Ana Thalina López Osorio
Expediente 2020/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2020/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Ana Thalina López Osorio
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federal en el Estado de Querétaro, por el que hace del conocimiento que se avocó al conocimiento del presente asunto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso b) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se dictó una resolución sin decidir en lo principal Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe relativo a la suspensión de plano que rinde el Jefe de Departamento Jurídico de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Querétaro, sin perjuicio de que se acuerde lo procedente por parte del Juez que acepte la competencia planteada respecto al juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio de cuenta. Atento al contenido del oficio formado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federal en el Estado de Querétaro, por el que devuelve diligenciado el exhorto 136/2022, derivado del diverso 223/2022 (630/2022-II-A), deducido del juicio de amparo en que se actúa. Por tanto, háganse las anotaciones conducentes y dese de baja la comunicación oficial de mérito. Luego, debido a que de las constancias remitidas por el juez exhortado se advierte que en cumplimiento al auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós del año en curso, remite lo siguiente: Auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Notificaciones personales realizadas a los quejosos Willian Fabián Inca Sangacha y Ana Talina López Osorio, de cuyo contenido se advierte que aquellos no ratificaron la demanda de amparo interpuesta en su nombre por Fernando Romero Malpica Aguilar. Asimismo, remite el acuse de los oficios 68761/2022, 68762/2022 y 68763/2022 De lo que por el momento, únicamente se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, toda vez que este Juzgado de Distrito, declinó la competencia por razón de territorio a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo Civil y Administrativo y de Trabajo y de Juicio Federales en Querétaro, en turno, sin que a la fecha se tenga conocimiento a que órgano correspondió el conocimiento de ésta y si aquel se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Notifíquese
- Principal
Vista el escrito que antecede, se tiene a Fernando Romeo Malpica en representación de los quejosos ***, contra actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, en Querétaro, Querétaro Fórmese expediente y regístrese con el número 2022/2022-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ACTOS RECLAMADOS "La ilegal e inconstitucional orden de deportación (.) La ilegal e inconstitucional detención y privación de la libertad (.)El ilegal e inconstitucional alojamiento (.) Cualquier traslado de los quejosos (.)La retención de los documentos de identidad de los quejosos (.)" ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS El promovente bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el día de hoy aproximadamente a las trece horas, recibió una llamada de una amiga de los quejosos, fueron detenidos en la Ciudad de Querétaro, de manera ilegal por agentes de migración, los trasladaron a la estación migratoria en Queretaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, que desconocen el motivo por el que están detenidos, que solo les han manifestado que están por ser deportados. SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS El promovente solicita la suspensión de plano sustancialmente para el efecto que se le ponga en inmediata libertad y se evite la deportación de los agraviados *** DETERMINACIÓN SOBRE LA SUPENSION DE PLANO. En atención a la naturaleza de los actos reclamados y las circunstancias especiales del caso, este órgano de control constitucional atiende a lo preceptuado por el artículo 162 de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 162. Cuando el acto reclamado consista en una orden de privación de la libertad o en la prohibición de abandonar una demarcación geográfica, la suspensión tendrá por efecto que no se ejecute o cese inmediatamente, según sea el caso. El órgano jurisdiccional de amparo tomará las medidas que aseguren que el quejoso no evada la acción de la justicia, entre ellas, la obligación de presentarse ante la autoridad y ante quien concedió la suspensión cuantas veces le sea exigida. De acuerdo con las circunstancias del caso, la suspensión podrá tener como efecto que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso". En consecuencia, con fundamento en los artículos 15, 125, 126, 127, fracción II, 162 y 164, de la Ley de Amparo, se concede a *** la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados en los siguientes los términos: Los quejosos quedan a disposición de la autoridad migratoria correspondiente para que se continúe con el procedimiento respectivo, tomando en consideración lo previsto en el capítulo VI "De los Derechos de los Alojados en las Estaciones Migratorios" de la Ley de Migración. Mientras los quejosos estén alojados en la estancia migratoria, se le garantice los derechos que la legislación de dicha materia prevé en su artículo 109, los que, de manera enunciativa más no limitativa, son: se le facilite un traductor o intérprete, en caso de que no