Ana Rosa Ayón Magallanes
Expediente 843/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 26/08/2019
Partes del expediente
- Ana Rosa Ayón Magallanes
- Presidente Especial de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
SE ORDENA DEVOLVER EL LEGAJO DE PRUEBAS RESPECTIVO A SU LUGAR DE ORIGEN PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES.
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa recurriera la resolución dictada el cinco de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 123 a 126), en la que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Ileana Cruz López, quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/jacobo
- Principal
Visto lo de cuenta, se provee; revisadas que fueron las actuaciones del presente juicio, se aprecia que en proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 118 a 120), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificado oportunamente para ello, según se aprecia de la constancia de notificación correspondiente al acuerdo de referencia. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento el presente juicio fuera de audiencia, en atención a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con el artículo 27 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Además, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal contemplado en el artículo 8I, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al juez de distrito a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones previa razón en autos del diligenciante se dará cuenta al juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos ni paga su publicación ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal y así éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que si como en el caso sucede, la parte quejosa, fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso.". Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las nueve horas con cuarenta minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciocho.
- Principal
*PARTE QUEJOSA NO DESAHOGÓ EL REQUERIMIENTO DE CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO... EXPÍDANSE LOS EDICTOS PARA EMPLAZAR A LA EMPRESA... SE DIFIERE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL... PARA LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO...
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