Ana Rosa Nuñes Serrano
Expediente 17/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 17/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2019
Partes del expediente
- Ana Rosa Nuñes Serrano
Actuaciones
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 98, de la Ley de Amparo, se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído en el que se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO presentada, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo EN EL QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS POR LAS PARTES. Ahora bien, toda vez que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en hora y día hábil ante este juzgado, a recogerlo, apercibido que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con las constancias que corran la misma suerte y que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de la parte quejosa por medio del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en autos de diez y veintiuno de enero del año en curso (fojas 18-20 y 25-26); en atención a su contenido; se provee al respecto. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Establecido lo anterior, del estudio integral de la demanda y escritos aclaratorios (fojas 23-24 y 29-31), se advierte que la parte quejosa se duele esencialmente del acto consistente en la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, con número de folio 07000243778001, en la que se detallan las deducciones por el concepto 154 de incompatibilidad relacionada con el artículo 51, fracción ll, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y cada uno de los descuentos o deducciones mensuales que se han realizado a su pensión por viudez. En tal virtud, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque contra el acto reclamado procede un recurso por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En principio, es preciso señalar que el dispositivo legal antes enunciado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El citado precepto establece uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. En la especie, contra el acto reclamado consistente en la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, con número de folio 07000243778001, en la que se detallan las deducciones por el concepto 154 de incompatibilidad relacionada con el artículo 51, fracción ll, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y cada uno de los descuentos o deducciones mensuales que se han realizado a su pensión por viudez, la parte quejosa, previamente al juicio de amparo, debió promover el juicio contencioso administrativo federal, cuya procedencia se encuentra definida por los artículos 2 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso y 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; preceptos que a la letra establecen: ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley." (.) "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;." Conforme a los citados preceptos, se advierte con nitidez que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa es competente para conocer y resolver respecto a resoluciones de carácter administrativo, como es el caso de las emitidas en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; luego, toda resolución dictada por éste o los órganos competentes dependientes de él en materia de pensiones, como son las relativas a la suspensión, descuento o reducción de una pensión, se ubican en los supuestos contemplados en el numeral 3, fracción VII, preinserto. En esta tesitura, se colige que las resoluciones que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o sus dependencias competentes, dicten en materia de pensiones deben ser impugnadas por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXII, Septiembre de 2005, página: 326 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Sin que en el caso, se esté en uno de los supuestos de excepción, toda vez que el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los consignados por la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.27/2016, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, que dice: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Por otra parte, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte, en esencia, que la parte quejosa, si bien es cierto adujo que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123, apartado B, fracción Xl Constitucionales, también es cierto que atribuyó a dicho acto, cuestiones que atañen a la legalidad del mismo. Por tanto, dado que la parte quejosa no alegó únicamente violaciones directas a la Constitución, sino que, además, adujo vicios de legalidad, en relación con la forma y el fondo del acto reclamado, ello es factible de verificarse a través del medio de defensa ordinario procedente. Ahora bien, precisa destacar que tampoco se advierte que la peticionaria de amparo se ostente como tercera extraña; y del mismo modo, no se advierte que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de nuestra Carta Magna. De igual forma, se advierte que la parte quejosa no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley, ya que al dar cumplimiento a la prevención que se le hizo en auto de veintiuno de enero del presente año, refirió que no reclama el artículo 51, fracción ll, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. De ahí que, únicamente se analizó lo relativo a la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, con número de folio 07000243778001, en la que se detallan las deducciones por el concepto 154 de incompatibilidad relacionada con el artículo 51, fracción ll, inciso c) de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y cada uno de los descuentos o deducciones mensuales que se han realizado a su pensión por viudez. Por lo que, esta autoridad federal no advierte ningún elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad, para que sea procedente el presente juicio. Al respecto, se cita la tesis 2a. LVI/2000, visible en la página 156, tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." En consecuencia, al no haber agotado ese medio de defensa ordinario, la parte quejosa transgrede el principio de definitividad que rige al juicio de amparo; pues dicho acto puede ser confirmado, revocado o nulificado mediante el medio de defensa ordinario invocado. En tal virtud, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de la promovente por medio del cual pretende dar cumplimiento a la prevención ordenada en auto de diez de enero del año en curso (fojas 18 a la 20); en atención a su contenido, dígase que no resulta posible acordar de conformidad lo que peticiona. Lo anterior, toda vez que fue omisa en dar debido cumplimiento a dicha prevención; pues si bien refiere que reclama del Subdelegado de Prestaciones Económicas y Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación en Chiapas, residentes en esta ciudad, la aplicación del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, materializándose dicha aplicación en la hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, con número de folio 07000243778001 y cada uno de los descuentos o deducciones mensuales que se han realizado a su pensión por viudez. Lo cierto es que también menciona que el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, resulta violatorio de sus derechos humanos y de seguridad social. De ahí que no se advierte con claridad si también señala como acto reclamado la inconstitucionalidad de dicho precepto legal y en su caso, si designa a las autoridades que intervinieron en el proceso legislativo correspondiente; esto es, a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, requiérase a la promovente para que dé cumplimiento estricto a la prevención ordenada en autos en el término de tres días contado a partir de surta efectos la notificación del presente auto, apercibido que de no dar cumplimiento a lo antes establecido, se hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diez de enero del presente año, con relación al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, pues el término señalado en dicho auto, comenzó a transcurrir el dieciséis de enero del año en curso, el cual se interrumpió con la promoción de cuenta presentada el dieciocho del actual mes y año, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, por lo que continúa transcurriendo. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, página 400, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Resérvese proveer lo conducente respecto a los actos reclamados que ya fueron precisados en el escrito aclaratorio de mérito, en tanto transcurra el término señalado en párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número de expediente 17/2019-2-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS DE LA DEMANDA. A efecto de acordar si procede o no su admisión, se analizará si la parte quejosa cumplió las premisas previstas en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo. PREVENCIÓN Y REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Ahora, tomando en consideración que del contenido integral de la demanda, se advierte que las manifestaciones de la quejosa son obscuras e imprecisas; por un lado, menciona como acto reclamado la inconstitucional aplicación en su perjuicio del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, al retener el pago total de su pensión de viudez, por el concepto 154 denominado "Incompatibilidad de Pensión". Por otra parte, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado la quejosa indica bajo protesta de decir verdad que el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, se presentó ante las oficinas del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Chiapas, con toda su documentación, para preguntar el motivo por el cuál no le estaba pagando su pensión por viudez, siendo que, el mismo personal que labora en dicha Institución revisó su concesión de pensión por viudez y su hoja de liquidación de pago previa incorporación a nómina, y le informó que dichas retenciones eran por la aplicación del concepto 154 denominado "Incompatibilidad de Pensiones" en atención a lo previsto en el artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pero que, si bien en el documento no se señalaba artículo de referencia, que se aplica para la retención, era porque así lo habían trabajado siempre. De ahí, que no se advierta con precisión cuál o cuáles son los actos reclamados y a qué autoridades atribuye cada uno; ya que la correcta fijación del acto reclamado resulta indispensable para que en el momento procesal oportuno este juzgador pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Cobra aplicación la tesis XX. 57 k, del entonces único Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, página 871, Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". En consecuencia, con fundamento en los numerales 108 fracciones IV y V y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído que ahora se dicta, manifieste cuál es el acto o actos que reclama en el presente juicio de amparo y a qué autoridad o autoridades responsables atribuye cada uno; esto es, precise de forma específica: Si únicamente señala como acto reclamado el oficio denominado "liquidación de pago previa incorporación a nómina" con folio ****, emitido por el Subdelegado de Prestaciones del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, como acto de aplicación en su perjuicio del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y los diversos actos que refiere son sólo una consecuencia del referido en primer término, o son conceptos de violación. En caso de señalar de forma destacada diversos actos de aplicación del artículo 51, fracción II, inciso c), de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, deberá precisar cuáles son éstos, absteniéndose de formular calificativas de los mismos. Asimismo, tomando en consideración que el oficio denominado "liquidación de pago previa incorporación a nómina" con folio ***, que anexó a su demanda, únicamente contiene el sello de la Subdelegación de Prestaciones del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, deberá precisar cuál es el acto o actos que reclama del Jefe de Departamento de Pensiones de Seguridad e Higiene del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Chiapas, absteniéndose de formular calificativas de los mismos. Si ha promovido algún juicio o medio de defensa diverso contra los actos reclamados o alguno relacionado con ellos; en su caso, deberá precisar cuál fue éste, ante qué autoridad se promovió, en qué estado se encuentra, el número de expediente y todos los datos que permitan identificar ese juicio o medio de defensa. Asimismo, deberá dar cumplimiento estricto a lo requerido por este juzgado, absteniéndose de formular conceptos de violación distintos de los ya planteados en el escrito de demanda y manifestaciones ajenas a lo requerido en la prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá ser coherente con las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda que se provee. Consecuentemente, deberá dar cumplimiento al requerimiento realizado en párrafos que anteceden, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, en la forma y términos antes indicados, se tendrá POR NO PRESENTADA LA DEMANDA de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Alonso Hernández González; toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y como autorizada para oír y recibir notificaciones a la diversa persona que refiere. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
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