Ana Sofía Zúñiga Cabañas

Expediente 744/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
744/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/08/2019

Partes del expediente

  • Ana Sofía Zúñiga Cabañas

Actuaciones

  1. Principal

    .... se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y toda vez que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    la diligencia actuarial suscrita por la licenciada Olga Palacios Monterrosa, Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa Ana Sofía Zúñiga Cabañez, el proveído de trece de agosto del año en curso, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes por lista de acuerdos. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa. EL AUTO DE TRECE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE DICE. Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Ana Sofía Zúñiga Cabañez, por propio derecho, contra actos del Juez Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 8°, 14, 16, 19, 20, 103 y 107 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 744/2019/IV-B. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la promovente señala como acto reclamado: 1. El remate de los bienes embargados inscritos en el Registro Público de la Propiedad, aprobados en la planilla de liquidación por el Juez Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente 1233/2018 de su índice, respecto de la casa habitación de la aquí quejosa, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número treinta y tres (33), colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Asimismo, cabe hacer mención que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que con los números 1074/2018/V-B y 385/2019/IV-B del libro de registro correspondiente a los juicios de amparo de este Juzgado, se registraron dos diversas demandas promovidas por Ana Sofía Zúñiga Cabañez, contra actos del Juez Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, de quien reclamó: a.) El remate que se pretende efectuar respecto del bien inmueble embargado en autos del expediente 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, que refiere la quejosa es de su propiedad (en el juicio de amparo 1074/2018/V-B). b). El auxilio de la Fuerza Pública, como medida de apremio, para efectuar el remate del bien inmueble de la casa habitación del aquí quejoso, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número treinta y tres (33), colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, emitido en el expediente 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad (en el juicio de amparo 385/2019/IV-B. En las que manifestó que no obtuvo sentencia favorable en el juicio ordinario civil 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, pues se le condenó al pago de gastos y costas, a razón de ciento cincuenta mil pesos, por lo que el juez responsable ordenó el embargo de un bien de su propiedad, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2º de la Ley de Amparo, para proveer eficazmente este asunto. Se cita como apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.". DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." De ahí que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El remate de los bienes embargados inscritos en el Registro Público de la Propiedad, aprobados en la planilla de liquidación por el Juez Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, en los autos del expediente 1233/2018 de su índice, respecto de la casa habitación de la aquí quejosa, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número treinta y tres (33), colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bajo tales premisas, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el diverso 107, fracción IV , de la ley de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que es evidente que el acto que combate la parte quejosa se dictó en la etapa de ejecución dentro del juicio ordinario civil 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad, pues de las demandas de amparo y de los acuerdos de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y treinta de abril de dos mil diecinueve, dictados en los juicios de amparo 1074/2018/V-B y 385/2019/IV-B, respectivamente, ambos del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte lo siguiente: a) El ahí tercero interesado León Humberto Pérez Candanedo, presentó demanda en contra de la aquí quejosa, reclamando la desocupación del bien inmueble consistente en el departamento ubicado en calle Miguel Hidalgo, número treinta y tres (33), colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; b). El juicio se radicó bajo el expediente número 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor; y seguido las fases procesales del juicio, se emitió sentencia en la que condenó a la aquí quejosa, al pago de gastos y costas, a razón de ciento cincuenta mil pesos; c). La aquí quejosa promovió juicio de amparo 1074/2018/V-B en el que reclamó: "El remate que se pretende efectuar respecto del bien inmueble embargado en autos del expediente 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad", que refiere la quejosa es de su propiedad. d). De igual forma promovió el diverso juicio de amparo 385/2019/IV-B en el que reclamó: "El auxilio de la Fuerza Pública, como medida de apremio, para efectuar el remate del bien inmueble de la casa habitación del aquí quejoso, ubicado en calle Miguel Hidalgo, número treinta y tres (33), colonia Centro, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, emitido en el expediente 1233/2018 del índice del Juzgado Sexto Mixto Menor, con sede en esta ciudad". Mismos que por acuerdos de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho y treinta de abril del año en curso, se desecharon al considerar que el acto que combate la parte quejosa se efectuó en la etapa de ejecución de la sentencia dictada en el juicio civil 1233/2018 del índice del Juzgado responsable, del cual ella fue parte. Sin que en el presente caso se esté en algún supuesto de excepción, toda vez que como quedó de manifiesto en líneas arriba, desde el año dos mil dieciocho, tuvo conocimiento del citado juicio, por tanto, la aquí quejosa no tiene el carácter de tercera extraña en dicho juicio. De lo anterior, se colige que el acto en esta vía combatido -la orden de remate sobre un inmueble- se trata de actos que fueron dictados en la etapa de ejecución, lo que origina la improcedencia del juicio de amparo que se intenta, toda vez que cuando se trata de violaciones cometidas en este periodo procesal, sólo puede promoverse el juicio de amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que puede reclamarse en esa misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese periodo, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, incluidas las actuaciones intermedias que se pronuncien para tal efecto. Asimismo el acto que reclama la parte quejosa no constituye la última resolución pronunciada en la etapa de ejecución del juicio que se lleva ante la autoridad responsable, ni tampoco se trata de un acto independiente que pudiera causarle perjuicio de un modo irreparable o que lesione algún derecho sustantivo, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente el amparo cuando el acto que se reclame sea la resolución definitiva entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se puede sostener como lo hizo el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que como presupuesto para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, y la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, es necesario que se reclame la última resolución emitida en dicha etapa, con la finalidad de evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra tales violaciones, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, y que por tal debe entenderse aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el referido artículo 107 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones se invoca como sustento la tesis II. 2º. C. 389 C , de título y contenido: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última. Así, en el caso no se reúnen las características para la procedencia del juicio de amparo, pues el acto combatido al Juez responsable consistente en la posible orden de remate, es de aquellas dentro del procedimiento de ejecución, tendente a lograr el cumplimiento de la cosa juzgada, razón por la cual, sólo podrá interponerse el juicio de amparo contra la última resolución, en la que se podrán reclamar las violaciones cometidas durante dicho procedimiento, en donde se analicen todas las violaciones procesales que se hagan valer. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, de la ley en cita; de ahí que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda en estudio por notoriamente improcedente. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749 , con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADO. Con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio de la parte promovente, para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y por autorizado con las restricciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Javier Armenta Pimentel, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto lleva este juzgado. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Finalmente, para un mejor manejo del expediente, consérvese por separado en la Secretaría de este juzgado, las copias del escrito de demanda, que anexó la promovente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Bernardo Arbea Pérez, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, autorizado en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por disfrutar la titular de este Juzgado, de su periodo vacacional correspondiente al primer semestre del año dos mil diecinueve, mismo que comprende del nueve al veintitrés de agosto de dos mil diecinueve; de acuerdo al oficio número CCJ/ST/2756/2019 de dieciocho de junio del año en curso, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa...

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