Ana Valeria Colautti

Expediente 481/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
481/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
13/06/2022

Partes del expediente

  • Ana Valeria Colautti

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    . I. Causa ejecutoria. Visto el estado que guarda el presente juicio y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós en la cual se sobreseyó en el juicio; por tanto, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II. Se ordena archivo definitivo. En atención a lo anterior, glósese el original del incidente de suspensión, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del acuerdo general citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en juicio, como consecuencia de lo anterior es susceptible su destrucción una vez transcurrido el plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otro lado, con apoyo en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el Capítulo 7.1.1, en el numeral dos del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal de agosto de dos mil veinte, el original del incidente de suspensión es destruible una vez transcurrido el plazo de tres años, toda vez que se negó la suspensión definitiva por lo que respecta a los actos materia de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses.

  2. Incidental

    .En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con quince minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia incidental relativa al juicio de amparo indirecto 481/2022-I, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón secretaria que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, la secretaria da cuenta al Juez con la promoción con número de registro 8835; a lo que el Juez acuerda: agréguese a los autos la promoción remitida por la autoridad responsable Encargado de Despacho de la Sub Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, a través de la cual rinde informe previo, el cual será tomado en cuenta al emitir la interlocutoria correspondiente en esta audiencia. Seguidamente, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, así como con el informe previo de la autoridad responsable; a lo que el Juez provee: téngase por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que la parte quejosa aportó prueba documental, sin que las demás partes ofrecieran algún medio de convicción; en consecuencia, el Juez provee: con apoyo en los artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida y admitida la prueba aludida, la cual se desahoga por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado Federal, formuló manifestaciones en vía de alegatos; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula el fiscal federal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia incidental. Enseguida, la secretaria certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: téngase por celebrada la presente audiencia incidental y al encontrarse integrado el incidente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 481/2022-I, promovido por Ana Valeria Colautti, por propio derecho, contra actos del Encargado de Despacho de la Sub Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O ÚNICO. Solicitud de la medida cautelar. Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó por duplicado el incidente de suspensión solicitado por Ana Valeria Colautti, contra un acto de la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable 1. Encargado de Despacho de la Sub Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo Playa del Carmen, Quintana Roo Ello, por considerarlos violatorios de los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De una lectura integral del escrito de demanda, en esencia, se advierte que se reclaman los siguientes actos: a) La negativa de recibir la solicitud de trámite de regularización migratoria de la parte quejosa. Luego, no pasa desapercibido que en el capítulo de actos reclamados la parte quejosa planteé diversas cuestiones relacionadas con los actos previamente fijados; sin embargo, no serán considerados como actos reclamados destacados, pues de su propia redacción se advierte que conforman planteamientos a manera de conceptos de violación, que en todo caso serán estudiados al momento de dictar la sentencia correspondiente en el cuaderno principal. SEGUNDO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Encargado de Despacho de la Sub Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo, negó la existencia del acto reclamado precisado en el considerando primero de esta resolución. Sin que con las pruebas aportadas por la parte quejosa desvirtúen dicha afirmativa, consistente en el escrito con firma autógrafa dirigido al Titular de la Oficina Representativa del Instituto de Migración en Quintana Roo, con asunto "se solicita la renovación de tarjeta de visitante por razones humanitarias", a la que se otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues únicamente prueba la existencia del escrito que constituye la materia del acto que se reclama. Sin embargo, no demuestra que se haya constituido en las instalaciones de la autoridad responsable y esa se haya negado a recibirle el escrito que refiere. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no ofreció prueba idónea que desvirtué la afirmación de la responsable, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a la citada autoridad responsable. Resulta aplicable al respecto, por no oponerse a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva solicitada por Ana Valeria Colautti, en términos del considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Karina Giovana Miranda Ballón, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    .Agréguese a los autos la promoción de cuenta, consistente en el pedimento signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito y visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia incidental. En cuanto a la solicitud de expedir fotocopia certificada de la resolución que se pronuncie en este incidente, dígase que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirán fotocopias certificadas de la misma.

