Ana Rosa Briseño Garcia

Expediente 3580/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 48 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
3580/2018
Año
2018
Actuaciones
48
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Rosa Briseño Garcia
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el, en la que se decretó el sobreseimiento del presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2º, de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la aludida sentencia ha causado estado para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a las autoridades responsables el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo, por ende, es el legitimado para interponer el citado recurso, no así la autoridad responsable, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el acta levantada por el Actuario Judicial de este órgano jurisdiccional, mediante la cual, hace constar la imposibilidad que le asistió para cumplir con lo ordenado en acuerdo de dos de diciembre de este año, que tiene por objeto notificar a la quejosa y a los terceros interesados, por los motivos que expone en la misma; por tanto, se ordena realizar la notificación del aludido proveído por medio de lista a las citadas partes. POR ESTE MEDIO SE NOTIFÌCA A LA PARTE QUEJOSA Y A LOS TERCEROS INTERESADOS LA SENTENCIA DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÒS, ORDENADA EN AUTOS: VISTOS, para dictar sentencia en los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 3580/2018- VI, promovido por , por su propio derecho, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco y otras autoridades, por considerarlos violatorios de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por su propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco y otras autoridades, mismos que fueron precisados en la demanda. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; en auto de diez de diciembre de dos mil dieciocho, se admitió; se formó el expediente y se registró bajo el número 3580/2018-VI; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; y el diez de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional, y el diecisiete de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo. TERCERO. Interposición del recurso de revisión. Inconforme la parte quejosa con la resolución, interpuso recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y en ejecutoria de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión , determinó revocar la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento en lo conducente: "[.] lo que procede es revocar el fallo recurrido y, con fundamento en el numeral 93, fracción IV, de la legislación de la materia, ordenar la reposición del procedimiento, para el efecto de que el juez de Distrito deje insubsistente la celebración de la audiencia constitucional, provea lo conducente para subsanar el vicio procesal señalado, mediante solicitud al Registro Público de la Propiedad del expediente relativo al procedimiento administrativo o de todas las constancias inherentes a la inscripción correspondiente al folio real , y del trámite que se le dio, y en su oportunidad resuelva la controversia conforme a derecho corresponda, para lo cual deberá señalar nueva fecha de celebración de la citada audiencia y comunicar esto oportunamente a las partes.". En acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito tuvo por recibida la ejecutoria del citado Tribunal Colegiado, dejo sin efectos la audiencia constitucional y la sentencia dictada en autos, y en acatamiento a lo ordenado por la Superioridad se requirió al Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, para que remitiera las constancias relativas al expediente administrativo, identificado como del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, en concreto la determinación que deriva del expediente, la cual se inscribió el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ante usted, así como todas aquellas constancias que obren en su poder, con el apercibimiento que de no hacerlo, se impondría una multa a la autoridad de referencia. Luego, mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el oficio número , suscrito por el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, mediante el cual remitió las constancias requeridas en proveído de nueve de junio del dos mil veintidós, por este órgano jurisdiccional. Mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en contra del expediente administrativo, identificado como , del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, sin que hubiera realizado manifestación alguna, de ahí que al no ampliarse la demanda de amparo, se continuó con el trámite del juicio en contra de los actos y autoridades que inicialmente se reclamaron en la demanda de amparo. Finalmente se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y, 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación, se advierte que los actos reclamados se hicieron consistir en: Del Presidente Municipal, Secretario General, Pleno, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización, Comisión Municipal de Regularización, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, en el ámbito de sus respectivas competencias: a)La suscripción de las resoluciones administrativas que substanciaron el procedimiento administrativo de regularización y que reconocen la titularidad de derechos del lote de la manzana del Fraccionamiento, en el Municipio de Tala, Jalisco, a favor de la tercera interesada. b)La expedición de los documentos de titulación del lote referido; la expedición del dictamen y resolución a fin de certificar que la tercera interesada cumple con las condiciones exigidas por la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, para adquirir la propiedad o dominio del lote referido; la emisión de la resolución que reconoce el derecho y acredita como propietario del