Ana Rosario de los Santos
Expediente 408/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 45 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 408/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 27/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana Rosario de los Santos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de ocho de junio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo en cita; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es depurable el cuaderno original con excepción de las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, en razón de que se concedió la suspensión provisional y se negó y concedió la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo. Y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9 del Acuerdo en mención. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Y, devuélvase al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, con sede en la Ciudad de México, por conducto de la Coordinadora Fiscal y de Amparo, un tomo de pruebas que se ordenó formar con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Zacatecas "1", en representación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas "1" (autoridad responsable); en atención a su contenido; indíquesele que deberá estarse a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese. ...
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 408/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, ********************, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades, y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 4, 16. 17, y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes de los actos reclamados y formuló los motivos de disenso que consideró pertinentes. SEGUNDO. La demanda de mérito fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en esa guisa, por proveído de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve se admitió a trámite, solicitándose el respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, además, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal, se emplazó a los terceros interesados, asimismo se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en termino de lo asentado en párrafos precedentes y concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque los efectos de los actos reclamados se actualizan en la circunscripción territorial en la que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar los actos reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de amparo, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Servicio de Administración Tributaria, así como de la Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal de Zacatecas "1", y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de manera respectiva, lo siguiente: El embargo y la posterior adjudicación del inmueble ubicado en la avenida Estatuto Jurídico, número 357, Unidad Habitacional Fovissste, en Fresnillo, Zacatecas; inmueble que la quejosa aduce que forma parte de un régimen de sociedad conyugal derivado de su matrimonio celebrado en el extranjero con Francisco Javier Pérez Muñoz. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Servicio de Administración Tributaria, así como Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal de Zacatecas "1", y Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; pues así lo aceptó la segunda al rendir su informe justificado (fojas 39 a 46). Y si bien el Servicio de Administración Tributaria, y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes al rendir sendos informes con justificación negaron los actos que se les atribuyeron, dicha negativa queda desvirtuada con las constancias aportadas por la propia Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal de Zacatecas "1", al rendir su informe justificado. Esto es así pues de las supracitadas documentales aportadas en copia certificada, entre las cuales destacan el acta de requerimiento de pago y embargo localizable a fojas 52 a 56, el acta de adjudicación agregada a foja 93 y el acuse de invitación electrónica recepción de bienes anexada a fojas 221 reverso a 223, de las que se desprende la intervención que tuvo el Servicio de Administración Tributaria, a través de las diversas unidades administrativas señaladas como responsables, en los actos reclamados en esta instancia constitucional; constancias, a las cuales se les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394182, publicada en el Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que se tengan por ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables en comento. CUARTO. Causal de improcedencia actualizada. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La Administración Desconcentrada de Recaudación Fiscal de Zacatecas "1", sostiene en su informe justificado que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el diverso 5, fracción I, del citado ordenamiento legal, y del 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el embargo y la adjudicación, decretados en contra del bien inmueble que la disidente pretende defender en esta instancia constitucional. Es fundada dicha causal de improcedencia. Los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria del juicio constitucional, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". La primera de las normas transcritas establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Cabe precisar que no es el caso explicar la hipótesis legal de interés legítimo que prevé el artículo 107, fracción I, de la Norma Fundamental, porque al encontrarse en controversia el embargo y la adjudicación de un bien inmueble, derivado de un procedimiento administrativo de ejecución substanciado por la autoridad fiscal, evidentemente se colige que dicha cuestión se relaciona con los derechos de propiedad y posesión respecto de ese inmueble, por lo que es necesario e indispensable que la parte promovente acredite de manera fehaciente su titularidad y no que esa afectación que refiere derive de un interés legítimo. