Ana Sughey Hernández Ceja

Expediente 703/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
703/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Sughey Hernández Ceja

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el correo electrónico de cuenta, mismo que contiene el oficio sin número signado por el licenciado ********************, apoderado legal de la Secretaria de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Apatzingán, Michoacán, por medio del cual, en atención al requerimiento de veintidós de noviembre de la presente anualidad, informa que solicitó información a la empresa ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, a fin de que señalen si existe suspensión del servicio de hemodiálisis que se le otorga a la parte quejosa de manera subrogada. REQUERIMIENTO. No obstante las gestiones anteriormente manifestadas, y toda vez que hasta este momento no existe certeza de que el servicio salud haya sido restablecido en favor de la parte quejosa, así como que los actos reclamados dentro del presente expediente constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA PARTE QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase POR ULTIMA OCASIÓN, a las autoridades responsables Secretario de Salud del Estado de Michoacán, Director del Hospital General de Apatzingán, con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo, Titular de la Dirección Administrativa, Titular de la Subdirección de Recursos Financieros de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, así como al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, presten a la parte quejosa la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir), así como el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud. Asimismo, gire las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas a la parte quejosa relativa al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto. INCLUSO, DEBERÁ DICTAR CUANTA MEDIDA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REQUIERA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDO LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD, NECESARIOS PARA PRESERVAR LA VIDA Y SALUD DEL HOY QUEJOSO. Es preciso disponer que la atención adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. SUBSISTEN APERCIBIMIENTOS Por lo anteriormente señalado, con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables en el ámbito de sus obligaciones, que de no acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se harán acreedoras a una multa equivalente a DOSCIENTOS días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, al ser la vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo que nos ocupa; misma que en apego al artículo Segundo Transitorio, párrafo primero, del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como la Unidad de Medida y Actualización, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 pesos Moneda Nacional), misma que asciende a la cantidad total del $20,784 (VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), cantidad que se estima suficiente dados los múltiples requerimientos que se le han realizado dentro del presente juicio. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. OFICIO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el correo electrónico firmado por la apoderada jurídica de la Secretaria de Salud por sí y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital General, con sede en Apatzingán, Michoacán, a través del cual, informa el seguimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada en el presente juicio, esto es, que el servicio de hemodiálisis ha quedado restablecido. Ahora bien, en atención a sus manifestaciones, inherentes, a que no sean ventiladas las medidas financieras exhibidas como soporte a su informe, por las razones que ahí expone; no se hace necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto; en virtud de que, los datos sensibles a que hace referencia se advierte que fueron debidamente ocultos por la autoridad oficiante. En consecuencia, con la finalidad de tener certeza jurídica de que la quejosa se encuentra recibiendo esa atención, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que surta efectos su legal notificación, manifieste bajo protesta de decir verdad si al día de la fecha se encuentra recibiendo el tratamiento de hemodiálisis subrogado, por parte de las autoridades responsables, así como, el lugar donde se encuentra la clínica asignada. VISTA. Asimismo, con el oficio de que se trata y anexos correspondientes dése vista a la parte quejosa, para que en referido término manifieste lo que a su derecho convenga. INFORMA NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA. REQUERIMIENTO. En ese orden de ideas y toda vez que los actos reclamados constituyen omisiones por parte de las autoridades responsables relacionadas con el derecho a la salud que, por su naturaleza, CONSTITUYEN UN PELIGRO PARA LA VIDA DE LA QUEJOSA, lo que impone obligar a las autoridades responsables a respetar el referido derecho humano, consagrado en el artículo 4° Constitucional. Por lo tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaria de Salud, con residencia en Morelia, Michoacán por si y en cuanto superior jerárquico del Director del Hospital Regional de Apatzingán, Michoacán, Director Administrativo y Subdirector de Recursos Financieros, ambos de la Secretaria de Salud, así como al Gobernador Constitucional todos del Estado de Michoacán, para que PARA QUE DE MANERA INMEDIATA cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo con todos y cada uno de los efectos precisados en la misma, esto es, presten a la quejosa la atención médica necesaria respecto del tratamiento (hemodiálisis que requiere para vivir) así como el medicamento necesario para la enfermedad diagnosticada, y lo que se estime necesario para su posterior tratamiento, con la finalidad de tener una adecuada salud. Asimismo, gire las instrucciones necesarias para que se le sigan proporcionando con la periodicidad requerida las sesiones hemodialíticas a la quejosa relativa al padecimiento de insuficiencia renal crónica, ya por conducto de la institución en cualquiera de sus unidades hospitalarias o de forma subrogada, ya en lo público, ya en lo particular, sin que sea obstáculo el presupuesto. INCLUSO, DEBERÁ DICTAR CUANTA MEDIDA ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE REQUIERA, A FIN DE SEGUIR BRINDANDO LA ATENCIÓN MÉDICA NECESARIA TANTO EN CANTIDAD COMO EN CALIDAD, NECESARIOS PARA PRESERVAR LA VIDA Y SALUD DEL HOY QUEJOSO. Es preciso disponer que la atención adecuada obliga a las autoridades responsables de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, al tratamiento médico, incluyendo el suministro gratuito de los medicamentos que eventualmente se requieran, tomando en consideración sus padecimientos y necesidades. En la inteligencia que dicha autoridad deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren tal extremo, o bien, informen los actos que realicen para ese efecto, o en caso contrario, indiquen la imposibilidad legal que tenga para ello. