Ana Sylvia Cota Hernández
Expediente 167/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 167/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/08/2018
Partes del expediente
- Ana Sylvia Cota Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda este asunto se advierte, que en autos no obran las constancias de notificación de los oficios 285569/2017, 285570/2017, 285571/2017, 285572/2017, 285573/2017, 285574/2017, 285575/2017 y 285576/2017 relativas al proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho; en consecuencia gírense oficios a las autoridades responsables, únicamente para la debida integración del asunto en virtud de que en auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo de este expediente como total y definitivamente concluido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, treinta de abril de dos mil dieciocho. Visto el oficio remitido por la autoridad responsable, téngasele desahogando el requerimiento formulado en auto de veintitrés de abril del año en curso e informando que a ninguna de las contribuyentes quejosas de este asunto les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. Sin que pase inadvertido para este juzgador, que en el oficio de cuenta la autoridad responsable, haya señalado como parte quejosa a *************, siendo que su nombre correcto es *************, toda vez que el registro federal de contribuyentes que indica es coincidente con el del quejoso; es decir, se trata de la misma persona, aclaración que se realiza para los efectos legales a que haya lugar.Ahora bien, en este asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el nueve de diciembre de dos mil trece, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el dieciocho de noviembre de dos mil quince, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Por tanto, si la autoridad responsable no realizó procedimiento de fiscalización electrónico en contra de las contribuyentes en este asunto, no existen actos que dejar insubsistentes, se determina que no existe materia para el cumplimiento del juicio, en cuanto al artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince. En tal sentido, se concluye que no es posible emitir la determinación en términos de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de depuración, conservándose la demanda y sentencia respectivas, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, negó y concedió la protección de la Justicia Federal, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido acuerdo. En relación con los cuadernos relativos al incidente de suspensión, manténganse por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo, del acuerdo aludido en el párrafo que precede, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en los puntos Segundo, fracción XV y Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada. Ahora, no obstante que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en el presente asunto no obran documentos originales exhibidos por las partes; sin embargo, toda vez que se exhibieron diversos documentos consistentes en impresiones y/o copias certificadas y/o simples, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes de que se trata. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de autos, se advierte que por proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se determinó que no existía materia para el cumplimiento de la sentencia respecto de la parte quejosa de los juicios de amparo 167/2015, 195/2015, 236/2015, 289/2015, 323/2015 y 667/2015 y por diverso auto de cuatro de enero de dos mil dieciocho, se declaró que causó estado dicha determinación; sin embargo, se advierte del oficio del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, por el que desahogó el requerimiento de cumplimiento de la sentencia que le fue formulado en el Cuaderno Genérico 5/2016 de Carácter Principal, no señala con precisión si la autoridad responsable ejerció facultades de comprobación en términos del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, respecto de la parte quejosa en este asunto; asimismo no ha dado cumplimiento respecto de la quejosa del juicio de amparo 319/2015; por tanto, a efecto de tener certeza de dicha situación y no dejar en estado de indefensión a las impetrantes de garantías, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme a lo dispuesto en su numeral, 2, se regulariza lo acordado respecto del cumplimiento de la sentencia. En consecuencia, se requiere al Jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente de la fecha al en que surta efectos la notificación del proveído, precise si a las quejosas **********, con Registro Federal de Contribuyentes **********, **********, con registro federal de contribuyentes **********, ********** con registro federal de contribuyentes **********, ********** con registro federal de contribuyentes **********, ********** con registro federal de contribuyentes **********, ********** registro federal de contribuyentes ********** y ********** con registro federal de contribuyentes **********, les fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica, que refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa consistente en la cantidad que resulte equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de saber en qué asuntos existe materia para el cumplimiento de la sentencia. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J.59/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, página 5, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede y considerando que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha los quejosos de los juicios de amparo 167/2015, 195/2015, 236/2015, 289/2015, 323/2015 y 667/2015 acumulados al primero que se indica, se hayan inconformado en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, en el que se determinó que no existía materia para el cumplimiento; en consecuencia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO respecto a dicha quejosa. En relación al cumplimiento de la sentencia, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la autoridad responsable informe lo conducente a su acatamiento respecto del expediente 319/2015, en los términos referidos en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Notifíquese; y en su caso a las autoridades responsables una vez que reanuden sus labores.
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