  4. Incidental

    . I. Trámite del incidente. Vistas las fotocopias sin certificar de la demanda y atento a lo ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128 y 130 de la Ley de Amparo, se tramita por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión promovido por Ana Valeria Colautti, por propio derecho, contra actos del Encargado de Despacho de la Sub Representación Federal del Instituto Nacional de Migración en Playa del Carmen, Quintana Roo. II. Informes previos. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, pídase a la(s) responsable(s) su informe previo, que deberá(n) rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, en el que deberá(n) hacer referencia al número del juicio de amparo, apercibida(s) que de no hacerlo se le(s) impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, esto con apoyo en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 260, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, en términos de los numerales 28, fracción III, y 140, segundo párrafo, de la ley de la materia, gírese telegrama a la autoridad responsable foránea, con independencia de la postal ordinaria en el que se les comunique la presente determinación y requiérasele para que rinda su informe previo por esa misma vía. En el entendido que, a efecto de agilizar la integración del presente juicio de amparo, la(s) autoridad(es) responsable(s) podrá(n) rendir el informe solicitado además, mediante correo electrónico a la dirección 7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx. III. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con quince minutos del veintitrés de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. IV. Precisión de los actos reclamados. De una lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa son: a) La negativa de recibir la solicitud de trámite de regularización migratoria de la parte quejosa. Luego, no pasa desapercibido que en el capítulo de actos reclamados la parte quejosa planteé diversas cuestiones relacionadas con los actos previamente fijados; sin embargo, no serán considerados como actos reclamados destacados, pues de su propia redacción se advierte que conforman planteamientos a manera de conceptos de violación, que en todo caso serán estudiados al momento de dictar la sentencia correspondiente en el cuaderno principal. V. Requisitos para la procedencia de la suspensión. Los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 129 y 131 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que la parte promovente debe cumplir para que sea procedente la suspensión del(los) acto(s) reclamado(s), los cuales son: a) Que lo solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido dada su naturaleza; y, d) Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. VI. Concesión de la suspensión. Ahora, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado por la parte quejosa precisado en el inciso a) del punto IV, con fundamento en los artículos 128, 138, fracción I, 147, párrafo segundo, y 157 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional con efectos restitutorios provisionales para que se permita a la parte quejosa presentar su solicitud de trámite de regularización migratoria, ya que las consecuencias de esa negativa continuarían menoscabando los derechos de la parte solicitante del amparo de no permitirle iniciar el procedimiento de regulación. Por tanto, la autoridad responsable deberá acreditar que permitió a la parte quejosa iniciar el trámite de regularización migratoria. Además, no se advierte que la suspensión produzca afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; asimismo, se pondera ese hecho con la apariencia del buen derecho que se obtiene al verificar que la parte quejosa, es extranjera y el derecho con el que cuentan los migrantes de realizar su regulación migratoria, tal y como lo establecen los artículos 132 y 133 de le Ley de Migración, que a continuación se transcriben: "Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su situación migratoria, cuando se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: I. Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación migratoria regular; II. Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se encuentre vencida, o III. Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les otorgó una determinada condición de estancia." "Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, siempre y cuando cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al extranjero la condición de estancia que corresponda conforme a esta Ley. Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su situación migratoria los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: I. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de persona extranjera con condición de estancia de residente; II. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de persona mexicana o extranjera con condición de estancia de residente; III. Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio nacional; IV. Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o retorno asistido, y V. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o adolescentes." La presente medida cautelar surte efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. VII. Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y hágase la relación respectiva en la audiencia incidental. VIII. Expedición de copias. Entréguese a la parte quejosa el archivo digital firmado electrónicamente de este proveído que tiene el mismo valor probatorio que una copia certificada, lo cual se podrá realizar mediante medios digitales dejando constancia en autos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. IX. Autorizados y notificaciones vía electrónica a. Autorizados. Como esta ordenado en el cuaderno principal, ténganse por autorizado(s) en términos amplios del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a Carmina Gutiérrez Mena, Miguel Ángel Ortega Muñoz, Brisa del Mar Villalobos García y Víctor Núñez Vega; y únicamente para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a Pamela Johana Ascencio Sánchez, Víctor Alfonso López Zamora, Lesly Pamela Patiño Luna y Brenda Maleni Zurita Hernández, por así haberlo solicitado expresamente. b. Autorización de notificaciones vía electrónica. Con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 6, 16, 34 a 37 y 55 a 67 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza que se realicen las subsecuentes notificaciones personales por vía electrónica a la parte quejosa, a través del usuario "Carminagmena" en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se toma conocimiento para efecto de realizar notificaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico que proporciona en el ocurso de cuenta. X. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. XI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. XII. Notificaciones a autoridad(es) responsable(s). Con fundamento en los artículos 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, se indica que únicamente se harán las notificaciones a la(s) autoridad(es) mediante oficio de aquellas determinaciones cuyo contenido incida en algún aspecto en su esfera de derechos, practicándose las demás mediante lista que se fija en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y se publica en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema, es aplicable la siguiente jurisprudencia: "Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." XIII. Corrección de denominación de autoridades responsables. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en el supuesto de que este órgano jurisdiccional advierta que la denominación de alguna de las autoridades que señaló como responsables sea inexacta, pero se pueda identificar o individualizar, se corregirá oficiosamente ese error y se tendrá por señalada con su denominación correcta, incluso si eso se advierte durante el trámite del juicio, lo anterior debido a que conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Es aplicable la tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006401 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Constitucional, Común, Común Tesis: XXVII.3o.17 K (10a.) Página: 1933 AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." XIV. Apercibimiento a las autoridades. Finalmente, hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, se tendrá por hecha la notificación y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe, o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa por cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, lo anterior con fundamento en los artículos 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Federal y 245 de la Ley de Amparo

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