Ana Rosa Lopez Rocha

Expediente 2553/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2553/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
07/02/2023

Partes del expediente

  • Ana Rosa Lopez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la sentencia; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ténganse por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria Técnica de la Secretaría Técnica de Coordinación con Tribunales Laborales Federales del Consejo de la Judicatura Federal; al respecto, agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con la fracción II, del numeral 297, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a diestro oficial a fin de que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído precise el monto de sus honorarios En el entendido que, una vez desahogado lo anterior por el perito oficial y calificado que sea por este órgano jurisdiccional, se deberá realizar el trámite presupuestal correspondiente ante la Dirección General de Programación Presupuesto y Tesorería del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se solicita a la Comisión de Administración del aludido Consejo la actualización del certificado de disponibilidad presupuestal, a fin de que, si a bien lo tiene lo someta a la Comisión de Administración del aludido Consejo, para la determinación sobre su autorización.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS QUE A LA LETRA INDICA : Por recibida la demanda de amparo promovida por , por propio derecho, contra actos del Presidente de la Décima Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con fundamento en los artículos 3, 20, 21 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, 1, 5, 12, 14 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, intégrense los expedientes físico y electrónico del juicio de amparo de que se trata; regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 2553/2022-VI. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por actualizarse un motivo de improcedencia notorio y manifiesto. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede:[.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, interpretó el contenido del ?? artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, en el que sostuvo que el legislador dispuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, la Segunda Sala determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca el asunto resuelva sobre la pretensión sometida a su consideración, por lo que es obligación del promovente sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que por regla general, no sea procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Por lo que concluyó, que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de naturaleza omisiva es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2ª./J.48/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el seis de mayo de dos mil dieciséis, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". Ahora bien, recientemente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, estableció un lapso específico para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva en el juicio laboral que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Así, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, determinó que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos ??????????????? procesales respectivos, tomando en cuenta que es ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, en los siguientes términos: Con base en esta resolución, estableció la tesis 2a./J. 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el uno de Marzo de 2019, cuyo rubro dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". En el caso, del estudio integral de la demanda, se desprende que el acto reclamado en esencia se hace consistir en: - La omisión de acordar el escrito presentado el tres de noviembre de este año, por el cual la actora solicitó el cumplimiento del laudo dictado dentro juicio laboral 643/2018, del índice de la Décimo Séptima Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, que implica la ejecución del mismo. El artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, estable que la junta debe acordar las promociones que reciba por escrito, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recepción1. En esa tesitura, si se toma en consideración, que el pasado, tres de noviembre de este año, la parte 1 Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley. quejosa presentó su escrito ante la junta responsable, se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda - trece de diciembre de dos mil veintidós- aun no transcurre el plazo específico de cuarenta y cinco días naturales establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este orden de ideas, este Juzgado de Distrito estima que los actos reclamados no constituyen un acto de imposible reparación dictados en el proceso que afecten materialmente derechos sustantivos, en razón de que no ha transcurrido un plazo excesivo que permita colegir la existencia de una dilación abierta, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por lo que el proceder del suscrito se ajusta a lo establecido por el artículo 217 de la Ley de Amparo, toda vez que, se insiste, no se aplica retroactivamente en perjuicio de la parte quejosa la jurisprudencia que derivó en la contradicción de tesis 294/2018, si se toma en consideración que a la fecha en que se promovió la demanda de derechos fundamentales, la misma ya se encontraba resuelta y publicada en el portal oficial del órgano Supremo del país. Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de la materia. ??????????????? No está demás, puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia y que es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. En las relatadas condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia i prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados de su parte a quienes menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por ser el presente asunto de naturaleza laboral, que es una excepción a la regla contenida en el propio precepto legal; de ahí que los autorizados de que se trata se tengan como tal, en los términos amplios del numeral que se invoca. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.50/95, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo II, Septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en la página 127, es del rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR NOTIFICACIONES EN EL JUICIO EN MATERIA AGRARIA. ESTA LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSOS. Y únicamente para oír y recibir notificaciones a Ana Érica Chávez Rojas y Armando Valencia Mariscal, por así solicitarlo la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal el que indica la parte quejosa en su demanda de amparo. Por lo que ve a la solicitud para el uso de medios electrónicos a fin de obtener reproducciones de los autos; se autoriza la misma, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de ello. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal, le será negada la copia solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, cuyo rubro dice: ??????????????? "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Vista la certificación de cuenta, de conformidad con lo dispuesto por el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, EN EL CAPÍTULO NOVENO, ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, BIS DEL ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, en relación con el artículo 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2, se autoriza la consulta del expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la clave de usuario "FRAMA08". Finalmente, debido a que la promoción que se acuerda fue recibida de manera física y la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, sólo se integrará al expediente físico la promoción, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

  4. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por , contra los actos de las autoridades responsables por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a , contra los actos de las autoridades responsables por las razones y motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. El amparo se concede en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.

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