Ana Velia Ramírez Alvarez

Expediente 948/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
948/2017
Año
2017
Actuaciones
15
Última actuación
23/04/2018

Partes del expediente

  • Ana Velia Ramírez Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el oficio que remite el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el juicio de amparo del que deriva el cuaderno en que se actúa e informa que once de abril del año en curso aceptó la competencia planteada por este juzgado. En virtud de lo anterior, se ordena el archivo del presente cuaderno de antecedentes de amparo, así como del cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión, como asuntos totalmente concluidos y conforme al Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace notar que los mismos son susceptibles de destrucción dentro del término de seis meses contado a partir de esta propia fecha, de conformidad con el punto vigésimo, fracción I, de dicho acuerdo. Además de conformidad con el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del Acuerdo General en cita, el suscrito considera que el presente asunto NO es de relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, en virtud de que en audiencia de veintitrés de marzo del año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 948/2017, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el oficio registrado con el número 4934. Atento a su contenido se acuerda: se tiene por recibido el oficio remitido por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Zamora, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 82/2018 del índice de este juzgado. Dese de baja la comunicación oficial recibida en el libro de gobierno respectivo. Atento lo anterior, toda vez que la autoridad referida remite el acta de emplazamiento de la tercera interesada Beatriz Eugenia Ventura Ríos, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo se le tiene por emplazado al presente juicio. Ahora bien, toda vez que la tercera interesada no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, con fundamento en el artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena practicar las subsecuentes notificaciones de carácter personal por medio de lista que se publica el lugar visible de este juzgado. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en Zamora. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente el agente del Ministerio Público Federal adscrito los formuló. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representación social y se tiene por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecisiete, (fojas 2-6), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Ana Velia Ramírez Álvarez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Local Número 6, de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 948/2017, se admitió mediante proveído de once de octubre del año próximo pasado; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Incompetencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, al tratarse de un presupuesto procesal para la válida tramitación y resolución del juicio de amparo, este juzgado de Distrito examina su competencia por razón de territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. El referido artículo 37 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso, del estudio íntegro de la demanda se observa que la quejosa reclamó el embargo, de un bien inmueble que dice es de su propiedad que se encuentra ubicado en la calle Volcán de Colima, del Fraccionamiento La Enramada, de la Ciudad de Jacona, Michoacán, así como sus consecuencias legales como lo es la audiencia de remate, todo ello llevado a cabo en el juicio laboral J-VI-862/2014. Por tanto, es evidente que dicho acto tuvo ejecución material, en Jacona, Michoacán, lugar donde se encuentra el bien inmueble embargado. En esas condiciones, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es claro que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, que ejerza jurisdicción en aquél territorio, ya que de acuerdo a la regla contenida en el primer párrafo del citado precepto, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 395560, consultable en la página 142, Parte VIII, del Apéndice de 1985, séptima época, materia común, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 189167, visible en la página 1299, novena época, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias administrativa, común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, se concluye que el acto reclamado tuvo ejecución en Jacona, Michoacán, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, robustece lo anterior, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en la página 46, junio de mil novecientos noventa y cuatro, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material.". Por tanto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan. En consecuencia, una vez que se notifique la presente determinación a las partes, mediante atento oficio que al efecto se gire, se ordena remitir el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. Segundo. Comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, y solicítesele que informe si acepta o no la competencia que se declina. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos se advierte que el veinticinco de enero del año en curso, se giró despacho al Juez de Primera Instancia en Materia Civil, en turno, con residencia en Zamora, Michoacán, a fin de que emplace a juicio a la parte tercera interesada, sin que a la fecha obren las constancias que acrediten se haya llevado a cabo dicha diligencia. En esa virtud, para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las diez horas con veinte minutos del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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