predio o lote a la tercera interesada, la publicación del dictamen de reconocimiento de titularidad a favor de la misma, sobre el lote ya señalado; la firma de la resolución emitida por la Comisión Municipal de Regularización donde se reconoce el derecho de propiedad o dominio a favor de la tercera; la emisión y suscripción del documento que adquiere el carácter formal de "título de propiedad". c) La omisión de notificar a la quejosa el inicio e instauración del procedimiento de regularización promovido por la tercera interesada. d)La emisión de oficios para solicitar al Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco la inscripción de la resolución acompañada del título de propiedad y demás documentación necesaria, así como la orden de su incorporación al Catastro. Del Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco: e)La inscripción e incorporación al Registro Público de la Propiedad del título de propiedad emitido a favor de la tercera interesada respecto del bien materia de la litis. Del Director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Tala, Jalisco: f) La inscripción e incorporación al Catastro Municipal de Tala, Jalisco, del título de propiedad a favor de la tercera interesada respecto del bien materia de la litis. Asimismo, en escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, la parte quejosa promovió ampliación de demanda, por las autoridades y actos que a continuación se precisan: Del Presidente Municipal, Secretario General, Pleno, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y Comisión Municipal de Regularización, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco: g)La omisión de llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo establecido en la Ley para la Regularización y Titulación de Predios Urbanos en el Estado de Jalisco, con el cumplimiento de todos sus requisitos y formalidades, en el que se diera oportunidad a la ahora quejosa de ser oída y vencida (al tener la posesión por haber comprado el inmueble materia de la litis), que debía instaurarse para reconocer y otorgar la titularidad de derechos del lote del Fraccionamiento en el Municipio de Tala, Jalisco, a favor de la tercero interesada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Director del Registro Público de la Propiedad del Estado de Jalisco, por conducto del Encargado del Área del Jurídico, al momento de rendir su informe justificado, aceptó la veracidad de los actos que se les reclamó, lo que resulta suficiente para tener acreditada la veracidad de tal acto. Por su parte, el Secretario General, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y Comisión Municipal de Regularización, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, al rendir su informe justificado con relación a la demanda de amparo, fueron omisos en precisar si son ciertos o no los actos que se les atribuye, pues señalaron que la carpeta del procedimiento administrativo de regularización del predio materia de la litis había sido sustraído. Además, el Presidente Municipal, Pleno y Director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, fueron omisos en rendir su informe justificado respecto a la demanda, no obstante que fueron debidamente emplazados para ello, según se advierte de los acuses de recibo de los oficios y que obran agregados en autos. Por tanto, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, se presume la certeza de los actos atribuidos a las autoridades citadas en los dos párrafos anteriores. Finalmente, son ciertos los actos reclamados en la ampliación de demanda, atribuidos al Presidente Municipal, Secretario General, Pleno, Secretario Técnico de la Comisión Municipal de Regularización y Comisión Municipal de Regularización, todos del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, por así haberlo señalado al rendir su informe justificado. CUARTO. Causales de improcedencia. No se analizarán los conceptos de violación ni los fundamentos de los actos reclamados, toda vez que, en la especie, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XII1 , del artículo 61 de la Ley de Amparo En efecto, de la disposición aludida se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el quejoso no acredite que el acto reclamado afecta su interés jurídico o legítimo. Al respecto, cabe señalar que las figuras de interés jurídico e interés legítimo, se encuentran íntimamente relacionadas con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. De modo que, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que éste pudiera parecer. Por su parte, el interés legítimo es una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad, es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. Sin embargo, ambos tipos de interés deben ser acreditados para la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. En este contexto, es importante destacar que un derecho legítimamente tutelado, implica la existencia de una prerrogativa protegida por el ordenamiento legal objetivo, sin embargo, la existencia de esa facultad no se deduce de la sola manifestación que haga quien dice ser titular de ella, pues se requiere de elementos objetivos aptos para acreditar tal extremo, los cuales deben ser reconocidos por el sistema jurídico. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Lo anterior lleva a determinar que la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, esto es, con el carácter con que se acude al juicio de amparo, por lo que el quejoso debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que, en su concepto, es vulnerado; para ello, se puede ofrecer cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, que resulte idóneo, pero de ninguna forma basta para tenerse por acreditado, una presunción o el solo hecho de presentar la demanda de amparo respectiva, pues ello sólo implica la pretensión de incitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, la parte quejosa afirma ser propietaria del bien inmueble ubicado en el lote de la manzana , sobre la calle , número de la Colonia , en la ciudad de Tala, Jalisco, y para demostrar tal carácter la referida quejosa exhibió copia certificada del contrato de compraventa, celebrado entre , como vendedor y la propia solicitante del amparo como compradora, de fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho. Sin embargo, dicha documental no es eficaz para demostrar fehacientemente el interés jurídico o legítimo del impetrante constitucional, por las razones que se exponen a continuación. En principio, es importante destacar que, para la procedencia del juicio de amparo, es indispensable que la parte quejosa acredite su interés jurídico, de modo que es necesario que los documentos con los que pretende demostrar sus afirmaciones sean eficaces, es decir, que por sus características objetivas reúnan determinados requisitos, como es el hecho de que sean de fecha cierta, con el objeto de brindar legalidad y certeza jurídica a tales operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales; de modo que, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta, la cual es aquella que se tiene: a) a partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; b) desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, c) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Lo anterior es así, pues de no reunir la exigencia referida, los documentos que se exhiban para acreditar ese extremo, no tendrían el alcance probatorio suficiente para demostrar fehacientemente cuándo se realizó el respectivo acto jurídico que contienen y, por ende, no se podría garantizar que dicha operación sea derivada de actos anteriores o posteriores a la existencia de los actos reclamados, lo que generaría incertidumbre jurídica. Ahora bien, del análisis de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: - Que la parte quejosa afirma que la posesión del inmueble materia de la litis, a título de propietaria la viene ejerciendo desde el año 2008 (dos mil ocho), cuando el señor , decidió venderle dicho inmueble, el cual funcionó como su hogar. - Proyecto de resolución de reconocimiento del derecho de propiedad y dominio dentro del expediente administrativo identificado como , de fecha once de junio de dos mil dieciocho, a favor de -aquí tercera interesada- respecto del lote de la manzana , sobre la calle , número de la Colonia , en la ciudad de Tala, Jalisco. - La resolución definitiva de fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tala, Jalisco, dentro del expediente administrativo identificado como , en la que se determinó que -aquí tercera interesada- adquirió el derecho de propiedad respecto al inmueble materia de la litis. - Acta de defunción de fecha dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, a nombre de , expedida por la Oficialía número Uno del Registro Civil de Tala, Jalisco. - Boleta de registro con folio real número , de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se asienta a -aquí tercera interesada- como titular del inmueble materia de la litis. - Copia certificada del contrato de compraventa, celebrado, entre , como vendedor y la quejosa como compradora, de fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho; presentado ante fedatario público, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Constancias que ponderadas a la luz de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, merecen valor probatorio pleno, en virtud de tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. De la anterior reseña, se puede apreciar que la quejosa , afirma tener la posesión del inmueble materia de la litis, a título de propietaria desde el año 2008 (dos mil ocho); que el procedimiento administrativo identificado con el número de expediente , se desahogó entre los meses de junio a agosto de dos mil dieciocho; que -aquí impetrante de amparo- refirió que adquirió el lote de la manzana , sobre la calle , número de la , en la ciudad de Tala, Jalisco, materia de la litis, mediante el contrato de compraventa, celebrado entre el finado J. , como vendedor y la quejosa como compradora, el cual adquirió fecha cierta hasta el quince de septiembre de dos mil dieciocho, en que falleció el firmante , aspecto este último (fecha cierta) que se acredita con la copia certificada del acta de defunción del citado , expedida por la Oficialía Número Uno del Registro Civil de Tala, Jalisco. En tales condiciones, al ostentarse la quejosa como tercera extraña poseedora de un inmueble en calidad de propietaria, debe acreditar su interés jurídico para la procedibilidad del juicio de amparo, pues tratándose de la posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la poye y por ende, no protegida a través del juicio constitucional. Luego, si en la especie este órgano jurisdiccional estima que el contrato privado de compraventa mencionado en supralíneas, adquirió fecha cierta hasta el momento en que falleció el firmante (quince de septiembre de dos mil dieciocho), por lo que es inconcuso que con el referido contrato la impetrante de amparo pretenda acreditar el acto jurídico del que hace derivar su derecho sobre el bien inmueble ubicado en el lote de la manzana , sobre la calle , número de la , en la ciudad de Tala, Jalisco; pues carece de fecha cierta con respecto al acto reclamado, habida cuenta que, y esto es lo relevante, el procedimiento administrativo identificado con el número de expediente (por el que se determinó que -aquí tercera interesada- adquirió el derecho de propiedad respecto al inmueble materia de la litis, ordenándose su registro en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco), inició en el mes de junio de dos mil dieciocho y concluyó en el mes de agosto de dos mil dieciocho; fechas anteriores al día quince de septiembre de dos mil dieciocho, en que, se insiste, dicho