Ana Valencia Olvera

Expediente 654/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
654/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
07/10/2019

Partes del expediente

  • Ana Valencia Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones que anteceden, de las que se advierte que no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio dentro del término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia en la que por una parte, se sobresee, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En la inteligencia de que en su oportunidad, y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, y de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, el expediente principal sí es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación de demanda, en su caso, de la sentencia y de este proveído; además, de la certificación de cuenta se advierte que si existen documentos originales insustituibles y este Juzgado Federal considera que el presente asunto no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito y obran agregados documentos exhibidos por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ponen a disposición de la parte quejosa dichos documentos por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja los mismos, con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro de dicho término, serán destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por... SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a...

  3. Principal

    Se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo, lo que deberá hacerse del conocimiento oportuno de las partes.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha 08/julio/2019, esto por no comparecer en las instalaciones de este Juzgado, no obstante el citatorio que se dejó en su domicilio. Auto cuyo contenido es: "Ciudad de México; ocho de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 613), a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto de las constancias con las que la responsable adujo el acatamiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia concesoria tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos violados y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y el artículo 78 añade que cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional; en este último supuesto, los efectos del amaro se traduce en la inaplicación de la ley únicamente respecto del quejoso. Por tal razón, los efectos de la concesión de amparo son los siguientes: a) Respecto del artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el efecto para el cual se concede la protección constitucional, cosiste en la inaplicación de dicho numeral en lo sucesivo, con lo cual se libera a la parte quejosa de obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos deducibles, lo cual no ocurrirá sino hasta el momento en el que éstos efectivamente formen parte del consto de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que llegue a reportar en su operación, no se vea contaminados con conceptos que corresponden a otros periodos, y que provocan que la tasa del gravamen sea aplicada a un monto que no es acorde con la capacidad contributiva del causante. b) En lo atinente al precepto 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los efectos de la sentencia de amparo consisten en que se permita a la causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forma parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta, sea que se venda el mismo artículo o incorporado en su producto terminado, tenga lugar en ejercicios distintos. [.]" De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de mérito y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía violada, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALICE LO SIGUIENTE: a) Respecto del artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el efecto para el cual se concede la protección constitucional, consiste en la inaplicación de dicho numeral en lo sucesivo, con lo cual se libera a la parte quejosa de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles, lo cual no ocurrirá sino hasta el momento en el que éstos efectivamente formen parte del costo de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que llegue a reportar en su operación, no se vean contaminados con conceptos que corresponden a otros periodos, y que provocan que la tasa del gravamen sea aplicada a un monto que no es acorde con la capacidad contributiva del causante. b) En lo atinente al precepto 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los efectos de la sentencia del amparo consisten en que se permita a la causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta, sea que se venda el mismo artículo o incorporado en su producto terminado, tenga lugar en ejercicios distintos. En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el veintiuno de junio de dos mil diecinueve (foja 612), el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales en suplencia por ausencia del Jefe y de los Administradores Generales Jurídico, de Grandes Contribuyentes, de Hidrocarburos, de Recaudación, de Auditoría Fiscal Federal, de Auditoría de Comercio Exterior, de Aduanas, de Servicios al Contribuyente o de Recursos y Servicios, todos del Servicio de Administración Tributaria, hizo del conocimiento de este Juzgado Federal lo siguiente: 1. El contenido del oficio 600-04-05-09-00-2019-54201 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve (foja 612). Documental que por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Con dicha constancia se dio vista a la parte quejosa en proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve (fojas 613) para que, en el término ahí precisado, manifestara lo que a su derecho conviniera, cuestión que NO realizó. Ahora, de un análisis comparativo entre el efecto faltante para el cual fue concedida la protección de la justicia federal y la constancia remitida en cumplimiento al mismo, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO a) Respecto del artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el efecto para el cual se concede la protección constitucional, consiste en la inaplicación de dicho numeral en lo sucesivo, con lo cual se libera a la parte quejosa de la obligación de reconocer de manera anticipada el efecto de los conceptos no deducibles, lo cual no ocurrirá sino hasta el momento en el que éstos efectivamente formen parte del costo de lo vendido, a fin de que la utilidad fiscal o el resultado fiscal que llegue a reportar en su operación, no se vean contaminados con conceptos que corresponden a otros periodos, y que provocan que la tasa del gravamen sea aplicada a un monto que no es acorde con la capacidad contributiva del causante. b) En lo atinente al precepto 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, los efectos de la sentencia del amparo consisten en que se permita a la causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta, sea que se venda el mismo artículo o incorporado en su producto terminado, tenga lugar en ejercicios distintos. Oficio número 600-04-05-09-00-2019-54201 de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el cual, en lo que interesa se determinó: "[.] [.]" Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad responsable, acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, ya que: manifestó que se desincorporaba de la esfera jurídica de la moral quejosa la porción normativa contenida en el artículo 28, último párrafo, así como el diverso 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En consecuencia y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la vigente Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de garantías precisamente porque la autoridad responsable la acató en sus términos. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo vigente; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196 párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora, para el caso de que se encuentren en período vacacional las autoridades a quienes se dirijan los oficios con los cuales deba notificarse el presente proveído, se comisiona a la sección de actuaría para que resguarde y entregue dichos oficios una vez que las referidas autoridades reanuden sus labores. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, a fin de notificar el presente proveído se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Laura Gutiérrez de Velasco Romo, en unión del Secretario Josué Yoao García García, que autoriza y da fe. Doy fe. ".

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