Ana Rosa Galeana Bello
Expediente 629/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 629/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 08/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ana Rosa Galeana Bello
- Agente del ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, Sector Renacimiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal, en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo; con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214, interpretado a contrario sentido, en su oportunidad, envíese al archivo.
- Principal
C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, aplicable al caso por similitud de razón, con número de registro 192097, cuyos rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". De igual manera, es aplicable la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos cincuenta y cinco, del Tomo XIX, Abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Al efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria del juicio de amparo reclama: a. La omisión de ordenar y vigilar el cumplimiento de las medidas para la localización y reintegración de las menores EMILY VALERIA y YEIMY ESTEFANÍA, ambas de apellidos ARROYO GALEANA a su domicilio, derivado de la carpeta de investigación 12030290200516231020. b. La omisión de observar el principio del interés superior del niño a favor de las menores citadas. c. La omisión de otorgar y garantizar el cumplimiento de las medidas urgentes de protección de la menor IVONNE CONSTANZA BODZICK LÓPEZ (sic), dentro de la carpeta de investigación 12030290200516231020. En la ampliación de demanda: 1. Del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, sector Renacimiento: a) La falta de notificación personal para imponerse conforme a su derecho conviniera, respecto de la entrevista realizada a su menor hija EMILY VALERIA ARROYO GALEANA, el quince de diciembre de dos mil veinte dentro de la carpeta de investigación 12030290200516231020. b) La omisión de observar el principio del interés superior del menor, a favor de la menor EMILY VALERIA ARROYO GALEANA respecto de respetar los protocolos para la comparecencia de menores de edad ante el Ministerio Público. c) La dilación o suspensión de la investigación dentro de la carpeta de investigación por el delito de sustracción de menores. d) La omisión de ejercer sus facultades de investigación y requerir al titular del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar le informe la veracidad de los argumentos vertidos por CESAR RICARDO ARROYO FALCÓN. 2. Del Coordinador de Zona de la Policía Ministerial adscrito al sector Renacimiento en Acapulco de Juárez, Guerrero: a) La suspensión de ejecutar las medidas necesarias para la localización y reintegración de las menores involucradas. b) La determinación de presunción de culpabilidad de un tercero ajeno al procedimiento de origen para fundamentar sus omisiones para ejecutar las medidas de localización y reintegración. 3. Del Titular del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar: a) La falta de colaboración para el esclarecimiento de la verdad con el Titular del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar. b) Las ilegales medidas restrictivas otorgadas a favor de CÉSAR RICARDO ARROYO FALCON en la carpeta de investigación 12030270301668091020. c) La prosecución de la investigación sin que se le permita el acceso a la investigación inicial de la carpeta de investigación respectiva. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Una vez precisados los actos reclamados, por cuestión de técnica jurídica corresponde determinar su certeza o falsedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales. Es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables, Agente Titular del Ministerio Público Sector Renacimiento del Distrito Judicial de Tabares y el Agente del Ministerio Público de Unidad de Investigación "3" del Distrito Judicial de Tabares (registrados 6907 de dos mil veinte, 4337 y 4844, ambos del año en curso), al rendir sus respectivos informes justificados, negaron los actos que se le reclaman. Sin embargo, los mismos deben tenerse por ciertos, pues con independencia de la negativa manifestada, de las manifestaciones vertidas en sus informes justificados, se evidencia su certeza. Es aplicable a lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, página 391, con número de registro 211004, de rubro y contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, a pesar de su negativa expresa, deben tenerse por ciertos los actos reclamados del Encargado de la Policía Ministerial del Estado, responsable del Sector Renacimiento y el Agente de la Policía Ministerial del Estado, responsable del Sector Renacimiento, ambos con residencia en esta Ciudad, ya que al tener el carácter de autoridades ejecutoras, es incuestionable que en el ámbito de sus funciones en determinado momento darán cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 227890, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar aquellas que propongan las partes o que este juzgador federal advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, consultable en la página 262, tomo VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, número de registro 395571, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, este Juzgado Federal de oficio advierte que se configura la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad), en relación con los actos reclamados en el presente juicio de amparo. El artículo que prevé la causal de improcedencia materia de estudio, es del siguiente tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". La referida causal de improcedencia contiene el principio de definitividad, el cual destaca la naturaleza del juicio de amparo como medio de control constitucional de carácter extraordinario, y consiste en que previamente a instar la acción de amparo, el quejoso debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios mediante los cuales el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o confirmado; su fundamento se encuentra en el artículo 107, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 317/2011, señaló que el principio de definitividad implica el agotamiento previo del recurso ordinario procedente respecto de un determinado acto de autoridad. Es decir, es la obligación que tiene el quejoso de agotar, previamente a recurrir a la instancia constitucional, el recurso ordinario procedente que pudiera tener efectos de revocación o modificación del acto que estima afecta su esfera jurídica. Asimismo, se ha sostenido que para efectos del juicio de amparo, un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, regulado por la ley que rige el acto, que