contrato adquirió fecha cierta; y, por tanto, es ineficaz para acreditar plenamente su interés jurídico para efectos del juicio de amparo. Sin que obste a lo anterior, que la parte quejosa hubiese aportado como elemento de convicción, lo siguientes: 1) Copia certificada del contrato de compraventa, celebrado entre, como vendedor y la quejosa como compradora, de fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho; presentado ante fedatario público, el cinco de diciembre de dos mil dieciocho; 2) Copia certificada de un historial catastral de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, expedido por el Director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial en Tala, Jalisco; 3) Copia certificada de diversos recibos de pago de servicios respecto del citado bien inmueble; documentales que valoradas al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno en cuanto a lo que en ellas contienen. Asimismo, no es obstáculo para la presente determinación, las pruebas documentales que aportó la parte quejosa consistentes en copia certificada de un historial catastral de fecha veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho; ya que dichas constancias son insuficientes para demostrar la posesión del bien inmueble materia de la litis. Además, tampoco le aporta beneficio alguno las pruebas documentales consistentes en copias certificadas de diversos recibos de pago de servicios respecto al multicitado bien inmueble, en virtud de que ninguno de ellos fue expedido a nombre de la quejosa. Tampoco le beneficia el desahogo de la prueba pericial en donde el perito oficial determinó la identidad del bien inmueble que fue objeto del contrato de compraventa realizado por la quejosa , y el finado con el diverso que fue registrado a nombre de la tercera interesada; pues como se vio en el presente asunto, dicho documento en la fecha en que se desahogó el procedimiento administrativo número (por el que se determinó que -aquí tercera interesada- adquirió el derecho de propiedad respecto al inmueble materia de la litis, ordenándose su registro en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco), carecía de fecha cierta. Por lo hasta aquí expuesto puede concluirse que la quejosa no demuestra que los actos hoy reclamados vulneren su esfera jurídica, ni que le ocasione un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello, se insiste, estaba obligada a demostrar la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, que haya sido desconocido o violado y que le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, a efecto de que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. En consecuencia, al resultar insuficiente los documentos exhibidos por el impetrante del amparo para justificar su interés jurídico o legítimo en el presente juicio de amparo, es de concluirse que los actos reclamados no le irrogan perjuicio jurídico alguno, y siendo que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, del ordenamiento en cita La anterior determinación, debe hacerse extensiva respecto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco y Director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Tala, Jalisco; pues, no puede desvincularse su estudio del acto primigenio que les dio origen, máxime que no los reclamó por vicios propios en esta instancia constitucional. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la tercera interesada para los Habitantes del Fraccionamiento cabe precisar que este juzgado se abstiene de analizarlas, ya que únicamente constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de dicha parte, pero que no forman parte de la litis en el juicio de amparo.2 Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo , promovido por , contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo ******, promovido por *****, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL QUEJOSO LA SENTENCIA DE 02 DE DICIEMBRE DE 2022 QUE EN SINTESIS DICE:puede concluirse que la quejosa no demuestra que los actos hoy reclamados vulneren su esfera jurídica, ni que le ocasione un agravio personal y directo que pueda ser materia de análisis en este juicio de amparo, pues para ello, se insiste, estaba obligada a demostrar la existencia de un derecho subjetivo legítimamente tutelado, que haya sido desconocido o violado y que le otorgue la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional, a efecto de que le sea reconocido tal derecho y no le sea trasgredido por las autoridades responsables. En consecuencia, al resultar insuficiente los documentos exhibidos por el impetrante del amparo para justificar su interés jurídico o legítimo en el presente juicio de amparo, es de concluirse que los actos reclamados no le irrogan perjuicio jurídico alguno, y siendo que la acción constitucional está reservada únicamente a los gobernados que resientan un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley, se actualiza la causal de mprocedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 74, fracción III, del ordenamiento en cita. La anterior determinación, debe hacerse extensiva respecto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco y Director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Tala, Jalisco; pues, no puede desvincularse su estudio del acto primigenio que les dio origen, máxime que no los reclamó por vicios propios en esta instancia constitucional. Finalmente, en cuanto a las manifestaciones que en vía de alegatos vierte la tercera interesada ***, cabe precisar que este juzgado se abstiene de analizarlas, ya que únicamente constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de dicha parte, pero que no forman parte de la litis en el juicio de amparo ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo ******, promovido por *****, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

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