hable o no entienda el español; acceda a comunicación telefónica; reciba los alimentos y artículos de aseo necesarios, así como medicamentos en caso de ser necesarios; puedan ser visitados por su representante; y, todas aquellas acciones que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física del quejoso. Para que sean puestos en inmediata libertad; no se ejecute la deportación o retorno a su país de origen y las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración dicten las medidas previstas legalmente procedentes de acuerdo a los artículos 101, 102, 111 y demás relativos aplicables de la Ley de Migración (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación, y garantía económica), para que los peticionarios del amparo, de estar sujetos a algún procedimiento migratorio o se les inicie uno, puedan continuarlo en libertad hasta su conclusión, con las medidas de control que decida establecer la autoridad responsable, como por ejemplo: Establecer domicilio o lugar en el que permanecerán, pudiendo la autoridad solicitar datos necesarios sobre ese domicilio para identificar al titular o la persona responsable de dicho lugar, donde estarán localizables los quejosos. No ausentarse de la ciudad en donde se siga su procedimiento administrativo, sin previa autorización de la autoridad. Presentarse ante las autoridades responsables las veces que les sea exigido. Establecer la obligación de los quejosos de acudir a firmar un registro de control ante la responsable cada semana o en la temporalidad que se considere necesaria; o bien, presentarse ante la autoridad cuantas veces sea requerido. Sin que dichas medidas de control sean limitativas, ya que la autoridad responsable podrá decretar cualquier otra medida pertinente y necesaria para esos efectos, sin que en ningún caso puedan implicar la privación de la libertad de los quejosos o una garantía económica, pues dada su situación irregular en el país, es presumible su imposibilidad para sufragar dicho monto. Todo ello, además, con apoyo en lo previsto por el numeral 147 de la Ley de Amparo, el cual dispone que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio de amparo hasta la terminación del mismo, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Al respecto, este órgano de control constitucional comparte los criterios contenidos en las tesis aisladas de rubros que dice: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." y "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD" Se precisa que la suspensión otorgada con estos alcances, no surtirá efecto alguno si los actos de los cuales deriva la restricción de la libertad de los quejosos son diversos a los reclamados o proviene de autoridades distintas a la señalada como responsable en la demanda de amparo, por ejemplo, si son realmente órdenes de detención de naturaleza penal con fines de extradición o alguna otra de la misma índole. Lo anterior, se reitera, en tanto la privación de la libertad de los quejosos, ahora recurrentes, al menos con los datos con los cuales se cuenta hasta ahora, no deriva de la comisión de un delito, ni de una nota roja migratoria, ni son requeridos por su país de origen con motivo de extradición por una causa criminal; por ende, acorde con el segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo, procede determinar su libertad personal, con las modulaciones ya referidas, responsabilidad exclusiva a cargo de la autoridad responsable. Determinación que es acorde, además, con el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en los artículos 5, fracción V, y 7 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en razón de que la suspensión otorgada con los alcances determinados por este órgano de control constitucional logra garantizar el derecho humano a la libertad personal, atendiendo a la especial situación en la que se encuentra el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.4o.A.1 K (11a.), sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2024000, de rubro que y texto que dice: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. [.] Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." De igual forma, se precisa y reitera que, en términos de los artículos 150 y 163 de la Ley de Amparo, el efecto de esta medida cautelar no impide la continuación del procedimiento de donde emana el acto reclamado y su finalidad, pues éste es de orden público y no es susceptible de suspenderse, por lo tanto, la medida suspensional no incide sobre los actos que dan por concluida la medida privativa de libertad, como puede ser su extinción o terminación por las causas legales, ni sobre los diversos actos que le son coetáneos, como la resolución migratoria o la puesta en libertad de los quejosos. Con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión tiene por objeto de que no se ejecute la deportación, para efectos de operatividad de la medida cautelar decretada en favor de ***, los quejosos quedan a disposición del órgano de control constitucional competente por lo que hace a su libertad personal, en el lugar en que actualmente se encuentran privaron de su libertad y a disposición de la autoridad responsable, para que, de ser procedente, se continúe con el respectivo procedimiento migratorio. En la inteligencia que queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable la medida que adopte a fin de que los quejosos reciban, de presentarse algún padecimiento, la atención médica adecuada bajo las circunstancias del caso concreto. Asimismo, la autoridad responsable deberá adoptar las medidas que estimen necesarias a fin de que salvaguarden en todo momento el orden público y seguridad del sitio donde se encuentran los quejosos, sólo en el caso de que se estuviera en presencia de situaciones de hecho y de derecho ajenas a aquellas que fueron proporcionadas por el promovente en su escrito de demanda. Es decir, si la autoridad responsable contaran con información distinta a la proporcionada por el promovente, que revelara algún grado de peligrosidad de los quejosos; en ese sentido deberán adoptar las medidas necesarias a fin de que se proteja tanto la integridad del agraviado, como el orden público y seguridad del sitio en el que deba ser resguardado. Lo anterior, no implica que la autoridad responsable, de considerarlo pertinente, determine si el justiciable reúne los requisitos establecidos en la norma migratoria para su legal estadía en el país, por lo que el procedimiento respectivo debe continuar. SE REQUIERE INFORME RELATIVO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. Ante ello, de acuerdo con los artículos 143 y 154 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables para que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe y remita fotocopia certificada de las constancias idóneas con las que acrediten el cumplimiento a esta medida cautelar. Apercibidas de que, en caso de ser omisa, o bien, de no manifestar oportunamente el impedimento legal que le asista, la persona física que ocupe el cargo de la autoridad requerida, se hará acreedora a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le hace saber que el informe de cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano decretada en este auto, es distinto al informe justificado que en su momento pudiera llegar a requerirse. EXHORTO Ahora bien, toda vez que los quejosos se encuentran detenido en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, en Queretaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro; con fundamento en los artículos 297 fracción II, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ENVÍESE EXHORTO AL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL Y ADMISNITRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN QUERETARO, para que, en auxilio de las labores de este juzgado entregue los oficios dirigidos a las autoridades responsables, así como para que comisione a un actuario judicial adscrito para que se constituya en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, a fin de: Localizar a los quejosos y los requiera para que en la propia diligencia o dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por ***. Los prevenga que de no ratificar la demanda dentro del plazo que se les concede, se tendrá por NO PRESENTADA y quedarán sin efectos las providencias que se hubiesen dictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Deberá requerirlos para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, manifiesten la totalidad de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, entre ellos, deberán narrar los antecedentes de los actos reclamados, pues son ellas que sufren la afectación directa, como lo es 1) cuándo ingresaron y cuánto tiempo llevan dentro del territorio nacional; 2) con qué calidad ingresaron al territorio nacional y por cuánto tiempo; pues dichas circunstancias deben ser precisadas por los quejosos y no dejarlo a interpretación de este juzgado; puesto que dicha precisión forman parte de la totalidad de los antecedentes de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo; apercibidos de que de ser omisos en desahogar el requerimiento formulado en el inciso que antecede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Deberá requerirlos para que en el acto de la notificación manifieste si es su deseo tener como su representante legal a ***. Asimismo, deberá requerir a la autoridad responsable informe la situación jurídica que actualmente guardan el quejoso, en relación con su libertad personal. Les notifique personalmente el presente proveído en su integridad. Así, como para que entregue el oficio que derivan del presente proveído, que se anexa. Por otra parte, se concede al juzgado exhortado amplias facultades legales a efecto de que tome las medidas necesarias para que la comunicación oficial en que se actúa sea devuelta debidamente diligenciada, se habilita al juzgado que conozca de la presente comunicación, días y horas inhábiles para la práctica de la diligencia encomendada. SE DECLINA COMPETENCIA. Por otra parte, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de territorio para conocer del asunto. Antecedentes. El promovente del amparo precisa entre otros, como actos reclamados la ilegal e inconstitucional DETENCION, La ilegal e inconstitucional PRIVACION DE LA LIBERTAD por más de 36 horas en LA ESTACION MIGRATORIA MENCIONADA, sin haber cometido delito alguno y además ordenar la DEPORTACION de los quejosos. Al respecto el promovente bajo protesta de decir verdad, manifiesta que ANA THALINA LOPEZ OSORIO y WILLIAN FABIAN INCA SANGACHA, que sabe que fueron detenidos los trasladaron a la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro. RAZONES