tenga por objetivo modificar, revocar o nulificar dicho acto. Ahora bien, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo señala, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados; lo anterior, siempre y cuando para la procedencia del recurso no se exijan más requisitos que los que prevé la Ley de Amparo para otorgar la suspensión, ni un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la misma. Además, que no existe obligación de agotar tales medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, si sólo se alegan violaciones directas a la Constitución o si el recurso se encuentra previsto en un reglamento sin estar contemplado en la ley aplicable. En síntesis, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad y suspenda el acto. Así las cosas, se advierte que contra los actos reclamado al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, sector Renacimiento y al Titular del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, que hizo consistir en la omisión de ordenar y vigilar el cumplimientos de medidas para la localización y reintegración de las menores involucradas; observar el principio del interés del menor; la suspensión de la investigación del delito de sustracción de menores; la falta de colaboración entre los agentes de las carpetas de investigación de mérito; las medidas restrictivas otorgadas en la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual y la prosecución de la misma carpeta, sin otorgar acceso a la quejosa, procede el medio de impugnación a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno.". Lo anterior en virtud de que en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sí existe un medio de defensa para impugnarlas, siendo el Juez de Control quien determinará la legalidad de tales determinaciones. Para sustentar lo anterior, resulta conveniente exponer la interpretación que ha realizado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al resolver la contradicción de tesis 233/2017. En principio, el Alto Tribunal Superior refirió que de la lectura del artículo transcrito, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. Argumentó, que de la interpretación sistemática de los preceptos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concluye que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del código citado. Por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. Lo anterior, porque el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover juicio de amparo biinstancial, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permite concluir que las determinaciones del Ministerio Público, en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Esta circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Asimismo, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Aunado a lo anterior, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. Ahora bien, no obstante que el artículo 258 del citado ordenamiento, establece como plazo para la impugnación ante el Juez de Control, el de diez días posteriores a que sea notificada la determinación controvertida. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entiende que los actos omisivos, por su especial naturaleza, no se consuman en un momento, sino que se prolongan en el tiempo, mientras no se genere una acción que los haga concluir. Pero por certeza jurídica, precisó que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, deben impugnarse por la víctima u ofendido dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Así, cuando la autoridad ministerial en la fase de investigación tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito, debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Por lo que es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, entre las que destacan dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control. Así, como que la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las omisiones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional. Con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar transparencia en la impartición de justicia, porque el justiciable observa en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en un medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. Por lo que la omisión o inactividad de la autoridad ministerial en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, si la parte quejosa promueve la acción constitucional, sin que previamente haya agotado dicho medio ordinario de defensa, ello provocaría que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución. Los criterios expuestos dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a) y 1a./J. 28/2018 (10a), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, agosto de dos mil dieciocho, Tomo I, páginas 943 y 945, con números de registro digital 2017641 y 2017800 y cuyos rubros y contenido son los siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Atento a lo expuesto, se advierte que contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, sector Renacimiento y al Titular del Ministerio Público del Fuero Común de la Unidad de Investigación Especializado en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, que hizo consistir en la omisión de ordenar y vigilar el cumplimientos de medidas para la localización y reintegración de las menores involucradas; observar el principio del interés del menor; la suspensión de la investigación del delito de sustracción de menores, encuadran en los supuestos que deben ser impugnados por la víctima u ofendido ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues dichas omisiones, así como las medidas adoptadas por la responsable y no otorgarle acceso a dicha investigación, se trata de una inactividad de esa autoridad que acontece en la fase inicial de una investigación de un hecho delictuoso. Lo anterior es así, debido a que según se aprecia de los criterios relatados, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo énfasis, en el sentido de que las determinaciones previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas a la facultad de abstención de investigar por parte del Ministerio Público, sobre el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, no son limitantes, sino que también comprenden a todas aquellas omisiones o negligencias que cometa la autoridad ministerial en el desempeño de sus funciones de investigación, como en el caso acontece. De igual forma, en relación a los actos consistentes en la falta de notificación de la entrevista realizada a la menor agraviada; la falta de colaboración entre los agentes de las carpetas de investigación de mérito; las medidas restrictivas otorgadas en la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual y la prosecución de la misma carpeta, sin otorgar acceso a la quejosa, se considera la actualización de la causal de improcedencia en análisis, ya que los actos omisivos no deben limitarse a las previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales o aquellas que tengan como finalidad la paralización de la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la etapa de la investigación, pues el respeto a los derechos de la víctima y en general, de las partes se encuentra estrechamente vinculado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. Siendo aplicable a lo expuesto, la tesis I.7o.P.119 P (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo IV, página 4632, con número de registro digital 2020422, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PROCEDE CONTRA CUALQUIER OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, INCLUSO TRATÁNDOSE DE LAS QUE NO TENGAN COMO EFECTO PARALIZAR LA INVESTIGACIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que dio origen a las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), determinó que mediante el recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pueden impugnarse las omisiones que inciden en la actividad investigadora del agente del Ministerio Público, y que hayan ocurrido en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio. Ahora, esas omisiones no deben limitarse a las taxativamente previstas en dicho numeral o que tengan como efecto paralizar la investigación, sino todas aquellas que se cometan en la carpeta de investigación, incluso, las que no tengan esos efectos dilatorios, ya que el respeto a los derechos de la víctima y, en general, de las partes, está íntimamente ligado con la labor del Ministerio Público, pues en su función está obligado a salvaguardar sus prerrogativas en todo momento. De ahí que por medio de dicho recurso innominado puede impugnarse cualquier tipo de omisión en que incurra la representación social, con la finalidad de que sea el Juez de control quien vigile que se respeten los derechos constitucionales de los sujetos procesales durante la fase de investigación, garantizándoles una respuesta pronta e inmediata bajo las reglas del control judicial, respecto a cualquier omisión del Ministerio Público que ponga en peligro o lesione los derechos fundamentales de la víctima u ofendido." Por tanto, si en el presente asunto se obtiene, que la quejosa, antes de promover la acción constitucional, no interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ello repercute en que se actualice la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia. Tiene aplicación la jurisprudencia I.6º.C. J/37, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a foja 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, número de registro 187016, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en virtud de que el artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Así como la jurisprudencia número 447, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos noventa y siete del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al periodo de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, Materia Común, número de registro 394403, que a la letra dice: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo.". Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el juicio de amparo. Por otra parte, no puede soslayarse que el reconocimiento del derecho a un recurso sencillo y efectivo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica desconocer los requisitos de procedencia que impone el orden jurídico interno para hacer uso de tales medios de defensa, ya que dicho precepto sólo contiene un principio general, cuyas posibilidades habrán de articularse en el sistema constitucional y legal, en el que se garantizará su decisión a cargo de la autoridad competente y, por tanto, se tendrá que remitir al sistema jurídico en el cual se pretende hacer valer el derecho a la revisión para valorar si en el caso concreto procede dicho recurso, o bien, la acción de control constitucional como la que se intentó. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XI.1o.A.T. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, noviembre dedos mil trece, Tomo 1, página 699, con registro digital número 2004823, que señala: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo." Resulta también aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, marzo de dos mil catorce, Tomo I, página 325, con registro digital número 2005917, de rubro y contenido siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo es aplicable, la tesis III.2o.C.3 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 3, página 2066, con registro digital número 2002537, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." En las condiciones anotadas, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, se encuentra proscrita la posibilidad de realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49, con número de registro digital 239006, de rubro y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 75, 76, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 629/2020-IV, promovido por Ana Rosa Galeana Bello, respecto de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Francisco Octavio Escudero Contreras, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, el día de hoy treinta de agosto de dos mil veintiuno...
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que con fecha quince de julio del año en curso, se encontraba señalada hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, sin que se hubiere formulado pronunciamiento alguno; por tanto, con fundamento en el numeral 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el juicio en que se actúa, y, se señalan las TRECE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que para hoy se encuentra programada la audiencia constitucional; sin embargo, no podrá llevarse a cabo, en razón de que, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y por autorización del Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio número 2051/2021, se otorgó al Titular de este Órgano de Justicia Federal, licencia médica los días veinticuatro, veinticinco y veintiséis de junio de dos mil veintiuno, por los motivos que en tal documento se indican, de ahí que es evidente que el suscrito, de acuerdo a lo dispuesto en el aludido numeral 43, del citado ordenamiento legal, no tenga facultades para resolver el juicio de amparo en que se actúa; por ende, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en su lugar se fijan las trece horas con cuarenta minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, para su verificativo.
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