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, de apercibe a las autoridades requeridas que de no cumplir con lo solicitado en el plazo concedido para tal efecto, se impondrá DE MANERA INDIVIDUAL una multa equivalente a DOSCIENTOS DÍAS el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de la medida citada es de $103.74 (ciento tres 74/100 pesos M.N.), la cual multiplicada asciende a la cantidad total del $20,748 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículo 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, en atención a las manifestaciones relacionadas con el reintegro al quejoso de las cantidades que se han pagado por concepto de servicio de hemodiálisis, virtud a la suspensión del servicio; mediante oficio que derive del presente auto, dese vista a las autoridades responsables con el escrito y anexos de cuenta; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial con que se ha dado cuenta, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal y; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria, para los efectos legales procedentes. REQUERIMIENTO AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN Y ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, POR SÍ Y EN CUANTO SUPERIOR JERÁRQUICO Y POR ENDE REPRESENTANTE LEGAL DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE APATZINGÁN, MICHOACÁN, DEPENDIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN Y DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN, CON SEDE EN MORELIA, para que en el plazo de TRES DÍAS hábiles, contado a partir de la legal notificación del presente auto, dé cumplimiento total, sin excusa ni evasivas, a la sentencia de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. PRECISIÓN 1. RELACIONADA CON AMPLIACIÓN O RETRASO. En ese sentido, con fundamento en el artículo 17 constitucional, requiérase a la responsable de mérito para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, informe a esta autoridad federal si el término que prevé el aludido numeral 192 de la Ley de Amparo (tres días), es suficiente para acatar el fallo protector; o bien, si en términos del precepto 193 de la citada legislación, requiere de un plazo mayor, en cuyo caso deberá mencionar el tiempo que necesite para ello. Con el APERCIBIMIENTO que de no hacer manifestación al respecto, se entenderá que está en aptitud de dar cumplimiento dentro del plazo indicado en el referido numeral. En esa línea, indíquese a la responsable que deberá fundar y motivar esa prórroga; petición que no significa que de entrada será procedente, sino que la procedencia o no de esa solicitud, será analizada por esta autoridad federal conforme a los efectos plasmados en la sentencia protectriz, considerando la complejidad del asunto o dificultad en el cumplimiento y, desde luego, siempre que demuestre que la ejecutoria de amparo se encuentra en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso, para lo cual deberá remitir copia certificada de las actuaciones que demuestren su aserto. Ahora, las medidas que realice la responsable deberán ser eficaces y fructuosas para observar el fallo protector, dentro del término que se le conceda, toda vez que si de las constancias o actos tendentes que remita o informe, se advierte que las gestiones que haya realizado o se encuentre realizando, son evasivas o llevadas a cabo con procedimientos ilegales que generen el retraso del cumplimiento de la sentencia y en vía de consecuencia la imposibilidad para que pueda resarcirse al justiciable en un tiempo prudente el derecho fundamental que le fue transgredido, se continuará con el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia P./J.54/2014 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19, registro 20007918, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO" . De igual manera, se invoca la jurisprudencia P./J.58/2014 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I pagina 11, registro 2007914, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VICENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones, que de no dar acatar los lineamientos aquí descritos, con la finalidad de observar el fallo protector, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, o evasivas, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como prevé el artículo 193 de la Ley de Amparo. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDE INCURRIR LA AUTORIDAD QUE SE VE VINCULADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. En vista de las disposiciones que prevé la Ley de Amparo tratándose del cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, donde se preconiza ante todo la celeridad con la instauración de un procedimiento sumario, se pone de relieve el recrudecimiento de las responsabilidades en que incurren las autoridades en caso de desacato a los requerimientos que persiguen ese objetivo. En ese sentido, se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurre en responsabilidad penal aquel funcionario que incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir, en cuyo caso se le impondrá una pena que va de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES,, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSO Y A SUS AUTORIZADOS), QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE AGREGA OFICIO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que, vía correo electrónico, remite la apoderada jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto a superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Apatzingán, dependiente de los Servicios de Salud de Michoacán y de la Secretaría de Salud de Michoacán, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, por medio del cual y en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de ******************** actual, hace del conocimiento lo siguiente: "Hago del conocimiento a su señoría que, mis representadas solicitaron información a la Empresa Ganadora de la Licitación ******************** denominada ********************, a fin de que señalen si existe suspensión del servicio de hemodiálisis que se le otorga a la paciente de manera subrogada en la "********************". De lo anterior, la moral ******************** ha informado que el servicio de hemodiálisis fue suspendido, en días anteriores, a lo cual mis mandantes realizaron las acciones administrativas para dar solución a dicha problemática. Bajo esa tesitura, la misma moral ha informado que el servicio ya se encuentra reactivado a partir día viernes 20 de mes en curso, de igual forma manifestó que se tiene el compromiso de realizar el reembolso de las sesiones de hemodiálisis que fueron pagadas por los quejosos, para lo cual será necesario que exhiban los recibos de pago de cada una de las sesiones que pagaron previamente en la clínica a la cual acuden a recibir sus sesiones; lo anterior encuentra sustento en el oficio ******************** signado por la ********************, Coordinadora Regional de la moral ********************, mismo que se anexa al presente escrito. Finalmente se informa lo necesario para el peticionario de amparo, continúe recibiendo las sesiones en los días y horarios previamente establecidos". Atento lo anterior, ténganse por hechas dichas manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. ...CITATORIO

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