Ana Rosi Flores Bahena

Expediente 1712/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1712/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Ana Rosi Flores Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretario General adscrito, mediante el cual, rinden su informe justificado, señalan domicilio procesal, delegados y ofrecen pruebas.********************Con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican.********************Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que ********************, acredita la personalidad como apoderado legal de ********************; por lo que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce dicha personalidad en el presente juicio de amparo.****************************************En ese contexto, de autos se advierte que por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a las personas que se autorizan en términos amplios, hasta en tanto fuera reconocida la personalidad con que se ostentaba el promovente de amparo, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se provee al respecto.****************************************En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas en términos amplios a las personas que refiere la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.****************************************Ahora bien, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece:**************************************** "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************(.)********************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." ****************************************Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, en el juicio laboral ******************** ********************En ese sentido, se actualiza la causal de sobreseimiento antes invocada, en virtud de que la responsable no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio de origen.******************** ********************Bajo esa circunstancia, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno), ya se había certificado que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 206346. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Número 79. Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a. /J. 3/94. Página: 15, de rubro y texto siguiente:******************** "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja".****************************************En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo.********************En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:**************************************** "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que se actualiza la causal de improcedencia de referencia; por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.

  3. Principal

    AVISO CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta y Tercer Arbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y Secretario General adscrito, mediante el cual, rinden su informe justificado, señalan domicilio procesal, delegados y ofrecen pruebas.********************Con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, se tienen como sus delegados a las personas que mencionan, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indican.********************Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que ********************, acredita la personalidad como apoderado legal de ********************; por lo que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce dicha personalidad en el presente juicio de amparo.****************************************En ese contexto, de autos se advierte que por acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito se reservó acordar lo conducente respecto a las personas que se autorizan en términos amplios, hasta en tanto fuera reconocida la personalidad con que se ostentaba el promovente de amparo, circunstancia que ya aconteció; por tanto, se provee al respecto.****************************************En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizadas en términos amplios a las personas que refiere la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, en razón de que se trata de un asunto de naturaleza laboral y no es necesario tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales.****************************************Ahora bien, de las documentales exhibidas por la autoridad oficiante, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional advierte que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece:**************************************** "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:********************(.)********************IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." ****************************************Luego, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, el cual hizo consistir en la omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, en el juicio laboral ******************** ********************En ese sentido, se actualiza la causal de sobreseimiento antes invocada, en virtud de que la responsable no incurrió en la omisión que se le imputa, ello, toda vez que el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio de origen.******************** ********************Bajo esa circunstancia, se pone de manifiesto la inexistencia de la omisión que se reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en virtud de que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno), ya se había certificado que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el juicio laboral ****************************************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 206346. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Número 79. Julio de 1994. Materia(s): Común. Tesis: 2a. /J. 3/94. Página: 15, de rubro y texto siguiente:******************** "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja".****************************************En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción IV, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo.********************En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:**************************************** "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que se actualiza la causal de improcedencia de referencia; por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente prefiriendo el uso de medios electrónicos.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual cumple con lo solicitado en proveído de veintitrés de diciembre del año en curso, por tanto, se proveerá lo siguiente.****************************************Admisión de demanda.****************************************Con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, respecto de la autoridad y acto siguientes:****************************************Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos:****************************************La omisión de certificar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, dentro del juicio laboral ********************.****************************************Sin que haya lugar a tener como acto reclamado la omisión de dictar el cierre de instrucción, dentro del juicio laboral ********************.****************************************Lo anterior, toda vez que constituye un presupuesto procesal que para que se dicte el cierre de instrucción, primero se debe realizar la certificación correspondiente que no quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del juicio de origen. ****************************************Por otra parte, no pasa desapercibido para este Juzgador, que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sin embargo, se considera innecesario su llamamiento al presente juicio, debido a que de conformidad con los artículos 685 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, corresponde al propio Tribunal la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, así como ordenar notificar a las partes el auto que en su caso se dicte.