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, apartado1, 2, 3, 9, apartados 1 y 2, 12, apartados 1 y 2 de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño; 1 y 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 5 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en la CDMX, 416 del Código Civil y 71 de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes.(.)" Como se desprende de lo aquí narrado, en el Incidente de Modificación de Guarda y Custodia y Cumplimiento de Obligación Alimentaria, en acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintiuno, se decretaron diversas medidas de ajuste del convenido presentado por las partes en la Controversia del Orden Familiar (aprobación de convenio), en lo relativo a la guarda y custodia de la menor hija de las partes, lo que implica que han cesado los efectos de la omisión que señala la quejosa como acto reclamado en la presente instancia constitucional, pues sus efectos ya desaparecieron sin dejar huella en la esfera jurídica de la quejosa. Además, por lo que hace al segundo acto reclamado consistente en el proveído de treinta de abril de dos mil veintiuno dictado en la controversia de origen, donde en esencia se requirió a las partes para que dieran cumplimiento a las cláusulas primera, segunda y tercera, referentes a la guarda y custodia de la menor hija de las partes y al pago de alimentos, se advierte que perdió sus efectos al dictarse el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, pues en este último proveído se modificaron de forma provisional precisamente las cláusulas de las que se requirió su cumplimiento en el proveído reclamado. Ciertamente, ante la emisión del auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es evidente que ni la omisión de dictar las medidas provisionales solicitadas por la ahora quejosa, y el requerimiento del Juez de origen para que las partes cumplieran con las cláusulas del convenio suscrito por las partes en las que se establecieron los términos en que las partes ejercerían la guarda y custodia de su menor hija, así como el pago de alimentos, tendrán más eficacia en la vida material y por ende, han dejado de permear en la esfera jurídica de la quejosa. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Resultando imposible emitir pronunciamiento respecto a los conceptos de violación formulados, conforme a la jurisprudencia sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por derecho propio y en representación de la menor de iniciales P.Z.A.J., contra los actos que reclamó del Juez Trigésimo Quinto de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; por las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa y por medio de lista al tercero interesado.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, y en términos del mismo, se tiene al juez responsable, rindiendo su informe justificado en relación al acto reclamado marcado con el número 1 de la presente demanda de amparo; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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