Ana Uribe Aviles
Expediente 784/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 784/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Uribe Aviles
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte, mediante el cual este Juzgado de Distrito desechó por improcedente la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 22 y 31, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente:Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso d), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda de amparo; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Notifíquese
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE: "Vista la demanda de amparo promovida por *, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 784/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Ana Uribe Avilés, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. Actos reclamados. Ana Uribe Avilés pretenden que a través del juicio de amparo, este Juzgado de Distrito ejerza control de constitucionalidad sobre los actos siguientes: ... Razones de la improcedencia De lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que por cuanto hace al señalamiento de la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente:... Lo anterior se considera así, puesto que los artículos reproducidos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales; y que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. En ese sentido, por disposición expresa de la ley de la materia, se considera autoridad responsable a aquel órgano estatal, de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa. Bajo dichas premisas, es indudable que la Comisión Federal de Electricidad, no puede ser considerada como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que no actúa en forma unilateral, imperativa y coercitiva. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, carece de facultades de decisión y, por ende, su participación no significa que realice motu proprio actos de molestia con las características de potestad e imperio, que son los atributos que distinguen a los actos de autoridad. Ello es así, puesto que los actos que por la presente vía controvierte, esencialmente los hace consistir en el aviso y revisión del sistema de medición e instalación eléctrica, acta de revisión, aviso de cobro y orden de corte y suspensión del servicio de energía eléctrica del servicio DN30 2020-MCS/PCL-0343; no pueden estimarse como aquéllos emitidos por imperio de una autoridad en uso de sus atribuciones que la propia legislación le confiere, por lo que no son susceptibles de ser combatidos a través del juicio de amparo, toda vez que dichas actuaciones no reúnen las características de un acto de autoridad, al no haberse emitido en un plano de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. ... En efecto, de conformidad con lo dispuesto por la transcrita fracción I del artículo 1º de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de autoridad que violen o restrinjan las garantías individuales, de lo que se colige, que sólo están legitimados para intentar la acción constitucional aquéllos gobernados que por la aplicación en su contra de una ley o acto de una autoridad estimen vulneradas sus garantías individuales, supuestos que en la especie no se actualizan, toda vez que los actos reclamados no reúnen las características de actos de autoridad, que como ya se dijo, es que sea unilateral, imperativo y coercitivo, características que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en la esfera jurídica de los gobernados susceptible de impugnarse vía juicio de amparo. Tales acotaciones, unilateralidad, imperatividad y coercitividad, son las que caracterizan un acto de autoridad, dentro de un plano de relaciones de supra a subordinación, de modo que si un ente emite un acto, y si éste no vincula de forma alguna al gobernado, pues no trae como consecuencia inmediata la afectación de su esfera jurídica, no se estará en presencia de un acto de autoridad, por ende, resultará improcedente el juicio de garantías si se le combate a través del amparo, el cual procede contra actos de autoridades únicamente. Así, la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad en el presente asunto no actúa en un plano de supra a subordinación y, por tanto, los actos reclamados no vinculan imperativamente al sujeto, porque no le imponen una orden u obligación, ni constituyen tampoco una resolución que modifique su situación jurídica, y en tal virtud carecen de fuerza obligatoria para el sujeto y del imperio que caracteriza a los actos de autoridad. Robustece lo anterior, el hecho de que los actos que aquí pretende reclamar la quejosa, derivan de un contrato de suministro de energía eléctrica, esto pues la propia quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el número de servicio de suministro de energía eléctrica *, lo contrató con la entonces empresa Luz y Fuerza del Centro, identificado con el número de cuenta * Asimismo, de las constancias que exhibió junto con su demanda de amparo, en específico el aviso de cobro que reclama de diecisiete de julio en curso, se desprende que la propia autoridad responsable hace referencia a que el cobro de los *derivan de la tarifa final de suministro 2 que corresponde al contrato que el quejoso tiene celebrado con la propia Comisión Federal de Electricidad. Posteriormente, en la constancia de aviso de revisión al sistema de medición e instalación eléctrica de diez de junio del año en curso, la autoridad responsable dice lo siguiente: ...De igual manera, en la constancia de revisión al sistema de medición y la instalación eléctrica con folio *, la autoridad responsable manifiesta: ...Esto, pues las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, como las que en el caso que se estudia, deriva de los contratos entre particulares; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la constitución reconoce una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Luego, para los efectos del juicio de amparo, autoridad responsable es aquella que actuando como un ente de hecho o de derecho en una relación de supra a subordinación con un particular, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que afecta la esfera del gobernado. En relación con lo anterior, debe decirse que los actos de autoridad tienen la cualidad de ser unilaterales y coercitivos, en razón de que se imponen al particular contra su voluntad y porque su inobservancia conlleva una sanción prevista en la ley, lo cual hace que la relación que se dé sea de supra a subordinación, lo cual en el caso que nos ocupa no acontece, pues como se ha venido diciendo los actos reclamados por la quejosa derivan de las obligaciones contenidas en un contrato firmado entre particulares. Por tanto, cuando la relación se da entre dos sujetos que actúan como particulares, aun cuando uno de ellos sea oficial, se está ante una relación de coordinación que puede ser de naturaleza privada, sujeta al derecho privado. ....Por consiguiente, en términos del artículo 113, así como de conformidad con lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ana Uribe Avilés, contra actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, determinación que se toma en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Con la determinación adoptada, esta juzgadora estima que no se trastoca el derecho fundamental de la tutela efectiva, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para controvertir el acto que por esta vía pretende impugnar a través de la vía procedente. Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 2, del Acuerdo General 8/2020 referido en párrafos anteriores, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Anselmo Tejeda Viveros, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin embargo, ténganse como autorizados en términos de la última parte del segundo párrafo última parte del artículo 12, en relación con el 24, de la Ley de Amparo, a los diversos profesionistas que menciona, junto a las personas propuestas para tal fin, en virtud de que no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el citado sistema. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Protección de Datos Personales y Transparencia Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese personalmente."
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