****************************************Debe destacarse el contenido de las jurisprudencias 2ª./J. 48/2016 (10ª) y 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, el seis de mayo de dos mil dieciséis y uno de marzo de dos mil diecinueve, con números de registros 2011580 y 2019400, al no advertirse motivos manifiestos e indudables de improcedencia.****************************************Del incidente de suspensión.****************************************Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado la peticionaria de amparo.****************************************Requerimiento de informe justificado.****************************************De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.****************************************Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita.****************************************Por otra parte, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, se requiere a la autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifique la información de reservada y confidencial, que proporcione a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa.****************************************Apercibida para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado.****************************************De la audiencia constitucional.****************************************Se señalan las ******************** para la celebración de la audiencia constitucional. ****************************************De la personalidad del promovente.****************************************Con apoyo en el dispositivo 11, en relación con el diverso 121, ambos de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad señalada como responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, remita copia certificada del acuerdo mediante el cual reconoce la personalidad a ******************** como apoderado legal de ********************, dentro del juicio de donde emana el acto reclamado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización, con fundamento en el numeral 254 de la Ley de la Materia. ****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 79/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 297, Tomo XXIX, Junio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: ********************"PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE REQUERIR A LA AUTORIDAD OMISA LA APORTACIÓN INMEDIATA DE LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS OPORTUNAMENTE POR EL PROMOVENTE PARA ACREDITARLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA, EN APLICACIÓN DE LA REGLA CONTENIDA EN EL NUMERAL 152 DEL MISMO ORDENAMIENTO, SIN DIFERIR LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA." ****************************************En la inteligencia que, en caso, de que el ocursante no tenga la representación que afirma, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta unidades de medida de actualización, con soporte en lo previsto en los dispositivos 238 y 240 de la legislación en consulta.****************************************De las pruebas.****************************************Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que anexó a su demanda de amparo, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva.****************************************Vista al Ministerio Público Federal.****************************************Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.****************************************De la parte tercero interesada.****************************************Por otra parte, atendiendo a las particularidades de este asunto en el que se reclama diversa omisión en el juicio laboral, no resulta necesario ordenar el emplazamiento de la parte tercera interesada, es decir, la contraparte de la quejosa en el juicio de origen, porque no puede considerarse válidamente que tenga un legítimo interés contrario al de la quejosa -que subsista tal omisión-, lo que sería, en su caso, la razón toral de su participación en el juicio de amparo en términos del artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia y, en contrapartida, su búsqueda podría retrasar el dictado de la resolución de este juicio.****************************************La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la jurisprudencia 1ª./J 90/2012 de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO", en la que determinó que en casos en que se reclamen violaciones a los derechos fundamentales consagrados en los artículo 8 y 17 constitucionales, de conformidad con la fracción III del artículo 5 de la Ley de Amparo -abrogada-, debe tenerse con el carácter de tercero perjudicado -ahora tercero interesado- a la contraparte de la parte quejosa. ****************************************Sin embargo, su interpretación fue a partir de la Ley de Amparo anterior -no vigente-, considerando su literalidad y con base en un contexto constitucional diverso al actual, porque ahora el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos (reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil diecisiete), establece "siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales".****************************************En ese tenor, atendiendo al principio consagrado en el artículo 17 constitucional, se considera que en este asunto no resulta necesario emplazar a la contraparte de la quejosa, a quien le resulta el carácter de parte tercero interesada, pues no podría legítimamente defender en el juicio de amparo el que subsista la omisión reclamada -si en el fondo la hubiera-, aunado a que ello no le causaría perjuicio, dado que una eventual concesión de amparo obligaría a velar por la correcta prosecución del juicio en el que participa, con lo que finalmente también le acarrearía un beneficio dentro del proceso del que es parte. ****************************************Con otras palabras, la calidad de tercero interesado que otorga el inciso b), fracción III, del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, busca tutelar un derecho subjetivo que se afecta de manera personal y directa; por consiguiente, la subsistencia de la omisión laboral que se impugna de ninguna manera lesiona dicho derecho subjetivo; por el contrario, la eventual sentencia que conceda el amparo no podría causar perjuicio alguno a la contraparte de la quejosa, ya que los efectos de tal concesión sólo se limitarían, en su caso, a obligar a la autoridad responsable a subsanar la omisión que se le atribuye, sin que se le pueda indicar el sentido de su determinación, amén de que el dictado de la sentencia que en su caso concediera el amparo, beneficiaria también a la parte tercera interesada, en virtud de que el artículo 17 constitucional establece el derecho humano de acceso efectivo a la jurisdicción para ambas partes (actora y demandada).****************************************Obligaciones de las partes.****************************************Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta.****************************************Transparencia y acceso a la información pública.****************************************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.****************************************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental el presente expediente se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la ley de referencia; se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial.****************************************De las notificaciones a las partes.****************************************Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia.****************************************Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional.****************************************Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente:********************"NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese.

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