Ana Teresa Álvarez Simón

Expediente 798/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
798/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Ana Teresa Álvarez Simón
  • Ana Teresa Álvarez Simón y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. 1. Recepción de oficio. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad; a través del cual informa que la parte quejosa no interpuso recurso de reclamación contra el proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó por improcedente el recurso de revisión 265/2022, de su índice; motivo por lo cual se declaró firme dicho acuerdo. Asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 798/2022. Por tanto, acúsese el recibo correspondiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en lo concerniente al cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del recurso de revisión, glósese al expediente devuelto únicamente las constancias originales, dado que las constancias restantes constituyen una reproducción. 1.1. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 1.2. Valoración. En términos del artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 1.3. Transferencia del expediente. De conformidad con el numeral 21 del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el expediente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 1.4. Constancia. La anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y publíquese en el Portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, quien da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. 1. Cambio de Titular. Infórmese a las partes que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós, el titular de este órgano jurisdiccional es el juez Sergio Santamaría Chamú, en cumplimiento a lo ordenado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de tres de agosto de dos mil veintidós, comunicado mediante oficio SEADS/321/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, para el efecto legal conducente. 2. Colegiado informa desechó recurso de revisión. Agréguese el oficio signado por el actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio por el que se le remitió el original y copia de los agravios del recurso de revisión, así como los autos originales del presente expediente. Asimismo, informa que desechó por notoriamente improcedente el recurso de revisión que dio origen al expediente 265/2022 de su índice, interpuesto por José Martín Ramos Ruiz, asesor victimal de Ana Teresa Álvarez Simón, Pablo Juan Ascencio y Graciela Simón Chávez, contra el proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, en que se desechó su demanda de amparo. Estese en espera de los autos originales que se remitieron al tribunal de alzada, para estar en condiciones de proveer lo que conforme a derecho corresponda. Notifíquese y publíquese en el Portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Janette Pérez García, quien da fe. SSC/JPG/jjgm

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Recurso de revisión en contra de desechamiento. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por José Martín Ramos Ruiz, asesor victimal de Ana Teresa Álvarez Simón, Pablo Juan Ascencio y Graciela Simón Chávez, a través del cual interpone recurso de revisión en contra del proveído dictado el dos de agosto pasado, en el que este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra dicho proveído. Por tanto, remítase el original y copia del escrito de referencia, así como este expediente al tribunal de alzada correspondiente, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. En su oportunidad, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. CUMPLE PREVENCIÓN. Téngase por recibido el escrito signado por José Martín Ramos Ruiz en cuanto asesor victimal de Ana Teresa Álvarez Simón, Pablo Juan Ascencio y Graciela Simón Chávez, por medio del cual cumple con la prevención que le fue formulada mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintidós, para tal efecto manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se ha celebrado la audiencia intermedia, que lo señaló ad cautelam, en caso de que a la fecha de la resolución del amparo se haya celebrado y no se haya integrado a la misma los datos de prueba que el Ministerio Público se negó a recibir. DESECHA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por José Martín Ramos Ruiz en cuanto asesor victimal de Ana Teresa Álvarez Simón, Pablo Juan Ascencio y Graciela Simón Chávez, se advierte que reclama: Del Juez de Control del Supremo Poder Judicial del Estado de Michoacán: La posible celebración de la audiencia intermedia sin integrar los datos de prueba ofrecidos ante el Ministerio Público y que se negó a recibir dentro de la investigación complementaria. Del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia con sede en Pátzcuaro: La omisión de recibir pruebas documentales y peticiones de investigación, dentro del periodo de investigación complementaria, dentro de la causa penal 1297/2020. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Esta juzgadora estima que, por lo que hace al acto reclamado al Juez de Control del Supremo Poder Judicial del Estado de Michoacán, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal, en razón de que como se analizará en párrafos posteriores, el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Tales preceptos legales y constitucionales citados, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" Tanto el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, como el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que para la procedencia del juicio de amparo se requiere que la parte quejosa acredite tener interés jurídico o legítimo y que uno u otro se vea afectado. El interés jurídico supone que se acredite la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, y que el acto de autoridad lo afecte, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que en principio legitima el ejercicio de la acción constitucional, esto es, debe existir correspondencia entre el derecho subjetivo y el acto de autoridad reclamado que causa la afectación. Por su parte el interés legítimo no supone una afectación directa al status jurídico del individuo, sino una indirecta, en la medida que la persona sufre una afectación no a sí misma, sino por encontrarse ubicada en una especial situación frente al orden jurídico, que le permite ejercer la acción constitucional; esto es, la afectación al interés legítimo se da en la medida que el sujeto forma parte de un ente colectivo, que de manera abstracta tiene interés en que el orden jurídico opere de manera efectiva, en tanto que