DE LA INCOMPETENCIA. La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, debido a que define, qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. En relación con lo anterior, es necesario conocer los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Así las cosas, para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso, los actos impugnados son negativos, pues en ellos las autoridades están alojando de manera prolongada e indefinida al quejosos ANA THALINA LOPEZ OSORIO y WILLIAN FABIAN INCA SANGACHA en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, fuera del plazo establecido en el artículo 68 de la Ley de Migración y por ende del artículo 21 Constitucional; sin embargo, lo cierto es que dichos actos conllevan un principio de ejecución. En efecto, se trata de actos negativos con efectos positivos, pues aunque en apariencia, sólo conllevan un no hacer, una abstención o negativa por parte de la autoridad, en realidad producen consecuencias propias de un acto positivo sobre la esfera de derechos de la quejosa e, incluso, sobre su persona. Ahora, aun cuando dicho actuar constituye, en apariencia, un acto de carácter negativo, mientras la autoridad continúe con la negativa que se le combate, se seguirá ejecutando materialmente la afectación a los derechos de la quejosa. De esta manera, los actos reclamados conllevan un principio de ejecución, ya que los quejosos se encuentran bajo un procedimiento administrativo en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, se traduce e implica necesariamente una afectación positiva, en la medida en que tienen efectos que permiten su materialización sobre la quejosa. Una vez precisado lo anterior, debe atenderse a la regla prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el presente caso, la retención del quejoso se realiza en la Ciudad de México, no así en el Estado de Hidalgo; es decir, Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, lugar que a decir del promovente del amparo se encuentran detenidos el quejosos, máxime que las autoridades responsables que señalan también tienen residencia en la Ciudad de México. Así las cosas, como se señaló, a pesar de que los quejosos se encuentran bajo un procedimiento administrativo en la Estación Migratoria perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en la Ciudad de Querétaro, con domicilio en en calle Francisco Peñoñuñuri número 15 Código Postal 76000, Colonia San José Inn, Centro, Querétaro, ello conlleva efectos positivos, que se traducen y se concretan en la Ciudad de México, lugar en el cual se encuentran retenido el quejoso. Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis l. 1o.P. 35 P (10a.), cuyo contenido es del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTA EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. CONCLUSIÓN. Por las razones expuestas este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo en cuestión. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en la Ciudad Pachuca de Soto, declina competencia a favor de un JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL Y ADMISNITRATIVO Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN QUERETARO, EN TURNO. Por tanto, remítase el presente expediente, así como el escrito de demanda y anexos, fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se considera competente. SOLICITUD DE CONSULTA DE EXPEDIENTE VÍA ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud de que se autorice el nombre de usuario que proporciona para consulta del expediente electrónico, a través del usuario "Fernando Romero Malpica", luego de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se localizó el nombre del usuario antes citado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y los Capítulos Cuarto, Sección Tercera y Quinto, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo (que sustituyó al diverso AG 1/2015 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal), se autoriza la substanciación del asunto en que actúa mediante el modelo de juicio en línea, esto es, que su consulta, promoción y práctica de notificaciones deberán efectuarse de manera electrónica; en la inteligencia de que dicha autorización surtirá efectos solamente para este expediente. Haciendo de su conocimiento que la tramitación del juicio en línea se desarrollará con independencia de que las demás partes continúen actuando en el esquema tradicional, y a pesar de que la tramitación requiera de la práctica de notificaciones personales o del desahogo de actuaciones que exijan la presencia física de las partes, tal como lo establece el artículo 31 del referido Acuerdo General 21/2020. De tal manera, se comisiona al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "FernandoRomeroMalpica", en el expediente electrónico en que se actúa, para los efectos precisados. Tocante al número telefónico que proporciona, únicamente se toma nota del mismo, en que se tendrá comunicación con las partes de ser sumamente necesario. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, a través del usuario "Fernando Romero Mapica". Notifíquese vía electrónica al promovente del amparo y personalmente vía exhorto a los quejosos en el lugar donde se encuentra internos.
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- Anabel Butrón Licona1086/2020
- Anabel Guarneros Ramos768/2015