Ana Rosa Ojeda Espinosa
Expediente 1153/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Rosa Ojeda Espinosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, a siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a estos autos el escrito signado por Roger Iván Escalante Arceo, en su carácter de autorizado de la quejosa ***************, y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, y entréguesele a las personas que menciona previa identificación y recibo que se otorgue en autos. Por otro lado, respecto a la solicitud de devolución de los documentos que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, no existiendo impedimento legal alguno, se accede a su petición; en consecuencia, devuélvanse los documentos que solicita, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que deje en autos, previa copia certificada que de los documentos a devolver se deje en este expediente Notifíquese y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DE CONFRMIDAD CON EL ARTICULO 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO... Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el diecisiete de octubre del año en curso, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del dieciocho al veinte de octubre del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del veintitrés al veintisiete de octubre, en cumplimiento al oficio IJF/DG/CA/STDHIG/8086/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia; en consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil ciento quince, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014318, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Mediante sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio constitucional promovido por Ana Rosa Ojeda Espinosa, en contra de los actos que atribuyó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, Director y Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Citado Instituto; Gobernador Constitucional del Estado y Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad. Inconforme con la anterior determinación, la citada quejosa interpuso en su contra recurso de revisión, del que resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Por ejecutoria de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dicha Superioridad resolvió: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia recurrida.- - - SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de 1153/2016-IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por Ana Rosa Ojeda Espinosa, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. - - - TERCERO.- Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Rosa Ojeda Espinosa, contra el acto consistente en el recibo relativo al periodo del "01-31/AGO/2016" que contiene los descuentos de la pensión jubilatoria bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." Y "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente, atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.". Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en los siguientes términos: "Se concede el amparo para el efecto de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, inaplique los preceptos legales 8, fracción IV, y 9 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, con base en los cuales realizó el descuento de la pensión jubilatoria de la quejosa Ana Rosa Ojeda Espinosa, en el recibo relativo al periodo "01-31/AGO/2016", bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos, y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente". A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio SAF/DJ/0282/2017, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó a este Juzgado Federal que realizó la devolución a la quejosa de la cantidad de $932.89 (novecientos treinta y dos pesos, ochenta y nueve centavos, 89/100 M.N.), por concepto de devolución de retenciones a la pensión jubilatoria de la quejosa señaladas como "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", correspondiente al recibo relativo al periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, mediante cheque certificado número 10541 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., (BANORTE). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, se encontraba obligado a inaplicar los preceptos legales 8, fracción IV, y 9 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, con base en los cuales realizó el descuento de la pensión jubilatoria de la quejosa Ana Rosa Ojeda Espinosa, en el recibo relativo al periodo "01-31/AGO/2016", bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos, y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de nueve de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se le apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. El acuerdo de mérito se le notificó a la parte quejosa el diecisiete de octubre del año en curso, sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término que le fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y las documentales remitidas por la autoridad responsable, el fallo protector emitido se encuentra o no cumplido en su totalidad. Siendo menester señalar, que si bien el término de tres días concedido a las partes transcurrió del dieciocho al veinte de octubre del año en curso, el presente acuerdo se dicta en esta fecha, en virtud de que del veintitrés al veintisiete de octubre, en cumplimiento al oficio IJF/DG/CA/STDHIG/8086/2017, de nueve de octubre de dos mil diecisiete, suscrito por el Director General del Instituto de la Judicatura Federal, el Titular de este Juzgado Federal se encontraba de licencia; en consecuencia, al no estar autorizado el Secretario Encargado del Despacho para declarar el cumplimiento de las sentencias, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es que no fue posible ceñirse al plazo otorgado. Apoya la anterior consideración, la tesis del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página dos mil ciento quince, Libro 42, mayo de dos mil