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En el particular, la quejosa ******************** acude a esta instancia constitucional, ostentándose como tercera extraña en estricto sentido (es decir, una persona distinta de los sujetos de la controversia de origen, que aduce una afectación en sus bienes derivado de lo actuado en dicho procedimiento), dentro del procedimiento administrativo substanciado por las autoridades responsables que originó el embargo y la posterior adjudicación del inmueble ubicado en la avenida Estatuto Jurídico, número 357, Unidad Habitacional Fovissste, en Fresnillo, Zacatecas, pues aduce ser propietaria de ese bien raíz al argumentar que forma parte de un régimen de sociedad conyugal derivado de su matrimonio celebrado en el extranjero con Francisco Javier Pérez Muñoz. Al respecto, la peticionaria del amparo sustenta su interés jurídico en un acta de matrimonio celebrada en el condado de Maverick, perteneciente al estado de Texas, Estados Unidos de América, acompañada de su apostilla y traducción al idioma castellano; documento que se valora de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento público. Sin embargo, dicho medio de prueba resulta ineficaz para acreditar el extremo precitado, es decir, que la impetrante del amparo es propietaria del bien inmueble materia de la litis en el juicio natural, pues pese a la valía del medio de convicción, éste no es el idóneo para acreditar fehacientemente que la quejosa es propietaria del inmueble que defiende, ya que el documento en análisis en todo caso acredita el matrimonio contraído por ésta con Francisco Javier Pérez Muñoz, mas no el régimen al cual debe sujetarse el bien habido durante el matrimonio, y por ende, dicha documental es ineficaz para demostrar su interés jurídico. Ello, pues resulta insuficiente que exhibiera dicha acta de matrimonio, su respectiva apostilla y traducción, así como la manifestación bajo protesta de decir verdad de que contrajo nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, aduciendo al respecto a foja 8: "que en el estado de Texas solo existe el régimen de community property (propiedad de la comunidad) propiedad común"; lo anterior para acreditar que el bien que defiende en este juicio forma parte de un régimen de sociedad conyugal derivado de su matrimonio celebrado en el extranjero con Francisco Javier Pérez Muñoz, y por ende se actualiza su interés jurídico. Esto es así pues la quejosa tenía la carga procesal de acreditar que la ley bajo la cual se rige dicho acto jurídico tiene los mismos efectos que la norma nacional aplicable, es decir, que existiera en la norma extranjera una disposición en el mismo sentido, que presuma o prevea la existencia del régimen a que alude -sociedad conyugal-. Lo anterior, con motivo de que los derechos y obligaciones consagrados en el documento de que se trata, se fundan en un derecho extranjero, mismo que, por ser ajeno al sistema jurídico mexicano, debe estar sujeto a prueba, la cual le correspondía demostrar a la impetrante. Robustece lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de nuestro máximo tribunal en el país, con registro digital 801082, publicado en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen XXX, Cuarta Parte, página 120, que se transcribe a continuación. "DERECHO EXTRANJERO, CARGA DE LA PRUEBA DEL. A quien invoca la aplicación del derecho extranjero le incumbe la carga de probarlo, supuesto que los jueces mexicanos no son órganos de las leyes extranjeras." Además, no solo basta probar la existencia de la figura jurídica del matrimonio en los términos que señala la amparista, sino la totalidad del marco jurídico que lo rige, pues no debe pasarse por alto que conforme al artículo 86 Bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, el derecho extranjero debe aplicarse como lo harían los jueces o tribunales del Estado del que emane, de ahí que resulte insuficiente que la inconforme exhibiera los documentos antes referidos, para acreditar su interés jurídico. Al respecto, se cita la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 271398, página 45, volumen XXXVI, cuarta parte, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DERECHO EXTRANJERO. A QUIEN LO INVOCA COMO FUNDAMENTO DE SU ACCIÓN LE INCUMBE LA CARGA DE PROBARLO. Si el actor basó su acción en un matrimonio celebrado en el extranjero y regido por las leyes del lugar debió haber probado que según éstas el matrimonio canónico produce efectos jurídicos semejantes a los del matrimonio civil, destacadamente si en tanto que subsiste constituye un impedimento para que los unidos por el vínculo canónico puedan contraer con persona diferente matrimonio civil, y esto, porque en el derecho mexicano no sería impedimento, porque para éste el matrimonio canónico no produce ningún efecto jurídico. Lo expuesto no obsta para que nuestra República, en acatamiento de sus compromisos internacionales sobre la materia, reconozca a matrimonios no civiles sino de cualquiera otra índole que se celebren en otras naciones el valor y efectos jurídicos que sus propias leyes les atribuyen." Asimismo, es aplicable la tesis I.3o.C.303 C, con registro 187245, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1248, abril de 2002, tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DERECHO EXTRANJERO. PARA DEMOSTRARLO RESULTA APLICABLE LO DISPUESTO EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE PRUEBA E INFORMACIÓN ACERCA DEL DERECHO EXTRANJERO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. De la interpretación sistemática de los artículos 14, fracción I, del Código Civil Federal; 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles, y de la exposición de motivos del decreto publicado el doce de enero de mil novecientos noventa y ocho, que adicionó el segundo de esos preceptos, se desprende que para probar el derecho extranjero son atendibles las convenciones internacionales en donde México ha sido parte integrante, al formar éstas parte del derecho nacional, en términos de lo dispuesto en el artículo 133 constitucional. Sobre el particular, destaca la Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero, firmada en Montevideo, Uruguay, el ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve, y publicada en el órgano oficial informativo de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y tres, de cuyos artículos 1o. y 3o. se advierte la existencia de la cooperación entre los Estados-partes de ese convenio con la finalidad de obtener con mayor facilidad y menor tiempo los elementos de prueba idóneos e información acerca de un derecho extranjero de un país que tenga que aplicarse en