Ana Sofía Zúñiga Cabañez

Expediente 761/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
761/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2018

Partes del expediente

  • Ana Sofía Zúñiga Cabañez

Actuaciones

  1. Principal

    ....se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    .... la razón actuarial, del Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la promovente Ana Sofía Zúñiga Cabañez el proveído de diez de agosto de dos mil dieciocho mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, para los efectos legales procedentes, así como las subsecuentes, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista de acuerdos a la promovente. DICHO AUTO EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, diez de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ana Sofía Zúñiga Cabañez, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 761/2018/I-A. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K , del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De la lectura íntegra de la demanda de amparo la quejosa Ana Sofía Zúñiga Cabañez, señaló como acto reclamado: a) De la autoridad señalada como ordenadora, el acto reclamado es en sección de ejecución, el requerimiento para que en el término de cinco días contados a partir de la fecha de notificación, se cubra la cantidad de doscientos mil pesos a favor de León Humberto Pérez Candanedo, por concepto de pagos de gastos, costas y honorarios profesionales, al no haber obtenido sentencia favorable, en el juicio ordinario civil número 419/2018. b) De las autoridades señaladas como ejecutoras el acto reclamado es en ejecución de sentencia, el auto de que se combate, el requerimiento que se hace para que en el término de cinco días contados a partir de la fecha de notificación, se cubra la cantidad de doscientos mil pesos, a favor de León Humberto Pérez Candanedo, por concepto de pago de gastos, costas y honorarios profesionales, al no haber obtenido sentencia favorable en el juicio ordinario civil 419/2018. En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el proveído dictado en sección de ejecución, en el cual se requiere a la aquí quejosa Ana Sofía Zúñiga Cabañez, para que en el término de cinco días contados a partir de que le fuera notificado, haga pago de la cantidad de doscientos mil pesos por concepto de gastos, costas y honorarios profesionales, al no haber obtenido sentencia favorable en autos del juicio ordinario civil 419/2018, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad. Por lo que, al tratarse de un acto que fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo en el que la declara por cumplida la sentencia definitiva, pudiendo reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las resoluciones intermedias que se pronuncien al efecto. Lo anterior es así, puesto que el acto que reclama la quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio natural, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la demanda las demás violaciones cometidas durante ese periodo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa, por lo que el juicio constitucional solo podrá promoverse hasta la resolución terminal con la que culmine el mismo, lo cual en el caso no acontece puesto que como se dijo, no se trata de la resolución que declara cumplida o la imposibilidad de cumplir la sentencia. Así, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la jurisprudencia P./J. 32/2001 , con rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones al caso, la tesis I.3o.C765 C, de rubro y texto siguientes : "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, HASTA QUE SE HAGA EL PAGO DE LO CONDENADO O SE DECLARE LA ABSOLUTA IMPOSIBILIDAD PARA ELLO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento; en el caso del auto de ejecución, dictado por el Juez, en el que en cumplimiento de la condena que establece una obligación de pago, se ordene el requerimiento de la misma con motivo de la cantidad líquida a que se condenó a la parte que la adeudare y se le aperciba que en caso de no hacerlo se embargarán bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de dicho adeudo, no constituye la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual proceda la vía constitucional biinstancial, porque se encuentra supeditado al resultado de las diligencias materiales de lo ordenado, que dependen de la voluntad del condenado, por lo que en caso de que se logre o no el pago requerido, la autoridad determinará los actos conducentes a la ejecución correspondiente en contra de los que no procede el amparo indirecto. Lo anterior es así, en virtud de que el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público; sin embargo, los proveídos que se dicten para ello se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo que se ordenó, los que a su vez dependen de dos factores, consistentes en la voluntad del condenado y la posibilidad o no de lograr el pago requerido y que son actuaciones que se emitirán conforme al contenido de la resolución definitiva. Por tanto, será hasta que se haga el pago de lo condenado o se declare la absoluta imposibilidad para ello, que proceda el amparo con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 80 de la Ley de Amparo, que permite restablecer el orden constitucional mediante la devolución de lo pagado si se demuestra la violación de garantías." Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues la determinación emitida por el Juez responsable, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

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