diecisiete, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014318, Décima Época, de rubro y texto: "SECRETARIO DE JUZGADO ENCARGADO DEL DESPACHO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. AL NO SER LA DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO UNA DILIGENCIA, PROVIDENCIA DE MERO TRÁMITE, O RESOLUCIÓN DE CARÁCTER URGENTE, DICHO FUNCIONARIO CARECE DE ATRIBUCIONES LEGALES PARA DECIDIR SI LA SENTENCIA DE AMPARO SE ENCUENTRA O NO CUMPLIDA. En términos del precepto mencionado, en las ausencias del Juez de Distrito menores a quince días, el secretario se encargará de practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y las resoluciones de carácter urgente. Así, el cumplimiento o no de una ejecutoria de amparo importa una decisión que no se encuentra comprendida en ninguna de esas hipótesis; primeramente, porque no es una diligencia ni constituye una providencia de mero trámite, ya que requiere de un importante y trascendente juicio de valoración en torno a las actuaciones realizadas en acatamiento a un fallo protector que, en su regularidad, puede conducir a la imposición de una multa y, eventualmente, al inicio del procedimiento de inejecución que culmina con la separación del cargo del titular de la autoridad responsable y su consignación ante un Juez penal; además, porque no está comprendida en la connotación legal de urgente empleada en esa fase, tanto es así, que los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo autorizan la ampliación del plazo; de lo que se colige que la resolución de cumplimiento de una ejecutoria de amparo es una decisión exclusiva del titular del órgano de control constitucional. Mediante sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, se sobreseyó en el presente juicio constitucional promovido por Ana Rosa Ojeda Espinosa, en contra de los actos que atribuyó al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, Director y Subdirector de Pensiones y Gestión Financiera del Citado Instituto; Gobernador Constitucional del Estado y Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad. Inconforme con la anterior determinación, la citada quejosa interpuso en su contra recurso de revisión, del que resolvió el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, residente en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio de las labores del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Por ejecutoria de uno de septiembre de dos mil diecisiete, dicha Superioridad resolvió: "PRIMERO.- SE MODIFICA la sentencia recurrida.- - - SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de 1153/2016-IV del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, promovido por Ana Rosa Ojeda Espinosa, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando séptimo de esta ejecutoria. - - - TERCERO.- Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Ana Rosa Ojeda Espinosa, contra el acto consistente en el recibo relativo al periodo del "01-31/AGO/2016" que contiene los descuentos de la pensión jubilatoria bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." Y "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente, atribuido a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán.". Posteriormente, en auto de doce de septiembre de dos mil diecisiete, se requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a fin de que dieran cumplimiento a la ejecutoria de mérito, en los siguientes términos: "Se concede el amparo para el efecto de que la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, inaplique los preceptos legales 8, fracción IV, y 9 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, con base en los cuales realizó el descuento de la pensión jubilatoria de la quejosa Ana Rosa Ojeda Espinosa, en el recibo relativo al periodo "01-31/AGO/2016", bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos, y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente". A fin de cumplir con la sentencia de amparo, por oficio SAF/DJ/0282/2017, signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, informó a este Juzgado Federal que realizó la devolución a la quejosa de la cantidad de $932.89 (novecientos treinta y dos pesos, ochenta y nueve centavos, 89/100 M.N.), por concepto de devolución de retenciones a la pensión jubilatoria de la quejosa señaladas como "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", correspondiente al recibo relativo al periodo del uno al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, mediante cheque certificado número 10541 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., (BANORTE). Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria, en términos del artículo 77 fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, se encontraba obligado a inaplicar los preceptos legales 8, fracción IV, y 9 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal, vigente hasta el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, con base en los cuales realizó el descuento de la pensión jubilatoria de la quejosa Ana Rosa Ojeda Espinosa, en el recibo relativo al periodo "01-31/AGO/2016", bajo los conceptos "63 R. Cuota Seguridad del Edo." T "64 Cuota Seguridad Social del Edo.", en cantidad de setecientos cincuenta y cuatro pesos treinta y tres centavos, y ciento setenta y ocho pesos cincuenta y seis centavos moneda nacional, respectivamente. Luego, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de AMPARO CONCEDIDO y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, el original y duplicado del cuaderno incidental, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda este expediente y la cuenta que antecede, se acuerda: con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; que remite en cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en autos de doce de septiembre del presente año, a fin de dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa de lo anterior, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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