Ana Sofía Bayardo Cabrera

Expediente 588/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
588/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
20/08/2019

Partes del expediente

  • Ana Sofía Bayardo Cabrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Del estado procesal del sumario, se advierte que se encuentra integrado el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia definitiva dictada en el presente juicio; por tanto, remítanse al Tribunal Colegiado, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la revisión, y el original del expediente en que se actúa. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar cuaderno de antecedentes para seguir actuando en el presente el expediente, en razón de que la formación del mismo es a consideración del suscrito, como lo establece el criterio [revisión de cuaderno de antecedentes] emitido por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante ello, se hace del conocimiento de las partes, que dicho cuaderno se integrara únicamente con el presente acuerdo y las constancias posteriores al mismo, pues en el caso, aquellas que integran el expediente principal, se encuentran el expediente electrónico y en consecuencia pueden ser consultadas por las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento por el que la parte quejosa interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con el escrito de agravios (a las autoridades responsables por medio de oficio y a las partes restantes déjese a su disposición en la actuaría de este juzgado). Asimismo, se comisiona a[l] la secretario[o]a encargado[a] del trámite de este juicio de amparo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que esté debidamente integrado el asunto (que obren las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y de este acuerdo), remita el expediente de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito.

  3. Principal

    Sentencia definitiva, la cual en su punto resolutivo establece: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa ----------, contra los actos reclamados al Director General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Colima, en los términos precisados en el considerando tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta[n] los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado[s] al artículo 3° de la Ley de Amparo, el [los] documento[s] de cuenta, suscrito por la parte quejosa, por medio del cual amplía su demanda. Sin embargo, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano, aspecto que resulta extensivo a su ampliación, en virtud de que ambas forman un todo indivisible. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese entendido, esta juzgadora advierte que se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la ampliación de la demanda que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I, 111, 117, párrafo último y 217, todos de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu que a la letra dicen lo siguiente: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de siempre podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos, cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses aun en el supuesto de que dicha afección derive de actos distintos, si estos les causen un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda. Artículo 117. [..] Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional. Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que la ampliación de la demanda de amparo es improcedente, cuando no se ubique en alguno de los supuestos previstos en los artículos 111 y 117, último párrafo, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa al tema de la ampliación. Para establecer los supuestos previstos, conviene mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia, estableció que se puede ampliar la demanda cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando el quejoso conozca por cualquier medio actos de autoridad vinculados con los reclamados, en cuyo caso, podrá ampliar sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Así lo sostuvo en la tesis de jurisprudencia P./J. 15/2003, publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, julio de 2003, página 12, que dice: AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. Al considerar de manera obligatoria la postura del máximo tribunal del país sobre los supuestos en que resulta procedente la ampliación y lo previsto en los artículos 111 y 117, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, se obtiene que se podrá ampliar la demanda de amparo en los supuestos siguientes: 1) Cuando todavía no transcurran los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, para su presentación. 2) Cuando los actos guardan relación con los actos reclamados en la demanda, por lo que se podrá ampliar la demanda respecto de los actos reclamados, las autoridades responsables y los conceptos de violación. 3) Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, que sirvan de fundamento o motivación del acto reclamado. 4) Cuando en su informe justificado la autoridad complemente la fundamentación y motivación del acto administrativo reclamado. 5) Cuando aún no se celebró la audiencia y se pretende ampliar la demanda, conforme a alguno de los supuestos descritos en los apartados uno, dos, tres y cuatro. En el supuesto de que la ampliación de la demanda de amparo no se ubique en alguno de estos supuestos, entonces resulta improcedente su promoción. Otro aspecto a considerar para acordar lo referente a la ampliación, es la mención del acto reclamado por parte del quejoso, que en términos de su definición, se refiere a una conducta [pasiva o activa] que se atribuye a una autoridad y su correcta mención para efectos del amparo consiste en describirla, sin calificarla, esto es, sin exponer aspectos circunstanciales en torno al acto, que pretendan alcanzar una conclusión respecto de su ilegalidad o inconstitucionalidad. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, volumen 18, Tercera Parte, página 159, que dice: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACION SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos. Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo VII, enero de 1991, página 69, que dice: ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia. Por otra parte, el artículo 107, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma publicada el seis de junio de dos mil once, en vigor a partir del cuatro de octubre siguiente, determina que el juicio de amparo indirecto, en que no se controviertan actos o resoluciones de tribunales, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y establece la figura del interés legítimo en los términos siguientes: [A]rtículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Acorde con la reforma constitucional referida, el dos de abril de dos mil trece fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, cuyo artículo 5º, en la parte conducente establece: [A]rtículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Las disposiciones transcritas prevén los elementos normativos del interés legítimo que abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo como una categoría diferenciada, con mayor amplitud que el interés jurídico, ya que no se exige al impetrante del amparo que acredite la afectación directa a un derecho subjetivo; sin que ello signifique una total y absoluta apertura. En ese sentido, las disposiciones transcritas fueron interpretadas por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para precisar el interés requerido para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta que se sigue a instancia de parte agraviada, esto es, del titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado transgrede los derechos reconocidos en la Constitución y que ello afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación especial frente al orden jurídico; en la parte sustancial de dicha ejecutoria se establece: Una vez establecido lo anterior, resulta pertinente desarrollar lo concerniente al interés legítimo. A manera de aproximación inicial al tema, se suele indicar que se trata de una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés simple, ya que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. Así, el interés legítimo solamente requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio, ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. El interés legítimo -mismo que tuvo su origen en el derecho administrativo, pero su uso se ha extendido a otras ramas jurídicas- implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Sin embargo, esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, requiere de un interés actual y real, no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. En consecuencia, para que exista un interés legítimo se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Cabe aclararse que tal parámetro de razonabilidad, no se refiere a los estándares argumentativos empleados por esta Suprema Corte para analizar la validez de normas jurídicas, sino al hecho de que la afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio debe ser posible, esto es, debe ser razonable la existencia de tal afectación. Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Así, mediante este interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, lo cierto es que no requiere provenir de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. En cualquier caso, resulta pertinente hacer una aclaración: la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, a efecto de verificar su actualización en el procedimiento correspondiente, no depende de una manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. En otras palabras, el hecho de que el interés legítimo implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico, no significa que el mismo no deba acreditarse, aunque por otra parte, no existe ningún impedimento para que la autoridad, por medio de inferencias lógicas, arribe a la conclusión de que sí se ha actualizado el mismo. Por otra parte, también requiere precisarse que aunque este tipo de interés sirve de manera especial para la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular. Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. Por último, debe indicarse que el interés de que se trate, deberá ser interpretado en todo momento acorde a la naturaleza y funciones del proceso constitucional, convencional o legal del cual sea parte. Así, toda vez que el interés legítimo en torno al cual versa la presente contradicción de criterios, se refiere al exigido en el juicio de amparo, el mismo deberá analizarse a la luz de la función primordial del mismo: la protección de los derechos fundamentales de las personas, razón por la cual, el principio pro persona contenido en el artículo 1° constitucional cobra especial relevancia en el presente asunto. El Tribunal Pleno ha establecido cómo deberá ser interpretada la fracción I del artículo 107 constitucional, cuyo texto reformado fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once. El segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional establece que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, resulta claro que el Constituyente Permanente estableció de forma expresa que tratándose de la procedencia del amparo directo, así como del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. Cabe señalarse que tal estándar de afectación que es exigido para la procedencia del juicio de amparo, resulta coincidente con los diversos criterios que sobre interés jurídico ha emitido el más Alto Tribunal. En consecuencia, el pronunciamiento emitido por la Suprema Corte en torno al interés legítimo, debe entenderse como aplicable al supuesto previsto en el primer párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional, es decir, para la procedencia del amparo indirecto, cuando los actos reclamados no consistan en actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El párrafo primero de la fracción I del artículo 107 constitucional, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (i) ser titular de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (ii) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, mismo que será suficiente para comparecer en el juicio. En el caso a estudio, del análisis de la ampliación de la demanda, se obtiene que la quejosa controvierte: El oficio CSCT.6.6-1027/2019 a través del cual el Director General del Centro SCT Colima, rindió el informe justificado dentro del presente juicio de amparo. Del contenido de dicho documento se desprende que dio contestación a la peticionaria de amparo, a la solicitud que le dirigió, en el sentido de que no procede la queja que interpone contra el permisionario federal * * *, por los motivos y fundamentos expuestos en oficio CSCT-6-6.02.0270/19. En ese tenor, si bien la quejosa presentó queja ante la autoridad responsable para que investigue y, en su caso, sancione la conducta que le atribuye al permisionario federal * * * *, quien explota las autorizaciones federales que posee bajo la denominación comercial de Servicio de Grúas Meillón, por incumplimiento de las obligaciones, con la cual, en su caso se inicia el procedimiento de responsabilidad correspondiente, lo cierto es que éste no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta. Sustenta lo anterior el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 41/2019 (10a.), que dice: RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NO TIENE INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO INDIRECTO LA RESOLUCIÓN QUE LA DESECHA (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE PUEBLA, QUINTANA ROO Y AFINES). La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, así como la del Estado de Quintana Roo, establecen a favor de los particulares el derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con los cuales se inicia, en su caso, el procedimiento de responsabilidad correspondiente, sin que éste tenga como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares, sino preservar la prestación óptima del servicio público de que se trate; de esta manera, el orden jurídico procesal estatal otorga al particular una mera facultad para formular quejas y denuncias por las conductas que considera incumplen con lo dispuesto en esas legislaciones, sin que ello dé lugar a exigir de la autoridad competente el sentido de la determinación que deba emitir, al no existir un vínculo con una norma de rango constitucional que prevea ese derecho, ni siquiera implícitamente, ya que subyace la facultad exclusiva del Estado en materia de responsabilidades administrativas; máxime que la queja administrativa implica revisar la conducta del funcionario público denunciado y no el procedimiento o proceso jurisdiccional en que se llevó a cabo dicha conducta; de ahí que, quien se ostente como parte en un proceso o procedimiento jurisdiccional carece de interés legítimo para impugnar en amparo indirecto la decisión de la autoridad competente de desechar la queja relativa. De ahí que, en el caso la quejosa carece de interés legítimo para impugnar a través de la ampliación de su demanda de amparo la decisión de la autoridad responsable de declarar improcedente por los motivos y fundamentos que expuso en el oficio * * *, la queja que presentó para investigar y sancionar la conducta atribuida al permisionario federal * * * , quien explota las autorizaciones federales que posee bajo la denominación comercial de Servicio de * * *. Por lo anterior se estima que no se está en el supuesto que prevé el párrafo XIII del artículo 117 de la Ley de Amparo, al carecer de interés legítimo para recurrir la resolución emitida por la autoridad responsable, por lo que se desecha de plano la ampliación de demanda en términos de los supuestos descritos con antelación. Por todo lo antes expuesto, la promoción de la ampliación de la demanda resulta improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción I, 111, 117, último párrafo, y 217 de la Ley de Amparo y de la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se desecha de plano. Cabe mencionar que esta conclusión no se modificaría en caso de que se admitiera la ampliación de la demanda, ya que se no se podría desvirtuar con el material probatorio que aporte el quejoso.

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