otro, los elementos de prueba idóneos y la información acerca del derecho extranjero requerido para ser aplicado a un determinado caso, siendo éstos, entre otros de la misma naturaleza: a) El documento consistente en copia certificada de textos legales con indicación de su vigencia o precedentes judiciales; b) La prueba pericial consistente en dictámenes de abogados o expertos en la materia; y, c) Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados aspectos. Cabe destacar que los dos primeros presupuestos a probar están dirigidos a la parte que invoca el derecho extranjero, los que se estiman esenciales para que el Juez de instrucción tenga todos los elementos necesarios para establecer la forma de aplicación de las normas extranacionales, y el último está encauzado a las autoridades jurisdiccionales, quienes podrán solicitar los informes que ahí se refieren, según lo establecido en el citado artículo 86 bis del Código Federal de Procedimientos Civiles; no siendo este presupuesto determinante para acreditar el derecho extranjero y su aplicación, dado que es una potestad del órgano jurisdiccional ejercerla o no, según su arbitrio judicial." Finalmente cabe señalar que los diversos documentos exhibidos por la parte quejosa no permiten a arribar a conclusión diversa a la ya asentada, en virtud de que, por cuanto hace a los originales de las actas de nacimiento de la quejosa, emitidas por el Registro Civil de Piedras Negras, Coahuila y la secretaria del condado de Maverick, Texas, en Estados Unidos de América, respectivamente, solo hacen fe de la data de nacimiento de la quejosa, en el vecino país del norte. El certificado de gravamen expedido por el oficial registrador de Fresnillo, Zacatecas, solo permite advertir que el inmueble ubicado en avenida Estatuto Jurídico, número 357, Unidad Habitacional Fovissste, en Fresnillo, Zacatecas, se encontraba inscrito a nombre de Francisco Javier Pérez Muñoz al once de abril de dos mil diecinueve, así como los gravámenes que cuenta dicha propiedad, y además que la misma fue adjudicada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico el trece de marzo de dos mil catorce. En tanto que la copias simple de un contrato de compraventa y de mutuo con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre Emilio Tinoco Name por conducto de su apoderado Antonio Rodarte Carrillo como parte vendedora y Francisco Javier Pérez Muñoz como comprador en relación a la vivienda ubicada en avenida Estatuto Jurídico, número 357, Unidad Habitacional Fovissste, en Fresnillo, Zacatecas, solo tiene valor convictivo de indicio (no prueba plena), de la titularidad de dicho bien, en favor de la persona que aparece como comprador en ese documento, al dar fe de la existencia de su original, y además enlazarse con el contenido del certificado de gravamen aludido en el párrafo precedente. Y la copia simple de una credencial de elector expedida por el otrora Instituto Federal Electoral a favor de la quejosa de mérito, solo genera convicción de que se reconoce como electora a la aquí disidente, de conformidad con la clave de elector ahí asentada. En esas condiciones, toda vez que la agraviada no demostró que el bien que defiende en este juicio forma parte de un régimen de sociedad conyugal derivado de su matrimonio celebrado en el extranjero con Francisco Javier Pérez Muñoz, y por ende su interés jurídico para acudir al juicio de amparo, como se anticipó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la invocada legislación. Finalmente, debe decirse que no representa obstáculo alguno el hecho de que la parte quejosa en su demanda de amparo hubiese manifestado, bajo protesta de decir verdad, tener la calidad de propietaria y poseedora del bien inmueble materia de litigio en el procedimiento natural, derivado de una sociedad conyugal, y respecto del cual, sustenta su derecho para instar la presente vía constitucional. Lo anterior es así, pues dicha protesta no demuestra el interés jurídico necesario para promover el presente juicio de amparo, ya que dicha afirmación debe estar demostrada con alguno de los medios probatorios previstos por la ley, pues lo manifestado en la demanda de amparo constituye solo un requisito necesario que debe contener en términos del artículo 108, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 27/90, con registro 207221, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, página 229, que establece: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Cabe señalar que atento al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de diversa causal de improcedencia que se actualizara al caso concreto, en virtud de que no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, que impide entrar al fondo del tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, Materia(s): Común, Página: 49, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra los actos y autoridades señalados en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos plasmados en la última consideración de este fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, hasta hoy ocho de junio de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores del juzgado. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas).
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercero interesada se imponga de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. En consecuencia, SE DIFIERE la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. ...
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por el juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, mediante la cual devuelve diligenciado el despacho 101/2021 (origen 65/2021); enviado para emplazar dentro de este juicio de amparo a la tercero interesada Rosa María Garay de la Luz, en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Héctor Piña Jaime; por tanto, téngasele por legalmente emplazada, en términos del acta asentada el cinco del presente mes y año, por personal actuante adscrito al Juzgado del orden común. Acúsese recibo. Finalmente, dese vista a la tercero interesada en comento con los informes justificados que obra en autos para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. ...
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- Ana Zaide Bañuelos Monroy2782/2014
- Anabel Olivares de la Rosa562/2018
- Anabel Rivera Juárez1175/2023