tratándose de un interés individual, esta afectación sólo podrá darse si forma parte de una colectividad interesada, porque de lo contrario se estaría en presencia de un interés simple. Con base en esas premisas, se estima que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad que afecte o restrinja la esfera jurídica del quejoso, ya sea de manera directa o colateral. Es así, ya que la parte quejosa reclama la posible celebración de la audiencia intermedia sin integrar los datos de prueba ofrecidos ante el Ministerio Público y que se negó a recibir dentro de la investigación complementaria, en virtud de que dicho apercibimiento no es un acto considerado actual o inminente, uno de los elementos necesarios para la procedencia del juicio de amparo biinstancial, elemento que se encuentra inmerso en el primer párrafo de la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se explica en virtud de que es un acto de naturaleza futura e incierta pues el hecho de que se señale fecha para la audiencia intermedia y ésta se celebre, no implica que se desechen los medios prueba que pretende integrar a la causa penal, esto es, aún en su acusación coadyuvante las víctimas -aquí quejosos- o su asesor jurídicos, podrán ofertar los medios de prueba que consideren convenientes a sus intereses; por tanto, la posible violación que reclama, son actos cuyos efectos se proyectan al futuro, dependiendo de la condición resolutoria en él mismo inmersa, pues no existe la seguridad de que ello ocurra, pues como se indicó en líneas precedentes, el simple desahogo de la audiencia e que se trata, no necesariamente implica que se vayan a desechar sus medios de prueba. Ello es así, toda vez que el juicio de amparo únicamente procede contra actos actuales e inminentes conforme al artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y en ese contexto dicho acto tampoco constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que el posible desechamiento de sus medios de prueba, no es una consecuencia directa de la celebración de la audiencia intermedia, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar. Por tanto, inconcuso resulta que el acto que se reclama actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. De ahí que, cualquier otro acto que pudiera derivar con motivo del desahogo de la audiencia intermedia, debe catalogarse como futuro e incierto, por lo que no torna procedente el juicio de amparo intentado, al no tenerse la certeza de que realmente se vaya a materializar. Máxime, cuando se tiene que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la Justicia Federal a efecto de restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar o no esa afectación (mera probabilidad). Razonar en sentido contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente, lo que desde luego iría en contra del principio de agravio personal y directo, que junto a otros principios regula y da forma al juicio de control constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Sin que la anterior determinación, lesione el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, las cuales, deben ser analizadas de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página mil seiscientos treinta y uno, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." En ese contexto, por lo que hace al Juez de Control del Supremo Poder Judicial del Estado de Michoacán se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal. Por otro lado, por lo que hace al acto reclamado al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia con sede en Pátzcuaro, consistente en la omisión de recibir pruebas documentales y peticiones de investigación, dentro del periodo de investigación complementaria, dentro de la causa penal 1297/2020, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, dado que en el caso concreto, la autoridad en mención no tiene el carácter de responsable para los efectos del juicio de amparo. Para corroborar lo anterior, conviene determinar cuándo se está en presencia de un "acto de autoridad para efectos del juicio de amparo" y para ello se requiere la presencia de mayores elementos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, ha señalado que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Tal definición se encuentra inmersa en la jurisprudencia 2a./J.164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Como es de verse, los elementos referidos en los anteriores incisos, no se satisfacen para tener como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia con sede en Pátzcuaro, para los efectos del juicio de amparo que nos ocupa, por los motivos siguientes: Cabe recordar que la facultad investigadora del Estado por la comisión de delitos, corresponde al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 Constitucional y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con el citado precepto constitucional el Ministerio Público tiene encomendadas dos funciones específicas en materia penal, a saber: (1) una función investigadora, la cual consiste en la facultad y obligación de indagar sobre la posible comisión de un evento delictivo, practicando las diligencias correspondientes a fin de ejercer acción penal cuando considere que hay elementos suficientes para ello; y (2) una función acusadora, la cual puede entenderse como el deber de sostener la imputación formulada en contra de determinada persona a lo largo de todas las etapas del proceso, hasta el momento en que la autoridad jurisdiccional resuelva en definitiva en torno a dicho conflicto penal. Acorde con esa facultad constitucional, por regla general el agente del Ministerio Público puede ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar, actos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas, en forma unilateral y obligatoria y, por tanto, puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo. Sin embargo, en el procedimiento penal acusatorio una vez judicializada la carpeta de investigación, el agente de Ministerio Público deja de tener el carácter de autoridad y adquiere el de parte dentro del proceso. En ese sentido, del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Dicho numeral establece la calidad del Ministerio Público como parte dentro de los procedimientos que prevé el citado código adjetivo; por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico, al dejar de tener imperio sobre los demás sujetos del procedimiento. Al respecto, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." En el caso, la omisión que se reclama del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia con sede en Pátzcuaro, fue realizada en la etapa de investigación complementaria, dentro del procedimiento penal acusatorio. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 105 del referido ordenamiento, el actuar del Ministerio Público respecto a los medios de prueba que desea ofrecer para su teoría del caso, dentro del procedimiento penal acusatorio y oral, lo es con la calidad de parte procesal, no como autoridad investida de mando. Es aplicable a lo anterior la tesis emitida por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de voz y contenido siguientes: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." De igual forma, por los principios que en ella se contienen, se invoca la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante que se trate del sistema de justicia tradicional o mixto, del tenor siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO. DEJA DE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD UNA VEZ DICTADO EL AUTO DE RADICACIÓN DE LA CAUSA, POR LO QUE LAS PRUEBAS QUE APORTE POSTERIORMENTE SON PROVENIENTES DE PARTE Y SI SON RECIBIDAS CON CONOCIMIENTO DEL INCULPADO Y DE SU DEFENSOR, PROCEDE CONSIDERARLAS EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O EN EL DE SUJECIÓN A PROCESO. La etapa de preinstrucción que abarca desde la radicación por el Juez, hasta el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, constituye un periodo procedimental que debe reunir las formalidades esenciales requeridas por los artículos 14, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre las cuales se encuentran las de hacer saber al indiciado, previamente a serle tomada su declaración preparatoria, los nombres de quienes presentaron la denuncia o querella y de quienes fueron los testigos que declararon en su contra, así como cuáles fueron los hechos que se le atribuyen como delictuosos que hayan motivado la integración de la averiguación previa, y cuáles son los elementos de prueba que pudieran determinar su presunta responsabilidad, ello a efecto de que pueda proveer la defensa de sus intereses y aportar, en su caso, pruebas de inocencia. Es en razón de lo anterior, que a partir de que el órgano jurisdiccional radica la causa penal, las actuaciones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la consignación ante el Juez penal, no podrá legalmente proponerlas como prueba de autoridad en la fase de preinstrucción, menos una vez que ha sido tomada ya la declaración preparatoria del inculpado, porque se tratará de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad, pues debe tomarse en cuenta que surgieron sin la intervención del órgano jurisdiccional y de las que, como parte en la relación procesal y que debieran constar en formal actuación judicial, no tuvo conocimiento e intervención el inculpado. Sin embargo, ello no impide que el Ministerio Público, como parte, pueda aportar pruebas, más las que proponga en esa etapa de preinstrucción, deben aportarse y recibirse ante el Juez con conocimiento del inculpado. En tal virtud, el Juez al dictar el auto que resuelva la situación jurídica del inculpado, deberá cerciorarse del cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento en la preinstrucción y, con base en ello, las pruebas de cargo que presente el Ministerio Público, puede considerarlas para los efectos del acreditamiento del tipo penal y de la presunta responsabilidad del inculpado, si previamente, como se estableció, fueron hechas del conocimiento de éste y de su defensor, pues de esta forma se respeta el equilibrio procesal de las partes." Conforme a lo anterior, la intervención que tiene el Ministerio Público en las audiencias y actuaciones realizadas en el proceso penal acusatorio y oral, no reúne las características para ser considerado como autoridad para los efectos del juicio de amparo; toda vez que en su actuación no existe una relación de supra a subordinación con las víctimas, sino que, ambas partes se encuentran en una situación de igualdad ante la Ley; siendo el juez de control, quien determina lo procedente en cuanto a la intervención que realicen las partes. Así, tomando en cuenta que los quejosos reclaman de dicha autoridad la omisión de recibir pruebas documentales y peticiones de investigación, dentro del periodo de investigación complementaria, dentro de la causa penal 1297/2020; en esa fase del procedimiento la actuación de la agente del ministerio público responsable carece de facultades de imperio, característica del acto autoritario. Por ende el acto que se le reclama, no puede considerarse como acto de autoridad para el juicio de amparo; ante ello, se actualiza la causal de improcedencia invocada. Se invoca a lo anterior las tesis emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del siguiente tenor: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. La representación social puede solicitar la orden de aprehensión o citación, pero contra tal acto, el amparo es improcedente, porque si bien el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o, en su caso, una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que está facultado para realizar aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, lo cierto es que el desahogo de diligencias para ese fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde la Octava Época, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que no acontece al tratarse de solicitudes ante el órgano judicial respectivo. Por tanto, resulta igualmente improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación previa o carpeta de investigación, y ejercita la acción penal, pues es al Juez del proceso a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso, porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función a su cargo, lo cual es de orden público e interés social, y consiste en la práctica de diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito, como la consignación en sí y solicitar la orden de aprehensión o petición correspondiente; todo lo cual no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, revisten el carácter de actos de interés público como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse, por sí mismos, como generadores de afectar el interés jurídico del quejoso, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a una investigación judicializada, máxime que en este último caso, conforme al sistema acusatorio, el Ministerio Público, en cuanto a dicha solicitud, pierde, incluso, el carácter de autoridad, el juicio de amparo es improcedente." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." Consecuentemente, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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